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Por Pablo Ferreira  El Citibank está
en la recta final en la puja por el Mayo. Hoy se reunirán para pulir la operación el
número dos del grupo neoyorquino Bill Rhodes y Pedro Pou, titular del Banco Central. En
cambio, las probabilidades de que el gobernador Eduardo Duhalde reflote la propuesta que
analizaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires parece tener pocas chances. Esta
alternativa está empantanada en un terreno donde el Central y el Provincia se cruzan
acusaciones por la hasta ahora frustrada presentación. No obstante, el BC, ante cualquier eventualidad, ya definió con el club de los 5 bancos la operación desguace. Si el Mayo pasa a manos del Citi, quedarían sólo 50 sucursales y de los 3000 empleados que tiene el grupo, sobrevivirían apenas unos 1100, incluidos los 650 de Provencred. Precisamente, el principal dolor de cabeza para el mandamás de la entidad monetaria pasaron a ser ahora los empleados. Estos están en huelga desde el viernes en defensa de sus amenazadas fuentes de trabajo. El frente laboral pone en juego, sobre todo, su estrategia de mostrar un sistema financiero sin fisuras ante una crisis internacional centrada en la región. El tiempo corre en contra de sus tácticas porque profundiza las debilidades del sistema. El Mayo no es el único banco, tal como reconocen en la city, que ha sufrido corridas en las últimas semanas. En una jugada a dos puntas, Pou jaqueó la medida gremial que paralizó las operaciones autorizadas en la suspensión de la entidad cooperativa. El Sedesa (Seguro de Depósitos), con una celeridad inédita, informó que desde ayer el Fondo de Garantía de los Depósitos está en condiciones de devolver hasta 1000 pesos o dólares a los ahorristas. La medida, prevista como un paliativo para los pequeños depositantes en estas situaciones de crisis, abarcará a los cerca de 150 mil ahorristas del Mayo. El Sedesa se encargó de puntualizar que la concreción de los pagos depende exclusivamente de que el Mayo le entregue las listas o bases de datos con las montos de las imposiciones. Además el Central anticipó anoche que pedirá al Ministerio de Trabajo “la aplicación de los mecanismos de conciliación obligatoria”. Por su parte, la asamblea de trabajadores realizada ayer decidió continuar con las medidas de fuerza. Pero para no aparecer como “los malos de la película” también resolvió que los jubilados puedan desde hoy cobrar sus haberes. Al respecto aclararon que los pagos se efectuarán entre las 10 y las 12. La delegada general del banco, Susana Zaldúa, destacó que “a excepción del pago a los jubilados, se seguirá con el resto de las restricciones que se vienen realizando hasta el momento, hasta que se encuentre una solución definitiva. Las “restricciones” afectan, por caso, el pago de los sueldos a los trabajadores de diversas entidades y empresas atrapados por esta caída. El presidente del Central no sólo debe lidiar con el problema gremial. Además, se la abrió un frente de tormenta en el ámbito del Legislativo. Por un lado está la decisión del Frepaso de llevar adelante un pedido de interpelación anunciada por la precandidata presidencial Graciela Fernández Meijide. Ahora se sumaron varios diputados del propio oficialismo encabezados por Pascual Rampi, Oscar González y Angel Abasto. Estos legisladores, además de solicitar que comparezca ante la Cámara para dar explicaciones, pidieron la renuncia de Pou y todo su directorio. Esta iniciativa fue desautorizada por Esteban Dómina, presidente de la Comisión de Finanzas. Dómina destacó que “no va a considerar la opinión de tres diputados sino la que surja del bloque justicialista, del cual no tiene ningún pedido formal en ese sentido”. En tanto, la propuesta del Provincia, la alternativa preferida por Rubén Beraja, no se descarta totalmente. El Central dio plazo hasta el 26 de este mes para mejorar las ofertas existentes. Según el mandatario bonaerense, tras participar en la reunión de ADEBA, el banco provincial mantiene su interés en el Mayo. Pero aclaró que no habrá una oferta concreta hasta que no se estudie a fondo la situación de la entidad. Además señaló que ese interés se mantiene “en la medida en que un banco público pueda tener participación”, aludiendo a presuntos obstáculos por parte de Pou.
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