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Por D.S.
Menem lanzó su contraofensiva a través de un documento redactado por sus principales operadores. El texto lleva al pie el sello del Partido Justicialista, un aval que trasciende las fronteras de la Casa Rosada y compromete por igual a menemistas y duhaldistas. "Nadie debe llamarse a engaños. El camino que ha iniciado (la Alianza) no tiene retorno: comienza por pedir renuncias y ajusticiamiento sin aguardar sentencias judiciales, y va a terminar, dentro de poco, conspirando para lograr el derrocamiento del presidente constitucional". La letra del texto demuestra la excitación que produce en la clase política el tema armas. Si alguna vez Graciela Fernández Meijide calificó de "obsceno" al Gobierno, éste devolvió ayer la gentileza y acusó a la oposición de haber "inaugurado la etapa pornográfica del oportunismo político". Ya por la mañana, Menem intentó despegar a sus ministros de las denuncias de la Alianza calificándolas como "orgía de difamaciones". El gobierno no pudo digerir que la presencia de Menem en la Asamblea anual del FMI, un hecho inédito y del que se buscaba sacar provecho, fuera eclipsada por la venta ilegal de armas y el negociado IBM-Banco Nación --con la muerte de Marcelo Cattáneo incluida--, dos causas judiciales que involucran a funcionarios oficiales. La repentina aparición de la Alianza en escena, luego de sufrir una de sus peores crisis, potenció el tenor de las acusaciones sobre los miembros del Ejecutivo. Menem calificó esa movida como un "linchamiento mediático" que avanza sobre dos claros objetivos: * Su propia figura, a la que se "demoniza" para degradar los "éxitos" del Gobierno. * El accionar de los jueces, a quienes se pretende suplantar o "condicionar mediante la manipulación falsa de los hechos, afectando así la seguridad jurídica frente a cualquier fallo que no coincida con sus intereses políticos coyunturales". Si bien es una verdad de Perogrullo en política aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque, el texto cae en una contradicción. Por un lado acusa a la Alianza de practicar el "antidemocrático" método de "desparramar irresponsablemente la sospecha, creando en la opinión pública climas adversos a las legítimas representaciones políticas y suplantando el juego de los poderes de Estado". Pero, paso seguido, deja en el aire una acusación contra la administración de Raúl Alfonsín apelando al mismo método que critica. "Todavía les queda por aclarar las turbias negociaciones que rodearon la fabricación del misil Cóndor", insinúa. En ese sentido, el texto recuerda también "los decretos firmados en 1985 y 1987, por los que la administración radical autorizó la venta de material bélico a Perú, violando "nuestro papel de garante de paz con los países hermanos en conflicto".
GRACIELA FERNANDEZ MEIJIDE EN BARILOCHE Por Fernando Cibeira desde Bariloche
Para Meijide, la reacción a coro desde el oficialismo debe interpretarse como una salida motivada por la sensación derrotista. "Se imaginan otra derrota, si no hay una encuesta que les diga que ganan", argumentó. Además, también cree ver cierto nerviosismo en la Rosada porque las pruebas que agrandaron los últimos escándalos salieron desde sus propias filas. "Se les derrumban todas las excusas. ¿O ahora resulta que Camilión es nuestro?", atacó. Graciela llegó a Bariloche para una rápida visita de campaña que hoy continuará en Neuquén. En Río Negro no se conformó la Alianza y el Frepaso hace una tenaz oposición a la gobernación radical, que está sintiendo el rigor del cóctel que conforma un alto endeudamiento con la recesión económica. Bariloche fue la única ciudad donde el Frepaso triunfó en las elecciones municipales de octubre. La candidata sintió la localía en el centro cívico donde, como cuadra, fue a sacarse fotos con la postal del Nahuel Huapi de fondo. Se le acercaron chicos de gorrita que nadie hubiera imaginado politizados y un joven de barba, integrante de la tribu de los escépticos. "¿Cómo se sale de esta podredumbre, Graciela?", le preguntó. "Hijo, si pasamos una dictadura podemos pasar también esto", respondió. "¿Y me tengo que conformar con la buena voluntad nomás?", se alejó el joven, no muy convencido. Graciela no quiso saber nada de sacarse una foto con la mascota de la plaza, un cansado perro San Bernardo. Por la tarde Meijide salió a comprarle unas remeras a su hijo y a su nieto. Un comerciante se guardó un recuerdo que, seguramente, de ahora en más será la atracción de su negocio. Le hizo firmar una de esas remeras con la leyenda "No robe...el gobierno no admite competencia".
EL GOBIERNO DESCONFIA DE LOS JUECES FEDERALES Por Diego Schurman
Uno de los tres abrió la charla. Los otros dos asintieron con un pequeño movimiento de cabezas. Eduardo Bauzá, Eduardo Menem y Antonio Cafiero recién comenzaban a evaluar el documento de la Alianza. Pero la frase fue suficiente para saber en qué terreno el Gobierno plantea la pelea con la coalición opositora. Bauzá recibió la orden de responder el documento opositor el miércoles. Carlos Menem lo llamó al Senado para que el texto lleve al pie la firma del PJ y no del Gobierno. El Presidente no quería salir a contestar a las apuradas sino a través de un documento elaborado. Esa misma noche Bauzá se reunió en su despacho al hermano del Presidente y a Cafiero. A las 8 de la mañana de ayer hubo otro encuentro, en el que participaron Carlos Corach y César Arias, y donde se terminó de dar forma al texto. Menem le dio el okey y después se cumplió con la formalidad de poner al tanto de la situación a Rubén Marín y Carlos Reutemann, una formalidad ya que pertenecen a la conducción del partido. El documento oficial endilga a la Alianza un estrategia de la "conspiración institucional". Machaca con la idea del golpe como resultado de un quiebre de la seguridad jurídica. En otras palabras, le quita a la Alianza un argumento que hasta ahora parecía ser monopólico: el de tener capacidad de influir sobre el poder judicial. Si la coalición UCR-Frepaso asegura que el Gobierno cuenta con "la mayoría automática", al entender que la Corte Suprema siempre termina favoreciendo sus intereses, desde la Casa Rosada se acusa a la oposición de "condicionar" a los magistrados con una política de premios y castigos. En ese cuadro de situación aparecen los jueces federales, aquellos que más de un funcionario comenzó a llamar "panqueques", porque --según admiten-- después de años de adherir a la causa menemista han decidido darse vuelta para cuestionar, a través de sus fallos, las políticas oficiales. --Si no coinciden con ellos son jueces del Gobierno y si coinciden son jueces independientes. Los están tanteando porque saben que a Menem le queda sólo un año y son más fáciles de seducir-- razonó un fuente gubernamental. El paradigma de esos jueces es María Romilda Servini de Cubría. La "Chuchi", como le dicen socarronamente en tribunales, adquirió popularidad con el denominado Yomagate. En esa causa se terminó sobreseyendo a Amira Yoma, la ex cuñada de Menem. Sin embargo, este año la magistrada aparece como una de las principales responsables de que la causa re-reeleccionista no prosperara, al suspender un congreso del PJ en el que se había fogoneado la posibilidad de un tercer mandato. Servini fue también la jueza que citó a secretario General de la Presidencia, Alberto Kohan, a declarar en la causa de BCCI. Jorge Urso podría ser el otro ejemplo. Si bien se habla de las "influencias" del secretario del Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, sobre el magistrado, lo cierto es que Urso mantiene en vilo a varios miembros del gabinete, entre ellos a Di Tella y González. Pero no quedó ahí: en los últimos días citó a declarar a una veintena de funcionarios en calidad de imputados por la venta ilegal de armas al exterior (ver página 4).
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Carlos
Menem acusó ayer a la Alianza de querer derrocarlo a través de un "golpe
mediático", basado en el "condicionamiento" de la Justicia y el
"endemoniamiento" de su figura. El Presidente respondió de esa singular manera
al documento de la coalición opositora en el que se pedía la renuncia del ministro de
Trabajo, Antonio Erman González, y la interpelación del canciller Guido Di Tella, por la
presunta participación de ambos en la venta ilegal de armas al exterior.