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Por Carlos Rodríguez  "No podemos atenderlo porque
estamos ausentes." El mensaje, grabado en el contestador telefónico del despacho del
jefe de la Policía de Mendoza, comisario Juan Zalazar Riveira, se mantuvo constante toda
la jornada como prueba de una situación explosiva: la provincia está paralizada por una
rebelión policial que pone en jaque al gobernador Arturo Lafalla. Unos mil policías
mantienen ocupada la plaza Independencia, ubicada frente a la Legislatura, mientras buena
parte del resto de los 5500 efectivos adhiere pasivamente a la medida de fuerza. Reclaman
desde un aumento salarial del 50 por ciento hasta la modificación del Código Procesal y
reglamentos internos que sancionan a los acusados por violaciones a los derechos humanos,
un lugar común para la cuestionada policía mendocina (ver aparte). Lafalla solicitó el
envío de 1300 gendarmes para garantizar la seguridad y en un mensaje por la cadena
oficial instó a los insubordinados a "entregar las armas que la comunidad les dio
para defenderla". Los rebeldes respondieron en una tumultuosa asamblea: "Sólo
las entregamos exonerados o muertos".
El conflicto comenzó a gestarse en la noche del domingo, luego de que fuera asesinado el agente Héctor Castillo, de la policía provincial, mientras realizaba un control vehicular, al ser atacado por un delincuente que lo mató de una puñalada. El autor del hecho, cuyo nombre se mantiene en reserva, fue detenido pocas horas después y se comprobó que había sido golpeado por los policías que lo habían localizado. Esto motivó la apertura de un sumario que involucraría a por lo menos una docena de efectivos. Todo sirvió para elevar la temperatura emocional del sepelio de Castillo. Desde el cementerio de La Capital, los policías que acompañaron el cortejo se dirigieron la Legislatura, en cuyas inmediaciones están instalados desde la noche del lunes, en torno de una carpa de color azul. Ayer, los bancos cerraron sus puertas por falta de custodia policial, y por la tarde-noche se suspendieron las clases en todas las escuelas. Los taxistas --sacudidos por una anterior ola de asaltos-- realizaron una caravana nocturna por la peatonal Sarmiento, mientras los colectiveros apoyaron la protesta reduciendo los servicios durante el día y levantando los nocturnos con la excusa de la falta de vigilancia policial. Tres asaltos a otros tantos supermercados hicieron que los negocios cerraran temprano y algunos comerciantes se acercaron a la plaza para proveer de alimentos y bebidas a los agentes, que hasta entonaron cánticos ("no se va, la poli no se va"), como si fueran civiles ejerciendo su derecho a peticionar. Las estaciones de servicio dejaron de atender a las 21. La última de las propuestas formuladas por el gobierno a los rebeldes fue leída por el jefe de la Unidad Regional Uno, comisario Pedro Sánchez, quien suena como uno de los posibles sucesores de Zalazar Riveira, cuyo alejamiento se descuenta como consecuencia del conflicto. Cuando Sánchez leyó que Lafalla ofrecía un adicional de 1000 pesos pagaderos a razón de 100 pesos por mes, sin incorporarlo al sueldo, la respuesta que llegó de la plaza fue a nivel barrabrava: "¡Hijo de puta!, ¡hijo de puta!", fue el estribillo elegido para la ocasión. En el petitorio, de 13 puntos, los policías demandan un sueldo inicial de 1000 pesos. En la actualidad, la remuneración básica es menor a los 500 pesos. También reclaman la reforma del Código Procesal; la modificación de varios artículos de la ley 4747/82 que introducen sanciones y le hacen perder el "estado policial" a los procesados por hechos delictivos; un equipamiento acorde "a la situación delictual actual"; ocho horas de trabajo por 24 de descanso; que se supriman las guardias en bancos y que se elimine el sistema de custodias personales; jerarquización inmediata para el personal; pago inmediato de los plus y recargos de servicio, y "participación plena" de todos los cuadros en las reformas en la estructura policial que el gobierno viene anunciado desde febrero pasado. El gobierno se fue acercando en muchos de los reclamos, incluso en buscar formas "elegantes" de afectar lo menos posible --en cuanto a la cobertura institucional y social-- a los policías acusados de delitos. El problema insalvable, hasta anoche, era la cuestión salarial. El ministro de Gobierno, Félix Pesce, explicó el inconveniente en términos muy concretos: "El gasto en salarios hoy es de 93 millones de pesos y si accedemos a lo que piden nos iríamos a 230 millones". Fuentes del gobierno aseguraban que "la plana mayor de la institución responde a sus mandos naturales". En ese esquema incluyen, obviamente, al jefe y al subjefe, Eugenio Justo Araujo, a los comisarios Pedro Sánchez, Rolando Olarte, Carlos Adrián Cano, Francisco Manino y Carlos Rico, titulares de las cinco unidades regionales, y a "todos los comisarios en actividad". Otras fuentes estimaron que se trata de una "movida" interna que estaba al acecho y que sólo esperaba un hecho desencadenante como el asesinato del agente Castillo. Los amotinados pedían anoche, en forma irónica, por la presencia de las entidades de derechos humanos. "Para ellos no existimos", afirmaban. La rebelión policial tendría como uno de los ejes la resistencia a la decisión del gobierno provincial, tomada el 29 de setiembre, de ordenar que se siga la investigación de la desaparición del joven Christian Guardatti. Por algo, antes de instalarse en la carpa azul, los policías marcharon con las manos esposadas, como eternos sospechosos que son. Lafalla afirmó anoche que los policías en "huelga" son 1500, pero en los hechos ayer fue un día de franco para casi todos los 5500 hombres de la repartición. La resolución del caso parece ir más allá de los 13 puntos planteados en el reclamo. Informe en Mendoza: Emilio Vera da Souza.
UNA FUERZA ACUSADA DE DESAPARICIONES Y MUERTES Por Cristian Alarcón
El reclamo actual de la mendocina no se diferencia en nada al que a través de particulares comunicados venían haciendo. En octubre del año pasado el comando Moral, Dignidad y Verdad Policial, pedía aumento y reivindicaba el legado "duro" del brigadier Julio César Santuccione, al mando de la fuerza durante la dictadura, una suerte de Ramón Camps cuyano. "Estamos estudiando la forma de hacerles a nuestros jefes una transfusión de sangre de Santuccione", casi ironizaba su reivindicación. El ex subjefe Medina se considera heredero de Santuccione. Igual que el comisario Hugo Trentini, preso porque habría sido él quien ordenó que después de golpear salvajemente a Sebastián Bordón se lo dejara morir sin comida ni atención médica hasta tirar su cuerpo en un barranco para simular un accidente. Fue con los métodos de Santuccione que policías mendocinos desaparecieron a los jóvenes Adolfo Garrido (31), Raúl Baigorria (28) y Guardatti y asesinaron a Sebastián Bordón. Los primeros iban a un partido de fútbol cuando los detuvieron ante un camión completo de hinchas y una vecina de testigos. Los familiares recorrieron todas las comisarías de Mendoza sin respuestas. Los dos primeros años de investigación se archivó un testimonio vital y los propios investigadores aportaron decenas de pruebas falsas. Nunca hubo condena. Cristian Guardatti (21) fue detenido ante varios testigos por un policía que había cumplido "servicios adicionales" en la fiesta de la que salía, en el barrio La Estanzuela. Fue llevado a la comisaría y luego su cadáver pasó por el hospital Lagomaggiore para después desaparecer. En la primera instancia hubo condena para los oficiales de la seccional. Luego la Cámara del Crimen los liberó. La CIDH consideró probada la participación de uniformados y llamó la atención del gobierno por la falta de justicia en ambos casos. Hasta ayer el Ejecutivo buscaba un "hombre democrático" para reabrir la investigación interna del caso Guardatti y privar a los asesinos de su sueldo y rango. Avance imposible desde ayer.
El pedido de auxilio a Corach Por D.S.
Lafalla se comunicó con Corach al mediodía. Aún tenía la esperanza de solucionar el conflicto y por eso solicitó informalmente que se "vaya preparando a los gendarmes", pero que todavía no se dispusiera su envío. Los uniformados pasaron horas en la base de El Palomar. Finalmente, cuando la tarde expiraba y las negociaciones no prosperaban, un grupo de 360 efectivos partió en dos aviones Hércules rumbo a Mendoza. El equipo de "ayuda" contó además con 250 gendarmes extras llegados desde Córdoba y para hoy se esperan dos nuevos contingentes, uno proveniente de Buenos Aires y otro integrado por efectivos que serían trasladados desde sus destinos en zonas cordilleranas hacia la capital del sol y del buen vino. El deseo de Lafalla es tener alrededor de mil efectivos movilizados en la provincia. El pedido de gendarmes, que el gobernador formalizó por la noche en un escrito, obliga a la formación de un comité de crisis, que por la Ley de Seguridad Interior deberá estar integrado, entre otros, por el solicitante, en esta caso Lafalla, y el propio Corach. Fuentes del gobierno provincial aseguraron a Página/12 que la posibilidad de que los efectivos repriman es "mínima" y que sólo se podría llegar a esa situación "en un caso extremo".
La averiguación de antecedentes en el banquillo de los acusados
Por Irina Hauser
Jonte y Oliveira están procesados y sus bienes embargados por decisión de la Cámara del Crimen. Ahora el caso y la decisión final están en manos del Tribunal Oral 27, integrado por Jorge Soriano, Víctor Pettignari y Raúl Aragón, quienes ayer escucharon desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 22 los testimonios de los dos policías acusados, los tres denunciantes y una decena de testigos. Los policías podrían recibir una condena de uno a cinco años de prisión y una inhabilitación por el doble del tiempo de la pena. Los abogados del CELS y los denunciantes están más preocupados porque "la condena pese institucionalmente sobre la policía". La causa penal se inició el 14 de agosto de 1995. Dos días antes, cerca de las cuatro de la tarde, Martín Folini, Gabriel Puricelli, y Gustavo Faskowicz fueron detenidos en la puerta de la Rural. Los policías se ampararon en su facultad de detener por "averiguación de antecedentes". Los jóvenes dicen que se violaron sus derechos: "aunque los oficiales se basen en la Ley Orgánica de la Policía, que permite la averiguación, no incurrimos en ninguna situación sospechosa que la justificara", explicaron a coro a Página/12. Por la sala de audiencias pasaron ayer los legisladores frepasistas Aníbal Ibarra y Eduardo Jozami. También estuvo la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, cuyo ingreso motivó la instantánea retirada de cinco policías de azul que estaban entre el público. Según relataron los tres militantes del Frente Grande a este diario y ante el Tribunal, desde la mañana de aquel día de agosto planeaban expresar su rechazo al gobierno de Carlos Menem cuando hiciera su discurso. Habían preparado remeras con la frase "Menem 1995 = 18,6%" (la cifra de desocupación). Para terminar los preparativos se reunieron en un local de McDonald's de Plaza Italia. Cuando cruzaron para entrar a la exposición, en la puerta detuvieron a Folini (pese a mostrar su documento) y a otros cuatro compañeros (Luis Cúneo, Juan Cruz Nocce, Silvana Peker y Mariana Krauze) y los llevaron a la comisaría 23ª, "visita" que no superó los 30 minutos. Ellos sostienen que dos hombres de civil los venían siguiendo desde la hamburguesería. Pudieron ver que uno portaba un arma, el otro fue el que los marcó en el ingreso al predio. La sorpresa mayor vino a la tarde. Folini afirmó ante el Tribunal que luego del episodio de la mañana, que terminó abortando los planes de protesta, se reunió con varios periodistas en un pabellón que suele usarse como sala de prensa para denunciar la curiosa detención que había protagonizado. Después, emprendió la retirada junto con Puricelli y Faskowicz por una de las salidas secundarias de Avenida Santa Fe. Una vez en la calle los dos oficiales acusados efectuaron la detención y el traslado otra vez a la 23ª. Los tres denunciantes coinciden en que nunca les aclararon el motivo y que los habían estado siguiendo todo el día. La rueda de declaraciones de ayer fue inaugurada por el oficial Jonte, de 39 años, seguido por su colega Oliveira, de 34 años. Luego de trazar un croquis en un pizarrón, Jonte recapituló: "Observé a un grupo de cinco o seis jóvenes que no me coincidían con el común denominador de la gente. Iban y venían. Uno tenía un bolso. Bajo la hipótesis de un atentado o un delito menor, aviso al comando de la Superintendencia (de Interior). Uno de los muchachos me mira, se produce un comentario y se dispersan. Después de cruzar uno de los galpones salen del predio y yo me identifico". A Jonte le bastó la sospecha, dijo, para detenerlos "con el fin de establecer identidad". Ese movimiento que despertó dudas al oficial que aquel día vestía saco y corbata es lo que los jóvenes identifican con el momento de declaraciones a los medios. Para Folini lo curioso era que ya había ido a parar a la mañana en la misma comisaría y que mostró su cédula de identidad cuando fue solicitada. "Me llevaron igual, aunque se los dije", contó. Los otros dos denunciantes no llevaban documentos. Antes del recreo del mediodía de ayer declaró Folini, que es querellante en la causa. A la tarde, testificaron varios policías. El encargado del operativo de día en cuestión, Humberto Paredes, deslizó algunas contradicciones con sus pares. Cuando se le preguntó si la detención fue incorrecta levantó los hombros y no dijo nada. Luego sostuvo que lo que cada policía considera sospechoso es algo subjetivo. Faskowicz y Puricelli, declararon como testigos (en carácter de denunciantes). "Lo que intentamos discutir es el uso de las facultades. Este y otros casos muestran la violación sistemática de la libertad pero también parte de la ineficacia de la policía en sus funciones de prevención. Detienen para investigar en lugar de investigar para detener", explicó a Página/12 Gastón Chillier, abogado del CELS. Un estudio de esta entidad hecho en 1995 mostró que de 2700 detenciones realizadas en todo Buenos Aires, sólo siete resultaron casos con pedido de captura judicial. El CELS y Human Rights Watch presentarán hoy un informe sobre inseguridad policial y violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina.
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