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 El sudeste
asiático esperó durante 18 meses la medida que recién ayer votó la Cámara de
Diputados de Japón. El proyecto de ley de recapitalización bancaria permite que el
sistema financiero japonés disponga de una inyección masiva de 60 billones de yenes
(518.000 millones de dólares) de fondos públicos para sanear sus cuentas e intentar
salir de la crisis. La aprobación del proyecto de ley, que el próximo viernes podría
ser ratificado por la Cámara alta, completa el plan de rescate de la banca elaborado por
el primer ministro Keizo Obuchi, quien desde que asumió el cargo convirtió la economía
en el elemento central de su política. La espera de casi dos meses de debates en Japón
se cerró ayer por la tarde con la aprobación de una ley que somete a los bancos a la
voluntad de las autoridades monetarias tras más de una década de permisividad con esas
entidades. Una cumbre informal de naciones asiáticas reunidas en Singapur anunció ayer
que la recesión será peor en 1999.El presidente de la Federación de Asociaciones de Banqueros (FAB), Satoru Kishi, felicitó al gobierno por el plan y se mostró esperanzado “en que sirva para estabilizar definitivamente el sistema financiero y para aliviar la carestía de los créditos”, causa fundamental de la desconfianza en la recuperación económica de los empresarios. El portavoz del ejército, Hiromu Nonaka, explicó luego de ser aprobado el plan que la suma millonaria procedente de las arcas estatales representa el 12 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de Japón –y equivale al PBI de una nación próspera como Australia–, lo que convierte a esta reforma bancaria en la más costosa de las realizadas hasta ahora en el mundo. En un signo de cuánto ha empeorado la crisis bancaria desde comienzos de año, el monto votado es el doble del anterior paquete de estabilización de febrero. “Hemos establecido un presupuesto en la escala necesaria. Voy a ser muy feliz si esto restaura la confianza interna e internacional”, dijo el premier Obuchi. La inyección de fondos públicos en la banca se usó ya en Finlandia y Suecia, donde se dedicaron respectivamente un 10,5 y un 4,6 por ciento del PIB, más de lo que se empleó en Estados Unidos (2,7) y en España (1,2) para solventar crisis similares. Las fuertes presiones recibidas por los políticos japoneses desde el extranjero en estos dos últimos meses y unas confusas negociaciones, de avances y retrocesos continuos, que han enfrentado al Partido Liberal Demócrata (PLD) con la oposición, han sido decisivas para dar el visto bueno al proyecto de ley. Si ayer el PLD conseguía que se creara un comité independiente para decidir el futuro de los bancos (liquidación, nacionalización parcial o unión con otras entidades financieras tuteladas por el Estado), lo más destacado de la ley de recapitalización bancaria aprobada hoy ha sido la concreción de los conceptos y sumas de que dispondrá la banca privada. A los 17 billones de yenes (147.000 millones de dólares) que el gobierno aprobó en febrero para proteger a los depositantes de eventuales quiebras financieras, se unirán 43 billones de yenes más (371.000 millones de dólares) procedentes de un presupuesto suplementario, cuyo visto bueno se prevé para el viernes. De estos 43 billones de yenes, dieciocho (155.180 millones de dólares) se dedicarán a poner a los bancos bajo control estatal y los 25 billones restantes (216.000 millones de dólares) a mejorar los coeficientes de garantía. Uno de los puntos débiles de la ley es que, de momento, no se obliga a acogerse a ella a los bancos cuyos problemas no sean agudos, algo que podría modificarse con una enmienda en enero, indicaron fuentes del PLD. La comisión decidirá el futuro de los que estén en peor estado, pero si una entidad no acepta fondos estatales, los directivos seguirán sin asumir sus responsabilidades de gestión y podrán guardar información detallada sobre el estado real de cuentas de la entidad. En Singapur, una cumbre informal de las naciones del sudeste asiático pidió ayer auxilio para salir de la recesión. Urgió a Estados Unidos, Canadá y Europa a cortar significativamente las tasas de interés, y pidióa Japón que acelere sus esfuerzos para promover el crecimiento. El presidente de Filipinas, Joseph Estrada, dijo que la crisis económica se había convertido en una “catástrofe social”. Por debajo de este celo social recién descubierto, los líderes asiáticos temen que la crisis conduzca a disturbios políticos arrasadores, como ocurrió en Indonesia.
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