“Yo soy igual que los demás pero no me llamo Soldati”.
Alfredo Yabrán en su primera presentación en público, el 20 de marzo de 1997 en
“Hora Clave”.
Por Horacio Verbitsky
 El miércoles 8 los
operadores bursátiles se sorprendieron por el desempeño de las acciones de Sociedad
Comercial del Plata. El papel de la compañía de Santiago Soldati, presidente del Consejo
Empresario Argentino, se remontaba en pocas horas un 15 por ciento. La causa de esa
repentina bonanza en la capitalización del grupo fue atribuida al cobro por la venta
parcial de dos yacimientos de gas a Shell. Pero ese mismo día se habían producido otras
noticias más significativas:
u un decreto presidencial tan apurado que varias líneas del original están escritas con
distinta máquina zanjó en favor de Aguas Argentinas una disputa con el ente regulador
acerca del ajuste tarifario.
u un fallo de la sala V de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo autorizó
otra suba en la boleta del agua.
u el riojano fiscal Joaquín Gasset Waidatt cerró dos causas por venta de fallos, que
implicaban a funcionarios de esa sala y rozaban a sus jueces.
u el convenio firmado en París por el cual el accionista mayoritario y operador de Aguas
Argentinas, Suez Lyonnaise des Eaux, adquirió en 150 millones de dólares la parte de
Soldati, más sus participaciones minoritarias en otras empresas regionales de aguas.
u la fiesta siguió en un lugar tan apropiado como París, adonde Carlos Menem viajó con
una comitiva VIP, en la cual estaba Soldati. Entre sus contactos con el patronato francés
figuraron los accionistas de Aguas Argentinas. Hasta lo llevaron a la Academia Francesa,
donde fue el primer invitado en tres siglos que no habló en francés, cosa de la que, por
alguna razón, se enorgullece.
Los pasos previos
Conviene retener algunos datos elementales, para entender un mecanismo típico de la
época para la captación de rentas.:
1. La adjudicación de Obras Sanitarias, en abril de 1993, no se realizó por ley, sino
mediante uno de los clásicos decretos del Poder Ejecutivo.
2. El criterio de la concesión fue establecer un plan minucioso para extender los
servicios de aguas y cloacas a poblaciones no alcanzadas y mejorar su calidad, en la
Capital Federal y catorce partidos del conurbano. Quien cotizara la menor tarifa para los
usuarios recibiría gratis todos los bienes de Obras Sanitarias y su enorme mercado
cautivo, con una población de ocho millones y medio de personas. Debería invertir 1.084
millones de dólares en el primer quinquenio y 3.935 millones durante los treinta años
del contrato. El gobierno lo autorizó a hipotecar los bienes recibidos, incluyendo el
barroco palacio presidencial centroamericano de la avenida Córdoba, para financiar la
inversión. Los nuevos usuarios pagarían cargos de conexión y de infraestructura para la
expansión de las redes.
3. Según el contrato las tarifas ofrecidas en la licitación no podrían aumentar durante
los primeros diez años de la concesión. En cambio, estaba prevista su reducción,
durante las revisiones quinquenales ordinarias. Sólo ante un aumento de costos de más
del 7 por ciento podrían autorizarse aumentos en una revisión extraordinaria. Este
sistema obligaría a extremar las habilidades empresariales, para mejorar la eficiencia de
las inversiones. Un consultor financiero (la francesa Paribas y la Universidad Di Tella)
verificaría que las ofertas fueran sustentables y no oportunistas. El sistema fue
presentado como un avance extraordinario sobre el aplicado en otras enajenaciones de
activos públicos. Redundaría en más y mejores servicios, para todos, a menor precio y
sin intervenciones corruptas del Estado.
4. Las obras principales eran la construcción de la Cuarta Cloaca Máxima, en Avellaneda,
y una planta depuradora de líquidos cloacales, enBerazategui, para aliviar la situación
del área metropolitana, cuyo sistema trabaja a máxima presión, y descargar en el Río
de la Plata líquidos tratados y no en crudo, que contaminan las costas. Este año debía
estar completado el tratamiento primario. (La Tercera Cloaca estuvo a punto de reventar en
octubre de 1997 por las obras de excavación de un hipermercado. Se cortó el tránsito y
se conectaron los desagües pluviales con los cloacales para derivar todos los líquidos
al río. El espantoso olor que ganó las calles de Pompeya es apenas un anticipo. En
alguna próxima inundación, una inolvidable orgía coprofílica podría engamar a Buenos
Aires con su río color de león).
5. Los tres consorcios interesados se integraron en forma similar: operadores europeos y
constructores y lobbistas argentinos, encargados de que los engranajes locales funcionaran
sin chirridos. El operador francés de Aguas Argentinas invitó a Comercial del Plata.
Soldati dijo al autor de esta nota que ellos convocaron al Banco de Galicia y al Grupo
Meller. Los Meller eran textiles, sin la menor experiencia en la materia, y el rostro más
visible de los intereses del gobierno. El operador de Aguas de Buenos Aires era la
británica Tames Water, y los constructores y lobbistas locales Sideco (del grupo Macri) y
Kokourek. El operador inglés de Northwest Water se presentó con Acindar y Loma Negra.
6. Aguas de Buenos Aires ofreció un coeficiente de 0,739, o una rebaja del 26,1 por
ciento sobre las tarifas vigentes al momento de la licitación. Aguas Argentinas un
coeficiente de 0,731, o una rebaja del 26,9 por ciento. Por esa uña se adjudicó la
concesión. (Mientras el representante de los franceses tenía poder de decisión, el de
los ingleses debía consultar por teléfono a Londres las cuestiones de fondo, como el
número final de la oferta. Soldati era, y sigue siendo, director de Telefónica). El
secretario de Obras Públicas dijo que cada punto de reducción tarifaria representaba un
ahorro para los usuarios de 230 millones de dólares.
Del dicho al hecho
Pero apenas ocho meses después los concesionarios pidieron aumento porque estaban
sufriendo pérdidas no previstas. Al año de la concesión, las tarifas que no debían
tocarse en una década sufrieron un incremento general del 13,5 por ciento, a cambio de
varias promesas de alto impacto social, como la extensión del servicio a las villas de
emergencia de la Capital y el Gran Buenos Aires, para que los hermanos desfavorecidos
pudieran gozar de un servicio que hoy se considera ya un derecho humano. Además se
adelantarían algunas inversiones. También se aumentaron casi en la mitad los cargos de
conexión e infraestructura para nuevos usuarios, decisión que luego se demostraría
estratégica porque creó tensiones sociales y políticas que la compañía usó para
forzar algo más que aumentos tarifarios. Aguas Argentinas dejó de cobrar esos cargos
invocando “la desocupación, la subocupación y la marginalidad”. Pero tampoco
realizó las nuevas obras ni adelantó inversiones y, a menos de dos años del Contrato,
formuló una propuesta de renegociación. El Ente Regulador solicitó un análisis
técnico al Banco Mundial, que desaconsejó tanto eliminar la Cuarta Cloaca Máxima y la
Planta Depuradora de Berazategui como incluir lo que consideró agendas políticas del
conurbano. Pero la Argentina es un país políticamente soberano y socialmente justo que
no sigue a ciegas los dictámenes foráneos. Al tercer año de la concesión las
inversiones no realizadas ya pasaban de los 300 millones y en los dos años siguientes el
incumplimiento se agravó, acercándose al cumplirse el primer quinquenio, a la mitad de
lo comprometido. Aumentos de tarifas sí, inversiones no.
Mover la Dama
En una jugada de peronismo de alta escuela, como gusta decir, Menem movió la Dama. En
febrero del año pasado, abrió la renegociación del contratomediante un decreto (149/97)
que encomendó la tarea a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. O
sea, a La Hija del Capitán, de memorable desempeño en la liquidación de ENTel. En
cambio, sin ninguna explicación, se apartó al Ente Regulador, el órgano de control y
fiscalización del contrato, y con él se excluyó de las decisiones a Buenos Aires,
ciudad y provincia. Los documentos con los que la propia empresa propuso la renegociación
(citados en un trabajo del asesor del Senado, Licenciado Américo García) son elocuentes:
la regulación exigió con demasiada rigidez el cumplimiento de un plan cuyas metas eran
demasiado ambiciosas “obedeciendo a las necesidades licitatorias”. Es decir,
nunca se propusieron honrar lo firmado. De ese modo, ni se iniciaron las obras de la
Cuarta Cloaca ni la Planta Depuradora, mientras que el agua potable y los servicios
cloacales llegaron a medio millón de personas menos que lo pactado. A raíz de ese
decreto, el diputado radical Marcelo Stubrin pidió a la Justicia que investigara a los
funcionarios actuantes por abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes y
administración fraudulenta. “Es escandaloso. Lo que hubiera correspondido era
otorgarle a Macri, que había ofertado centavos menos, pero él no hizo nada porque estaba
esperando el Correo”, dice Stubrin. Macri lo niega: “¿Qué tiene que ver? Si
impugnamos agua igual nos podemos presentar al correo”, dijo.
Nada de esto hubiera sido posible sin el silencio de los consorcios que perdieron la
licitación. En privado es posible oírles que Aguas Argentinas cambió su oferta el
último día, al conocer la de la competencia, pero que no tuvo tiempo para modificar la
documentación técnica y financiera, elaborada durante meses y que no sustentaría el
mágico coeficiente ganador. En ámbitos públicos pero discretos, como el coloquio de
IDEA, Macri llegó a decir que “la palabra renegociar debería borrarse del
diccionario argentino”. Pero ante una consulta formal para este artículo se limitó
a responder que “nuestra tarifa era una consecuencia coherente de la documentación
que presentamos y que hubiéramos podido cumplir”.
–¿Por qué no impugnó en aquel momento?
–Dígame de una licitación que se haya corregido por una impugnación. Yo la plata
me la gano trabajando.
Y en el 2003 también
La Wonder Woman del Desguace del Estado, la empresa y el Secretario de Obras Públicas,
Eugenio Pendás, llegaron a una primera Acta Acuerdo, en abril de 1997. Siguiendo los
lineamientos de la secretaría de María Julia Alsogaray, la empresa elaboró un Plan de
Saneamiento Integral, modificatorio del Plan Director Cloacal. La Cuarta Cloaca y la
Planta Depuradora se perdieron en la noche de los tiempos, sin que Eduardo Duhalde ni
Fernando De la Rúa lo objetaran. La cuarta cloaca será el pobre Río de la Plata, donde
dos nuevos grandes colectores descargarán los líquidos sin tratar traídos por los
arroyos Medrano y Vega, las descargas de Olivos, Acassuso y el microcentro, sólo que a 8
kilómetros de la costa. Las inversiones de 400 o 500 millones de dólares que la Ciudad
Autónoma deberá hacer para evitar catástofes en un pico de inundación equivalen a los
compromisos incumplidos por Aguas Argentinas. “La Ciudad de Buenos Aires facilitó la
renegociación porque necesitaba la planta depuradora que se construirá en tres o cuatro
años”, dice un funcionario radical.
En noviembre otro decreto protocolizó el Acuerdo (1167/97), que en realidad hubiera
requerido una nueva licitación. Aparte del abandono de las dos obras principales, estos
son los otros cambios significativos:
1. Como en las demás privatizaciones se dolarizaron las tarifas, al establecerse “un
traslado inmediato” de cualquier variación cambiaria, aunque sin excluir una
solución aún mejor, “previa consulta con el concesionario”.
2. La revisión extraordinaria de tarifas, que sólo se habilitaría cuando se produjera
un incremento de los costos de la concesión “superior al 7 por ciento” se
convirtió en una vulgar revisión anual, al añadirse estas simples once palabras:
“o por año calendario incluido el presente, lo que ocurra antes”.
3. En el Contrato, si del estudio realizado correspondía un aumento de tarifas de hasta 3
por ciento, la Mesa de Estudio no lo aprobaba y el concesionario debía esperar 90 días
para pedir reconsideración. Ese umbral de tarifas para gatillar los aumentos por
incremento de costos disminuyó en el Acta Acuerdo al 0,5 por ciento. La revisión
ordinaria anual, que el Contrato original no contemplaba, se hará por índices oficiales
de aumentos de precios y constituye así una abierta indexación, sin vestigio de riesgo
empresario.
4. Se permitió al concesionario ampliar su objeto social y expandir el área de
concesión, con lo cual repartirá entre más abonados sus mismos costos fijos, pero no se
le impuso que rebaje las tarifas en proporción a ese beneficio.
5. El sentido del humor de Alsogaray y del abogado de la compañía, Juan Carlos Cassagne,
refulge en el método para condonar las multas acumuladas. Unos 9 millones de dólares de
castigos por sucesivos incumplimientos de las obras previstas en las zonas más pobres de
la Capital y el Gran Buenos Aires se aplicarán a la construcción de obras en Puerto
Madero. Un subsidio a los padres de los niños ricos que tienen tristeza. Cualquier agente
inmobiliario podría explicar cuánto valorizó ese anuncio de 1997 el dock que Soldati
poseía en Puerto Madero y que vendió este año.
6. El primer quinquenio vencía en abril de 1998. El Acta Acuerdo lo prorrogó hasta el 31
de diciembre. Ocho meses para ocultar todos los demás incumplimientos del quinquenio, con
la bien fundada esperanza de que antes concluya la renegociación integral y la entrada en
vigencia del nuevo Contrato implique nuevas condonaciones de inversiones no realizadas y
atrasos en el cronograma comprometido.
7. La imaginación inagotable de los negociadores substituyó el Cargo de Infraestructura
a los nuevos usuarios por otro aumento en todas las boletas. Alsogaray, que desde ENTel
afirmaba que quien no pudiera pagar el teléfono debía dejarlo, invocó ahora el
principio de solidaridad. “El mecanismo más justo es que paguemos entre todos”,
dijo (sic). Los intendentes del conurbano coincidían con este criterio. Según el
“Diario de Morón” y la revista “XXI”, cuatro de ellos viajaron a
Francia invitados por los accionistas de la compañía para ver el campeonato mundial de
fútbol. Para contribuir a la conveniente confusión general el aumento se dividió en
dos: el Servicio Universal (SU) y la Mejora Ambiental (MA), que administrará la
Secretaría de Recursos Naturales. Al distribuirse las primeras boletas con el recargo
bimestral del SU (4,02 pesos a quienes tienen agua y cloaca, o la mitad por uno solo de
esos servicios) y anunciarse que el MA implicaría otros 1,98 pesos por bimestre, el juez
Guillermo Rossi hizo lugar a un recurso de amparo del Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano.
Ordenó que dejara de cobrarse el SU, que no sería “un precio o tasa por
contraprestación de un servicio” sino una contribución obligatoria con fines de
redistribución “es decir un impuesto”, que sólo puede ser fijado por ley. La
empresa se niega a considerar el SUMA como un ajuste tarifario, porque sostiene que lo
administra Recursos Naturales.
La Extraordinaria
Una vez establecida la revisión anual ordinaria, la empresa avanzó sobre la revisión
extraordinaria. Pese a que sus propias versiones habían anticipado una solicitud de
aumento tarifario por incremento de costos del 5 por ciento, en febrero se descolgó con
un impactante 11,7 por ciento. ElEnte Regulador sólo admitió el 1,61 por ciento. La
compañía comenzó a cobrarlo pero presentó un Recurso de Alzada ante la Secretaría de
Recursos Naturales. Ese instrumento es la llave maestra que permitirá la revisión del
contrato en cualquier momento, pasando por encima del órgano regulador y politizando
incluso los temas puramente técnicos. Todas las cuestiones abiertas se resolvieron al
mismo tiempo, como por arte de magia, con el decreto 1196, que Menem firmó casi en la
escalerilla del avión hace una semana, y con el fallo de la Sala V, que revocó el del
juez Rossi. La decisión de María Julia Alsogaray protocolizada por el decreto rechazó
algunos reclamos de la empresa y aceptó otros. Entre ellos uno fundamental: la empresa no
tendrá que trasladar al usuario el menor costo de la energía utilizada porque se
trataría de una “ganancia de eficiencia lograda por el concesionario”,
razonamiento curioso dada la caída generalizada de los precios de la electricidad, desde
que los demás generadores debieron competir con Yacyretá. El decreto no fija un
porcentaje de aumento, que debe determinar el Ente Regulador, pero se estima que
implicará entre 3 y 4 por ciento por encima del 1,61 por ciento ya autorizado. Es decir,
el porcentaje que la compañía había dejado trascender como su verdadera aspiración. A
lo largo de toda la concesión esto implica un nuevo regalo, de entre 450 y 600 millones
de dólares, equivalente a un año de facturación.
Hace dos meses, fuentes de Comercial del Plata había dicho que esperaban obtener por su
participación en Aguas Argentinas entre 120 y 150 millones de dólares. La venta
concretada una vez obtenidos el decreto presidencial y el fallo de Cámara se estableció
exactamente en 150 millones, pero con una extraña fórmula: 125 millones ahora y 25 en
febrero. Notable coincidencia: para esa fecha habría concluido la renegociación del
nuevo Contrato. Sin más necesidad de lobby, el operador francés cancelará su última
cuenta con el funcional socio argentino y se convertirá en un fanático de la seguridad
jurídica y entusiasta denunciante del populismo regulador.
Esta renegociación destruyó el propio concepto de la regulación original, similar al
concepto de la convertibilidad. Si el precio a cobrar al cliente era un techo inamovible,
la ganancia empresaria sólo podía provenir de una mayor productividad y eficiencia. El
concesionario no podía subcontratar de modo ineficiente con sus propias compañías
controladas o vinculadas. La revisión anual suprime este seguro anticurro y propicia la
contratación de obras caras con las poderosas constructoras de los propios miembros del
consorcio, donde quedará la ganancia, mientras los mayores costos innecesarios se
trasladan al usuario. Cualquier similitud con lo que ocurrió en décadas anteriores con
la denominada “patria contratista” no es pura coincidencia. Si se consideran en
conjunto el aumento de 1994, la revisión extraordinaria y el SUMA, una tarifa que por
Contrato debía ser durante una década 26,9 por ciento menor que la de la antigua Obras
Sanitarias, pasará a ser 7,1 por ciento mayor. Dividiendo los dos coeficientes
resultantes (1,071/ 0,731) esto implica convalidar un aumento del 46 por ciento desde el
momento de la licitación. Suma y sigue.
Toma de ganancias
Por Claudio Zlotnik
Desprenderse de activos adquiridos durante el proceso privatizador
haciendo buenas diferencias, y cancelar parte de la deuda contraída para sentarse en
aquella mesa privilegiada es la premisa del grupo Soldati, que tiene 900 millones de
dólares de pasivo, gran parte a corto plazo. Su Sociedad Comercial del Plata (SCP) le
vendió a Shell dos áreas petrolerasen 111 millones de dólares. Con los 100 millones de
ganancia neta que obtuvo por la venta de Aguas Argentinas (ver nota central) rescatará
una Obligación Negociable el 14 de diciembre. En julio del ‘93 vendió en 85,4
millones de dólares el 5,24 por ciento del paquete accionario que le pertenecía de
Telefónica de Argentina. La operación le dejó una utilidad bruta de 39,2 millones. Al
momento de acceder a Telefónica había abonado 78 millones en títulos de deuda externa y
otros 3,5 millones en efectivo. Después de seis años en Telefé, en julio del ‘96
le vendió a editorial Atlántida el 14 por ciento que poseía del Canal 11 en 22,2
millones de dólares. En este caso, la ganancia fue de 2 millones. De Transener salió el
año pasado. Por el 15 por ciento que retenía desde el ‘93 en la transportadora,
recibió 28,7 millones de dólares. Al momento de la privatización, el consorcio Citelec
–comandado por Pérez Companc y la británica National Gried– pagó 234,1
millones de dólares por el 65 por ciento de la compañía, sólo 30 en efectivo. Además,
SCP dejó este año el dock que le pertenecía en Puerto Madero por 23 millones. La lista
de activos que el grupo ganó en el proceso privatizador y que ahora estaría dispuesto a
vender se engrosa con: Ferroexpreso Pampeano y Central Térmica GYemes. Pero además le
busca socio al Tren de la Costa y a la Compañía General de Combustibles (CGC). |
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