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Por A. M.  El juez federal
Jorge Urso ya comenzó a analizar las 200 fojas del dictamen del fiscal Carlos Stornelli,
en el que acusa al jefe del Ejército, general Martín Balza, de asociación ilícita y
pide que sea indagado. Fuentes judiciales afirmaron a Página/12 que en una primera
apreciación ese delito no aparece aún perfilado, lo que no implica que quienes comparten
la lista con Balza puedan ser acusados luego por otra violación de la ley. El cronograma
que se ha fijado el juzgado permite que el jefe de Ejército pueda ir tranquilo a
Inglaterra a fin de mes con el presidente Carlos Menem, pero las mismas fuentes aseguraron
que ese viaje no influirá ni para acelerar ni para retardar la futura citación del
militar. En forma simultánea al estudio del pedido de la fiscalía, Urso comenzará a fin de mes a tomar declaración indagatoria a un grupo de trece imputados que integraron la resolución contra Antonio Erman González, entre los cuales se encuentran el hermano del ministro de Justicia, Nicolás Granillo Ocampo, el actual viceministro de Defensa, Jorge Pereyra de Olazábal, el ex vicecanciller y actual diputado bordonista Juan Carlos Olima y el ex viceministro de Economía, Carlos Sánchez. El 29 de octubre están citados los coroneles retirados y ex directivos de Fabricaciones Militares Carlos Núñez, Pedro Caballero y Haroldo Fusari. Estas citaciones habían sido propuestas por el fiscal Carlos Stornelli, cuando los acusó –junto a Erman González– por falsedad ideológica de instrumento público. Los 11 ex funcionarios y militares retirados pasaron por Fabricaciones Militares o firmaron documentación referida a la venta de armas. El magistrado habría dejado para más adelante el caso de Olima, que goza de la inmunidad que le dan sus fueros parlamentarios. La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja no accede a tratar este tema, como tampoco el pedido de enjuiciamiento contra el ministro de Trabajo, Antonio Erman González. Tanto Olima como Sánchez integraron la comisión interministerial que debía controlar la exportación de material bélico. Pereyra de Olazábal –actual número dos del ministro Jorge Domínguez– fue interventor en Fabricaciones Militares y deberá declarar por la falsedad del decreto que aprobó la provisión de armas a Bolivia. Nicolás Granillo Ocampo fue director de Fabricaciones Militares de abril a setiembre de 1990 y desde esa fecha hasta abril de 1991 fue presidente del organismo. El juez Urso ha pedido licencia y partir del 19 de octubre terminará de tomar 12 declaraciones testimoniales vinculadas a la investigación correspondiente al desvío de armas a Croacia. En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py tuvo fuerte repercusión el pedido del fiscal Stornelli en contra del general Balza. Fuentes judiciales afirmaron a este diario que el magistrado que lleva la causa “se tomará el tiempo necesario para decidir sobre el destino del jefe del Ejército”. En un intento de mostrar en los hechos que se ha “puesto a disposición de la Justicia”, el Ejército le enviará hoy a las ocho –con retraso– cierta documentación que Urso había solicitado: son 42 mil fojas, en doce cajas, cada una de 40 por 50 centímetros. El ex ministro de Defensa y procesado en la causa, Oscar Camilión, declaró ayer no estar sorprendido por el pedido de indagatoria a Balza y, aunque no cargó las tintas sobre el militar, admitió como posible que haya existido una estructura paralela dentro del Gobierno que fomentó la venta de armas. “Ciertamente no se puede hacer un negocio de esa naturaleza sin tenerla”, razonó. Camilión manifestó su desconcierto a raíz de la presunta falsedad ideológica que ahora le imputa Stornelli por haber rubricado los decretos que autorizaron la operación. “Lo firmamos tres ministros”, recordó, en alusión Guido Di Tella y a Domingo Cavallo, quien ni siquiera fue convocado hasta ahora como testigo en la causa.
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