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Por Pablo Rodríguez  Para los jueces
españoles que investigan las causas de sus compatriotas desaparecidos durante las
dictaduras argentina y chilena, esta parece ser una oportunidad única. El ex dictador
chileno y actual senador vitalicio Augusto Pinochet está internado en un hospital de
Londres, y el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón le pidió ayer a la
Interpol que sea retenido en la capital británica para un eventual interrogatorio sobre
el Plan Cóndor, que sirvió para coordinar actividades represivas de los regímenes
dictatoriales sudamericanos. El juez Manuel García Castellón, que investiga la causa de
los desaparecidos españoles en Chile, había hecho anteayer una solicitud similar. Hasta el momento, la causa que lleva adelante García Castellón por genocidio, secuestro, tortura, terrorismo y crímenes contra la humanidad, siempre chocó con la postura del gobierno chileno, “que nunca ha reconocido la jurisdicción del tribunal español” en el caso, como dijo anteayer el canciller chileno, José Miguel Insulza. Las diligencias que actualmente lleva adelante la Audiencia Nacional española son probablemente el único modo de juzgar a Pinochet por los crímenes cometidos durante su dictadura. Dentro de Chile, el ex dictador goza de la inmunidad diplomática por su condición de senador vitalicio, y los delitos en los cuales podría demostrarse su participación indirecta están incluidos en una Ley de Amnistía sancionada en 1978. Según Insulza, el senador Pinochet en Londres “tiene pasaporte diplomático y esto lo pone a salvo” de cualquier pedido de declaración, pero fuentes de la Audiencia Nacional dijeron que dicho documento no otorga inmunidad a ningún extranjero fuera de su país de origen, y menos aún cuando se encuentra imputado de graves delitos. En el marco de un convenio de cooperación judicial vigente entre Gran Bretaña y España, Garzón y García Castellón utilizaron la vía de la Interpol por dos razones. La primera es que el propio sistema judicial británico establece que este tipo de trámites deben realizarse a través de Interpol, quien realiza las consultas pertinentes a las autoridades del Foreign Office (Cancillería británica). La segunda razón es que “las vías diplomáticas son mucho más lentas”, según aclaró uno de los abogados querellantes en la causa contra Pinochet. El juez Baltasar Garzón investiga el destino de los desaparecidos españoles en Argentina y resolvió elevar el pedido a la Interpol luego de una solicitud de la coalición Izquierda Unida, que representa la parte querellante bajo la figura de la acusación popular. La conexión de Pinochet con la causa es su presunta responsabilidad en el denominado Operativo Cóndor, una operación encubierta de coordinación de varias dictaduras del cono sur iberoamericano para el exterminio sistemático de disidentes políticos. Además de Chile, en el “Cóndor”, estuvieron implicados los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. En el escrito elevado a la Interpol, Garzón pide que se confirme si Pinochet, que fue operado el viernes pasado de una hernia lumbar, “se halla en este momento en territorio británico”, que si es así “se indique el lugar donde se encuentra” y que se informe sobre sus condiciones de salud para prestar declaración. Pero las iniciativas de los magistrados españoles se enfrentan con algunas trabas. Las autoridades británicas dijeron ayer, tal como declararan el martes ante el pedido de García Castellón, que no se ha recibido “ninguna notificación por parte del gobierno español” sobre la estadía de Pinochet en el país anglosajón. Desde el lado español, la propia fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ayer un recurso en contra de la petición de interrogatorio, ya que en su opinión García Castellón excedió su competencia. En calidad de senador vitalicio de un país con el que España tiene relaciones diplomáticas, a Pinochet lecorresponde el mismo trato que a un legislador español, quien sólo podría ser imputado por el Tribunal Supremo español. El presente de otros militares implicados en los crímenes de la dictadura chilena sigue provocando problemas para el gobierno de Santiago. La organización Human Rights Watch entregó a la ONU una denuncia sobre el general Sergio Espinoza, jefe de la misión de paz en la frontera entre India y Pakistán, quien dirigió el campo de concentración de detenidos de Pisagua y llegó a ordenar varios fusilamientos.
REDUCIRIAN A UN PAR LOS CARGOS CONTRA CLINTON
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