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En las calles de Santiago compitieron con sus manifestaciones la izquierda y la derecha, y la policía reprimió a ambos. Entre tanto, gobierno, pinochetistas, militares y oposición izquierdista planean cada uno su estrategia sobre el futuro de Pinochet.
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El acto había comenzado a las 19, hora local, en la Plaza Italia, sobre la Alameda, pero bastantes cuadras alejado de La Moneda. Serían unos cinco mil jóvenes con pancartas de la Juventud Comunista, Partido Humanista o Movimiento por la Dignidad. Gran parte de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que hubiera querido festejar, prefirió no hacerlo por temor a la fuerte polarización que genera el tema de la detención de Augusto Pinochet. Pero eso motivó que se sumara mucha gente cada vez que se armaba un grupo de jóvenes que ya venía mojado y gaseado de otra esquina. Otros miraban en silencio, o se mantenían en los cafés y restaurantes sin siquiera prestar atención a lo que sucedía. Y muchos también observaban con cara de disgusto. Pero la calle era de los muchachos que se divertían con el agua de los hidrantes y los gases y gritaban "¡Pinocho reculeao!" o "¡El que no salta es Pinochet!", provocando el festejo de algunos transeúntes. "Gritá, gritá con ganas, Pinocho está en la cana!", se desgañitaban hasta que el hidrante aparecía de sorpresa como un juego y todo el mundo salía corriendo, sobre todo cuando los grupos comenzaron a aparecer por peatonales al estilo de Florida. Corrían señoras con peinado de peluquería, señores de traje y corbata y dos estatuas de los reyes de España. Las dos estatuas iban a la velocidad de la luz y dejaban marcas blancas en el piso porque chorreaban pintura con el agua. La represión había comenzado cuando los participantes del acto en Plaza Italia intentaron manifestar por la Alameda para llegar hasta la Cancillería. Llevaban un cartel que decía : "Gracias Lady Di por el favor concedido" y otro más grande : "La alegría del pueblo es la vergüenza del gobierno". Avanzaron una cuadra y fueron detenidos por la Guardia de Infantería. Desde la columna contestaron con piedras y pintura amarilla y roja --supuestamente por los colores de la bandera de España-- y allí intervinieron los hidrantes y lanzagases. Una parte logró sobrepasarlos y avanzar y otro grupo grande se quedó en la plaza. Los pequeños actos comenzaron a extenderse por la Alameda hasta el cierre de esta edición. En distintos incidentes se produjeron disparos de armas de fuego y bombas molotov contra un vehículo policial y habría varios detenidos. A la mañana unas cien señoras muy paquetas habían manifestado frente a las embajadas de España y de Gran Bretaña para expresar su repudio por la detención del anciano ex dictador. Las sedes diplomáticas están en la zona de Las Condes, a sólo dos cuadras de distancia, en un equivalente de lo que sería avenida Libertador a la altura de Palermo. Las señoras, todas impecables, estaban encabezadas por la senadora Evelyn Mathei, de la derechista Unión Democrática Independiente y las diputadas también derechistas Pía Guzmán y Rosa González. Las señoras llevaban banderitas chilenas e hicieron una sentada sobre la avenida Apoquindo. A los carabineros que custodian las embajadas les dieron besos y les hicieron cosquillas. Por la noche, mientras en el centro festejaban la detención de Pinochet, un grupo de unos cincuenta jóvenes de la zona arrojaron piedras y huevos contra las embajadas, los autos y ómnibus que circulaban. También hubo enfrentamientos con los carabineros y se produjeron detenciones. Al mediodía otra marcha de la Asamblea de los Derechos Humanos y la Comisión Intersindical pidió la renuncia del canciller José Miguel Insulza por la ayuda que el gobierno presta a Pinochet. También hubo festejos en los tribunales y marchas estudiantiles más chicas. Los legisladores de la derecha se declararon en huelga en protesta por la detención del ex dictador y los intendentes de las localidades de Providencia y Las Condes quitaron los estacionamientos de las embajadas de España y Gran Bretaña y ordenaron que no se levante la basura de las sedes diplomáticas. Pero el intendente de Pudahuel les ofreció un camión basurero para evitarles el problema. En el gobierno y la alianza política de socialistas y demócratas cristianos se plantea una amplia gama de posiciones. Desde el apoyo incondicional de la posición del presidente Eduardo Frei de defender la inmunidad diplomática de Pinochet, hasta sectores socialistas que reconocen el derecho de España de juzgar al dictador, pero no se oponen a la decisión del gobierno. Entre esas dos posiciones se mueven los dos precandidatos, el socialista Ricardo Lagos y el democristiano Andrés Zaldívar.
LOS PINOCHETISTAS SE REPROCHAN ENTRE SI LA
DETENCION DEL TATA Por LB desde Santiago de Chile
La ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga, fue la más dura al acusar al general Torres, pero también desde el seno del Ejército se escucharon voces que apuntaban responsabilidades en el entorno pinochetista. "En una opinión muy personal, creo que hubo una falla en asesoría, son cosas que se pueden prever y hay que evitarlas", expresó muy circunspecto el brigadier general Hernán Ramírez, comandante de la Tercera División del Ejército, el primer alto oficial que hizo un comentario público sobre la situación de su ex comandante en jefe. El brigadier general dio su respaldo a las declaraciones del presidente Eduardo Frei. Según Madariaga, el general Torres quebró la línea que se había impuesto el pinochetismo de negar jurisdicción a la justicia española, y viajó a Madrid para presentar documentación favorable a Pinochet ante el juez Manuel García Castellón, quien tenía a su cargo la causa por los ciudadanos españoles desaparecidos durante la dictadura en Chile. A su regreso, Torres se entrevistó con Pinochet para asegurarle que el juicio estaba clausurado. Lo que el general fiscal auditor general del Ejército no había tenido en cuenta eran las derivaciones de la otra causa que llevaba el juez Baltasar Garzón. A principios de setiembre, el anciano dictador estaba abatido por los dolores de columna. Por lo menos una vez por semana asistía al Hospital Militar a practicarse controles y medicarse, pero los agudos dolores que sufría no disminuían pese a los fuertes sedantes. Finalmente debió decidir entre no operarse y quedar postrado en una silla de ruedas o consultar otra opinión en el extranjero. A partir de esa decisión comenzaron las gestiones y trámites a cargo de sus partidarios y amigos que gracias a la Constitución de 1980 manejan puestos claves y tienen los suficientes privilegios como para garantizar que la suerte de su líder no quedara en manos de los partidos democráticos del gobierno. La derecha pinochetista, cuya actitud cultural es similar a la de los antiperonistas más recalcitrantes de la Argentina de varias décadas atrás, transformó en indignación el primer momento de desconcierto. Y la indignación aumentó por la impotencia. La vía diplomática está prácticamente agotada, entonces discuten opciones políticas y jurídicas, pero cualquiera de estos caminos implica mucho tiempo. El veterano senador demócrata cristiano, Gabriel Valdez, dijo que estaba dispuesto a defender los derechos del senador vitalicio, "pero me opongo --agregó-- a que esto se discuta como si Pinochet fuera una persona intocable". La poderosa Confederación de la Producción y el Comercio, un equivalente de la UIA argentina, se reunió para discutir la situación. Sus dirigentes emitieron declaraciones de apoyo a Pinochet, pero al mismo tiempo advirtieron que no se pueden tomar medidas contra las relaciones económicas de Chile con España y Gran Bretaña. Al parecer, la vía por la que empieza a inclinarse la derecha es poner el acento en el estado de salud del ex dictador y muchos de los medios locales han planteado esta información en términos dramáticos.
LAS CAUSAS POR CHILE Y POR ARGENTINA SE REUNEN Por José Yoldi Desde Madrid
García-Castellón comunicó su decisión al fiscal y a las partes en el proceso y al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, anunció ayer martes que recurrirá la decisión, aunque agotará el plazo legal de tres días para hacerlo. No obstante, fuentes de la Audiencia señalaron "en el momento en que aparece el 'Operativo Cóndor', no tiene sentido que haya dos sumarios" y agregaron que la decisión de García-Castellón es ejecutiva, aunque el fiscal puede recurrirla. El auto dictado por García-Castellón destaca que la causa que él instruía se inició el 5 de julio de 1996, tras una denuncia de la Asociación Progresista de Fiscales y una querella de la Fundación Presidente Allende, por delitos de genocidio y terrorismo contra Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leight, César Mendoza, Fernando Matthei y Rodolfo Stange, entre otros. Sin embargo, precisa que el sumario que tramita Garzón se inició como consecuencia de una querella presentada por la Asociación Argentina de Derechos Humanos de Madrid e Izquierda Unida, también por delitos de genocidio y terrorismo por los desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1983, contra Jorge Rafael Videla y 95 militares más. Esta querella fue admitida el 10 de junio de 1996, es decir un mes antes que la del juzgado de García-Castellón. El hecho que conecta ambos casos es que Pinochet figura como denunciado a raíz del "Operativo Cóndor" y que la investigación que sigue Garzón se amplió a los acuerdos entre los denunciados que "tenían como finalidad llevar a cabo de manera concertada actividades tendientes a la eliminación de personas y grupos de personas por razones diversas, entre ellas las ideológicas". El elemento común de ambas investigaciones, según el auto de García-Castellón, es "la aparición en ambas, como denunciado, de quien ostentó la máxima responsabilidad en Chile en el período indicado, el general Augusto Pinochet". El pleno de la Sala en lo Penal se reunirá la próxima semana para pronunciarse sobre la competencia española para enjuiciar los casos de genocidio en Chile y Argentina. El fiscal Pedro Rubira, por su parte, recurrió el primer auto de Garzón y pidió su nulidad por falta de competencia y porque no se le notificó la orden de detención internacional.
EN ESPAÑA ANALIZAN COMO SERIA LA EXTRADICION Por Manuel Pereiro desde La Coruña
El fiscal general afirmó tener también para estudio la petición de la Unión Progresista de Fiscales acerca de que los fiscales de la Audiencia Nacional Fungairiño, Rubira y Peláez sean apartados de la tramitación de los sumarios de Chile y Argentina: "Lo han pedido, pues bien, lo estudiaré, pero la abstención es una cosa regulada y habrá que ver si es ajustada o no". Cardenal atribuyó el retraso en el análisis del caso Pinochet por parte la fiscalía general del Estado a que "nos enteramos de una forma un tanto sorpresiva", pero negó que eso vaya a suponer "ningún tipo de demora" en el procedimiento. Jesús Cardenal quitó sin embargo importancia al argumento del recurso de la fiscalía de la Audiencia de que debería ser el Tribunal Supremo el órgano judicial que interviniese en la causa contra el ex dictador detenido en Londres. "Se ha planteado que sea el Supremo por reciprocidad, porque Pinochet es senador en su país y aquí tendría la condición de aforado, pero eso no tiene mayor alcance", comentó. Tampoco le ve mayor gravedad a la petición de Izquierda Unida de que comparezca en el Parlamento. Apenas media hora después de la comparecencia de Cardenal ante los medios de comunicación, el alcalde coruñés, el socialista Francisco Vázquez, recordaba a los mismos interlocutores que "el fiscal general del Estado refleja los criterios del gobierno, que asegura que va a respetar la ley. Aquí hay personas en la cárcel precisamente por ese respeto del gobierno a la ley. Lo malo de ser presidente es que es algo más que andar de cumbre en cumbre, y hay que pronunciarse cuanto antes".
Menem promete darle una mano a Frei
Di Tella anticipó la posición que asumirá el Gobierno al ser consultado por periodistas ingleses sobre el arresto de Pinochet en Londres. Dijo que la Argentina "será solidaria" con lo que decidan los chilenos, aunque evitó precisar en qué consistiría esa "solidaridad". Tampoco abandonó la estrategia de diferenciación con Chile que desplegó el oficialismo: repitió, en forma textual, las palabras de Corach acerca de que "ése es un problema de Chile, Inglaterra y España" y sostuvo que la Argentina "propicia el respeto a los derechos humanos, pero también que se haga justicia". Sobre las razones del alineamiento con Chile, Di Tella nada dijo de las órdenes de captura libradas contra asesinos y torturadores argentinos por el juez Garzón, el mismo que pidió el arresto de Pinochet. Explicó que "las naciones que fueron colonias, como Argentina y Chile, tienen una enorme sensibilidad en relación con la justicia extraterritorial porque durante siglos se aplicaron códigos de ultramar". En tren de justificaciones, recordó que "éramos juzgados por jueces de la potencia imperial" y señaló "ahora los países que se independizaron no reconocen ese criterio y creemos que debemos ser juzgados por nuestros propios jueces". "Para evitar irritar esa sensibilidad" Di Tella consideró necesaria la creación de una Corte Internacional, como lo "viene impulsando" Menem. Corach, en cambio, no fue tan atrás en el tiempo, cuando al salir de su casa los periodistas le preguntaron si Jorge Videla podía ser detenido en caso de salir de Argentina. "No puedo afirmar ni negar, lo que digo es que no debería", manifestó acerca de esa posibilidad. "Lo que estamos señalando --agregó-- es que el principio del respeto se basa en los principios de cosa juzgada. Si usted comete un delito en la Argentina, es juzgado en la Argentina y no puede ser juzgado por ese mismo delito en ningún otro lugar."
Para que Pinocho no se escape por la tangente
Por Marcelo Justo desde Londres
La apertura de estos juicios en Gran Bretaña impediría que el general Pinochet aprovechara una cobardía diplomática española, o algún subterfugio legal británico para darse a la fuga. En 1994 y 1995 Pinochet logró abandonar Gran Bretaña antes de que la policía metropolitana completase la investigación para determinar si había suficientes pruebas para que la Justicia contemplara la posibilidad de una acción legal. Amnistía espera que esta vez el adjetivo "urgente" acelere el trámite. Según la sección 134 de la ley de Justicia Criminal de 1988, que incorpora la convención de las Naciones Unidas contra la tortura a la legislación nacional, Gran Bretaña puede juzgar a Pinochet por el delito de tortura aunque haya ocurrido en Chile y no en el Reino Unido. "Este caso cobraría especial importancia si el procedimiento de extradición fracasa o si el ex presidente Pinochet queda libre por alguna razón mientras el proceso está en marcha. El asunto está ahora en manos de la policía", indicó a Página/12 Andy McEnty. La querella privada que se inició ayer con el apoyo del movimiento Chile Democrático también se encuentra en manos de la policía. Chile Democrático indicó que tiene suficientes pruebas para demostrar la complicidad de Pinochet en el asesinato de súbditos británicos y europeos en Chile. El caso de William Beausire, que se ha convertido de la noche a la mañana en un caso célebre en Gran Bretaña, forma parte de ambos procesos. Beausire era un corredor de Bolsa con doble nacionalidad víctima de un "desafortunado" azar familiar: su hermana Mary Ann se enamoró de Andrés Pasal Allende, sobrino de Salvador Allende. Consciente del peligro que corría, en noviembre de 1994 Beausire tomó un avión a Buenos Aires donde fue secuestrado y enviado de regreso a Chile. "Nosotros tenemos un testigo que estuvo preso con William Beausire y que lo vio hasta que se lo llevaron", señaló a Página/12 Carlos Reyes Manso. La celeridad con que se proceda en ambos casos será fundamental. Al gobierno español le quedan 35 días para presentar su pedido de extradición. Si no lo hace en este período Pinochet recuperará la libertad a menos que la policía y la Justicia británicas hayan determinado que hay pruebas suficientes para proceder con el pedido de Amnistía Internacional, la Fundación Redress, la Fundación para el Cuidado de las Víctimas de Tortura y los familiares de William Beausire, y el caso paralelo presentado en forma privada con el apoyo de Chile Democrático. Si la policía británica encuentra que las pruebas son lo suficientemente sólidas para iniciar una acción legal, someterá el caso a la Crown Prosecution Service (CPS: Servicio Fiscal de la Corona) que debe determinar si las pruebas reunidas tienen posibilidades de terminar con éxito en una condena y, segundo criterio crucial, si está en el "interés público" proceder con el juicio. Al igual que en el caso de la policía, una demora del CPS arrojaría una luz poco halagüeña sobre el funcionamiento de la Justicia inglesa, que viene siendo cuestionada tras una serie de fallos errados que terminaron con inocentes presos durante más de una década. Sin embargo, ya han surgido en la poderosa prensa conservadora británica voces que elogian a Pinochet porque "arregló" la economía nacional y salvó a Chile del caos, y recuerdan que el general es un viejo amigo de Gran Bretaña a la que ayudó durante la guerra de Malvinas. "Los chilenos que han sido grandes aliados británicos desde que nuestra armada los ayudó a asegurar su independencia en 1821", indica el editorial de ayer del Daily Telgraph, el matutino más leído de la prensa "seria" británica, "obtienen ahora esta despreciable retribución de nuestra parte. El hombre que sirvió como jefe de Estado durante 17 años, y asistió a Gran Bretaña durante el conflicto de las Falklands ha sido arrestado por un Estado que le dio la bienvenida como un visitante diplomático". La prensa del magnate australiano Ruppert Murdoch se declaró en favor de la cautela. En su editorial del lunes el The Times reconoce que Pinochet tiene las manos manchadas de sangre, a la vez que critica al Foreign Office por poner en peligro las excelentes relaciones bilaterales con Chile, y concluye que Jack Straw, el ministro del Interior, quien tiene la última palabra en caso de que España proceda con el pedido de extradición, "deberá ser un diplomático más competente que la mayoría de los profesionales que han actuado hasta el momento". Ayer, a través del amarillo The Sun, la maquinaria Murdoch redobló la apuesta. Bajo el título de "¿Así teníamos que tratar a un amigo?", elogia a Pinochet, recuerda su firme apoyo durante la guerra de 1982 y concluye en tono conspirativo: "¿La detención del general Pinochet estará relacionada con la visita que inicia a Gran Bretaña la semana próxima el presidente Menem?".
LA DERECHA CHILENA EN PEREGRINACION A LONDRES Por M. J.
--¿Cómo encontró al general Pinochet? --Naturalmente me interioricé de su estado y sé que lo ha afectado la situación en que se encuentra. Quisimos manifestarle nuestro apoyo. --¿Qué se plantea conseguir la delegación con esta visita? --Es evidente. Representamos a un 42 por ciento del electorado y de partida queremos apoyar la gestión que está haciendo el gobierno chileno. Hay un país que ha visto su dignidad como nación mancillada a raíz de esta acción de Interpol o de la policía inglesa. Creemos que esa acción ha provocado una profunda división en Chile y que el Estado inglés está provocando una destrucción de la unidad nacional que se ha ido construyendo con tanto esfuerzo. En segundo lugar, Chile ha tenido una muy buena relación con Inglaterra y otros países europeos y nos preocupa que esta situación provoque un alejamiento. Y en tercer lugar está el respeto por la inmunidad diplomática, un problema que Inglaterra no tiene en cuenta, pero que para nosotros constituye un problema muy delicado. --¿Lograron hablar con algún miembro del gobierno o del Parlamento? --Hay una serie de reuniones que están tomando lugar. Yo voy a participar de una reunión con la comisión de relaciones exteriores del Parlamento. Hay convenios de carácter internacional que deben cumplirse. --Sin embargo la posición oficial es que se trata de una cuestión policial y judicial. --No parece que esté resuelto el tema de la Interpol y la Justicia. Hay muchas cosas pendientes. Ya España está reconociendo un hecho que es real, que toda acción que corresponda a la participación de otros estados debe surgir de una disposición del Estado español. El Estado español se reunirá para expedirse sobre este tema en los próximos días. --Usted espera que el Estado español en definitiva no siga adelante con el pedido de extradición. --En España existe otro elemento. Hay una disposición oral de un magistrado nacional que señala que no hay fundamentos para sostener una situación como la que ha planteado el juez, de apellido Garzón, creo. Y plantea que no hay antecedentes que el gobierno nacional haya recibido a los efectos de iniciar un proceso como el que se pretende iniciar. Es muy grave que se esté quebrando la unidad nacional en Chile. --¿Qué consecuencias cree que puede tener esto en Chile? --Chile ha ido logrando superar las vallas que se producen posteriormente a un gobierno militar. Soy senador electo de la primera mayoría nacional de los senadores de oposición, soy miembro de la comisión del Senado de derechos humanos desde 1990. Vengo de una reunión en China en la que todos los parlamentarios que estuvimos allí disfrutamos de todas las atenciones correspondientes a nuestra investidura. En fin, hay tantas cosas... que de repente aquí porque un juez español decide algo debilita a todos los países de América del Sur.
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