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La guerra de sérpicos y coimeros está quebrando a la Federal

Ya hubo dos atentados graves contra los policías que denunciaron a colegas corruptos en la Comisaría 16ª. Y la Junta de Calificaciones puede degradar a los acusados.

Un oficial y un cabo fueron agredidos hace ocho días por vendedores ambulantes, cuando buscaban pruebas de complicidad policial.
Curiosamente, el incidente, que los dejó heridos, es negado por la jefatura. A otro testigo lo balearon, hiriendo al custodio.

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Por Irina Hauser

t.gif (67 bytes) Dos oficiales de la Policía Federal que investigan a sus pares en una causa por corrupción fueron atacados y heridos mientras realizaban tareas de inteligencia con una cámara oculta entre puestos de venta ambulante del barrio Monserrat. En la Policía niegan conocer el curioso episodio, que se sumó a otros dos atentados que sufrió la custodia del cabo Marcelo Hawrylciw, un testigo que deschavó que la Comisaría 16ª protegía a prostíbulos, casas de juego y vendedores ambulantes a cambio de jugosas coimas. La investigación que nació con la denuncia sobre esa seccional se expandió: la Justicia rastrea una red de complicidad policial y están imputados tres encumbrados jefes de la fuerza. La nueva agresión a policías que escrutan a policías inauguró la semana en que la Junta de Calificaciones de la Federal debía decidir los relevos, traslados y retiros. Los resultados se conocerán oficialmente mañana.
La escena, mezcla de torpeza y violencia, ocurrió el sábado 10 y se mantuvo en estricto secreto. Un oficial principal y un cabo recorrían cerca de las 15 varios puestos de venta ambulante. Vestidos de civil, claro, iban a la pesca de los mayoristas, un eslabón esencial del circuito de comercios clandestinos para poder dar con los principales recaudadores de coimas de la Policía Federal. Este procedimiento era parte la pesquisa que tiene a su cargo el fiscal Pablo Lanusse y que la propia fuerza apoya desde la División Asuntos Internos. Según reveló a Página/12 un allegado a la investigación, los oficiales llevaban una cámara oculta y fueron atacados sobre la calle Bernardo de Irigoyen por un hombre que cargaba un caño y por una mujer peruana. El oficial principal sufrió heridas graves en la cabeza y el cabo, que salió a defenderlo, tuvo lesiones leves en una pierna.
Consultados por este diario, el titular de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Luis Fernández, al igual que un encargado de Asuntos Internos, dijeron desconocer lo sucedido. Lo mismo afirmó el oficial José Berazategui, de la Comisaría 6ª. Sin embargo, otro funcionario de la investigación aseguró que la seccional sí intervino y que el agresor (varón) fue considerado “portador de alguna patología psíquica peligrosa”, tanto que al ser detenido lo trasladaron a la Unidad 20, dentro del Hospital Municipal J. T. Borda. También se habría dado intervención a la jueza Ana María Bulacio Núñez, pero una fuente de ese juzgado se limitó a contestar: “Hay algo relacionado con vendedores ambulantes pero no sabría decirle, acabamos de salir de otro juicio, no puedo responder ahora”. Un misterio.
La causa que se inició a mitad de año, cuando una vendedora ambulante denunció que oficiales de la Comisaría 16ª le pedían coimas (de al menos 50 pesos semanales) sistemática y regularmente, no tardó en ampliarse hacia el resto de la Policía. En su testimonio, el subcomisario Hawrylciw, que trabajaba en esa dependencia, mencionó también al superintendente Fernández como uno de los destinatarios claves de las coimas que los vendedores ambulantes y los propietarios de prostíbulos, saunas y locales de juego otorgan para poder trabajar en paz.
En un principio quedaron en disponibilidad Darío Capmany, que era jefe de “la 16ª”, y siete integrantes de la misma brigada. Pero detrás de Hawrylciw desfilaron otros testigos cuyos dichos apuntaron en la misma dirección. Al menos cuatro policías confirmaron que esa comisaría efectuaba sus recaudaciones en forma organizada y dos de ellos también involucraron a un alto jefe: el comisario inspector Alejandro Di Nunzio. Lo cierto es que Fernández, Di Nunzio y también el director general de comisarías, Carlos Navedo, están imputados en el caso que siguen el juez Vicente Cisneros y el fiscal Lanusse. Los tres están señalados como posibles autores de los delitos de “asociación ilícita, exacciones ilegales (coimas) y enriquecimiento ilícito”, que en su conjunto podrían acarrear penas no menores a 10 años de cárcel.
La investigación judicial y policial en la que participaban los oficiales atacados el sábado pasado ya había sufrido –al ritmo de los avances– dos advertencias previas: los balazos a custodios que resguardaban la casa de un policía-testigo (ver aparte). Hasta fines de setiembre no sólo la División Asuntos Internos de la Federal colaboraba en la investigación sino también la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Sin embargo, ésta última dejó de intervenir cuando su titular, Juan Carlos Raffaini, pidió su pase a retiro por estar en desacuerdo con la pasividad de la cúpula policial ante las denuncias de corrupción.
El último “llamado de atención” ocurrió justo cuando la Junta de Calificaciones de la Federal ingresaba en la recta final para definir qué policías se quedan, ascienden o se tienen que ir. Un día antes se conocía también el pase a disponibilidad del jefe de la Comisaría 2ª de San Telmo, Carlos Cajal, presunto protector directo de prostíbulos de la zona. Con este panorama cabe la hipótesis de un tercer atentado o mensaje. Un miembro de la fiscalía de Lanusse, sin embargo, desestimó esa idea y prefirió hablar de una “coincidencia” producto de que los comerciantes callejeros ya están alertados acerca de su seguimiento y que, además, gozan de un aceitado sistema de protección recíproca.
Según adelantó Página/12, el “proceso de autodepuración” encarnado en la Junta de Calificaciones podría sacar de escena a los tres altos jefes comprometidos en el cobro de coimas. No es un dato menor. En el Departamento Central prefieren ni pensar en un cruce que hilvane las varias causas de corrupción que afectaron este año a la fuerza. Entre ellas descolla la que involucra al ex comisario Roberto Rosa, ex jefe de Seguridad Personal, removido de su cargo a raíz de que este diario diera a conocer su papel de torturador en centros de detención clandestina y por sus lazos con el empresario de la prostitución Luciano Garbellano, amigo del juez Norberto Oyarbide. No por casualidad los mismos Fernández y Navedo se volvieron policías visibles en este ‘98. Apostaban a rescatar la imagen de la Policía Federal con recursos tales como el operativo de seguridad Espiral Urbana. Algo falla.

 

Ataques contra el cabo
Por I.H.

El ataque a los dos policías que el sábado pasado rastreaban pistas de la corrupción dentro la propia Policía Federal no es el primero que jaquea a la causa que está en manos del juez Vicente Cisneros.
u El 18 de agosto, diez disparos salieron desde un Peugeot 505, apuntando directamente al custodio del cabo Marcelo Hawrylciw, un testigo que había involucrado en el cobro de coimas a Darío Capmany, quien fuera su jefe en la Comisaría 16ª, a otros integrantes de la misma brigada y al superintendente de Seguridad Metropolitana, Luis Fernández. El vigilante sufrió lesiones. La Policía calificó el hecho como intento de robo, aunque fuentes policiales y judiciales reconocieron que se trataba de una advertencia hacia otros posibles denunciantes.
u Treinta días más tarde la escena se repetía. Esta vez los disparos venían de un Fiat Duna blanco. Algunas balas hirieron en la pierna izquierda al cabo Carlos Mieres, que cuidaba las espaldas de Hawrylciw y otras rebotaron en la fachada de su casa (en Avellaneda). Mario Lanza, el juez de Lomas de Zamora a quien le tocó intervenir, admitió la relaciónentre el ataque y la investigación por corrupción policial. El hecho ocurrió luego de que Lanusse multiplicara sus pedidos de indagatoria.


Las pruebas    del caso
Por I.H.

Desde mayo de este año, la División de Asuntos Internos de la Federal y la fiscalía de Lanusse acumulan prueba tras prueba. Ya se hicieron más de 40 allanamientos y quedan pendientes las declaraciones testimoniales de varios policías y civiles. También existen grabaciones en las que algunos comerciantes del circuito clandestino relatan cómo funciona “la ley del soborno” y se hallaron agendas y libros internos o de asiento donde constan montos que los comerciantes destinan a coimas. Inclusive en algunos casos figuraba el nombre de un comisario. Según pudo saber este diario, en uno de los procedimientos un empleado de uno de los hoteles allanados explicó: “Anoto el monto (de la coima) que ya pagué porque sino me la vienen a cobrar de nuevo”. Lanusse estudia otras causas conexas que revelan la realización de falsos operativos por parte de la Comisaría 16ª.

 

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