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Por Eduardo Videla  Los jueces de
Faltas porteños están al borde de un ataque de nervios. Desde hace siete meses, con el
traspaso de funcionarios y empleados a la flamante Justicia Contravencional, el fuero
quedó reducido a la mitad y por lo tanto, el trabajo se incrementó al doble. La
situación “compromete gravemente la posibilidad de brindar un eficaz servicio de
justicia”, dice el documento que firmaron recientemente los quince jueces del área.
La Cámara de Apelaciones de Faltas, incluso, dictó una acordada, en la que se hizo eco
del reclamo. La denuncia se inscribe en un conflicto más amplio: los funcionarios
pretenden que se los considere como jueces y no como tribunales administrativos, como
sostiene el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura, y todos ven peligrar su puesto ante la
conformación de la Justicia de la Ciudad. El secretario de Gobierno, Enrique Mathov, admitió que el atascamiento de causas en los tribunales de faltas existe y el reclamo es legítimo. “Por eso pedimos autorización a la Legislatura para designar en comisión personal administrativo para cubrir los juzgados vacantes, lo que se hará en los próximos días”, anunció Mathov a Página/12. Los quince jueces advirtieron que desde marzo –cuando otros tantos funcionarios fueron designados en comisión en la Justicia Contravencional– cada tribunal “ha visto ampliado el número de concurrentes, elevando la cantidad de causas a 150 por día”. “Los ciudadanos que concurren deben padecer grandes demoras para ser juzgados”, alertaron. A cada uno de los jueces –sostienen– le han sido transferidas “entre 5000 y 10.000 causas de los juzgados que quedaron vacantes”. “El sistema está colapsado”, dijo a Página/12 el juez Jorge Rodríguez. “Los legisladores dictaron una norma transitoria por 30 días, pero ya hace siete meses que estamos en esta situación”, se quejó. Rodríguez dice que es imposible atender las mil causas semanales que entran en su juzgado. “Las faltas de tránsito constituyen el 75 por ciento de las infracciones que ingresan, y la Policía Federal hace unas 5000 actas por día”, afirmó. A los jueces de Faltas les competen además las causas vinculadas con violaciones al código alimentario, a las normas de edificación y de seguridad, las habilitaciones de negocios y la venta ambulante, entre otras. El conflicto, en rigor, tiene una arista más compleja: el Ejecutivo y la Legislatura sostienen que los juzgados de Faltas son tribunales administrativos y les niegan a sus titulares el status de jueces. Por eso –argumentan– fueron excluidos del Consejo de la Magistratura, encargado de nominar a los miembros del futuro Poder Judicial de la Ciudad. Los actuales jueces fueron designados con el acuerdo del ex Concejo Deliberante, un antecedente que no los favorece ya que –según fuentes de la Legislatura– “muchas nominaciones fueron políticas”. “Los jueces de Faltas deben ratificar sus designaciones ante el Consejo de la Magistratura”, dijo a este diario Gabriela González Gass, integrante de la Comisión de Justicia de la Legislatura. La conformación del Consejo todavía está en pañales: ya están designados los tres representantes de la matrícula de abogados y faltan otros tantos, que deben ser elegidos por los legisladores. “Los tres representantes de la Justicia que exige la Constitución se integrarán cuando esté conformada la Justicia de la ciudad”, aclaró González Gass. El Consejo debe nominar las ternas para cubrir los 48 juzgados de Faltas y Contravencionales que habrá en la ciudad. Los elegidos por el jefe de Gobierno tendrán que tener el acuerdo de la Legislatura. El proceso demandará no menos de un año. Mientras tanto, el gobierno porteño decidió cubrir las vacantes en los juzgados de Faltas. “Algunos de los jueces que fueron a los tribunales contravencionales volverán a sus antiguos despachos. El resto será cubierto con abogados, personal administrativo que irá en comisión”, afirmó Mathov.
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