Página/12

GARZON IMPUTO A UN JUEZ Y ORDENO EMBARGOS INTERNACIONALES
La memoria atraviesa las fronteras

Víctor Brusa, un juez santafesino que colaboró con la represión, se sumó a la lista de 157 imputados por Garzón, quien ordenó embargo sobre bienes de los acusados en Suiza y Estados Unidos.

Represión: La semana entrante pedirá a las autoridades estadouni-denses la remisión de documentación acerca de la coordinación represiva que operó en el Cono Sur.

Resarcimiento: Garzón enfatiza la necesidad de posibilitar que las víctimas ejerzan “el derecho legítimo de resarcimiento en el campo moral y en el económico”.

Víctor Brusa, el primer juez federal imputado por Garzón.
Se lo acusa por “genocidio, terrorismo de Estado y torturas”.

Por Lila Pastoriza

Los siete represores del circuito Santa Fe, encabezados por el actual juez federal Víctor Brusa, fueron incorporados por el juez Baltasar Garzón a la lista de 157 imputados en la causa, cuyos nombres consigna explícitamente. El juez ordenó el embargo preventivo de los bienes de todos ellos “para que las víctimas puedan ejercer el derecho legítimo de resarcimiento”, enviando comisiones rogatorias no sólo a Argentina sino a Suiza y Estados Unidos, donde muchos tienen cuentas e inmuebles. El magistrado español, que días pasados solicitara a las autoridades británicas la retención de Augusto Pinochet a fin de interrogarlo sobre el “Plan Cóndor” implementado en los años 70, solicitará en la semana entrante a las autoridades estadounidenses la remisión de la documentación existente acerca de aquella coordinación represiva que operó en el Cono Sur y de órdenes secretas de los militares argentinos, depositada en organismos judiciales y de seguridad de ese país.
Como respuesta a la solicitud hecha días pasados por la acusación popular en la causa que por los delitos de genocidio y terrorismo se lleva adelante en Madrid, el juez Baltasar Garzón agregó a su lista de imputados a los siete integrantes del llamado “circuito Santa Fe”, que fueran denunciados en setiembre por las testimoniantes Ana Oberlin y Patricia Isasa. Entre ellos se encuentran un represor que hoy, como miembro del Partido Justicialista, preside una comuna santafesina, un ex oficial de policía incorporado actualmente a la División Drogas Peligrosas de la policía provincial y un juez federal que en aquellos años, como secretario de juzgado, interrogara en los centros clandestinos a detenidas víctimas de torturas y violaciones.
Garzón consigna uno por uno los nombres de los 157 imputados y dispone el bloqueo y embargo preventivo de todos sus bienes (incluidas cuentas, acciones, etc.) para evitar que los hagan desaparecer (basándose en las maniobras realizadas a tal fin en las cuentas bancarias suizas) y argumentando que existe constancia de que los represores se apoderaron de los bienes de numerosos prisioneros. El magistrado enfatiza en su decisión la necesidad de posibilitar que las víctimas ejerzan “el derecho legítimo de resarcimiento en el campo moral y en el económico” aunque, dice, “la compensación del sufrimiento sea casi imposible de lograr”.
Entre los 157 imputados sobresalen, además de los conocidos de siempre –Massera, Bignone, Anaya, Harguindeguy, Acosta–, Ernesto “Nabo” Barreiro, torturador de La Perla y prócer carapintada, Pedro Durán Sáenz, jefe de El Vesubio donde torturaban al niño Pablo Míguez delante de su madre y violaban sistemáticamente a las mujeres, y Pablo García Velazoco, sindicado como jefe del operativo en el que murió Rodolfo Walsh.
Por su parte, la acusación popular solicitará el próximo lunes al juez Garzón que dicte la orden de prisión incondicional de los ya querellados Miguel Etchecolatz, Federico Minicucci, Carlos Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, Osvaldo P. Richieri y Santiago Omar Riveros e impute a varios represores denunciados por su responsabilidad en el centro clandestino de La Cacha”, que funcionara en las inmediaciones de La Plata.
Tras el Cóndor
En el conocimiento de la coordinación represiva que Eduardo Galeano denominara el “Mercosur del terror”, implementada a partir de 1973 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil bajo la denominación de “Plan Cóndor”, reside el interés del juez Garzón en interrogar al senador Pinochet en su lecho londinense. Robert Scherrer, agente especial del FBI, describió en un informe de 1976 las tres fases del “Cóndor”, en tanto coordinación e intercambio de información, de acciones militares represivas y de grupos especiales que actuaron en otros países. Los pilares fueron la DINA chilena comandada por el general Manuel Contreras y de los servicios de inteligencia argentinos. Garzón pedirá en la semanaentrante a Estados Unidos la documentación que sobre el Cóndor, las órdenes secretas de los militares argentinos, las disposiciones sobre el destino de los niños y otras estrategias represivas existen en organismos de justicia y de defensa de ese país.

UN INTOCABLE DEL ESTABLISHMENT SANTAFESINO QUE FIGURA EN EL “NUNCA MAS”
Un rugbier amante de la represión

Por Juan Carlos Tizziani desde Santa Fe

Víctor Brusa, el primer magistrado federal de la Argentina imputado por su colega Baltasar Garzón en la causa abierta en España por “genocidio, terrorismo de Estado y torturas”, era un intocable del establishment santafesino. Hoy es un hombre preso de su pasado.
Brusa fue denunciado hace años por su rol en el sistema represivo. Pero, a pesar de que los testimonios y las pruebas constan en la Conadep, el justicialismo lo premió con un estrado. Pocas voces se alzaron entonces para advertir sobre una operación impulsada por los dos senadores de Santa Fe, Luis Rubeo y Liliana Gurdulich. Sólo los diputados Juan Pablo Cafiero, Alfredo Bravo, Pedro García y Oscar Alende dijeron que aquel ex colaborador de Mántaras y luego secretario del Juzgado no podía ser juez. “El caso de Brusa figura en el Nunca más y su nombre fue mencionado por un ex detenido como participante de un interrogatorio ilegal”, dijeron los legisladores. Corría junio del ‘92. El 11 de agosto, la mayoría en el Senado aprobó el pliego del santafesino. El despacho oficialista tuvo las firmas de Bittel, Amoedo, Benítez y Constanzo, entre otros.
Poco después, Brusa se instaló en su despacho. Ya no importaban los antecedentes que había escrito de puño y letra para que llegaran al Congreso. Eran sólo cuatro líneas, pero hoy, seis años después, vale repasarlas textualmente: “No poseo antecedentes profesionales, ya que al haberme graduado como abogado, me encontraba empleado en el Juzgado Federal en el que me desempeño como secretario, motivo por el cual me está vedado el libre ejercicio de mi profesión”.
Tras la renuncia del juez federal número 2, Raúl Dalla Fontana, Brusa quedó en los últimos meses a cargo de los juzgados: el propio, el de su ex colega, más la competencia electoral, un área que resulta clave para entender la protección política.
Amante de la navegación, Brusa tuvo su día fatídico. El 8 de noviembre de 1997, varios testigos lo acusaron de haber arrollado —al mando de una lancha blanca— a un aspirante de guardavidas, Miguel Pedernera, quien cumplía su última práctica en la laguna Setúbal. El joven de 24 años tuvo que ser rescatado dos metros abajo del agua con una fractura de diez centímetros en el cráneo y un brazo desgarrado. En la embarcación aparecieron después —según un inventario de la Prefectura— dos botellas de champagne y un corcho. El caso desató un escandalete público en Santa Fe hasta que el juez federal ad hoc Danilo Kilibarda lo imputó por supuestas “lesiones graves culposas” y le pidió el juicio político. Sin embargo, la Cámara Federal de Rosario declaró la incompetencia federal y mandó la causa a un juez provincial que devolvió gentilezas. Hoy, el expediente duerme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Brusa nunca dejó de practicar su deporte preferido: el rugby, en un club que comparte con uno de sus mejores amigos, el diputado radical Julio Tejerina. Ya no entra en los campos, ahora entrena chicos.

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