 La camioneta
de Marcelo Cattáneo fue manejada por alguien cuando el empresario ya estaba muerto;
recién el domingo a la noche –o el lunes a la mañana– la dejaron prolijamente
estacionada a seis cuadras de la residencia de Olivos. En la boca de Cattáneo los
médicos forenses encontraron un recorte de diario sobre el caso IBM-Nación, según
aseguró a Página/12 una alta fuente de Tribunales. Su traje sigue sin aparecer, mientras
la familia insiste en que ni las zapatillas ni el jogging que llevaba puestos al morir
eran suyos. Cada uno de estos nuevos elementos alimenta enormes dudas sobre la muerte del
empresario, considerado un testigo clave en el escándalo de corrupción IBM-Banco
Nación.
La presunta existencia del recorte en la boca de Cattáneo quedó en el centro de una
fuerte polémica. Fue publicada en la revista Noticias en su edición de ayer. La
fiscalía lo descalificó; fuentes ligadas a la investigación atribuyeron la información
a una maniobra de la SIDE, pero una alta fuente judicial confirmó a Página/12 que se
trata de un artículo en el que se lee “la situación de Marcelo Cattáneo en el caso
IBM-Nación se compromete día a día”. Y el médico forense Osvaldo Curci, que
realizó los estudios practicados sobre el cuerpo, evitó cuidadosamente desmentirlo.
–¿Encontró algún elemento extraño dentro de la boca de Cattáneo? –le
preguntó ayer este diario.
–No había ninguna sustancia. Desmiento que Cattáneo haya muerto por algo colocado
en su boca, como andan diciendo por ahí.
–No se habla de veneno, sino de un recorte de diario encontrado dentro de la boca de
Cattáneo.
–Hay cosas que son parte del secreto de sumario. Cuando la jueza lo disponga se van a
conocer.
–Entonces, no lo desmiente.
–Lo único que puedo decirle es que en la boca no tenía nada que pudiera haberle
provocado la muerte. Y quiero aclararle algo: nadie le pudo haber colocado un objeto
dentro de la boca, porque tenía la lengua afuera y mordida.
Curci pareció indicar de esta manera que el propio Cattáneo se habría puesto el papel
en la boca antes de morir. ¿Usted descarta la hipótesis del homicidio?, le preguntó
este diario. “Como perito, le digo que la causa de la muerte es asfixia por
ahorcadura. Hasta ahora, las evidencias marcan eso. Si fue un suicidio inducido, o
simulado, recién se va a saber la semana que viene, con los resultados de los análisis
toxicológicos”.
Ayer la jueza María Gabriela Lanz decidió apartarse de la investigación, como se lo
reclamaba su colega Enrique Velázquez. El magistrado fue quien, una semana atrás,
recibió la denuncia por la desaparición de Cattáneo, por lo que considera que la causa
por la muerte del empresario es de su competencia. Como el fiscal Aldo de la Fuente
anticipó que apelará la medida, la Cámara deberá definir cuál de los dos jueces se
quedará con el expediente.
La medida tomada por Gabriela Lanz no hace más que frenar una investigación plagada de
puntos oscuros. Estos son los principales:
u La camioneta. Fue abandonada en Olivos la noche del domingo al lunes, mucho después de
que Cattáneo fuera hallado ahorcado. Un vecino descubrió el vehículo el martes, en Juan
de Solís al 1800. La cuadra es utilizada por una escuela de conductores, y sus
instructores, que durante el fin de semana pasaron una y otra vez allí, no vieron el auto
de Cattáneo durante todo el fin de semana. Tampoco los remiseros de la agencia más
cercana a la zona. Por otra parte, el barro en las cubiertas indica que la Fiorino estuvo
en marcha el domingo, ya que el sábado no llovió.
u La ropa. Los familiares del empresario dicen que la ropa con la que murió no era de
él. Aseguran que Cattáneo nunca hubiera comprado las zapatillas rojas que llevaba
puestas cuando lo encontraron. Tampoco habían visto antes el jogging. El traje que
vestía al desaparecer todavía no fue hallado.
u El lugar. Para poder colgarse de la antena en la que apareció ahorcado, Cattáneo
debió trepar al techo de una casilla abandonada y saltar al interior de un patio desde
más de dos metros de altura. En el centro del patio cerrado por muros estaba la antena, a
la que tuvo que trepar para anudar la cuerda y saltar al vacío. Toda la maniobra parece
demasiado complicada para un suicida, sobre todo si se tiene en cuenta que en la zona hay
árboles que hubiera podido elegir para colgarse. Quienes creen que no se trató de un
homicidio, señalan que Cattáneo no tiene señas de violencia en el cuerpo. Esto es, que
es imposible cargar a una persona adormecida de esta manera sin lastimarlo o dejar
huellas. Y en el cuerpo de Cattáneo no quedaron señales de violencia. Por otra parte,
nadie lo vio en el club CUBA donde se pensó que había pasado las horas previas a su
muerte.
u Los sedantes. Dentro de la camioneta se encontraron dos frascos de Dexalergin, un
antialérgico que, en dosis altas, tiene un efecto sedante. Su mujer, Silvina de la Rúa,
dice que él no tomaba ningún tipo de medicamentos.
u El perfil psicológico. Marcelo Cattáneo no tenía características suicidas. Sobre el
punto, sin embargo, no hay coincidencia, porque los especialistas opinan que no existe un
patrón del suicida.
| Claves * Mientras
replicaba fuerte a la Alianza
sobre el contrabando de armas, el Gobierno se limitó a decir que en el caso Cattáneo
debe dejarse obrar a la Justicia.
* Pero el Presidente aceptó que hay
“dudas” en la muerte del empresario.
* El cavallista Francos presentó a Bagnasco las preguntas de
Cattáneo.
* La jueza se declaró incompetente, pero el fiscal quiere que siga.
* La pericia halló en la boca del cadáver un recorte de La Nación con informaciones
sobre el caso IBM-Banco Nación.
* Marcelo Cattáneo no condujo su
camioneta hasta el
lugar donde fue
hallada.
* Nadie vio a
Cattáneo en el Club CUBA, donde se
supone que estuvo.
* La familia insiste
en que el jogging y
las zapatillas no son suyos.
* No se encontró la ropa que tenía cuando desapareció. |
menem, Corach y Kohan unificaron el discurso
“Hay que esperar a la Justicia”
“Hay
que esperar a la Justicia.” En esa frase coincidieron ayer el presidente Carlos
Menem, el ministro del Interior, Carlos Corach, y el secretario general de la Presidencia,
Alberto Kohan. Se referían a las causas que provocaron la muerte de Marcelo Cattáneo.
Aunque el Presidente admitió que “hay dudas”, Corach reiteró que
“especular con la posibilidad del asesinato es tener una visión conspirativa y
mafiosa de la vida”, mientras que Kohan insistió en que no tiene “nada que
ver” en el affaire IBM-Banco Nación.
“Hay dudas, pero antes de aventurar juicios, donde está en juego la honorabilidad y
la dignidad de las personas, lo que hay que hacer es esperar que las autoridades
correspondientes se pronuncien, para evitar que se saque algún tipo de provecho
político”, dijo Menem. Y, en tren de hipótesis favorables para su gobierno, se
preguntó: “Supongamos que fue un suicidio. ¿Cómo se vuelve hacia atrás para poner
las cosas en su lugar después de haberse dicho tantas barbaridades?”.
“En un país moderno hay que esperar que la Justicia resuelva. En el ínterin es
legítimo que los medios ayuden a esclarecer el hecho y que el que tenga pruebas las
aporte”, sostuvo Corach. Luego añadió, parafraseando los dichos de Menem del
miércoles: “Especular con la posibilidad de que Cattáneo haya sido víctima de un
asesinato es tener una visión conspirativa e implica una visión mafiosa de la
vida”.
“No me parece normal que nadie muera, estoy dejando a la Justicia que me responda las
dudas”, sostuvo Kohan, dando así cierto crédito a las especulaciones sobre la
muerte de Cattáneo. Agregó que “habría que ver las razones, las responsabilidades
y las presiones a las cuales la gente está sujeta; la mala fe y la mentira
presionan” y consideró que “el día que la gente se acostumbre a que sea la
Justicia la que investigue, juzgue y condene, se estará mucho menos presionado”. El
funcionario volvió a aclarar que no tiene “nada que ver” en el escándalo
IBM-Banco Nación y recordó que a la firma del contrato “no estaba en el
gobierno”.
Estrategia de Oyarbide para zafar de la
Justicia
El juez sabe que la decisión que
tomó anteayer la Comisión de Juicio Político podría subsanarse en el Senado. Su calma
se basa, además, en que se dejó de lado el cargo por cohecho que involucraba a la
Federal.
El juez Oyarbide maneja
minuciosamente su propia defensa.
El tiene muy en cuenta la situación de su par Hernán Bernasconi. |
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Por Fernando Almirón
Norberto Oyarbide está
seguro que pese al dictamen de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que el
miércoles pasado recomendó por unanimidad iniciar su enjuiciamiento en el Parlamento,
todavía puede salir indemne del escándalo que sacudió su metódica carrera judicial. La
posibilidad forma parte del pacto que el magistrado habría sellado con algunos hombres
del gabinete nacional, quienes le pidieron que se someta a las alternativas de un proceso
en el que tenía garantizada su inmunidad. El primer paso del plan consistía en
desestimar los cargos de cohecho que lo vinculaban con una red de corrupción policial.
Una vez que los uniformados quedaran a salvo de la investigación parlamentaria, se
buscaría unificar las imputaciones de las que fue objeto Oyarbide en torno de su vida
personal, quedando éstas como núcleo central de la causa en su contra. Ello permitiría
una defensa basada en el derecho a la intimidad de las personas. Ahora falta elegir el
remate que le devuelva al juez un lugar en el poder a cambio de su lealtad con la Federal.
Norberto Oyarbide conduce de puño y letra su propia defensa. Ahora está enfrascado en la
decisión del próximo paso. Una de las alternativas que maneja contempla, con el apoyo
del oficialismo, acelerar los tiempos en Diputados para que se apruebe el proceso que
pasará a manos de la Cámara de Senadores, más susceptible a las presiones del
Ejecutivo. En sus apuntes figuran como dato los doce meses que ya lleva el juicio de final
incierto al juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi.
El dato no es menor. Oyarbide siempre tuvo fuertes vínculos con la Federal, incluso se
desempeñó durante años como docente “ad honórem” en la Escuela Superior de
la fuerza. Cuando comenzaron a revelarse las amistades que frecuentaba y las tendencias
sexuales del magistrado, también se filtraron los testimonios que lo involucraban con
jefes policiales quienes habrían armado una red que protegía a prostíbulos de lujo a
cambio de suculentas coimas mensuales.
El ex jefe de la División Seguridad Personal –y torturador en varios campos de
concentración de la dictadura militar–, comisario Roberto Rosa, habría estado al
frente de la organización policial que decidía quién estaba habilitado para violar la
ley de profilaxis, y quién no. El sauna masculino que regenteaba Luciano Garbellano
–amigo íntimo del juez Oyarbide– fue uno de los beneficiados por la “vista
gorda” policial que al mismo tiempo se ocupaba de suprimir desagradables
competidores. Ese lugar, “Spartacus”, era el más visitado por el magistrado.
El mundo secreto y feliz se derrumbó cuando la ambición y el poder metieron la cola.
Garbellano fue tentado por jugosas ofertas económicas que le acercaron enviados de la
SIDE, al tanto de lo que sucedía en el interior de Spartacus. Compraron su traición y se
instaló un circuito cerrado de video en cada cuarto del local. La cosecha superó las
expectativas de los espías. Se registraron imágenes insospechadas, la de Oyarbide con un
joven disfrazado de centurión, y otras cuya difusión resultarían muy
“inconvenientes para el propio gobierno”, según aseguran fuentes parlamentarias
y taxi boys que se atrevieron a contar su paso por las escenografías romanas del burdel.
Cuando el argelino Zinnedine Raschem se presentó en el juzgado de Fernando Rodríguez
Lubary para denunciar que Oyarbide lo había amenazado de muerte, se sumaron como un rayo
otra docena de oscuros episodios que incriminaban al magistrado, y que terminaron por
revelar la existencia de la red de protección policial. El tema fue bloqueado por el
oficialismo en el Congreso por pedido expreso del Gobierno. El PJ, incluso, justificó la
ausencia del comisario Rosa, quien se negó a comparecer en dos oportunidades ante los
legisladores de la Comisión de Juicio Político, que lo habían citado para que explicara
sus vínculos con varios propietarios de prósperos prostíbulos, y la relación que lo
unía con el magistrado. A esto se agrega que el juez Rodríguez Lubary, impedido de
investigar los cargos de cohecho de los que estaba al tanto, demoró por más de treinta
días su traslado a la Justicia Federal, que podría haber avanzado en la investigación
de esa denuncia. El fuero tampoco se mostró muy dinámico. Aún no encontró el momento
oportuno para sortear el juzgado que deberá hacerse cargo de la indagación. La demora
impidió que se sumara un nuevo pedido de juicio político contra Oyarbide, por presunta
asociación ilícita y cohecho en complicidad con altos jefes de la Federal.
La defensa de Oyarbide seguramente intentará que los diputados aprueben lo antes posible
su enjuiciamiento, el que quedará a cargo del Senado. Saben que los argumentos en los que
están trabajando, que apelarán a los derechos que protegen la intimidad de las personas,
y que nadie puede ser juzgado por sus actos privados, lograrán mayor consenso en un
ámbito mas dispuesto a la sensibilidad de las consideraciones políticas.
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