MANIOBRA DEL GENERAL BALZA ANTE LA COMISION DE DEFENSA DE DIPUTADOS
Cuando el oficial quedó de seña

Balza llevó a un testigo a la Cámara de Diputados, que según el general sostendría que la munición estaba vencida. El testigo, que afirmaba que la munición estaba en uso no declaró porque Balza, mediante una treta, lo dejó afuera. El general Martín Balza junto al diputado radical Juan Manuel Casella en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

La intervención del general Martín Balza ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, si bien evaluada como exitosa por el protagonista, tuvo una derivación inesperada hacia el interior de la fuerza. Acompañando al jefe del Ejército había viajado desde Tucumán el teniente coronel retirado Domingo Antonio Gordillo, ex jefe de la base de apoyo logístico de la quinta brigada con asiento en la provincia. En el debate, Balza señaló que toda la munición enviada desde los cuarteles a Fabricaciones Militares estaba vencida, incluida la procedente de Tucumán. Sin embargo, mientras Balza realizaba estas afirmaciones, Gordillo había sido invitado por personal militar a permanecer fuera del recinto y aguardaba en el pasillo. Según había asegurado Gordillo a camaradas de su confianza, presuponía que la munición que había despachado desde su unidad se encontraba "en uso".

Gordillo había bajado a Buenos Aires por sugerencia expresa de la comandancia que, vía telefónica, solicitó su presencia. Balza concurrió al segundo piso del anexo del Congreso rodeado de varios oficiales en actividad y retirados, entre ellos Gordillo y el teniente coronel Ferrante, quien en 1994 y con el grado de mayor se encontraba a cargo del Batallón 601 de Los Polvorines, punto donde se concentraron los 85 contenedores que tenían como destino Croacia y en febrero de 1995 fueron embarcados en el "Rijeka Express", de la firma Croatia Lines. Ferrante explicó a la comisión que no era "anormal" que se pidiera permiso para depositar allí contenedores y así lo habían hecho, por ejemplo, Cáritas y la Secretaría de Acción Social. Por lo mismo, dijo, no le llamó la atención el reclamo de la señora Teresa de Canterino, encargada del sector de Abastecimiento y Comercio Exterior de Fabricaciones Militares, y del coronel Edberto González de la Vega, director de Coordinación Empresaria de la empresa.

Gordillo tenía el mismo grado que Ferrante pero corrió una suerte distinta. Ferrante, con el informe "in voce", avaló los dichos de su jefe, es decir, la versión oficial de la conducción de la fuerza. Balza había sostenido un rato antes que "toda la munición que recibe Fabricaciones Militares es vencida" para mostrar luego sobre un mapa que resaltaba con señales rojas "las unidades a las que Fabricaciones Militares concurrió con sus propios medios y personal para retirar la munición puesta a su disposición, de acuerdo con los distintos convenios. Una de estas unidades es la de Tucumán; pero no fue la única". Gordillo, que había sido el jefe de la guarnición que en Tucumán proveyó esos pertrechos, no estaba en la sala. Se encontraba aguardando no sabía bien qué en la Comisión de Presupuesto, contigua a la sala que se había convertido en epicentro de la atención ese día. No había sido por propia voluntad: el teniente coronel Scorcelli lo había invitado a retirarse del recinto al principio de la reunión.

Con su ausencia no podía respaldar ni desmentir las aseveraciones de su mando. No obstante, según fuentes próximas al Estado Mayor, en encuentros previos con sus camaradas más cercanos habría manifestado en más de una oportunidad que no le "constaba" que la munición estuviera vencida, tal como con absoluta seguridad afirmaría Balza frente a los diputados. El nombre de Gordillo había tomado estado público cuando en agosto de este año se produjo una seguidilla de declaraciones de oficiales del Ejército que encabezó el coronel Luis Hilario Lagos y continuó, en Tucumán, el coronel Guillermo Machado, quien filmó por casualidad a las tropas croatas portando armamento argentino. Gordillo, de acuerdo con las notas periodísticas de ese momento, había manifestado su sorpresa por el pedido de armamento para ser entregado a la explosionada Fábrica Militar de Río Tercero. Gordillo reclamó entonces por fax la confirmación de esa orden y desde Buenos Aires un coronel le ratificó la veracidad de la misma.

Gordillo, consultado por Página/12, sólo expresó que no haría declaraciones, pero señaló como falaces las afirmaciones que indicaban que, para el traslado, se habían tomado medidas "extraordinarias" de seguridad, así como no hubo pago extra al personal interviniente en el operativo. Gordillo negó, del mismo modo, que al mayor Vernavitti, segundo jefe del Batallón, se le hubiera dado de baja a causa de una maniobra orquestada por él y que, en cambio, Vernavitti se retiró un año después de los sucesos por otros motivos. También aclaró que su propio pase a retiro no se debió a la existencia de ninguna causa penal en su contra.

El episodio del Congreso de la Nación, sin duda, debe haberle dejado a Gordillo mal sabor de boca. Sus compañeros también muestran extrañeza por el trato recibido y comentan que, más allá o más acá de la intención, "no se trae a nadie de Tucumán para hacerlo hacer banco en un pasillo. Finalmente, es un teniente coronel"

DETUVIERON NUEVAMENTE A PALLEROS EN SUDAFRICA
Un ratito más en la gayola

El teniente coronel retirado Diego Palleros, uno de los principales involucrados en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, fue nuevamente detenido ayer en Sudáfrica por violación de las leyes migratorias de ese país. Las autoridades sudafricanas ya habían arrestado a Palleros hace tres meses, a raíz de las órdenes de captura libradas en su contra por los tres jueces que investigan el contrabando de armas, pero posteriormente negaron su extradición a la Argentina. Palleros estuvo ahora detenido por unas horas y después recuperó su libertad, aunque es posible que resuelvan expulsarlo de Sudáfrica, donde había encontrado refugio.

Palleros ingresó a Sudáfrica con un pasaporte panameño y en ese país africano estableció su residencia cuando la justicia argentina ya lo buscaba por su participación en la venta ilegal de armas. El militar se dedicó al tráfico de material bélico una vez retirado del Ejército y en los papeles aparece como titular de las empresas uruguayas Dabrol y Hayton Trade, utilizadas para triangular el armamento que fue desviado a Ecuador y Croacia.

El pasaporte que el teniente coronel retirado utilizó para radicarse en Sudáfrica acredita su identidad como "Diego Emilio Palleros Paz", aunque las autoridades de Panamá remitieron en los últimos días un informe a las sudafricanas donde se demostraría que ese documento no es legítimo. Fuentes que participan de la investigación del contrabando de las armas explicaron a Página/12 que "Interpol trabajaba desde hace tiempo para determinar la autenticidad de ese pasaporte y la pesquisa permitió establecer que no fue expedido a Palleros, sino a un ciudadano de origen chino".

En Tribunales circuló también la versión de que Palleros había sido detenido en el aeropuerto de Johannesburgo cuando se disponía a abordar un vuelo a Singapur, aunque su abogado en la Argentina, Néstor Blondi, lo desmintió. Blondi confirmó que su cliente --con quien dijo haber mantenido un breve diálogo después de su liberación-- fue apresado por supuestas irregularidades en su pasaporte, pero negó también que Panamá hubiera remitido a Sudáfrica un informe que ponga en duda la autenticidad de ese documento.

Ante las autoridades sudafricanas, Palleros aseguró que el pasaporte lo consiguió en el '89, cuando vivió en Panamá y gracias a la amplitud de las leyes que regulan en ese país el otorgamiento de la residencia y nacionalidad a los extranjeros. Sus explicaciones, sin embargo, resultarían insuficientes para frenar la expulsión con que se reprime a quienes violan las normas migratorias de Sudáfrica.

A Palleros se le imputa contrabando agravado y falsedad ideológica por el desvío de las armas a Ecuador y Croacia. La primera orden de captura internacional en su contra la libró en abril de 1996 el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Pedidos similares formularon después su colega en ese fuero Julio Speroni y el juez federal Jorge Urso. La semana pasada el fiscal federal Carlos Stornelli sumó nuevos cargos contra el militar y lo acusó de asociación ilícita. Una eventual decisión de Sudáfrica de expulsar al militar de su territorio podría facilitar su sometimiento a la justicia argentina, posibilidad que quedó vedada tras la negativa sudafricana a extraditarlo. "No bien salga de Sudáfrica, Interpol lo detendrá", se esperanzaron ayer en Tribunales.

EL PJ ATACARA A LA UCR COMO DEFENSA
Erman va a Diputados

El viernes que viene, el ministro de Trabajo, Antonio Erman González, se presentará ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para defenderse ante las acusaciones de la oposición sobre su responsabilidad en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. El bloque del PJ ya tiene lista una estrategia para contrarrestar los argumentos de la Alianza.

La bancada que lidera Humberto Roggero recopiló los decretos secretos firmados durante el gobierno radical, por medio de los cuales se vendieron armas de manera directa a Perú, Bolivia e Irán. En el cuadro que difundirá el oficialismo, figura cada una de las resoluciones del Poder Ejecutivo, los funcionarios que las firmaron y el detalle de las armas vendidas.

Lo que los justicialistas no aclararon es que, a diferencia de la denuncia contra la administración menemista, en las operaciones aprobadas por la gestión radical los cargamentos llegaron al lugar indicado, sin que se haya detectado ninguna triangulación.

El caso de la venta ilegal de armas fue retomado por la Alianza la semana pasada, cuando el Grupo de los Cinco --la máxima instancia de conducción de la coalición-- solicitó públicamente la renuncia de González por su "responsabilidad política" en el affaire, y la interpelación del canciller Guido Di Tella.

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