 Pinocho
malherido terminó detenido. El ex dictador y actual senador vitalicio chileno Augusto
Pinochet, que se encontraba en un hospital de Londres luego de una operación, fue puesto
bajo arresto e incomunicado por la policía británica a pedido del juez español Baltasar
Garzón (ver aparte), que investiga la desaparición de ciudadanos españoles durante la
llamada Operación Cóndor (ver nota), entre 1976 y 1979. El gobierno chileno ya elevó
una protesta formal a su par británico porque la medida constituye “una violación
de la inmunidad diplomática”, y exige que “se adopten los pasos que permitan
poner pronto término a esta situación”.
A pesar de la protesta, el canciller chileno José Miguel Insulza advirtió desde Santiago
que la situación “no tiene salida inmediata ni creo que se vaya a resolver en las
próximas horas”. Con esta postura, Insulza se reunió en la noche de ayer con el
presidente del Senado chileno, Andrés Zaldívar, para analizar alguna alternativa legal
para que Pinochet no sea obligado a declarar ante la Audiencia Nacional de Madrid. La
Radio Cooperativa de Santiago informó que la opción puntual que se discutió fue la
expulsión de Pinochet de Gran Bretaña en calidad de persona non grata o provocadora de
convulsiones dentro de la isla. Es poco probable que la medida sea pedida expresamente por
el gobierno chileno. El senador vitalicio Rodolfo Stange, ex miembro de la dictadura,
reconoció que esta posibilidad es poco decorosa pero aclaró que cualquier posibilidad es
válida con tal de que Pinochet no declare.
Los dirigentes de la izquierda chilena y hasta amplios sectores de la coalición
gobernante –profundamente dividida en cuanto a la posición sobre Pinochet–
aplaudieron la medida. La derecha, en tanto, organizó manifestaciones de repudio frente a
las sedes diplomáticas de España y Gran Bretaña en Santiago. Pero otras acciones de
protesta trocaron en alegría. En el London Clinic, donde está Pinochet –a 100
metros de la embajada chilena en Londres–, refugiados de la época de la dictadura de
desaparecidos se habían reunido en los últimos días para pedir justicia, luego de
conocerse el pedido de detención de los jueces españoles Baltasar Garzón y Manuel
García Castellón. Algo similar había ocurrido en la ciudad portuguesa de Oporto, donde
se desarrolla la VIII Cumbre Iberoamericana.
Allí, la noticia tomó de sorpresa a la mayoría de los funcionarios presentes. El líder
cubano Fidel Castro, que no salía de su asombro, explicó que según “tengo
entendido Pinochet colaboró con Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas. Si es como
ustedes me dicen, esto es increíble”. La delegación chilena entró en un estado de
nervios y de enojo, mientras que los españoles sonreían diciendo que lo dejaban todo en
“manos de la Justicia”. “Pensamos que se está violando la inmunidad
diplomática de la que gozan todos los parlamentarios en Chile desde siempre”, dijo
el presidente chileno Eduardo Frei.
Del lado argentino, el secretario general de la Presidencia Alberto Kohan admitió que el
presidente Carlos Menem y su par José María Aznar hablaron sobre el tema, pero aclaró
que éste “compete sólo a Chile e Inglaterra”. Pero luego Kohan aclaró que si
la Justicia española pidiera interrogar a los ex comandantes argentinos, la Argentina
seguirá defendiendo el principio de extraterritorialidad.
LA RAPIDEZ FUE LA CLAVE DE LA RESONANTE
DETENCION
Cómo fue el procedimiento legal
Por Norberto Bermúdez desde Madrid
El viernes pasado, a las
cuatro de la tarde, el juez Baltasar Garzón decidió la admisión a trámite de una
querella presentada el 27 de abril pasado por la agrupación chilena de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos, que denunciaban la desaparición de 79 ciudadanos de ese país
en territorio argentino entre 1976 y 1981, en el marco de la Operación Cóndor, el plan
de coordinación represivo urdido entre las dictaduras por entonces vigentes en el cono
sur iberoamericano.
Tras firmar esta primera resolución, Garzón estampó su firma en un pedido urgente
dirigido a la sucursal londinense de Interpol para que procediera a la inmediata
detención con fines de su extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet, en
virtud de su presunta responsabilidad en los secuestros de aquellos 79 chilenos
desaparecidos en territorio argentino. A las seis de la tarde y en el más absoluto de los
secretos, la orden de detención para Pinochet ya estaba en curso y tres horas más tarde
las autoridades británicas se trasladaron a la clínica donde Pinochet convalece de una
operación de columna y le comunicaron su detención y su puesta a disposición de la
justicia inglesa, por pedido del juez Garzón.
El miércoles 14 el magistrado ya había solicitado a las autoridades londinenses
información sobre las posibilidades reales de detener a Pinochet. Pero a la una de la
tarde del sábado (8 de la mañana en Argentina), el secreto aún era absoluto. A esa
hora, este diario se puso en contacto con el juez Baltasar Garzón, quien confirmó la
novedad: “Sois los primeros en enterarse de la detención de Pinochet”, dijo con
evidente satisfacción. Hacía doce horas que el ex dictador ya estaba preso.
La historia secreta del
“Mercosur del terror”
La causa por la que el juez español Baltasar
Garzón logró la detención de Pinochet se refiere al “Plan Cóndor”, un pacto
de cooperación represiva entre Argentina y sus países limítrofes.
El ex dictador Augusto Pinochet.
Le espera un arduo camino legal. |
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Por Lila Pastoriza
El “Plan
Cóndor”, al que generó en sus años briosos, puede marcar el definitivo aterrizaje
de Augusto Pinochet. Una vez mas, el juez Garzón, en estricta y más que sagaz
aplicación de la jurisdicción española en los delitos de genocidio y terrorismo,
golpeó tras las fronteras. En cuanto envíe a las autoridades británicas la
documentación probatoria de que numerosos ciudadanos chilenos desaparecidos fueron
secuestrados aquí por militares argentinos que los remitieron a su país, no es para nada
descartable que el ex dictador y flamante senador vitalicio vaya a parar a una cárcel
madrileña.
El “Mercosur del Terror”, que operó aun sin formalismos desde 1973 por lo menos
en cinco países sureños, estaba desde hace tiempo en la mira de Garzón, quien ya había
recibido documentación de los archivos secretos de Paraguay y se aprestaba a cursar el
correspondiente pedido a las autoridades estadounidenses. Su resonante resolución actual
abre “el vientre del Cóndor” y jaquea la impunidad de quienes lo parieron.
Tan pronto se produjo la detención de Pinochet (al hacer lugar el gobierno inglés al
pedido de Garzón sin reconocer la alegada inmunidad diplomática) hubo manifestaciones de
júbilo frente a la embajada británica en Madrid. “Este es un hecho histórico, aun
por su valor simbólico –dijo a Página/12 el abogado de la acusación popular Carlos
Slepoy–. Y somos optimistas: el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha manifestado
que respetará el accionar de la Justicia española.”
En octubre de 1975, y a invitación de general Manuel Contreras, jefe de la Dirección de
Inteligencia Nacional chilena (DINA), los servicios de inteligencia de Argentina, Uruguay,
Paraguay y Brasil cerraban con los dueños de casa el acuerdo para montar “un banco
de datos, un centro de información y “talleres” que, durante años, sin
barreras limítrofes, se dedicarían a detectar, vigilar, secuestrar, torturar, repatriar
y eliminar a centenares de ciudadanos de esos países. Y a apropiarse de sus hijos.
En Argentina, uno de los centros clandestinos más usados fue Automotores Orletti,
territorio de comandos especiales extranjeros y en especial uruguayos, que
“trabajaron” codo a codo con próceres como Otto “Dios” Paladino,
Aníbal “El Jovato” Gordon, y Raúl Guglielminetti y los célebres apropiadores
de niños Miguel Furci y Eduardo Ruffo. No fueron los únicos. En 1976 la chilena Cristina
Carreño era destrozada por los torturadores de El Banco. Dos años después, el
matrimonio Poblete, de igual nacionalidad, desaparecía a manos de los señores del
Olimpo, que se apoderaban de su hijita de ocho meses. Desde Campo de Mayo se remitían
prisioneros chilenos a su país, como los que fueron recluidos en el centro clandestino de
Villa Grimaldi, al sur de Chile, y luego desaparecieron.
Pero el Cóndor volaba desde mucho antes. El 30 de setiembre de 1974 fueron asesinados en
Buenos Aires el general Prats y su esposa. En los archivos secretos descubiertos en
Paraguay se consigna que la policía de ese país entregó el 16 de mayo de 1975 a Jorge
Fuentes Alarcón, señalado como militante del MIR, al coronel aeronáutico chileno Edgard
Ceballos. Pero quizá la acción de mayor envergadura haya sido la llamada
“Operación Colombo”, que supuso el secuestro en Chile de 119 personas cuyos
cadáveres, con documentación falsa y presentados como producto de
“ejecuciones” partidarias, aparecieron en distintos lugares de nuestro país.
Decenas de paraguayos, argentinos y uruguayos figuran entre las víctimas del Cóndor.
Stella Calloni cita la frase que escribió uno de ellos en un papelito arrugado:
“Estoy metido en una historia de espejos malditos”. De aquel martirio
multiplicado tras las fronteras, casi no hay sobrevivientes.
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