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La policía sospecha del médico por el atentado

La investigación en Misiones por la bomba que mató a un niño apunta a la hipótesis de que fue colocada por el dueño de la casa donde explotó, con la intención de denunciar un atentado.

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Por Horacio Cecchi

t.gif (67 bytes)  Después de cuatro días de investigaciones, la policía misionera entregó a la Justicia las pruebas reunidas por el atentado en El Alcázar, que provocó la muerte de Jorge Brítez, de 11 años, y serias heridas a Maximiliano Piriz, de la misma edad. La hipótesis más firme, la del autoatentado, complica aún más la situación del médico y ex candidato a intendente, Fernando Salazar del Risco, en cuyo frente fue colocada la bomba casera. Durante todo el día de ayer, corrieron versiones sobre una detención en ciernes, que finalmente no se produjo. El gobierno del justicialista Ramón Puerta, que sostiene que "existen fuertes indicios que llevan al esclarecimiento", tiene urgencia por que se resuelva el caso: en su horizonte aparecen los nubarrones de una marcha de silencio.

En el kilómetro 9 de San Martín, la arteria principal de El Dorado, Misiones, se encuentra el Supermercado Ota I. Su dueño, un japonés que nunca imaginó estar en la vidriera de todo el país, ofrece en sus estantes envases de marca Valplast, en tres modelos: un económico balde para mezcla de cemento, una práctica caja de pescadores, y un clásico maletín de médico. Este último, con su típica manijita de llamativo color rojo. El Supermercado Ota I está en el candelero porque allí es donde el autor del atentado que provocó la muerte del chico Jorge Brítez, el jueves pasado en El Alcázar, compró un maletín semejante, rojo y blanco, para colocar la bomba.

Todos los días, el médico y ex candidato a intendente de El Alcázar, Fernando Salazar Risco, lleva a su esposa Gladys Wergin a la escuela donde da clases, en la localidad de Wanda, 200 kilómetros al noreste de su pueblo. El matrimonio cruza El Dorado, a 20 kilómetros de El Alcázar, camino a Wanda. Todos los días pasa por la puerta del Supermercado Ota I.

Aunque el solo hecho de pasar delante de la puerta no indica nada, en manos del juez de instrucción de Puerto Rico, Héctor Acosta, habría más indicios que apuntan a la resolución del caso. "La posición del gobierno es clara y terminante --aseguró a Página/12 el subsecretario de Gobierno, José Domingo Fabio--: poner el máximo esfuerzo para el esclarecimiento. Si se los profundiza, los indicios aportados por la policía se pueden transformar en prueba".

El mismo jueves del atentado, ya existían sospechas a partir de declaraciones del matrimonio Salazar-Wergin: ciertas coincidencias en el color rojo de la caja que portaba la bomba, que a la hora en que fueron hechas aún eran datos desconocidos para la investigación. Incluso, la pareja debió pasar por un interrogatorio para determinar los motivos por los que el médico adujo que querían atentar contra su vida.

Ayer, siguiendo en esa misma línea, Salazar reclamó insistentemente custodia policial. "Desde el primer momento se le puso una custodia en su casa. Pero (ayer) nos puso histéricos pidiéndonos también para sus hijos y su esposa. Ahora, a cada miembro de la familia lo acompaña un policía", confesó a este diario una fuente policial.

Durante todo el día, los 200 kilómetros que separan Posadas de El Alcázar fueron recorridos por versiones. Decían que a última hora, el juez Acosta ordenaría una detención. Todos miraban hacia la casa de Belgrano y Colón, de Salazar, donde estalló la bomba. También se dijo que, de no registrarse movimientos en el juzgado, el gobierno de Ramón Puerta daría una conferencia donde se harían públicos los indicios. Pero la detención no se produjo. Tampoco la conferencia. "Quieren inventar un enfrentamiento entre los dos poderes. No hay nada de eso --aseguró Fabio--. Nosotros representamos al pueblo de Misiones, que está muy sensibilizado por el hecho. Pero la Justicia no tiene los mismos plazos que la política".

En el juzgado hay estricto hermetismo. Por el momento, nadie sabe si el magistrado aceptará o no el ofrecimiento de peritos nacionales. "El juez es muy centralista", explicó una fuente de los tribunales locales. "Siempre quiere resolver por sus propios medios". Ayer, el juez Acosta giró las actuaciones a la fiscalía y para hoy se espera que se inicie la ronda de testimonios.

Entre tanto, los especialistas en meteorología locales anunciaron un frente de tormenta que cuelga sobre el horizonte de Posadas. Ayer, Jorge Brítez, el padre del chiquito asesinado, con voz pausada pero firme, aseguró que si en dos semanas no se encontraba al responsable comenzaría a hablar con los vecinos para organizar una marcha de silencio. Apoyo del pueblo no le falta: la tercera parte lo acompañó en el funeral de su hijo.

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