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 La orden no
está escrita y funciona como una sugerencia sutil. Pero es tenida en cuenta entre quienes
rodean a Carlos Menem porque partió del político más perceptivo para determinar
exactamente cuál es el humor de los políticos de otros partidos. El senador Eduardo
Bauzá reclamó frenar la compra de propiedades, aun a nombre de terceros, para no
acumular todavía más sospechas en contra cuando el Gobierno prepara su retirada en
orden.Bauzá no tiene con Menem el trato diario y la contigüidad física de cuando ocupaba la Secretaría General de la Presidencia. Tampoco le faltan cortocircuitos en el círculo íntimo de Menem. Es casi público que el actual secretario general, Alberto Kohan, quisiera verlo lejos del Presidente, quizá recluido en su despacho del Senado, y en situación de perder su influencia entre funcionarios de primer nivel, ministros, fiscales y administradores de los entes descentralizados del Estado nacional. Incluso con su discreción habitual –nada de televisión, no contestar públicamente las críticas porque, se supone, responder las magnifica, no formar parte de fiestas y ni siquiera de pizzas en Olivos– Bauzá dispone de conexiones políticas de las que otros carecen: * Sigue siendo uno de los operadores del Presidente. * Conoce como ningún otro las debilidades y los antecedentes de ministros y secretarios, y la relación de cada uno con Menem. * Tiene trato frecuente con la oposición, sobre todo con los radicales, que lo definen como un interlocutor razonable. * Integra un cuerpo que, como el Senado, será decisivo para la conservación de poder del menemismo o, si Menem se eclipsa, para el peronismo si la Alianza gobierna. Su consejo, brindado en los últimos tiempos a varios de los funcionarios de primera línea que suelen escucharlo como un oráculo en un panorama de debilidad creciente del Gobierno, fue cristalino. No comprar propiedades despampanantes ahora, no adquirir autos llamativos, no realizar operaciones abiertas que queden sometidas con facilidad al escrutinio público. En suma, no añadir elementos de detección fácil a un cuadro que pinta inestable para el equipo gobernante, y puede pintar mucho peor tanto si Eduardo Duhalde se fortalece definitivamente como si la Alianza abandona alguna vez su interna bizantina. La primera obsesión del oficialismo era durar. Puesta al costado en su momento por el desafío duhaldista de competir con Menem voto por voto, la segunda obsesión es retirarse en orden, de acuerdo con la antigua doctrina napoleónica de que la huida desordenada genera más bajas y el retiro prolijo las disminuye. Frentes abiertos le sobran al Gobierno. El caso del contrabando de armas ya involucra tres ministros –el ex Oscar Camilión y los actuales Guido Di Tella y Antonio Erman González–, al jefe del Estado Mayor del Ejército Martín Balza y a la primera línea de Fabricaciones Militares. Los créditos escandalosos de la curtiembre Yoma se han transformado en el símbolo casero del Estado prebendario que teóricamente el gobierno de Menem había venido a destruir. La figura de Emir Yoma recorre cada uno de los episodios de mayor resonancia, desde la caída de su propia empresa hasta el funcionamiento de un bunker en la calle Paraguay que actuaba como una Casa Rosada alternativa. La publicación en este diario de una gestión de su ex secretaria Lourdes Di Natale en favor de Hugo Franco, ex secretario de Seguridad Interior y actual director de Migraciones, fue respondida con enojo por Franco. Pero la ira no alcanzó a disimular por qué un funcionario recurre a la secretaria de un amigo para el arreglo de sus viajes oficiales. Kohan procura demostrar que en las muertes de Alfredo Yabrán y Marcelo Cattáneo no cuentan ni los enigmas ni la cercanía con el poder, y que en cambio responden a una regularidad única: los medios de comunicación hacen suicidar a las personas porque ponen a gente débil –Yabrán, se sabe, era el desprotegido jefe de una pyme de servicios– contra el espejo de su propia fragilidad. En una maniobra que puede marcar un modelo complementario del de Bauzá, el juez de La Rioja que debía resolver si abría una causa por la pista de Anillaco decidió que no lo hará. Más todavía: con subterfugios procesales que ni siquiera precisa de manera transparente está dilatando la divulgación del fallo, aunque no se trata de un instrumento público, y un grupo de diputados opositores que se interesó en la cuestión de la pista sospecha que hasta podrían vencerse los plazos para una apelación. El temor del Gobierno es que funcionarios de hoy, empezando por el propio Carlos Menem, puedan ser procesados en el turno que comienza en 1999. Para que eso ocurra debieran darse varias condiciones políticas. Por ejemplo, que los jueces federales se indisciplinen, que el peronismo no quede galvanizado, que Duhalde necesite destruir a Menem para gobernar, si llegó a Presidente, o para ser el jefe de la oposición, si gobierna la Alianza; que Menem se transforme en un obstáculo; o que, en fin, lo cual suena hoy improbable, que termine con su poder tan licuado que aparezca como un blanco fácil para instalar, desde Duhalde o desde la Alianza, una épica del gobierno limpio. En cualquier caso, todas las miradas están puestas en la causa de las armas. Página/12 pudo saber que en el centro de investigaciones a cargo de Raúl Zaffaroni y Nilda Garré, que reúne y sistematiza datos sobre temas de corrupción al máximo nivel, el interés proviene de estos fundamentos: * Ninguno de los tres ministros pudo haber actuado por su cuenta. * El Estado exportó armas utilizando todo su aparato. * Menem, que firmó el decreto de las armas, no puede alegar desconocimiento. A lo sumo, podrá decir que no hubo dolo o mala intención de su parte. * Podrían estudiarse las figuras de contrabando o falsedad ideológica de documento público (se decía que las armas iban para un país y fueron a otro, que eran usadas y resultaron nuevas) y también al artículo 219 del Código Penal que castiga con prisión de uno a seis años a quien “por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la nación y pusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, o altere las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero”.
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