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Por Eduardo Videla  La controvertida ordenanza que
obliga a cambiar las puertas de los ascensores y que pone en peligro el acceso a esos
lugares de personas que se movilizan en sillas de ruedas podría volver a fojas cero. El
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dictar una nueva norma que regule las
modificaciones en esos mecanismos de manera que se contemple no sólo la seguridad de
quienes viajan sino que permitan el acceso de los discapacitados motrices. Así lo
resolvió el juez en lo civil Miguel Angel Prada Errecart, ante un recurso de amparo
iniciado por tres asociaciones de discapacitados, patrocinados por abogados del Instituto
Nacional contra la Discriminación (INADI).
El juez dispuso la integración de una comisión conformada por representantes del Gobierno de la Ciudad, el INADI, las asociaciones de discapacitados y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, que deberá elaborar en el término de treinta días un nuevo proyecto que regule las reformas en los ascensores. En el caso de que la norma no fuera sancionada, el juez dictará la sentencia pertinente, es decir, si acepta o rechaza el reclamo de los discapacitados. La demanda se originó en las consecuencias provocadas por la ordenanza 46.275, sancionada por el ex Concejo Deliberante en 1996, que resolvió en parte el problema de la seguridad en los ascensores --al exigir la eliminación de las puertas tipo "tijera"-- pero generó un inconveniente grave a muchas personas que se movilizan en sillas de ruedas. "Muchos quedaron encerrados en sus casas; otros no pudieron volver a sus trabajos, continuar con sus estudios o ir al médico", dijo a Página/12 Carlos Ferreres, de la Comisión de Discapacidad de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), uno de los impulsores de la demanda. El plazo que disponía la norma, en su origen, vencía en mayo de 1997. Aunque hubo varias prórrogas, la ordenanza fue acatada por menos de un 20 por ciento de los edificios. No obstante, ese porcentaje comprende a un número importante de consorcios que ahora, con el dictado de una nueva norma, deberían modificar nuevamente las puertas de sus ascensores. Se calcula que en la ciudad hay unos 70 mil elevadores con puerta "tijera" y por lo que ya se habrían modificado cerca de 14 mil. La ordenanza en cuestión sufrió idas y vueltas. En diciembre la Legislatura la suspendió por 90 días, por lo que volvió a entrar en vigencia en marzo. El 24 de junio fue suspendida nuevamente, pero esta vez por una resolución del juez Prada Errecart, ante un recurso presentado por el INADI. Dos días después, el gobierno porteño dictó un decreto en el que establece que las dimensiones no pueden ser inferiores a los 80 centímetros como espacio libre de acceso y 1,22 metros de profundidad. Pero agrega que las cabinas que tengan medidas inferiores a las indicadas no podrán ser reducidas más de 5 centímetros. Algo que no conformó a los discapacitados ya que --aseguran-- "con esa reducción es imposible el ingreso de una silla de ruedas". El recurso de amparo fue presentado por Ferreres, Abraham Felperin, de la Comisión de Discapacitados de la AMIA, y Eduardo Joly, presidente de la Fundación Rumbos. Los tres son discapacitados motrices y fueron patrocinados por las abogadas Silvia Ruiz larriú y Ana Gastón, del INADI. Mientras tanto, en la Legislatura porteña avanza el consenso sobre un nuevo proyecto de ley para reemplazar a la actual ordenanza. "La nueva ley debe contemplar tres prioridades: primero, la no discriminación; segundo, la seguridad, y en tercer lugar, el interés de los consorcios", dijo a Página/12 el diputado Eduardo Jozami, miembro de la Comisión de Planeamiento. Según el legislador, el peligro de las puertas "tijera" no sería tan grave como sostienen quienes impulsaron la antigua ordenanza, y podría resolverse cambiando "sólo la puerta de la cabina y no la de cada piso, ya que, según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, el 97 por ciento de los accidentes protagonizados por niños ocurren en el interior de los ascensores", explicó el legislador. Según Jozami, esta variante contribuiría a achicar los costos que deben afrontar los consorcios.
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