Página/12

En una resolución ampliatoria de 18 páginas dictada ayer, el juez español Baltasar Garzón completó los fundamentos en los que se basó para solicitar la detención preventiva del ex dictador chileno Augusto Pinochet. A partir de ahora, la detención se transforma en prisión incondicional sin ninguna clase de fianza posible. El magistrado español también envió a Londres un nuevo exhorto internacional solicitando que se fije una fecha para viajar a Gran Bretaña a fin de tomar declaración al ex dictador. Sin embargo, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional ha anunciado que no demorará el dictamen en el que resolverá si Garzón es o no competente en la causa. Si no lo es, Pinochet deberá ser liberado.

El terror pinochetista se cebó con 91 chilenos que fueron cazados como conejos por agentes de la DINA y los Grupos de Tareas argentinos no sólo en la Capital y en el Gran Buenos Aires, sino también en Tucumán, Neuquén, Cipolletti, La Plata y Mendoza. La Gendarmería argentina también efectuó detenciones de varios chilenos en los pasos fronterizos. Esas personas eran entregadas inmediatamente a Chile y luego desaparecían para siempre. Entre las víctimas citadas en la resolución de Garzón se destaca el estudiante suizo-chileno Alexei Vladimir Jaccard, secuestrado en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977. Fue llevado a la sede de la Policía Federal y luego a la ESMA. El magistrado da por probado que los servicios argentinos dieron información falsa sobre el paradero de Jaccard a la embajada de Suiza en Buenos Aires. Esta circunstancia podría desencadenar que la justicia helvética pudiera abrir una nueva causa contra Pinochet por la desaparición de un ciudadano de su país.

Los militares chilenos tampoco se salvaban de la feroz persecución por tierras argentinas. El 6 de abril de 1977, un Grupo de Tareas argentino detuvo al ex director de Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile, Jorge Sagauta Herrera. No se ha vuelto a saber nada de él. Varios de los desaparecidos chilenos pasaron por los centros clandestinos de Campo de Mayo, el penal militar de Magdalena, "El Banco", "El Olimpo" y la Jefatura de Policía de Tucumán, entre otros. Por estos secuestros ocurridos en su mayor parte entre 1976 y 1979, el magistrado acusa formalmente a Pinochet de un delito de genocidio, otro de terrorismo y de 91 torturas con presunta culpabilidad de Pinochet.

Garzón ha enviado a Londres un nuevo exhorto internacional solicitando al juez Nicholas Evans que fije una fecha para que él se pueda trasladar a la capital británica a fin de tomar declaración al ex dictador. Esto dependerá de varios factores, en particular de la evolución del estado de salud del detenido que está convaleciente de una intervención quirúrgica reciente. Por tanto, es muy posible que el viaje de Garzón a Londres se produciría en unos 15 días.

Sin embargo, hay algo que puede detener sus acciones. El fiscal de la Audiencia Nacional adscripto al sumario 19/97, Pedro Rubira, siguiendo expresas instrucciones de su jefe, Eduardo Fungairiño, ya ha presentado un recurso de reforma contra la detención de Pinochet, y pidió la nulidad de los cargos efectuados contra el actual senador vitalicio. Las partes acusadoras tienen ahora un plazo de tres días para hacer sus alegaciones contra la postura sustentada por el ministerio fiscal y para solicitar formalmente ante el juez la extradición de Pinochet de modo que éste pueda ser traído a España y ser juzgado en Madrid. Es previsible que a principios de la semana próxima Garzón se expida sobre estos aspectos del procedimiento.

La detención del ex dictador chileno también ha producido otro efecto inesperado. La Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional ha anunciado que no demorará el dictamen en el que resolverá la competencia de Garzón en estos casos. Si se lo declara incompetente, esto no sólo obligaría a dejar en libertad a Scilingo y Pinochet sino también al archivo definitivo de la causa, con el consiguiente desprestigio internacional de la justicia española, que en los últimos días ha recibido numerosos elogios por la detención del ex dictador trasandino.

El presidente de Chile, Eduardo Frei, invocó ayer, en torno del pedido de extradición de Augusto Pinochet, el respeto a la soberanía de su país y a su transición política, que comparó con la española después del franquismo, en donde no ocurrieron "los procesos sobre derechos humanos que tanto se nos exigen a los latinoamericanos". Por su parte, el presidente español, José María Aznar, elogió al presidente chileno y a su homólogo argentino, Carlos Menem, por unas transiciones políticas "que están dando sus frutos y que naturalmente tienen las singularidades propias de cada país". En relación con este asunto, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) quiere acorralar al gobierno en el Parlamento mediante una serie de iniciativas para que no bloquee la petición de extradición del ex dictador.

No estaba previsto que Eduardo Frei asistiera al Encuentro de Líderes Iberoamericanos celebrado ayer en Bayona (Pontevedra) bajo los auspicios de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC). Finalmente, el presidente chileno canceló su viaje a Madrid, presuntamente para expresar su desacuerdo con el giro que está tomando el proceso iniciado en España contra el ex dictador Pinochet, y se sumó a ese encuentro partidario junto a los presidentes de Argentina, Ecuador, Colombia y Costa Rica, además de Aznar y el presidente de la IDC, Wilfried Martens. La sombra de Pinochet, no obstante, presidió este encuentro.

"Normalmente en estos procesos tenemos mala memoria", comenzó diciendo Eduardo Frei en un aparte del encuentro oficial. "Aquí en España hubo un gobierno que duró 40 años y la institucionalidad actual española nace de ese gobierno", sin que por ello, señaló el presidente chileno, hubiera en España procesos sobre derechos humanos. "Hay otros procesos, como los terroristas y otros en los que también hay inmunidades", dijo Frei, y señaló que debía existir el "respeto a las leyes chilenas, respeto a la soberanía de nuestro país, a nuestra transición, y respeto a los tribunales chilenos". Aznar había dedicado un párrafo de su discurso oficial en el encuentro a los actuales presidentes de Chile y Argentina. Según Aznar, Frei y Menem "han marcado y están marcando hitos en la historia de sus países", consolidando democracias "nacidas de unas transiciones que están dando sus frutos y que naturalmente tienen y tuvieron las singularidades propias de cada país, como nosotros al hacer la nuestra tuvimos también nuestra singularidad española".

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, fue más contundente al afirmar su oposición al proceso abierto a Pinochet en España. "Soy contrario a este tipo de juicios y comparto el criterio de los fiscales, que es el que el gobierno tiene también", dijo. Fraga confesó sentir una "profunda admiración" por Eduardo Frei, se declaró amigo de su padre, "con el que compartí muchas inquietudes en momentos allí difíciles, y nada de esto supone aprobación de las cosas que hayan podido pasar". "Yo visité dos veces Chile", prosiguió Fraga, "en la época en que el general Pinochet era presidente, y no le visité, pero eso es una cosa y otra cosa es decir a los chilenos lo que tienen que hacer". El líder gallego resaltó que debe restablecerse "el principio de que es Chile quien resuelve sus propios problemas".

El PSOE gallego y la Confederación Intersindical Gallega censuraron estos planteamientos. El sindicato está personado como acusación particular en el proceso contra Pinochet y concentró a sus militantes en la puerta del Parador de Bayona para gritar "Pinochet asesino" al paso de las comitivas oficiales y respaldar la extradición del ex dictador.

"Esto es un paso adelante muy importante en la defensa de los derechos humanos. Pero todavía hay que alcanzar la justicia y la verdad", indicó a Página/12 Virginia Shopee, responsable de la sección chilena de Amnistía Internacional en Gran Bretaña. Para la organización de defensa de los derechos humanos con sede en Londres, "es una lección sobre el impacto que tiene la voluntad política a la hora de respetar la vigencia de los derechos humanos".

--¿Cómo interpretan la conducta seguida por el gobierno británico hasta el momento?

--Amnistía Internacional recibió con beneplácito la decisión del gobierno británico de aplicar el principio internacional de identificación, detención, extradición y castigo de culpables de crímenes de guerra y lesa humanidad, que es una resolución de Naciones Unidas aprobada el 3 de diciembre de 1973. Hay varios principios de respeto a los derechos humanos como las obligaciones suscriptas en torno de la convención de la tortura. Es muy importante que la comunidad internacional tome note de esto, para que las víctimas y sus parientes puedan encontrar justicia y verdad.

--Esto es un paso adelante muy importante en la defensa de los derechos humanos. Pero es sólo un paso. Esta acción debe proseguir con una cooperación completa con las autoridades españolas y esperamos que haya oportunidad de que los crímenes contra la humanidad lleguen ante la Justicia para que toda la gravedad de los hechos salga a la luz. No se trata simplemente de la justicia española o británica: la comunidad europea y la comunidad de naciones deben cooperar en esto.

--¿Amnistía Internacional apoya que el proceso siga por los carriles de la justicia nacional más que a través de tribunales internacionales?

--Tenemos que tener en cuenta la situación presente. Las autoridades judiciales españolas tienen un caso abierto en el que han pedido la colaboración de la policía británica para llevar adelante el interrogatorio del general Pinochet. Esperamos que por este camino se pueda llegar al juicio correspondiente.

--Pinochet está implicado en la desaparición de dos ciudadanos británicos.

--Hay dos casos de británicos citados en el informe de la comisión Rettie que se formó durante el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin. Sobre tres mil casos aparecen dos de británicos: William Beausire y Michael Roy Woodward. Esperamos que las autoridades británicas hagan la investigación correspondiente.

--¿Amnistía Internacional cree que el arresto de Pinochet en Londres sienta un precedente internacional?

--Para nosotros es un paso muy importante. Es un mensaje muy claro que da la comunidad internacional contra la impunidad. Los gobiernos no están dispuestos a alojar a personas tan conocidas como Pinochet por las acusaciones que pesan sobre ellos por violaciones de los derechos humanos.

--Pero ¿sienta esto un precedente como para que a nivel internacional empiece a operar un mecanismo similar en casos como el de Pinochet?

--No creo que siente un precedente automático. Pero sí creemos que es una lección y un mensaje claro de que existen instrumentos legales internacionales para lidiar con casos de este tipo y conseguir justicia, y para que los familiares de las víctimas reciban la atención que merecen.

--Consideran entonces que hay suficientes instrumentos legales a nivel internacional para actuar en estos casos.

--Están todos los instrumentos legales establecidos por los principios internacionales. Se podrían reforzar ciertos ángulos legales del tema. Pero lo que se requiere es la voluntad de los gobiernos para llevar a cabo los tratados y los principios ya firmados y aceptados. La convención para la prevención del genocidio existe: lo que se requiere es la decisión de los gobiernos de aplicarla.

Los británicos, al acecho

Por M.J.

Consultada por Página/12, la vocera del Ministerio del Interior británico indicó que el gobierno británico deberá esperar a que el español haga la solicitud de extradición para poder expedirse sobre el tema. Según la ley británica, las autoridades españolas tienen un plazo de 40 días para presentar la solicitud de extradición. "Si en ese período el gobierno español no realiza la solicitud, el general Pinochet quedará en libertad", señaló la portavoz. "La situación actual puede definirse de esta manera --añadió--. España solicitó a la Interpol el arresto de Pinochet. La Interpol cursó el pedido a la policía metropolitana, que realizó el arresto. El general permanecerá en custodia hasta que el ministro del Interior lo decida. Necesita ver la solicitud que presente el gobierno español, que tiene un plazo de 40 días."

--En cuanto al caso de los dos británicos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, ¿el gobierno británico está contemplando adoptar algún tipo de acción legal?

--El gobierno español tendrá que presentar su caso en Gran Bretaña y es posible que ellos incluyan estos dos casos. Pero todavía no sabemos cómo justificará España un pedido de extradición.

--¿De modo que el gobierno británico no presentará por separado un caso por estos dos británicos desaparecidos?

--No. Pinochet no fue arrestado por esos hechos. Dependemos de España.

--¿Cómo se puede interpretar esta noticia dentro de Chile y de su gobierno?

--La detención de Pinochet es consecuencia de un error muy grande de parte del gobierno y del propio dictador. Se sabe que Pinochet es una persona requerida por la justicia internacional y aun así viajó confiado en su inmunidad diplomática. El cometió más de 4000 delitos referidos a figuras como genocidio y terrorismo de Estado. Es como si un narcotraficante quisiera pasearse tranquilo por el mundo. Y en cualquier país civilizado del mundo los delitos de lesa humanidad son penados. En el pueblo chileno en general, esto es motivo de una gran alegría. Los sondeos dicen que el 67 por ciento de los chilenos está a favor de juzgar a Pinochet, pero esto es algo que no trasciende porque hay poderes fácticos, como el de la prensa, que están totalmente dominados por la derecha.

--¿Qué pasaría si Chile se decidiera a juzgar en su territorio a un genocida británico?

--Bueno, los crímenes son crímenes en cualquier parte del mundo. Pero más allá de este principio, hay algo que es claro y en lo que el gobierno incurre en una contradicción: invoca la territorialidad de los crímenes cuando acaba de firmar un tratado para formar una Corte Penal Internacional que juzgue delitos universales. Sólo siete países no lo suscribieron --entre ellos, Estados Unidos--, pero Chile, junto a Costa Rica, fueron impulsores principales de la idea. Así, es evidente que casi todos los países estamos de acuerdo en que hay que castigar estos crímenes.

--No creo que vaya a haber división. Siempre tuvimos discrepancias, pero nunca tradujeron en rupturas.

--Sí, por supuesto. La diferencia es que en Argentina Videla ya fue sancionado; en Chile, Pinochet estuvo siempre protegido por su Constitución y su Ley de Amnistía. Pero cuando están de por medio delitos como los de genocidio o terrorismo de Estado, no veo por qué no se pueda volver a investigar en otros países lo que en Argentina es cosa juzgada.

--¿Usted cree que la detención de Pinochet puede cambiar la actitud de todos los funcionarios de la dictadura acerca de no dar información sobre los detenidos desaparecidos?

--Le voy a decir una primicia: hay gente que quiere entregar nombres, gente que está cansada de tener que cubrir a sus superiores. En el corto plazo se verán los resultados y la detención de Pinochet, sin duda, va a acelerar mucho este proceso.