El acusado de matar a
Bru quiere salir en libertad
Un policía se ampara en el nuevo Código provincial para pedir la
excarcelación.
Por Eduardo Videla
 Un policía acusado
de torturar y asesinar al estudiante Miguel Bru podría ser el primer beneficiado por la
aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal bonaerense: sus abogados pidieron que
se lo ponga en libertad porque ya lleva más de tres años en prisión sin sentencia,
plazo máximo establecido por la norma que entró en vigencia hace diez días. El caso
abre un dilema para la justicia provincial: de los aproximadamente 13.000 detenidos bajo
proceso que hay en la provincia, hay unos 8.000 que están en condiciones de formular un
pedido similar, según estimó la subsecretaria de Justicia, María del Carmen Falbo, ante
una consulta de Página/12. La resolución del caso –que constituiría un antecedente
para futuros reclamos– se conocería el martes próximo.
Sólo la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata tiene ya cinco pedidos de
libertad de procesados. En algunos aspectos, el nuevo Código rige para los viejos
procesos (cerca de 300.000 causas). De acuerdo con la ley 12.059, que regula su
aplicación, la norma se aplicará a las causas anteriores cuando se trate de medidas de
coerción, excarcelaciones y juicios orales “salvo que el código anterior fuera más
benigno para el procesado”.
En el caso Bru, el pedido fue formulado por Alejandro Casal, abogado del ex sargento Justo
López, acusado por “tormentos seguidos de muerte” en la causa por la
desaparición del estudiante. El imputado fue detenido el 30 de junio de 1995. Al cumplir
tres años de prisión, su abogado formuló el pedido de excarcelación, todavía con el
viejo Código. En esa ocasión la Cámara le concedió el beneficio pero le impuso una
fianza de 900 mil pesos, lo que hizo virtualmente imposible que se hiciera efectiva.
Lo que debe resolver ahora la Cámara es si mantiene su criterio anterior, o interpreta en
la nueva norma –como pretende la defensa del policía– que la libertad del
imputado debe hacerse efectiva sin imponer una caución. El dilema está en la propia
letra del Código, cuya redacción “se presta a la confusión”, según dijeron a
Página/12 fuentes judiciales.
En efecto, el artículo 169 del Código establece que después de dos años
–prorrogables por uno más– sin sentencia, “la prisión preventiva debe
cesar definitivamente”. Según los especialistas, el “cese de la prisión
preventiva” es una figura que aparece en los códigos más modernos y se caracteriza
por no requerir el pago de una fianza. Esa es la diferencia con la excarcelación, que sí
requiere de una caución –económica o juratoria–, para garantizar que el
procesado comparezca cuando se lo cite a juicio.
“El plazo de dos años es razonable para el nuevo Código, porque se supone que las
causas se resolverán en mucho menos que ese tiempo”, explicó a Página/12 Eduardo
Hortel, miembro de la comisión redactora del Código y juez de la Cámara que ahora debe
resolver este intríngulis. Los jueces deben decidir si es razonable aplicar este criterio
para las causas viejas, paralizadas desde hace años en los laberintos de los tribunales
provinciales.
Fuentes judiciales sostienen que hay un defecto en la redacción del Código y afirman que
la figura del “cese de la prisión preventiva” debió incluirse en un capítulo
aparte, y no junto con las excarcelaciones. “Eso permitiría que la primera se
aplique a las causas nuevas y la segunda a los viejos procesos”, comentó a este
diario un destacado penalista.
La causa por la desaparición de Miguel Bru está en su tramo final. Ya fue cerrada y
elevada a juicio oral por el juez Ricardo Szelagowsky, y ahora está en la Cámara, en
proceso de presentación de pruebas y a la espera de que se fije fecha para la audiencia.
Además de López, está acusado por el homicidio el oficial Walter Abrigo, detenido
tiempo después. Los dos policías integraban el servicio de calle de la comisaría 9ª el
17 de agosto de 1993, cuando desapareció Bru. El cuerpo del joven nunca fue hallado.
Hasta ayer continuaban las excavaciones iniciadas hace un mes en la playa de Punta Blanca,
partido de Magdalena, cerca de donde aparecieron las ropas de la víctima. “Siento
mucha impotencia al saber que López puede salir en libertad –dijo a este diario Rosa
Bru, la madre de Miguel–. Ellgos tienen todos los beneficios que no pudo tener mi
hijo.”
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