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Por Eduardo Tagliaferro  Aurelia Eli Hoffman de
Retamero fue acusada por Lourdes Di Natale de ser la testaferro de Emir Yoma. Juan Antonio
Retamero, el marido de Aurelia,
se encuentra prófugo de la Justicia en una causa por "administración fraudulenta contra la administración pública", en la cual aparece más de un nombre vinculado con la administración de Carlos Menem. Entre ellos, el propio Emir y Ricardo Klass, abogado personal del Presidente. Página/12 tuvo acceso exclusivo al expediente donde se entrecruzan subsidios estatales que terminan en los bolsillos de los amigos, utilización de "prestanombres", amenazas a los denunciantes y sugestivos llamados del Ministerio de Justicia y de la Presidencia de la Nación al juez instructor de la causa. En la sentencia, el Tribunal Oral Nº 1 de San Martín reconoció que "los imputados parecieran ser los chivos expiatorios de personajes más importantes". Retamero --tesorero de la mutual-- junto a Roberto César Velazco estaban acusados de "quedarse" con 174.000 de los 362.302 pesos otorgados por el Ministerio de Salud de la Nación, a la Asociación Mutual Integral del Discapacitado (AMID). El subsidio se implementó mediante el Programa Federal Solidario (Prosol) para realizar tareas de acción social en el Hospital de Agudos Ramón Carrillo de Ciudadela. Los subsidios eran entregados por el Ministerio de Salud a ONG para emprendimientos de acción social. "Todo comenzó cuando vino a verme Antonio Eduardo San Juan, de parte del intendente Hugo Curto. Retamero me dijo que podrían conseguir un subsidio y el requisito era su utilización en un hospital de la provincia", de esta manera cuenta el director del Hospital de Agudos Ramón Carrillo, doctor Lo Tartaro, su primer encuentro con los directivos de AMID. Alentado por la promesa de construcción de un hogar geriátrico, una residencia médica, una sala de guardia y un centro para discapacitados, (que luego fue suplantado por la provisión de un tomógrafo), Lo Tartaro comenzó a gestionar el permiso provincial que legalizaría las "obras solidarias". En agosto del '94, luego de que el cheque del subsidio estuvo acreditado en la ventanilla del Banco Comercial Israelita, los miembros de la mutual compraron un departamento en el piso 14, del edificio de la calle Córdoba 1646. La flamante oficina tuvo como titular a un "prestanombre" que tenía por Retamero una gran admiración personal: Carlos Alberto Fernández. La compra del departamento es el comienzo del desvío de los fondos del subsidio ministerial, en beneficio propio, según consta en la causa. Fernández identificó a Retamero como "un hombre poderoso y cercano a la familia política del Presidente de la Nación, al que conoció en 1989 cuando éste trabajaba con Emir Yoma en el rubro del cuero". Además de Fernández, el tribunal oral de San Martín procesó a Irma Delaiglesia, una empleada del Ministerio de Salud a la que Retamero incorporó a la mutual, a Waldino Cleto Suárez, funcionario que estaba a cargo de la Unidad Técnica del Prosol y que firmó la conformidad al proyecto presentado por AMID. De los otros dos procesados, Retamero se encuentra prófugo y Velazco falleció. El cobro del subsidio se efectivizó en marzo del '94, un mes antes de que se aprobara la resolución de la provincia de Buenos Aires, que legalizaba el trámite. Esta irregularidad motivó que la defensa de Waldino Cleto Suárez dijera que, "si el subsidio se hubiera cobrado y no se hubiera empleado en obra alguna, nada hubiera pasado". A fines del '94, Retamero y Velazco realizaron una inauguración parcial de la sala donde iba a funcionar el tomógrafo, del que habían pagado la primera cuota. Ante la paralización de las obras, en los primeros meses del '95, el doctor Lo Tartaro inició gestiones "a fin de averiguar quién controlaba el subsidio". "En el Ministerio de Salud Nacional –-dice la sentencia judicial-- se entrevistó con el doctor Sisto a quien él conocía por haber sido subsecretario de Salud provincial". A los 20 días se encontró nuevamente con Sisto en un acto oficial. El funcionario le respondió que se trataba de una cosa extraña que no podía resolver: "Esto es una papa caliente y no es nuestro", dijo. El director del hospital provincial declaró que también había concurrido a la Secretaría de Desarrollo Social, donde le dijeron "que no hiciera la denuncia porque podría tener inconvenientes"; veinte días antes de presentarse ante la Justicia, Lo Tartaro empezó a recibir amenazas telefónicas, en las que le "aconsejaron" "que no hiciera la denuncia porque iba a ser boleta". "Este subsidio era el primer paso para conseguir otro mayor por dos millones de pesos", señaló Lo Tartaro en el transcurso del juicio oral. Las amenazas telefónicas son una constante a lo largo de todo el proceso. El doctor Hugo Gurruchaga, a cargo del Juzgado Federal número 1 de San Martín, allanó las oficinas de la mutual. En una muestra de impunidad, Retamero le comentó a Ricardo Jury –-su mano derecha--: "Este juez debe ser radical, ¿no sabe con quiénes se mete?". Fuentes judiciales reconocieron a Página/12 que al juez "le aflojaron las ruedas del auto" y, cuando dictó el procesamiento de Retamero, comenzó a recibir una verdadera embestida desde el gobierno nacional. Ricardo Klass –-abogado del presidente Menem-- se presentó solicitando la eximición de prisión para Retamero, y varios llamados del Ministerio de Justicia acompañaron el pedido al juez de San Martín. En los tribunales bonaerenses reconocen que "el juez recibió un llamado de la Presidencia de la Nación interiorizándose por la suerte de Retamero". "Nada importante", decía el interlocutor de la Casa de Gobierno, intentando minimizar el llamado. Media hora más tarde el mismo interlocutor le manifestó al juez: "Doctor, yo le dije que no era importante, le mentí, la Presidencia está muy interesada en esta causa". La ausencia de los principales inculpados en el banquillo motivó que el defensor de una de las imputadas, Carlos Mauro, manifestara, parafraseando a Antoine de Saint Exupéry, que "en esta causa lo esencial es invisible a los ojos". Coincidiendo con el letrado de la acusada, el representante de la querella citó a Joan Manuel Serrat, para decir que "llegamos siempre tarde adonde nunca pasa nada". En su sentencia, la doctora Lucila Larrandart, presidente del tribunal oral, señaló que "hasta ahora hemos llegado hasta quienes parecieran ser los chivos expiatorios de personajes más importantes, esperemos que algo pase". "Pero evidentemente el derecho penal siempre llega tarde, los estudiosos de los fraudes contra el Estado ponen el énfasis no en la vía penal, sino en la necesidad de la existencia de controles que actúen para prevenirlos y detectarlos, los que estuvieron ausentes en este caso. La Convención contra la Corrupción, de la que nuestro país es suscriptora, también pone el énfasis en el control y la transparencia de los actos administrativos para evitar los fraudes. De existir transparencia y debido control, no llegaríamos tarde y seguramente algo pasaría", concluyó la magistrada en la sentencia.
LAS ESCUCHAS JUDICIALES QUE HAY EN LA CAUSA Por E. S. T.
"El viernes el Presidente firmó la concesión por cinco años, con Juan Antonio tenemos toda la concesión", dijo eufórico Jury, que estaba utilizando el celular de Retamero. Cuando se realizaba esa escucha, Retamero, a pesar de estar prófugo de la Justicia, caminaba tranquilamente por varios sitios cercanos al poder: el Florida Garden, la Casa de Gobierno, las oficinas de Emir Yoma --empleador de su esposa--. En su diálogo telefónico, Jury hace referencia a la concesión de un depósito fiscal en la sección segunda de la Dársena Sur, al lado de la empresa Buquebús. "El otro día el Bebe me dijo que este negocio que tenemos con Juan es para hacer quince o veinte millones, en cuatro años –-dice en otra grabación el socio de Retamero--, ¿vos sabes lo que es eso? Sos un Yabrán chiquito, me dice el Bebe: tenés un depósito fiscal, tenés un puerto propio, fiscalizás los contenedores que vienen, estamos calculando 16 mil contenedores por mes, de los que somos los fiscalizadores". El negocio al que se refiere Jury incluyó varios viajes de Retamero al Paraguay, donde se entrevistó con el general Lino Oviedo. Uno de ellos fue el 10 de septiembre de 1995. En su verborrágica alegría, Ricardo Jury comentó telefónicamente: --Juan está en hotel Guaraní, habitación 512. Nos dan para hacer el puerto: Zona Franca Argentino-Paraguayo. Los amigos Ricardo Jury y Juan Antonio Retamero son agradecidos, por ese motivo las escuchas judiciales dan cuenta de sus llamados al almirante Emilio Eduardo Massera. --¿Cómo está usted? --le pregunta el indultado dictador a Retamero. --Bien, contento... , porque usted sabe que hoy nos dieron eso de la Dársena Sur --responde Retamero. --Sí, si yo me acuerdo... --dice el ex almirante. --Y bueno, yo llamaba para agradecerle --le responde el marido de la secretaria de Emir Yoma. --Por favor -–concluye el represor de la ESMA. En otra escucha judicial, los amigos demuestran su audacia y, a la vez, su preocupación por la causa de la mutual AMID y el hospital Ramón Carrillo. --Ya se va a arreglar todo, porque Carlos Menem está en el tema, me entendés? --le dice Jury a su madre. Como en un guión digno de una serie de espías, los mutualistas se asignan un número en código, en el que Jury es el cinco, un tal Pucho es el seis, y Emir Yoma es el dos. En un diálogo en el que intentan conseguir apoyo en la causa judicial que instruía el juez Hugo Gurruchaga, Jury le dice a su interlocutor: "Se habló con el uno... eh... bueno habló Emir". El 'uno' sería el jefe de todos ellos, alguien quien, según se desprende de las escuhas, está por encima del propio Emir Yoma.
Balza en el banquillo
El impulso que Stornelli pretende darle a la investigación del contrabando de armas con las medidas que solicitó a Urso no sólo amenazan con complicar definitivamente la situación personal de Balza, sino también la de la fuerza que conduce. "Se comprobó que el material bélico enviado a Ecuador y Croacia se robó de los arsenales del Ejército", destacó el fiscal en el dictamen de 265 carillas que elevó al magistrado. Además de pedir --tal como anticipó anteayer Página/12-- la indagatoria del titular de esa fuerza, Stornelli reclamó las de su ex subjefe, teniente general Saúl Gómez Sabaini, y de su secretario general de división, Ernesto Bossi. El fiscal también pidió la citación como testigo del actual vicejefe el Ejército, teniente general Aníbal Laiño. Otro que puede empezar a poner sus barbas en remojo es el canciller Guido Di Tella, a quien tarde o temprano Stornelli pretende convocar a Tribunales para que aclare las diferentes versiones sobre los avisos que recibió la Cancillería antes del primer embarque de armamento a Ecuador. Stornelli no requirió ayer su indagatoria, pero sí la de Petrella, el segundo de Di Tella en la época en que se contrabandearon las armas. El fiscal imputa a Balza y a Petrella "falsedad de documento público, asociación ilícita y malversación de efectos del Estado", delitos que no permitirían su excarcelación en caso de que sean procesados. Stornelli también pidió a Urso que ampliara la indagatoria al ex ministro de Defensa y procesado en la causa, Oscar Camilión, y la detención de Palleros y su mujer, Alicia Barrenechea, en Sudáfrica para extraditarlos después a la Argentina. Palleros es el traficante de armas que ofició de intermediario en el contrabando y ya fue detenido tiempo atrás en Sudáfrica. Ese país negó entonces su extradición y lo dejó en libertad por la falta de un convenio claro que estableciera la obligación de entregarlo a la Justicia argentina, pero ahora el fiscal solicitó su arresto por un delito de mayor envergadura: "asociación ilícita". En la lista de funcionarios y ex militares cuya indagatoria requirió Stornelli, figura también el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga. Aunque en otra de las causas judiciales abiertas, la que tramita el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, Sarlenga se convirtió el viernes pasado en el primer menemista preso por el contrabando de armas y ayer el magistrado denegó su excarcelación. La nómina de personas que Stornelli pretende indagar incluye, además, a Guillermo Etchechoury (ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa), Enrique De la Torre (actual embajador en Nueva Zelanda y ex representante de la Cancillería en el Control de Exportación de Material Bélico), Mariano Maciel (abogado de la Cancillería) y varios funcionarios de Fabricaciones Militares: Edberto González de la Vega (director general), Carlos Franke (titular del Comité de Comercialización de Fabricaciones Militares), Jorge Cornejo Torino (ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero), Teresa Irañeta (ex jefa de Abastecimiento) y Antonio Vicario (ex gerente de Producción).
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