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Por Pablo Ferreira Los auditores del Citibank, el único candidato a quedarse con el Banco Mayo, siguen descubriendo sorpresas en la operatoria de la entidad que preside Rubén Beraja. Los fondos canalizados a empresas vinculadas rondarían los 150 millones de pesos, según un último informe interno. Entre esas compañías figuran, como adelantó ayer Página/12, Icatur y Viviendas Mayo, con préstamos por 14 y 24 millones de pesos cada una. Además, de acuerdo a testimonios de diversos depositantes, la mesa de dinero que captaba fondos para las offshore del Mayo no sólo operaba en Paso 640. También en las vinculadas La Mutua Cooperativa, La República, en el barrio de Once, en una oficina ubicada en Flores y Viviendas Mayo. Hasta que la corrida le restó el 35 por ciento de esos fondos negros, el Mayo manejaba a través de Mayflowers y Trust Investment unos 230 millones de dólares. Finalmente, el Banco Central solicitó ayer la intervención del Mayo. En tanto, el conflicto gremial avanza hacia una tregua transitoria. Tras fracasar las gestiones de un acuerdo con los huelguistas, el Ministerio de Trabajo se disponía a dictar la conciliación obligatoria, promovida desde el BC. Antes de iniciarse la crisis final del Mayo, Mayflower y Trust Investment manejaban unos 230 millones de dólares de 30 mil inversores. Los problemas que venía teniendo el Mayo desde la compra del Patricios se agudizaron con el alejamiento de su vicepresidente Víctor Liniado a comienzos de agosto. Esa decisión alertó a los principales inversores, los únicos que podían disponer de acceso directo a sus fondos depositados en las offshore, que desataron la primera corrida. De todos modos, quedaron atrapados y sin posibilidad de recupero unos 150 millones de dólares. Al respecto, conocedores de la interna del banco cooperativo señalan que la responsabilidad por esas operaciones en negro no sólo le cabe a Rubén Beraja. Todo el Directorio y varios altos ejecutivos, que la intervención solicitada ayer mantendrá en sus puestos según aclaró el Central, estaban al tanto de ese negocio. Entre esos miembros se cuentan, además de Liniado, la mano derecha de Beraja, Abrahan Fleisman, Eduardo Levy Mayo, Ricardo Tobal y Jaime Hasbani. Un vocero del presidente del Central, Pedro Pou, explicó escuetamente ayer que el requerimiento judicial forma parte del proceso normal de liquidación de cualquier entidad. El pedido fue formulado a través de la Superintendecnia de Bancos al juez en lo comercial Gerardo Vasallo e implica la profundización de la medida cautelar que llevó a la suspensión del Mayo el viernes pasado. Por otra parte, el Central siguió dando señales positivas respecto del avance de la negociación con el Citibank. La operación depende de la decisión final que resuelva el Directorio del Citicorp en Nueva York en su reunión del martes próximo. De todos modos, la apertura a nuevas ofertas decidida por el Central abre un compás de espera al destino final del Mayo como mínimo hasta el jueves. En ese día los eventuales nuevos interesados deberán manifestar por escrito su disposición a participar en la adquisición de la entidad de Beraja. La propuesta del banco estadounidense contempla responder por la totalidad de los depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo, que suman unos 728 millones de pesos. La arista más compleja del proyecto es la reducción de las 108 sucursales a sólo unas 50 y mantener los puestos de apenas algo más de 1100 empleados sobre un conjunto de 3000 que trabajan en el Mayo y las demás empresas del grupo. Esta es la razón de las medidas de fuerza del personal. Precisamente, el subsecretario de Relaciones Laborales, José María Iñíguez aseguró anoche que es inminente el llamado a una conciliación obligatoria. La decisión se producirá después de dos días de negociaciones infructuosas para lograr un acuerdo voluntario entre los empleados delMayo y sus representantes patronales. Una vez adoptada esa medida los huelguistas, que sólo autorizaban el pago a jubilados y el movimiento en las cajas de seguridad individuales, deberán reanudar las tareas. Entre ellas pagar el adelanto de hasta 1000 pesos a los ahorristas autorizado anteayer por el Seguro de Depósitos (Sedesa) y el pago de los planes sueldo.
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