Por F.A.
La Cámara de
Senadores aprobó ayer los pliegos de ascenso de dos militares acusados de serias
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Se trata de los tenientes
coroneles Luciano Teodoro Parszyk y Ricardo Manuel Frecha, quienes de ahora en más
lucirán sobre sus hombros las jinetas de coronel, consumando la continuidad de una cadena
de mandos implicada en la represión ilegal. Un tercer miembro del Ejército no logró
superar la Comisión de Acuerdos. Jorge Alberto Burlando deberá perfeccionar su ingenio
para convencer a los legisladores de su ignorancia sobre los hechos que ocurrieron entre
1976 y 1979 en la Argentina.
Luciano Parszyk y Ricardo Frecha, en cambio, superaron la pobre indagatoria a cargo de los
miembros de la Comisión de Acuerdos del Senado, quienes ya habían sido debidamente
advertidos de la participación y responsabilidad que se les adjudicaba a ambos militares
durante la represión ilegal, tal como anticipó Página/12 en su edición del domingo.
Sin embargo sus ascensos pasaron al recinto donde ayer fueron aprobados.
Frecha logró el voto favorable del oficialismo y la oposición. La Alianza argumentó
que, como las denuncias presentadas en contra del militar en la Conadep eran anónimas, no
estaba probada su participación en los hechos que se le imputaban, y por lo tanto debían
votar por la afirmativa. Parszyk, en cambio, sólo obtuvo la aprobación del justicialismo
a la que se sumaron algunos provinciales, y el voto en contra de la minoría
aliancista.
u El caso Frecha. Según el legajo 3861 de la Conadep, el entonces teniente primero Frecha
habría participado de un operativo en el que fueron secuestrados cuatro jóvenes, los que
después habrían sido alojados en el campo clandestino de detención conocido como
La Cacha. Otro militar, que mantuvo su nombre en reserva, testimonió ante el
organismo su propia participación y la de Frecha en esa acción represiva. También dijo
que a los secuestrados de La Cacha los pasaron a un avión y los tiraron al
río. Sin embargo, Frecha no sólo negó ante los senadores estar involucrado en los
hechos, incluso llegó a afirmar que ningún integrante de su regimiento RI 7
había participado de actividad represiva alguna. Los legisladores no formularon nuevas
preguntas.
u El caso Parszyk. Se desempeñó en el destacamento de Inteligencia 141, en Córdoba,
entre 1979 y 1982. Estuvo a cargo de la Unidad Penitenciaria Uno en la que estaban
alojados los presos políticos de la dictadura militar. En esa unidad se registraron no
menos de 33 asesinatos de presos durante traslados. Otros dos detenidos aparecieron
muertos en el patio de la cárcel con claras señales de haber soportado prolongados
tormentos. En la Conadep quedaron registrados dos testimonios que involucran a Parszyk con
esas muertes. El militar declaró ante los senadores que ignoraba la existencia del campo
de detención conocido como La Rivera, y que nunca le impartieron una orden
ilegal.
ANOTO COMO PROPIOS HIJOS AJENOS
La no justicia del juez
Por Raúl Kollmann
Un juez de la nación,
Aníbal Olivieri, reconoció en una causa civil que anotó como propios a dos hijos que no
son suyos y que incluso podrían ser hijos de desaparecidos, ya que en las partidas de
nacimiento falsas figura un partero de Campo de Mayo, el doctor Carlos Alberto Rafinetti.
La jueza María Servini de Cubría, que se ocupó de este caso en la década pasada,
reabrió inmediatamente la causa y citó a declarar a Olivieri y a su ex esposa. El
magistrado le dijo a Servini que efectivamente aceptó en la causa civil que los hijos no
son suyos y que las partidas son falsas, pero que eso fue una simple estrategia
civil. La ex esposa del juez Olivieri, María Luisa Petcoff, que es delegada en la
Capital de la Fiscalía de Estado Bonaerense, directamente se negó a declarar, aunque en
otras causas también reconoció que los hijos no son propios. En la mañana de hoy,
Servini se reunirá con las Abuelas de Plaza de Mayo para analizar el caso.
Desde enero de 1997 está pendiente un proceso de juicio político al magistrado impulsado
por su ex esposa, pero el caso se convirtió en explosivo después que el noticiero
24 horas, de Canal 9, revelara que Olivieri reconoció expresamente haber
falseado las partidas de nacimiento. O sea que Su Señoría se apropió de dos chicos que
no eran suyos y aun así sigue impartiendo justicia.
Tras la declaración ante Servini de Cubría, el expediente pasará seguramente al fiscal
Horacio Comparatore, pero es muy posible que la magistrada que mantiene muy buenas
relaciones con Abuelas ordene profundizar la investigación. Al mismo tiempo, es
posible que ese gesto impulse el proceso de destitución que está trabado en La Plata y
que ya cuenta con la opinión del Colegio de Abogados de San Martín, que también se
pronunció por la remoción de Olivieri.
Valentina y Aníbal fueron inscriptos como hijos del magistrado a fines de la década de
los 70. Tras una denuncia de las Abuelas, el magistrado aceptó que Valentina se
someta a una prueba de ADN, pero no se pudo determinar ningún lazo de parentesco con
desaparecidos ya que no hubo compatibilidad con las muestras incompletas que
existen en el banco de datos del Hospital Durand. En la época en que se hicieron las
pruebas, Olivieri aseguraba que ambos hijos eran propios e incluso su esposa acompañó
una foto en la que parecía embarazada. Ahora ambos reconocieron en sede judicial que tal
embarazo no existió.
En la reunión de hoy, la magistrada y Abuelas dialogarán sobre el caso. Si Valentina y
Aníbal no son hijos de desaparecidos, el magistrado igual incurrió en los delitos de
supresión de identidad, falsedad ideológica, falso testimonio; pero Olivieri ya
adelantó que pedirá la prescripción porque han pasado casi 20 años.
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