Otra cosa es con doctrina Corach
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Por Martín Granovsky Carlos Corach podría repetir la frase del norteamericano Teddy Roosevelt sobre Anastasio Somoza: "Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". Ayer, el ministro del Interior se convirtió en vocero del Gobierno en el caso Pinochet, y aunque reconoció que los derechos humanos "superan las fronteras nacionales", se atajó advirtiendo que la Argentina no concederá la extradición de ningún represor porque aquí las violaciones a las libertades individuales "son cosa juzgada". Pero el juez Baltasar Garzón mantiene el pedido de captura de decenas de asesinos y torturadores, y funcionarios del Gobierno ya comienzan a sospechar que el nuevo clima en Londres puede afectar la visita que Carlos Menem emprenderá desde el martes próximo al Reino Unido. Como pasa en las finanzas con Brasil, Corach cumplió la estrategia oficial de diferenciarse de Chile. Lo dijo: "Ese (el de Pinochet) es un problema de Chile, Inglaterra y España". Pero omitió aclarar que la orden de arresto contra Pinochet por parte de Garzón, a quien calificó de "vedette" y "ansioso de notoriedad", se basa justamente en la Operación Cóndor, la coordinación represiva sudamericana con centro en Buenos Aires. Que la Argentina es distinta y los militares argentinos no debieran temer es algo que se explicaría, según Corach, por lo siguiente: "Aquí se han realizado los juicios correspondientes, se han dictado las leyes correspondientes, se han dictado sentencias". Esa sería la demostración de la cosa juzgada. Pero la cosa no está tan negra en opinión de juristas y organismos de derechos humanos. ¿Hay cosa juzgada cuando hubo indulto? ¿La hay cuando el indulto benefició a un procesado y no a un condenado? ¿La Obediencia Debida y el Punto Final forman parte, para el mundo, de la cosa juzgada? ¿Son cosa juzgada los robos de chicos, por los que Jorge Videla ya está preso en la propia Argentina? El fiscal español Carlos Castresana tiene respuesta para muchas de esas preguntas. Advirtió que a los buscados argentinos "les va a suceder lo mismo (que a Pinochet) si acuden a un país del que razonablemente se pueda pedir la extradición, como Francia, Inglaterra o Alemania". Castresana dijo que el Punto Final y la Obediencia Debida están "en entredicho" fuera de las fronteras argentinas y que por eso sigue en pie la orden a Interpol. El hecho de que el país que pide una extradición y los que recibirían el pedido figuran entre los poderosos de la Tierra incidió para que en la Argentina el caso Pinochet dividiera a la sociedad en tres partes. En un extremo, el Gobierno y su teoría de la cosa. En otro, siguiendo la línea de los organismos de derechos humanos, que no criticaron la decisión de Garzón y los británicos, se ubicó el Frepaso y parte del radicalismo. Para Graciela Fernández Meijide "es positivo que los países pierdan parte de su soberanía en beneficio de que se defiendan universalmente los derechos humanos". Según Chacho Alvarez, el arresto "es la cara buena de la globalización". Y en el medio, una franja que va desde los duhaldistas hasta Raúl Alfonsín. Esa franja es la que aparece preocupada por el futuro de la globalización del sistema penal y teme consecuencias no deseadas. En otra época habrían llamado "imperialismo" a esos efectos. Hoy no le ponen nombre pero lo describen con ese tono. Un asesor de Alfonsín aclaró que el ex presidente está contento con el arresto de Pinochet y reveló este análisis: * "El Norte juzga al Sur, y en el futuro el Norte puede usar la jurisprudencia para alguien que afecte un interés norteamericano". * "Los intereses nacionales y regionales pueden terminar internacionalizándose más allá de los deseos y las conveniencias del Estado argentino y, por ejemplo, del Mercosur". * "Los Estados, incluido el argentino bajo Alfonsín, que juzgó a los ex comandantes, pueden terminar renunciando a su facultad de juzgamiento". Cuando Página/12 preguntó si cuestionar al que cuestiona no retomaba la táctica militar de siempre (¿Acaso en Estados Unidos no mataron a Luther King, en España no gobernó Franco y en Inglaterra no masacraron indios?), el asesor dijo que los militares de la dictadura respondían como asesinos, y los argentinos de hoy como ciudadanos de una democracia. Fernando de la Rúa dijo que es "positivo" que los derechos humanos tengan "vigencia universal", pero recomendó "respetar un marco de soberanía nacional". (De la Rúa dijo que en el caso de Garzón el origen español de las víctimas justifica su iniciativa, pero en realidad, la nacionalidad de los desaparecidos no está en la base de su reclamo.) Dentro del duhaldismo, el mismo estilo de alegría personal y escepticismo preventivo fue enarbolado por el mismo gobernador bonaerense. "Por un lado, el sentimiento del corazón; por otro, la posibilidad de que otros países nos juzguen por nuestra situación económica", dijo Duhalde aludiendo, seguramente, a la desventaja económica. "Se termina con que los que tienen la sartén por el mango se arrogan el derecho de los ciudadanos de nuestros países, porque perjudican sus intereses", profetizó. Carlos Ruckauf, vicepresidente, dijo que "los británicos no hacen cosas de casualidad", y recomendó seguir el tema porque Londres siempre fue fiel a sus intereses, incluso "en la actitud de usurpación de las Malvinas". Ruckauf no aclaró si le preocupaba la visita de Menem, pero un funcionario del Ejecutivo que pidió reserva de su nombre lo puso así: "Hasta el sábado, era una visita tranquila. Con Pinochet preso, América latina no será solo Menem. Y además, ¿quién asegura que no nos quieran pegar también a nosotros?".
EL UNICO OFICIALISTA QUE ACUERDA CON EL ARRESTO Jorge Yoma, el imprevisible
Por Diego Schurman Jorge Yoma se convirtió ayer en el único representante del menemismo que respaldó la detención de Augusto Pinochet. El senador no sólo dijo estar "sentimentalmente" de acuerdo con la medida sino que coincidió en los argumentos jurídicos utilizados por el juez Baltasar Garzón para pedir la extradición. No se trata de una actitud sorpresiva. El legislador presentó este año un proyecto para que la Argentina ratifique la imprescriptibilidad sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y otro para que esa disposición adoptada por las Naciones Unidas en una convención internacional se incorpore al Código Penal."Lo dispuesto por Garzón se ajusta a derecho. Lo que se le imputa a Pinochet no prescribe y excede la frontera de la territorialidad", señaló Yoma para diferenciarse de la aparente neutralidad adoptada por todo el gobierno. "No me importa lo que dijo Corach. Insisto: no sólo estoy contento sino que me parece jurídicamente correcto", agregó. Yoma no es ajeno al tema. En mayo presentó dos iniciativas relacionadas a la situación de derechos humanos en la Argentina, pero que duermen el sueño de los justos en los cajones del Congreso. * La primera solicita al Poder Ejecutivo que ratifique la convención sobre la imprescriptibilidad sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el genocidio, la desaparición forzada y la tortura. En el ámbito internacional la convención rige desde 1970 y el Congreso argentino la aprobó en 1995. Pero para su vigencia aún necesita de la ratificación de Carlos Menem. * La segunda es un proyecto de ley para incorporar al Código Penal la imprescriptibilidad de la acción penal y las penas impuestas por los crímenes de lesa humanidad. Para Yoma, es un vacío legal a cubrir de cara al futuro. En los fundamentos recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el pedido de extradición del ex capitán alemán Erich Priebke, cursado desde Italia. La decisión de la Corte asegura que "los preceptos legales del derecho interno que sancionan atentados contra la vida no abarcan íntegramente la 'sustancia de la infracción' atribuida a Priebke en el pedido de extradición". Y que el hecho de haber dado luz verde a esa solicitud se basó simplemente en la cooperación internacional ya que "no tuvo por objeto determinar su culpabilidad o inculpabilidad". En otras palabras, los ministros de la Corte no pudieron hacer propio el criterio de imprescriptibilidad de los crímenes que se le imputaban a Priebke, no sólo porque la imprescriptibilidad aún no tiene vigencia sino porque los crímenes de lesa humanidad no están expresamente tipificados en el Código Penal. Todo lo que usted quería saber sobre Pinochet y temía preguntar
Leopoldo Schiffrin (presidente de la Cámara Federal de La Plata) 1.--Es la exterminación de pueblos, grupos étnicos o religiosos. No queda claro si abarca los crímenes perpetrados por la dictadura, pero lo cierto es que la doctrina del derecho internacional siempre apuntó a castigar los delitos que afectan los principios mínimos de convivencia civilizada. 2.--Es el que afecta las condiciones de conviviencia mínima de una civilización. Si usted permite una masacre generalizada se crea una situación que dificulta la convivencia. 3.--No hay ninguna retroactividad. Se está aplicando, reformulado, un principio del derecho internacional que está formulado desde la Edad Media. En ese momento se castigaban otros delitos: la piratería, la trata de negros. Con las guerras aparecieron delitos más graves. 4.--Sí. 5.--Sólo se asegura a los diplomáticos acreditados y a los jefes de Estado y no rige para este tipo de crímenes. 6.--Sí, por eso no se les ocurre salir del país. 7.--Sí. 8.--No es nuevo, es una renovación, decantación de principios muy antiguos. 9.--La soberanía estatal no se perjudica.
Juan Travieso (profesor de Derecho Internacional Público, UBA) 1.--Cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos, traslados por la fuerza de niños de un grupo a otro. Para determinar si la masacre de la dictadura fue un genocidio, habría que probar que se exterminó a un grupo nacional. Personalmente, creo que la metodología que se aplicó, los adjetivos que usaban los militares, permiten pensar que se cometió ese delito. 2.--Es un crimen de naturaleza tal que cualquier persona del mundo los considera delitos. Están por encima de las jurisdicciones. 3.--Sí, se puede, siempre, como se ha podido juzgar a los nazis. Estos delitos se insertan en lo que los americanos denominan "Gross Violations", y no prescriben. Hay un nuevo paradigma. No quiere decir que el anterior sea malo, pero a partir del nazismo la realidad cambió. En los últimos 50 años aparecieron nuevas formas de aniquilamiento y las leyes se tuvieron que adaptar. 4.--Sí. Es correcto que el juez británico aplique el derecho internacional. 5.--Los jefes de Estado o jefes de Gobierno tienen inmunidades diplomáticas e inmunidad de jurisdicción penal en el Estado receptor. También la tienen los diplomáticos y los cónsules limitados a la función consular. No es el caso de Pinochet, que tiene simplemente un pasaporte especial. 6.--Sí, por supuesto, ya tienen embargos. 7.--Sí, estaría de acuerdo. En EE.UU. juzgaron a un médico mexicano que se encargaba de verificar hasta dónde se podía torturar a los agentes de la DEA. 8.--Sí. En él se extrema la responsabilidad individual y se pone en vigencia cada vez más la responsabilidad estatal. 9.--No es tan terminante. Digamos que la soberanía estatal dejó de ser impermeable. De todas formas, lo ideal sería que juzguen los tribunales internacionales y no los países.
Roberto Gargarella (profesor de Derecho Constitucional, Universidad Di Tella) 1.--Tiene que ver con actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, religioso, etc. A mi entender, la definición incluye la masacre perpetrada por Pinochet. 2.--Tiene que ver con actos de gravedad extraordinaria que afectan la conciencia jurídica de la humanidad: crímenes, torturas, violaciones cometidas como parte de un ataque sistemático contra la población civil de un país en base a razones nacionales, políticas, étnicas raciales o religiosas. 3.--Sí. Siempre. 4.--Sí, es correcta. 5.--Pinochet no goza de inmunidad diplomática. No es presidente, ni diplomático, pero aun si la tuviera, ese privilegio no rige cuando se trata de este tipo de delitos. 6.--Sí. 7.--Sí, siempre y cuando se trate de un crimen extraordinario y el país tenga jurisdicción. 8.--Sí, pero sería una tontería pensarlo como una consecuencia del auge de la globalización. El derecho internacional está asumiendo desde Nuremberg nuevas responsabilidades. 9.--No podemos reclamar soberanía estatal absoluta, depende mucho de los tratados que firmemos, del delito de que se trate, etcétera. Entrevistas: Romina Calderaro
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