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Por Eduardo Tagliaferro  “Se suspenden
las pericias que se iban a realizar en la localidad de Serrezuela, en razón de los
cuestionamientos que han formulado las partes de este proceso, respecto a la composición
de los materiales a utilizar”, dice el comunicado con el cual el juez federal de Río
Cuarto, Luis Rodolfo Martínez, notificó la suspensión de las pericias que se iban a
realizar en el norte de la provincia de Córdoba, para esclarecer las causas que
produjeron la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, el 3 de noviembre de
1995. Los explosivos que envió Fabricaciones Militares para hacer las pruebas eran más
combustibles que los que había en la fábrica cordobesa.Los abogados Ricardo Olcese y Aukha Barbero cuestionaron que el material explosivo, remitido hace aproximadamente 45 días desde la fábrica militar de Azul, tiene elementos fácilmente inflamables y que no se asemejan a los existentes en Río Tercero en el momento de la explosión. “Los responsables del envío de material, por pertenecer a Fabricaciones Militares, saben o deben saber, que el tipo de masarota (residuo de trotyl) que se elabora en Río Tercero era el de panes, cuya densidad es muy diferente al enviado para peritar. Sin embargo, se remitió masarota granulada, en cuya conformación existe una buena dosis de aire, lo que la hace sensiblemente más combustible que la elaborada en Río Tercero”, dice el escrito de Olcese. Los querellantes también cuestionaron la existencia de aluminio entre los componentes, ya que como “generador de calor, transforma en fácilmente combustible al explosivo que no lo es”. Por este motivo solicitaron al juez cordobés, que inicie un sumario administrativo y penal para determinar si el cambio de materiales se debió a “un involuntario error o a la alteración del material, que habría hecho variar sustancialmente el resultado de la prueba”. El teniente coronel Gabriel Cordero, director de la fábrica militar de Azul, desde donde se remitió el trotyl y la exolita (material explosivo) que debía utilizarse en la pericia de hoy, argumentó que “se limitó a mandar lo que el juez le pidió”. Los explosivos enviados desde Azul, se encuentran en la fábrica militar de Villa María desde hace 45 días y habían sido peritados en las dos plantas militares y “en ninguno de los dos controles anteriores se había detectado la presencia de aluminio entre los componentes a periciar”, afirma la presentación judicial de Ricardo Olcese. Las sospechas de que el personal militar haya intentado influir sobre el resultado de la pericia motivó que los representantes de la parte acusadora pidieran al juez de Río Cuarto que los “análisis sean practicados por organismos civiles, no militares, como los establecimientos universitarios”. Los diputados Mario Negri (UCR) y Horacio Viqueira (Frepaso) denunciaron que “Fabricaciones Militares es la responsable en proveer el material, lo que convierte a esta irregularidad en un posible encubrimiento que podría impedir conocer las causas reales que motivaron la explosión de la planta de Río Tercero”. La presencia de elementos altamente inflamables, que hubieran deformado los resultados de la pericia, se suman a las dudas de que la explosión de la fábrica militar se debiera a un autoatentado para ocultar el faltante de material bélico, exportado ilegalmente a Ecuador y a Croacia. El juez cordobés intenta desde hace varios días localizar al ex titular de la fábrica militar de Los Polvorines, el mayor Mario Rossi, para que ratifique la declaración que éste realizó ante el juez de Belle Ville, Luis Fillippi, en la que desmintió haber quemado la pólvora que los titulares de la fábrica de Villa María dijeron haberle remitido. La pólvora que se había declarado como quemada en Villa María formó parte de la carga de material bélico enviado a Croacia en el buque “RijekaExpress”, de la empresa Croata Lines, según consta en las investigaciones del juez de Belle Ville.
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