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Tres opciones se mantienen aún abiertas para el Banco Mayo, suspendido hace nueve días por el término de treinta: ser entregado al Citi, repartido entre cinco o más bancos, o liquidado. Esta última es la alternativa más traumática para los depositantes y los empleados, y al mismo tiempo la menos probable. Mientras tanto, en los últimos dos días el Banco Central envió señales confusas, aparentemente ligadas a la irritación de su presidente, Pedro Pou, por la trabajosa marcha de las negociaciones. Por un lado, mientras se hacía trascender el eventual fracaso de la operación con el Citi, el BCRA buscaba sumar más entidades al pool que absorbería distintos trozos del Mayo en el caso de un desguace del banco que preside Rubén Beraja. Por el otro, el mismo Pou disgustaba a los participantes del pool al anunciar la intención de restituir mil pesos por depositante a partir de pasado mañana. Como muchas cuentas tienen un saldo igual o inferior a ese tope, la medida conducirá a su cierre, con la consiguiente pérdida de clientela. Para aumentar la incertidumbre, recién mañana los bancarios del Mayo decidirán en asamblea si acatan la conciliación obligatoria dictada el viernes por el Ministerio de Trabajo. Mientras se espera que madure el traspaso, hay dos directorios bajo ataque. Al del BCRA se lo acusa de haber fracasado una vez más en la detección de los problemas que llevaron a la caída del Mayo. Fuentes del sistema bancario dijeron a Página/12 que si desde 1991, con el establecimiento de la convertibilidad, el Central se limita a cambiar dólares por pesos y pesos por dólares, es inexplicable que no haya podido alcanzar más eficacia en la supervisión del sistema bancario. De hecho, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias se encuentra virtualmente acéfala desde que caducó el mandato de Miguel Angel Ortiz como director del BCRA, pasando a la función de enlace entre éste y el Ministerio de Economía. Su puesto lo ocupa desde entonces interinamente Javier Alberto Bolzico, un joven licenciado del CEMA, el mismo instituto al que pertenecen el ministro Roque Fernández, Pou, Martín Lagos (vicepresidente del Central) y Aquiles Almansi (director). La intención de Pou es colocar al frente de la Superintendencia a Gabriel Lopetegui, quien fue incorporado al directorio del BCRA, pero todavía no cuenta con acuerdo del Senado. En la realidad, a pesar de que en su momento se presentó a la Superintendencia como un órgano independiente del Central, incluso físicamente separado de éste, hoy es una dependencia más. En cuanto a los manejos irregulares operatoria paralela off shore y préstamos a vinculadas de los que se acusa al directorio del Mayo, ayer Beraja respondió con un comunicado que rechaza la comisión de toda maniobra (ver recuadro). Las normas vigentes establecen ciertos topes para las operaciones con empresas vinculadas, pero en realidad no las prohíben. Si esos préstamos se conceden contra garantías, el límite es un 15 por ciento de la RPC (Responsabilidad Patrimonial Computable), que es igual al Patrimonio Neto del banco más algunos otros conceptos. Si los créditos se otorgan sin garantía, el techo es de sólo 5 por ciento. Sin embargo, una entidad puede pasarse de esas rayas, debiendo pagar en ese caso como castigo intereses punitorios. Lo concreto es que si los préstamos a vinculadas efectivamente sumaran en el caso del Mayo los 120 millones que mencionan algunas versiones, ese monto superaría largamente los máximos mencionados. La pregunta, en tal circunstancia, es si la Superintendencia detectó o no esas irregularidades. En relación con la restitución de mil pesos por depositante, sería técnicamente difícil poder implementarla a partir del martes, incluso en el caso de que los empleados del Mayo levanten su medida de fuerza, por el trabajo administrativo previo que exige. Aunque el desbloqueo de fondos es reclamado por los depositantes, contraría a los bancos que aspiran a absorber sucursales del Mayo por los clientes que se perderían. Como en la actualidad la apertura de sucursales es libre, incluso para los bancos extranjeros, el único interés de agenciarse las de un banco hundido radica en la posibilidad de incorporar a su clientela.
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