 El general de
brigada retirado Antonio Vicario seguirá prófugo hasta que su abogado logre recusar al
juez en lo penal económico Julio Speroni que ordenó su detención. Así lo afirmó el
propio defensor del militar, José Licino Scelzi, quien dijo además que “su familia
sabe perfectamente dónde está” y que su cliente “no es un prófugo porque hay
vicio en la decisión judicial de señalarlo como responsable de contrabando y ordenar su
detención”.
Scelzi manifestó por Radio Continental que su defendido no se presentará ante la
Justicia hasta que no logre el apartamiento de la causa del juez Speroni, por considerar
que este magistrado tiene “animosidad” en contra del militar. Speroni atribuyó
al general la responsabilidad por el contrabando de 230 toneladas de pólvora que salieron
de la fábrica militar de Villa María, pero no llegó a indagarlo porque el acusado
demoró la audiencia al plantear que no podía violar el “secreto militar”. Ante
esta situación el magistrado solicitó a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura la
captura del general, y que impidan un eventual intento de éste de abandonar el país.
“Hasta donde el sentido común indica, no puede afirmarse que esta persona está
prófuga, porque su abogado ha planteado la nulidad de la decisión del juez, salvo que se
quiera estar especulando con figuras políticas o situaciones engorrosas en contra de lo
que el derecho regla en rigor”, afirmó Scelzi, quien ayer estuvo en los Tribunales
Federales de Retiro. Allí presentó un escrito argumentando la nulidad de la medida
dictada contra Vicario y la recusación contra el juez Speroni, de modo que ahora será la
fiscal Alicia Sustaita quien decida sobre la validez jurídica de la orden de detención.
Vicario es buscado en la Capital Federal y en la provincia de Corrientes, donde habría
sido visto por última vez. Este militar nacido en Santa Fe y egresado en diciembre de
1964 de la Escuela Superior Técnica como ingeniero oficial, fue director de Producción
de Fabricaciones Militares y también se desempeñó en la Fábrica Militar de Fray Luis
Beltrán.
Por su parte, el jefe de la Policía Federal, comisario Pablo Baltasar García, admitió
hoy que no puede “adelantar” que Vicario haya salido ya del país. García
confirmó que el juez Speroni remitió a Interpol “un oficio que pide la captura
internacional” con la orden de “remitirle incomunicado al militar cuando sea
detenido”.
La causa de Speroni investiga el contrabando de pólvora para cañones enviada a Croacia
en 1993, que a diferencia del resto de las 6500 toneladas de armas argentinas, no salió
del país como sí ocurrió con el resto de los desvíos que terminaron en manos de los
ejércitos serbios y croatas. El juez de Córdoba, Edgardo Filippi, había llegado a la
conclusión de que los 5 millones del traficante Diego Palleros –actualmente
refugiado en Sudáfrica– no ingresaron nunca a Fabricaciones Militares. Por una
cuestión de jurisdicción la causa pasó al juez Speroni de la Capital Federal.
| Documentos del Ejército El
jefe del Ejército, general Martín Balza, intentó demostrar una vez más que está a
disposición de la Justicia y presentó al juez federal Jorge Urso 42.000 fojas de
distintos radiogramas que había pedido hace un mes el fiscal Carlos Stornelli, en la
causa que investiga la venta ilegal de armas a Croacia, Bosnia y Ecuador. El Ejército
había pedido 48 horas de prórroga para entregar esos comunicados, la mayoría de los
cuales se refieren al movimiento de armamento registrado entre las unidades militares
entre 1991 y 1995. Por otra parte, el abogado Miguel Bootello –representante de los
empresarios ecuatorianos César Herbozo y Roberto Sassen que compraron armas argentinas
fuera de uso– adhirió a la requisitoria del fiscal Stornelli para que Balza y una
veintena de funcionarios, ex funcionarios y militares sean indagados. Mediante un escrito
presentado hoy en el juzgado de Urso, el letrado pidió que la carátula del caso se
modificara y que los presuntos delitos sean calificados como estafa y asociación
ilícita.
Sin decreto
El ministro de Trabajo, Antonio Erman González, deslindó ayer su responsabilidad en
el desvío a Croacia de 230 toneladas de pólvora de la Fábrica Militar cordobesa de
Villa María que debían ser incineradas, por el cual se ordenó la captura del general de
brigada retirado Angel Vicario. “Yo no podía tener el supercontrol de cada uno de
los actos institucionales que están lejos de uno”, explicó el ministro, después de
aclarar que esa operación “no fue autorizada por ningún decreto” que él haya
firmado. González, cuya renuncia fue solicitada por la Alianza a raíz de las sospechas
sobre su participación en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, dijo sentirse
“absolutamente” firme en su cargo. También atribuyó a la UCR y el Frepaso
“un ánimo de hacer política horadando a las instituciones, difamando a las personas
y esto no es cosa que haga bien ni al pueblo ni a la democracia ni al país”. |
LO RECUSAN POR SER AMIGO DE TOMA
Lourdes no quiere a Urso
Por A. M.
La ex secretaria de Emir
Yoma, Lourdes Di Natale, debía presentarse ayer ante el juez federal Jorge Urso, en una
de las tantas causas iniciadas a raíz de sus denuncias contra varios funcionarios del
Gobierno y miembros del entorno presidencial. Pero no lo hizo porque sus abogados
recusaron al magistrado.
Los letrados Alberto Heredia y Asencio Riquelme consideraron que Urso no puede seguir al
frente del caso porque en una reciente entrevista publicada por la revista trespuntos
manifestó ser amigo del secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, y este funcionario es
uno de los señalados por Di Natale en sus acusaciones.
Además, el abogado Heredia había logrado hace algunos años un apercibimiento contra del
“juez de las armas” porque éste se había negado a recibirlo y el letrado lo
consideró una “falta de respeto”. Junto con la recusación, los representantes
de Di Natale pidieron su eximición de prisión en la causa en la que la jueza María
Servini de Cubría la acusó de participar de una maniobra extorsiva vinculada a la
interna del justicialismo. El fiscal Miguel Osorio decidió ayer darle ese beneficio a la
mujer que prendió un ventilador que todavía sigue salpicando y preocupando, sobre todo a
quienes aparecen mencionados en sus faxes y agendas. El juez Juan José Galeano
–quien reemplaza a Urso, que está de licencia– tiene ahora la última palabra
al respecto.
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