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Por Adriana Meyer
Las oficinas centrales de Edcadassa y un estudio jurídico vinculado con el grupo Exxel fueron allanados por la Justicia, en el marco de la causa que investiga la presunta asociación ilícita y defraudación de la concesionaria de los depósitos de Ezeiza, adjudicada a Alfredo Yabrán, quien en vida nunca la reconoció como propia. El operativo indica la reactivación de una investigación que desnudó las relaciones entre el Gobierno y el empresario telepostal --quien según la Justicia se suicidó en mayo de este año--, además de las violentas diferencias entre éste y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. La denuncia que le dio origen había sido formulada por los diputados del Frepaso Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro, y el cavallista Franco Caviglia, en marzo de 1997. En un operativo que duró gran parte del día, realizado el miércoles pasado por orden del juez federal, Gustavo Literas, y encabezado por el fiscal federal, Miguel Angel Osorio, fueron allanadas las oficinas ubicadas en Marcelo T. de Alvear y Maipú --donde funciona la sede principal de Edcadassa-- y en Esmeralda 240. Allí trabajaba Andrés Gigena, ex empleado de Yabrán. También fue requisado el estudio del abogado suizo Sergio Quattrini --asesor legal en asuntos comerciales de Exxel-- en Libertador 602, donde funcionan las oficinas de ese grupo económico. Fuentes de la fiscalía aseguraron a Página/12 que se secuestró documentación, pero aún no se puede establecer su valor porque está siendo sometida a una serie de pericias. Sin embargo, este diario pudo saber que los investigadores se llevaron libros de cuentas y actas de reuniones del año 1994. Además, buscaban el contrato firmado con la consultora de Henry Kissinger, del cual sólo apareció una copia. Todo esto se encontró en las oficinas de Marcelo T. de Alvear, según confirmó el director de Asuntos Públicos de Exxel, Fernando Lascano. El aspecto fundamental de la denuncia de los diputados de la oposición apuntaba al decreto 1188, firmado por el presidente Carlos Menem y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión en 1994, que reestatizó la empresa Interbaires, la prestadora de los servicios de atención en tierra a las aeronaves. Allí se estableció que, en caso de rescisión anticipada del contrato, los socios privados podían reclamarle al Estado lo que ellos dejaban de ganar, es decir, el "flujo de fondos descontados", algo que se calificó en ese momento como el "lucro cesante", aunque no sea ésa la denominación correcta. De hecho, el efecto era elevar el valor de las acciones de Yabrán. Y eso se logró con una ayudita de Kissinger, lobbista de lujo (ver aparte). Se acordó que el Estado le pagaría a Yabrán 39 millones de pesos (por una inversión real de 2 millones), pero el pago quedó suspendido cuando el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo advirtió que recibía la empresa con onerosos contratos firmados con subsidiarias del accionista privado, equivalentes al precio del rescate. En el caso de Edcadassa, el paquete mayoritario lo tenía la Fuerza Aérea y --por lo tanto-- podría haber fijado el precio de una eventual venta. En marzo de 1997 Yabrán reconoció que hizo lobby por las empresas Inversiones y Servicios y Villalonga Furlong --que era socio minoritario en Edcadassa e Interbaires-- ante el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González, sólo por amistad con sus directivos, ex gerentes de la empresa postal Ocasa, la única que reconocía como propia. En junio de este año, Erman González admitió que negoció con Yabrán por los aeropuertos, y aseguró que el empresario muerto se presentaba como dueño de Edcadassa. La empresa de Cargas del Atlántico Sur Sociedad Anónima, más conocida como Edcadassa, es la concesionaria de los depósitos fiscales aeroportuarios que retuvo ese negocio tras la privatización de los aeropuertos. "Es como si alquilaras un departamento con un inquilino que ya está adentro", graficó el diputado del Frepaso Juan Pablo Cafiero. El legislador duda de que el Exxel Group, encabezado por Juan Navarro, haya pagado 605 millones por Edcadassa y otras empresas que habrían pertenecido al imperio de Yabrán. "Navarro no pagó por algo tan dudoso. Nuestras denuncias pueden terminar con condenas, y si se declara la nulidad de los contratos y el decreto que iban a beneficiar a las empresas de Yabrán, se esfuma el derecho indemnizatorio", aseguró. Las crónicas de esa operación dicen que Navarro sabía que con las denuncias que pendían sobre Yabrán todos sus activos estaban subvaluados porque su presunto dueño tenía el estigma de mafioso, y no le importó pagar el costo político de su decisión. A los pocos meses, el empresario declaró que no se arrepentía porque había resultado "un excelente negocio". Pero ahora hay indicios de que la causa de Edcadassa se ha reactivado. Enterado del allanamiento el denunciante Cafiero opinó que esto "es positivo y nunca es tarde, porque si la Justicia avanza conseguimos lo que buscábamos: nuestro objetivo era que se decretara la ilegalidad y nulidad de aquellos contratos y decretos para evitarle la pérdida al Estado. El decreto hecho para una actividad que terminó dándole una ventaja al socio privado (Inversiones y Servicios y Villalonga Furlong)". El legislador dijo que aspira a que ninguna empresa privada cobre los 40 millones y que el Estado recupere esa explotación."
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