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EL CASO BORDON ORIGINO UNA RED NACIONAL DE RECLAMO DE JUSTICIA

UNA PLEGARIA CONTRA LA IMPUNIDAD

El responso oficiado ayer por Luis Farinello era para Sebastián Bordón. Pero al barranco mendocino donde fue encontrado su cadáver hace un año llegaron familiares y amigos de decenas de víctimas de la violencia policial en todo el país. Fue el principio de una protesta conjunta por los casos sin resolver.

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Los amigos de Sebastián, los de Bru, los de las chicas de Cipolletti. Todos, con la misma bronca.
Miriam Bordón contó que extraña los chistes de Sebastián y "los papeles de caramelos bajo la cama".

Advertencia: "Les quiero pedir a esos que nos ven por tele que nunca digan como hicieron con la Sole 'eso le pasó por loca'", imploró Ada Morales.

 

Por Cristian Alarcón
Desde El Nihuil, Mendoza

t.gif (67 bytes)  El dolor escaló la montaña. Cuando ayer a las dos de la tarde se cumplía exactamente un año de la aparición del cuerpo de Sebastián Bordón en un barranco del cañón del Atuel, el escenario que sus asesinos eligieron para simular una muerte accidental se llenó de visitantes como nunca había ocurrido en esta tierra seca. Eran deudos, cientos de deudos caminando por el borde del precipicio hacia un responso donde hablaron desde Ada Rizzardo de Morales, la mamá de María Soledad, hasta la más desconocida de las madres de víctimas de la impunidad en provincias como La Rioja, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, el sur del Neuquén. En el día en que Sebastián hubiese cumplido sus 19 años, familiares de 37 jóvenes desaparecidos o asesinados a lo largo del país viajaron desde todos los puntos hacia el paraje El Nihuil, en lo que se transformó en el comienzo de una red, tan poderosa como la que pueden tejer las lágrimas. "Esto no es un intento organizacional, es un hecho --dijo ayer Luis Bordón, el padre de Sebastián--. Estamos inevitablemente unidos por el dolor. A partir de ahí nuestra solidaridad con el otro no tiene límites. Estamos dispuestos a ir donde se nos necesite para luchar contra lo que tenemos en lugar de democracia: este Estado de la impunidad."

Fue una larga peregrinación la de las más de doscientas personas que llegaron hasta el sur mendocino. A media mañana comenzaron a cruzarse los abrazos en un hostal campestre de San Rafael, para salir en caravana hacia el paraje, setenta kilómetros hacia el oeste. "En todas partes ocultaron pruebas, borraron huellas, con cada uno que hablamos es igual", le decía la mamá de Paula y Micaela González, dos de las chicas asesinadas hace once meses en Cipolletti, a una mujer santiagueña, integrante de lo que han llamado Madres del Dolor. Rosa Shonfeld, la mamá de Miguel Bru, abrazaba a Ada Morales, Ada saludaba a los padres de Cristian Quiroz, el chico que murió con los pulmones llenos de barro en un pozo de San Nicolás, en Buenos Aires. Más allá, Carolina Ramírez, una chica de 18 años acompañada por su novio de 19, le contaba a una adolescente de Moreno, vecina de Sebastián, el caso de su hermano. Fernando Ramírez tenía 14 cuando desapareció sin dejar una sola huella en noviembre de 1996. "La causa sigue como fuga de hogar, la Justicia no existe", decía la chica repartiendo carteles con la foto de su hermano.

Como si se tratase de una procesión por un pueblo fantasma, desde el camino de tierra que pasa a trescientos metros del barranco donde sería el responso, la gente fue sorteando las curvas que hace el sendero cuando se adentra hacia el cañón, esa especie de profundo tajo en tierra donde fue abandonado el cuerpo de Sebastián. Esperaban, al costado de una cruz negra de metal que fue colocada hace seis meses, los familiares que habían llegado desde Mendoza y la adhesión de la mamá de Cristian Guardatti, el chico desaparecido en 1994 por el que la Comisión Intermericana de Derechos Humanos condenó al estado provincial que no logró encerrar a ninguno de los policías culpables. Casi todos llevaban esos carteles hechos a mano, con el pulso de las amas de casa pobres que aprendieron a escribir en letras altas la denuncia ante la urgencia que les impuso la crueldad.

Luis Farinello abrió el responso. "Dios no nos quiere sumisos ni esclavos", dijo el sacerdote justo antes de que se escuchara el murmullo del padrenuestro retumbando en el vacío del paisaje. A un costado, los doscientos metros de precipicio y el horizonte; del otro, la piedra elevándose; y en distintas partes, trepados, muchos de los más jóvenes que montaron telas, frases, nombres y fotos en la montaña, la única decoración de la ceremonia. Habló Miriam, una mujer que va tan abatida por el cansancio de días como encendida por la bronca. "Quiero condenados a los responsables políticos del crimen de mi hijo", gritó. La familia Bordón está empecinada en lograr que la Justicia avance hasta las máximas cúpulas de la policía y del gobierno provincial, que por acción directa u omisión tuvieron participación en el asesinato. "Van a caer, Sebastián, te juro que van a caer, hijito", le dijo al viento. Habló Ada Morales. Había escuchado con esa paciencia infinita de madre de Catamarca la forma en que la policía sanrafaelina trató de ensuciar a la víctima vinculándolo al consumo de droga. "Les quiero pedir a esos que nos ven por tele que nunca digan como hicieron con la Sole 'eso le pasó por loca'."

Un chico mira al horizonte y tira una piedra al fondo del barranco. Se oye el golpe seco en el fin del cañón. El pibe tiene 18 años, se llama Pablo Ulayar. Las palabras se oyen quejumbrosas por unos altoparlantes antiguos. El habla de "lo feo de que algo tan horrible haya ocurrido en un lugar tan hermoso", hecho un niño que se abraza las rodillas. Miriam Bordón le habla a su hijo. "La única bandera que me mueve es la de la lucha contra la impunidad. Estamos luchando cada día por vos, hijito. Te amo Sebastián", dice. Y cuenta que extraña sus chistes, las caricias y "los papeles de caramelos debajo de la cama".

 

La experiencia de los familiares

Por C.A.

Hace un año, San Rafael era un paraíso policial. Una lista de causas por delitos cometidos por uniformados de la zona descansaba con la parsimonia de las vides. Claro que en toda la provincia la fama de "la mendocina" estaba bien ganada. Ya habían desaparecido tres jóvenes en democracia -- Cristian Guardatti, Raúl Baigorria y Adolfo Garrido-- y en ninguno de los casos la Justicia condenó a los culpables. La profesionalidad delictiva, el terrorismo de Estado de la fuerza estaban intactos. Y el sistema judicial que rodeaba esa estructura represiva seguía incólumne, sosteniendo con un silbido de estúpido la impunidad policial. Sebastián Bordón murió cuando estaba por comenzar la fisura de ese estado de cosas, algo que puede ser más que eso sólo a fuerza de familiares como los que ayer pisaron El Nihuil. Y de la necesidad de que el poder político, en este caso el gobernador Arturo Lafalla, tiene de "esclarecer" para seguir en carrera. A esta altura un crimen policial es demasiado caro. Los límites, todavía endebles que el poder pone a las fuerzas, son intentos de gobernabilidad. La concepción que alumbra a los familiares, el fin de la impunidad, es diferente: no es un pedido de eficacia en casos particulares, hay un pedido de fondo que no será resuelto en breve.

¿Qué cambió en la Argentina de los últimos diez años para que en un caso como el de Bordón se lograse lo que hasta ahora hay en la causa: siete policías y dos civiles presos, un jefe policial procesado por encubrimiento? Hubo tanta perpetuación de la impunidad del último gobierno militar en los últimos diez democráticos años, que alguien aprendió. Aprendieron los familiares. Se enseñaron entre ellos como lo hicieron en su momento quienes rebotaban con los hábeas corpus ante los jueces del Proceso. Supieron, en algún momento, que lo único que los salvaría de la guadaña impune era la promoción de sus tragedias. La habilidad que muestra la Justicia y la premura que el poder político pone en los consejos que da a sus hombres depende, como en el caso de Sebastián Bordón, de la fuerza del grito de los familiares de las víctimas.

FAMILIARES DE OTRAS VICTIMAS RECLAMAN JUSTICIA

LOS QUE NO BAJAN LOS BRAZOS

Presiones: "Admiro a la gente de mi pueblo, Sáenz Peña, que a pesar de todo habló, pero necesitamos más, porque la impunidad tiene mil brazos."

Por C. A.

t.gif (862 bytes) El colectivo que lleva a familiares de víctimas está repleto. Cuesta avanzar por el pasillo entre los cuerpos de las madrazas y sus relatos. Allí están las mujeres santiagueñas de frases cortas que quisieron llamarse Madres del Dolor. La madre de Héctor Rubén Carbone, Raquel Pavón, explica cómo quieren hacerle creer que su hijo murió ahogado en un canal de cincuenta centímetros de profundidad y que la causa sigue caratulada como "muerte por inmersión", a pesar de los golpes que hay en el cadáver. En La Rioja también la impunidad tiene qué hacer. Mirta Herrera de Peña también está decidida a pelear: su hijo, Hugo, de 18 años, apareció ahorcado con el cordón de una zapatilla, después de ser detenido por la policía. Después de cuatro meses de espera, el médico Dante Pícoli, quien sostenía que el chico se había suicidado, tuvo que entregar el informe pericial completo. En él se lee que Hugo murió por los golpes, producto una pateadura policial. No hay detenidos en esa causa. Ni los hay en ninguna de las otras seis que denuncia Mirta.

Muchos de los que ayer acompañaron a los Bordón en el aniversario de la muerte de Sebastián se habían resignado en algún momento. Pero ya están de vuelta en la pelea. A Mirta, el juez Daniel Moreno le pidió que no atienda a los medios, que no agite las aguas. En el caso de su hijo estarían complicados altos oficiales de la policía riojana. "La complicidad de los altos mandos es igual en todas las provincias", describe la mujer. En La Rioja hay casos que estremecen. En mayo, el mes en que mataron a Hugo, también fue asesinado el fotógrafo Marcelo Suárez, de 26 años. Después de la golpiza que recibió lo tiraron moribundo en un hospital público, donde los cuidados no fueron suficientes. Murió cuando intentaban reanimarlo en Córdoba, horas después de una tomografía computada donde aparecen en manchas rojas los golpes internos de las botas.

María del Carmen Solís, de Berazategui, es la mamá de Leticia Bellstedt, una pintora asesinada a quemarropa cuando intentó defender a un vecino al que un matón le estaba pegando, el 8 de setiembre de 1996. El matón estaría relacionado con la bonaerense y el vecino al que quiso defender sería el propietario de un restaurante donde eran habitués los jefes policiales conocidos como "los 33 Orientales", que tanto dolor de cabeza le han producido al gobernador Eduardo Duhalde. María cuenta sobre el encubrimiento. "El entonces comisario de la 9ª de Quilmes, Oscar Viglianco, hizo todo por no investigar. Llegó a perder la ropa de mi hija y la bala de una 9 milímetros que la mató", denuncia. Viglianco es el mismo policía que secuestró la polémica pistola del pepito Martínez Maidana, con la que según los investigadores del crimen de José Luis Cabezas fue asesinado el fotógrafo. María del Carmen ya hizo un escrache frente a la Departamental Río de la Plata Sur, donde Viglianco fue nombrado jefe de tres distritos vitales en el esquema policial: Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

A su lado una mujer chaqueña comienza con la madeja del crimen de su hija de 16 años asesinada en un motel por un instructor de karate de la policía de esa provincia. Ella y todos los testigos de la causa que lleva dos años han sido amenazados de muerte y han recibido agresiones. "Admiro a la gente de mi pueblo, Sáenz Peña, que a pesar de todo habló, pero necesitamos más porque la impunidad tiene mil brazos", dice.


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