Si bien la ley de propiedad intelectual 11.723 prevé una pena de prisión de un mes a seis años para aquel que "edite, venda o reproduzca una obra sin autorización de su autor", para la Cámara del Libro, en la Argentina no hay conciencia del delito. Por eso, la entidad --que agrupa a casi todas las editoriales locales y extranjeras con representación en el país-- lanzó una campaña que incluye desde afiches publicitarios, listados de los comercios que lucran con la reproducción, hasta acciones judiciales concretas que ya llevaron a la clausura de varios locales, al pedido de captura de los responsables y a la incautación de cientos de títulos listos para la venta. "Queremos erradicar el daño que significa para los autores no poder beneficiarse con la publicación de sus trabajos", justificó Gerardo Fillipelli, abogado de la Comisión Reprográfica. Luego de más de 45 causas iniciadas, una recorrida de este diario mostró que el temor llegó a destino. "No puedo hablar --se excusó la empleada de un comercio pegado a la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)--. Ya hubo locales allanados", admitió. Y no son los únicos enojados.

"Este es un pretexto de las editoriales para vender más. Si les interesara proteger al autor, se preocuparían por pagarle derechos más altos. El autor se lleva menos que el que diseña la tapa", descreyó Lucas Rozenmacher, militante de Franja Morada. Luis Riquelme, docente en la Facultad de Medicina (UBA), comentó: "Lo ideal sería el uso del libro, pero en las condiciones económicas actuales, no queda otra que recurrir a las fotocopias". Y desde un puesto de Eudeba, Enrique Aguilar retrucó: "No es una cuestión económica. Está fomentado por los profesores que les piden los apuntes a los alumnos y por las bibliotecas, que prestan los libros para fotocopiar".

No obstante, desde la Cámara del Libro aseguran que la intención no es perjudicar a los estudiantes ni a sus organizaciones. "Queremos llegar a un acuerdo --advirtió Filipelli--. Por eso, empezamos a entrevistar a los rectores y decanos de universidades públicas y privadas. Las editoriales están dispuestas a vender libros a los centros de estudiantes a un costo muy reducido para que los vendan barato e incluso puedan conservar un margen para financiar sus propias actividades", abundó. De hecho, una resolución que rige en la Facultad de Derecho (UBA), firmada por el decano Andrés D'Alessio, prohíbe la reproducción. Y la FUBA hizo otro tanto en sus locales. "Transformamos todos los apuntes en libros, pagamos derechos de autor e impuestos --relató Rodrigo Masini, presidente de la federación--. El fotocopiado fue la manera que muchos alumnos de bajos recursos encontraron para poder estudiar. Pero, a través de Eudeba, se pueden comprar libros a 10 pesos que en el mercado costarían 30", festejó.

Con todo, el imperio de los apuntes no será fácil de derrocar. "La fotocopia se debate entre la democratización del conocimiento y la cultura posmoderna de la fragmentación", analizó Guberman. "En las carreras humanísticas y sociales se fragmentan los libros porque las materias se ordenan por temas o problemas. Además, muchas se basan en textos inconseguibles. Para erradicar las copias habría que reformular todas las currículas", advirtió Rozenmacher. Y Valentina Salvi, docente de Sociología, alertó: "Es cierto que las fotocopias no generan el vínculo afectivo que sí produce el libro y que en una biblioteca tienen una jerarquía menor. Pero no vaya a ser que un acuerdo con las editoriales condicione las lecturas".

Una vía de solución, según los mentores de la campaña, es que --tal como se hizo en los países nórdicos, España, Estados Unidos y Brasil-- se organicen Institutos de Derecho Reprográfico. Es decir, entidades que cobren un gravamen sobre cada reproducción y lo repartan entre los autores. No obstante, Ferreirós consideró: "Esto vendrá después. Lo prioritario es que la sociedad comprenda que el fotocopiado es delito. Si un chico le dice a su maestra que tiene hambre, ella no le sugiere que robe una manzana", ilustró.

Su gestión creció al amparo del reino del rector Oscar Shuberoff y esta semana trece votos contra tres lo confirmaron en sus funciones hasta el 2002. Raúl Courel, 52 años, decano de la Facultad de Psicología (UBA) desde 1994, no duda en afirmar que quiso retener el puesto "para avanzar y desarrollar la reforma estructural del plan de estudios y del sistema administrativo-académico". Pero se muestra cauto. "Las currículas son un esqueleto y no pueden cambiarse todos los días", advierte. Tiene una convicción: "La precarización laboral y el desempleo aumentan la demanda social de atención psicológica", asegura. Pero también un gran problema: "Tener 13 mil alumnos estudiando en la facultad y una matrícula en constante aumento es un disparate. No alcanzan las aulas ni las bibliotecas. Y tampoco hay medios para garantizar la formación práctica y el acceso a la red de hospitales", advierte.