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| Por Cledis Candelaresi
El Gobierno de la Ciudad, propietario de la red de subtes y futuro regulador del sistema (hoy está a cargo de funcionarios de la Nación), resolvió tomar la iniciativa política en el área de Transporte, agregando cuatro estaciones a la línea B. Con ese objetivo, llamó a licitación para edificar las dos primeras, Tronador y avenida de Los Incas (en la intersección de las mismas calles con avenida Triunvirato), obra presupuestada en 62 millones de pesos, que será ejecutada en los próximos dos años por la empresa que el 11 de noviembre gane el concurso convocado por la comuna. Entre las constructoras que se disponen a participar de esta jugada está la propia Benito Roggio, socia mayoritaria de Metrovías. "No consultamos al concesionario, porque la red pertenece al Gobierno de la Ciudad y la obra se hace con dinero público --precisó un asesor del secretario de la Producción, Nicolás Gallo--. ¿Pero qué más puede querer, si le agregamos estaciones para que tengan más pasajeros?". Según los funcionarios de De la Rúa, el costo operativo de agregar un par de estaciones más "es mínimo". Tanto que, en una futura etapa, piensan construir otras dos más: Echeverría y Villa Urquiza. Pero desde el área operativa de Metrovías, la visión es completamente distinta. Ricardo Sergiotto, gerente de logística, encuentra un primer escollo de tipo técnico: es imposible prolongar la B y, al mismo tiempo, mantener la conexión con el premetro Urquiza. Los dos o tres minutos de frecuencia de los subterráneos impedirían el ensamble con el ferrocarril, algo que no desconoce Subterráneos de Buenos Aires, empresa residual a cargo del gobierno metropolitano. Lo que más le preocupa a Sergiotto, sin embargo, es el impacto que aquella forzosa operación tendrá en el negocio de Metrovías, que opera los subtes con subsidio estatal. Según sus cálculos, las estaciones nuevas sólo atraerían entre 1000 y 1500 pasajeros por día, número supuestamente insuficiente para compensar los mayores costos de operarlas. "Ellos apuntan a quedarse con lo mejor del negocio, pero una red de subte es un servicio público", replicaba un funcionario de Subterráneos de Buenos Aires. Además, para atender esas estaciones, habría que afectar al servicio los dos trenes que hoy se tienen de reserva en la B y permiten hacer mantenimiento. Esto involucra directamente en el conflicto en ciernes al gobierno nacional, que hoy subsidia íntegramente el plan de inversiones de Metrovías y controla el cumplimiento del contrato de concesión: o el Estado nacional pone más dinero para reforzar la flota o debería consentir que se dejen de mantener los coches de la línea. "Se altera la ecuación económica y podremos demandar", amenaza aquel gerente. Una controversia similar puede originar la rimbombante decisión de la comuna porteña de construir la línea H para unir transversalmente la zona norte de Capital con Pompeya, con un presupuesto de 1400 millones. En este caso, además de la obra civil, se licitaría el gerenciamiento del servicio, abriendo el juego a un segundo operador, en lugar de ampliar directamente el negocio que hoy explota Metrovías. Quizás por esto, la empresa concesionaria sostiene que no es posible instrumentar un sistema de clearing entre dos operadores, de modo tal que cada uno consiga una compensación adecuada por los pasajeros que pagan en la ventanilla de uno pero también circulan por la línea del otro. De cualquier modo, Benito Roggio podría tener un premio alternativo: la constructora intentará precalificar para alzarse con la obra.
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La decisión del
gobierno porteño de construir entre dos y cuatro nuevas estaciones para la línea B de
subterráneos sin consultar a Metrovías, operador del sistema, amenaza con generar un
pleito entre ambos. Formalmente, la empresa asegura que su filosofía consiste en "no
oponerse a ninguna prolongación de líneas", aunque admite que aún no tuvo
oportunidad de evaluar la conveniencia o no de explotar aquellas paradas adicionales. Más
contundente, el gerente de logística del grupo concesionario opina que ese agregado va a
alterar la ecuación económica del contrato en desmedro del grupo. Esta supuesta falta
estaría fundando la posibilidad de litigar contra el Estado.