Por Marcelo Justo desde Londres
 Cuando la ex
primera ministra conservadora Margaret Thatcher pidió la inmediata liberación de
Pinochet en una carta que el The Times de Londres publicará hoy pero ya trascendió
anoche, parlamentarios británicos ya habían abierto un nuevo frente en la batalla
judicial contra el ex dictador. Thatcher deploró que traten de amigarse con Menem y se
olviden del verdadero amigo. La presidenta de la Comisión Parlamentaria de Derechos
Humanos de la Cámara de los Comunes, Ann Clywd, pidió al procurador general de la
Nación John Morris que estudiara la posibilidad de iniciar una acción legal contra
Augusto Pinochet por tortura en el marco de la ley de justicia criminal de 1988.
En la carta, Thatcher dice que “Chile, conducido en ese momento por el general
Pinochet, fue un buen amigo de nuestro país durante la guerra de las Falklands. Por sus
acciones la guerra se acortó y se salvaron muchas vidas británicas”. La ex primera
ministra conservadora admite que en Chile “hubo abusos en materia de derechos
humanos, pero el pueblo de Chile, a través de sucesivos gobiernos democráticos,
estableció cómo debía arreglárselas con el pasado”. Parte de ese arreglo es el
status de Pinochet, actual senador vitalicio, y según Thatcher no puede interferirse
desde el exterior “el delicado balance de la transición democrática”.
“La semana próxima –concluye la baronesa sin mencionar por su nombre a
Menem–, Gran Bretaña recibirá al líder democráticamente electo de un país que
invadió ilegalmente territorio británico, causando la pérdida de más de 250 vidas
británicas. Sería desgraciado pregonar la reconciliación con uno mientras se mantiene
bajo arresto a alguien que, durante aquel conflicto, hizo tanto para salvar a tantos
británicos.”
En un día vertiginoso, la comisión parlamentaria de derechos humanos de la Cámara de
los Comunes presentó por la mañana una moción que anticipaba los desarrollos
posteriores. Ahí expresaba que “esta Cámara recibe con beneplácito la detención
del general Augusto Pinochet en Londres a la espera de que sea interrogado por las
autoridades judiciales españolas”. La moción condenó también “su brutal
dictadura que significó la tortura, desaparición y muerte de miles de personas” y
urgió al gobierno de su majestad a “que asista a las autoridades españolas en su
pedido”. Más crucial aún la moción solicitó que el fiscal general del Estado
“inicie una acción legal contra el general Pinochet bajo el acto de justicia
criminal de 1988”.
La moción generó un fuerte rechazo de sectores conservadores de la Cámara que, además
de sus afinidades ideológicas y políticas con el general, intuyen que el gobierno
británico está sentado sobre una bomba político-diplomática. Mientras 31 diputados
laboristas y liberaldemócratas la apoyaban, 11 conservadores y unionistas del Ulster
(protestantes de Irlanda del Norte) introducían una enmienda en la que exhortaban al
gobierno de Tony Blair a “acceder al pedido de las autoridades chilenas para que el
senador Pinochet regrese a su país apenas esté físicamente capacitado para
hacerlo”. Al grupo de parlamentarios que se oponen al arresto de Pinochet se
añadieron pronto figuras de peso en la escena política inglesa como el último canciller
conservador, Malcolm Rifkind. “El general Pinochet debe responder a sus presuntas
violaciones a los derechos humanos en Chile o ante una Corte Internacional de Justicia. No
en Gran Bretaña o España”, indicó Rifkind a la prensa.
Una delegación de 11 senadores, diputados y diplomáticos chilenos ayudó a activar a una
derecha británica que seguía atontada por la derrota sufrida en las elecciones generales
del año pasado. Las aceitadas relaciones entre chilenos y británicos se retrotraen a la
coincidencia ideológica de los 70 (monetarismo de Milton Friedman y acérrimo
anticomunismo) y, sobre todo, al apoyo que recibió Thatcher durante laguerra de Malvinas.
Ayer la delegación chilena redobló la apuesta solicitando en una conferencia de prensa
en la embajada chilena la pronta libertad de Pinochet en razón de su edad (82) y estado
de salud. “Nosotros creemos que sería muy peligroso y generaría profunda
inestabilidad en nuestra nación si el estado de salud de Pinochet se agravara o si
incluso muriera aquí”, indicó Angélica Cristie del derechista Partido de
Renovación Nacional.
El embajador chileno en Gran Bretaña, Mario Artaza, se reunió ayer por segunda vez en la
semana con Peter Westmascotte, director de América en la Foreign Office. En el encuentro,
que se extendió durante 50 minutos, el embajador Artaza intentó persuadir a la
cancillería británica de que Pinochet debía gozar de inmunidad por haber ingresado en
Gran Bretaña con pasaporte diplomático. El embajador Artaza aseguró tras la reunión
que las gestiones continuarían, mientras que un portavoz de la Foreign Office indicó a
Página/12 que la posición gubernamental no había cambiado. “Peter Westmascotte
reiteró que el pasaporte diplomático del general Pinochet no le ofrece inmunidad
diplomática y que su arresto se basa enteramente en fundamentos legales”, señaló
el portavoz.
Sumido en una tormenta político-diplomática que quizás no anticipó, el mismo primer
ministro Tony Blair decidió subrayar ayer el carácter puramente legal del arresto de
Pinochet. En declaraciones publicadas por el francés Le Monde y el español El Mundo,
Blair indicó que “el arresto es el resultado de un proceso judicial iniciado por un
magistrado español y transmitido a nuestra policía metropolitana por la Interpol. Es
simplemente la unión de dos sistemas judiciales, el británico y el español, ligados por
un tratado de extradición. No es una decisión gubernamental porque eso equivaldría a
una interferencia del gobierno en el proceso judicial”.
Pocos creen en esta total asepsia política de un caso que ha conmovido al mundo entero.
El diputado de la izquierda laborista Tony Ben delineó las fuertes presiones nacionales e
internacionales que está sufriendo el gobierno de Blair. “El gobierno conservador de
Margaret Thatcher apoyó a Pinochet y el de Estados Unidos financió el golpe de Estado.
Ninguno de los dos quiere que el caso prospere. Si el general declara ante el juez
español, podría revelar el apoyo que obtuvo de ambas partes”, indicó Ben.
El sacudón de la
señora
Por martin Granovsky
Menem llegará a Gran Bretaña el martes en una visita de Estado que bien podría tener
su página web: se actualiza y cambia a medida que pasan las horas.
Hasta la semana pasada, la visita de Menem era una. Y fácil.
Desde que Pinochet quedó arrestado es otra distinta. Difícil.
El programa original era bucólico. Menem demostraría a los británicos que no todos los
presidentes son iguales a Galtieri, almorzaría con la reina, mencionaría tenuemente a
Tony Blair la soberanía sobre las Malvinas, se regocijaría por el buen trato del
establishment financiero y pasaría un sábado de golf en Escocia.
La detención de Pinochet interrumpió la siesta porque colocó los derechos humanos en
América latina como tema de discusión entre los políticos del Reino Unido. Menem no es
Pinochet –un presidente democrático no es un dictador fascista– pero los
británicos ya saben que la causa del juez Garzón contra él se basa en el Operativo
Cóndor, que coordinó la represión en Sudamérica. Aunque la Argentina juzgó a sus
comandantes, al revés de Chile, y aunque Jorge Videla está bajo arresto, los mismos
parlamentarios británicos que ayer pidieron un juicio propio podrían recordar la
Obediencia Debida, el Punto Final, los indultos. Y las causas contra Bussi, Massera o
Astiz. La cuestión de los derechos humanos quedaría reforzada si Garzón viajara a
Londres para interrogar a Pinochet o Hebe de Bonafini decidiera moverse de Madrid al Reino
Unido. Igual, la polarización entre los políticos ingleses por el tema parece
indetenible. Ayer, mientras Thatcher elogiaba a Pinochet, el propio Blair criticaba su
papel como gobernante.
Más aún: la comparación, por Thatcher, de Pinochet con Menem no es ideológica. Más
allá de sus simpatías por el capitalismo thatcheriano, Menem es el presidente de un
país que libró una guerra con el Reino Unido. Pinochet, otro thatcherista, es sobre todo
el ex presidente de un país que, lo dijo Thatcher, ayudó a que los ingleses pudieran
abreviar la guerra. De paso la baronesa lanzó una revelación, porque durante la guerra
de Malvinas el mismo Pinochet había proclamado su solidaridad: “La Argentina tiene
las espaldas bien cubiertas”, dijo en 1982.
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LAS VICTIMAS BRITANICAS QUIEREN DECLARAR EN LA
CAUSA
“Liberar a Pinochet es monstruoso”
Por M. J.
Sheila Cassidy, una
doctora británica secuestrada y brutalmente torturada por la policía secreta chilena, la
DINA, señaló a Página/12 que está dispuesta a prestar testimonio contra Pinochet si se
abre una causa inglesa. “Me arrestaron por curar a un hombre que tenía una herida de
bala y al que unos curas habían ofrecido refugio. Me picanearon toda la noche. Como parte
de la tortura, para facilitar la circulación de la corriente eléctrica, me introdujeron
la picana en la vagina”, señaló Cassidy. Como muchas otras víctimas de la tortura
Cassidy sufrió años de depresión e insomnio. “Hay una desesperada necesidad de que
se haga justicia. Hay mucha gente que piensa que dejar libre a Pinochet sería
monstruoso”, indicó Cassidy a Página/12.
El pedido al procurador general del grupo parlamentario de derechos humanos presidido por
Anne Clyw constituye un reaseguro para garantizar el procesamiento de las dos vías
británicas lanzadas esta semana con el objeto de asegurar que el general Pinochet sea
juzgado. Tanto la solicitud conjunta de Amnistía Internacional, dos grupos de derechos
humanos y la familia de uno de los desaparecidos británicos William Beausire, como la
querella privada lanzada paralelamente contra el dictador por Chile Democrático, dependen
de la celeridad con que la Policía Metropolitana inicie la investigación. Anoche, la
Policía Metropolitana se negaba aún a confirmar si se había iniciado una investigación
del caso de Pinochet. “La Policía Metropolitana recibió una carta de una firma
legal que actúa en representación de Amnistía Internacional en relación con el arresto
de Pinochet. No vamos a hacer más declaraciones al respecto”, indicó a Página/12
un vocero policial. Con su solicitud al procurador general, que está a cargo de velar por
la plena vigencia del Código Criminal, el grupo parlamentario de derechos humanos podría
acelerar el procesamiento de ambos casos. Dado que quedan 34 días para que España
complete el pedido de extradición y que la semana próxima podría expedirse
anticipadamente al respecto, el caso británico podría ser clave para impedir que el
general Pinochet quede libre si el gobierno de Aznar decide no proceder con el pedido.
“Hasta hace muy poco era un debate
jurídico”
Por Lila Pastoriza
A partir de anunciarse
que a fines de la semana entrante la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional española deberá decidir acerca de la competencia del juez
Baltasar Garzón sobre los represores argentinos y chilenos, comenzaron a correr los días
más calientes desde que se abrieron los juicios de Madrid. “Hasta hace muy poco se
trataba de un debate jurídico, pero ahora, cuando está en juego la suerte de Pinochet,
la presión, aunque tan sólo fuera la ambiental, es muy fuerte”, afirma Carlos
Castresana, titular de la Unión de Fiscales Progresistas de España. Los nueves jueces
que la soportan deberán tomar su decisión ante un gobierno que “quiere sacarse un
problema de encima”, en medio de una opinión pública masivamente favorable a juzgar
a Pinochet y frente a la mirada del mundo entero, conmocionado por un debate que parte las
aguas de un modo no tradicional.
El adelanto de la resolución sobre la competencia del juez Garzón es interpretado de
modo tan contrapuesto como los augurios acerca de su resultado. Algunos afirman que
responde a una presión gubernamental que cree que los magistrados negarán autoridad a
Garzón. Otros sostienen exactamente lo contrario. “Ante la trascendencia de la
extradición de Pinochet, la Sala acelera su momento de decisión para dejar sólidamente
establecida la competencia del Tribunal”, dijo a Página/12 Carlos Slepoy, abogado de
la acusación popular, optimista ante “esta decisión histórica”.
La Sala deberá pronunciarse frente al planteo de incompetencia hecho por los fiscales
Pedro Rovira y Eduardo Fungairiño.
Pero fue Carlos Castresana, el fiscal que unos días después del vigésimo aniversario
del golpe militar presentara la denuncia inicial contra los represores argentinos por los
delitos de genocidio y terrorismo, quien dio las mayores precisiones a Página/12.
–¿Por qué la Sala adelanta su decisión sobre la competencia?
–No podía ser de otro modo. A la vista de los acontecimientos, mantener el ritmo
normal, que llevaría unos dos meses más, no era razonable. Por sentido de
responsabilidad, la Sala debía pronunciarse ahora. Si no era así, ¿cuándo? ¿Lo haría
luego de decidirse la extradición?
–El jefe del gobierno, José María Aznar, declaró ayer que “quizás el
gobierno ni siquiera tenga que pronunciarse” sobre ese tema. ¿Cómo caracteriza
usted esta posición?
–Es clarísima. Se la puede deducir de declaraciones suyas anteriores, como la que
hizo hace un año al diario chileno El Mercurio cuando avaló las palabras con que el
fiscal Eduardo Fungairiño justificó los golpes militares en Chile y Argentina. La
posición del fiscal refleja la del gobierno, dijo entonces. Ahora sigue planteando lo
mismo, aunque intente quitarse el problema de encima, porque esquivarlo es una manera de
opinar... Ojalá que no deba pronunciarme, reitera el gobierno, cuando lo responsable es
manifestar su opinión sobre este tema...
–¿Usted piensa que hay presión sobre los magistrados de la Sala?
–Sin duda que la hay. Aunque tan sólo fuera la ambiental, la presión es muy fuerte.
Hasta hace poco esto era un debate jurídico. Ya no. Hay un gran arco, del centro a la
izquierda que apoya a los juicios y sectores cercanos al franquismo, como el caso de
Manuel Fraga, que los combaten... Sin embargo, hay que evaluar bien hasta qué punto puede
influir. Frente a argumentos como la situación diplomática o las inversiones españolas,
también incidirá que la comunidad internacional está mirando a España. Y es lo que
hemos querido desde un comienzo: crear un precedente de que las víctimas van a tener
justicia.
–En Argentina hay quienes hablan de “justicia imperialista”, al referirse a
los juicios de Madrid...
–Creo que esa apelación al nacionalismo en una circunstancia como la que se vivió
en vuestro país es engañosa... Lo que en realidad ocurre es que las víctimas
latinoamericanas son peor tratadas que las víctimas de hechos que ocurren en las naciones
europeas. Hemos querido brindar a lasvíctimas del genocidio argentino el espacio que no
tuvieron. Les ofrecemos la cancha, pero el partido lo juegan ustedes... ¿Qué gana
España con esto? Lo nuestro, lo que intentamos hacer, es un aporte a la comunidad
internacional. Y ojalá lo logremos.
EL JUEZ ACEPTO LA CAUSA DE LOS REPRESORES
CHILENOS
Garzón tiene más leña para el fuego
El juez
español Baltasar Garzón dictó ayer un auto por el que acepta el caso seguido contra el
ex dictador chileno Augusto Pinochet por genocidio, que le ha remitido su compañero
Manuel García Castellón. Por su parte, el presidente español José María Aznar lanzó
un mensaje de prudencia implícito a quienes esperan que el proceso continúe y agregó
que “quizás el gobierno ni siquiera tenga que pronunciarse”.
La causa por la que Garzón ordenó la prisión incondicional y la detención
internacional de Pinochet constaba ya de seis tomos relativos al Plan Cóndor, en el que
supuestamente los militares argentinos y chilenos coordinaron el secuestro y la
desaparición de ciudadanos de ambos países. Garzón ahora tiene intención de ampliar de
nuevo el auto de prisión contra Pinochet, incorporando los indicios que contra el ex
dictador se encontraban en la causa que tramitaba García Castellón y que se refieren
específicamente a los desaparecidos en Chile.
El magistrado no tiene intención de formalizar oficialmente su petición de extradición
antes de que la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la procedencia o no de la
jurisdicción española.
En presencia del presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, y a la espera del
líder cubano Fidel Castro, el presidente español invirtió los primeros minutos de su
intervención en la rueda de prensa conjunta en la detención de Pinochet. “Pido
respeto desde una democracia como la española, que no tiene cuentas con el pasado, para
todas las democracias hermanas de Iberoamérica, para las que hay y para las que puede
haber en el futuro”, dijo Aznar.
“Con el afán de que actúe la Justicia con los dictadores por abusos de poder, se
pueden poner en riesgo vidas humanas en aquellos otros países en los que perviven
dictaduras”, advirtió el mandatario, quien a su vez también fue advertido por la
izquierda española. El portavoz de Justicia e Interior de los socialistas, Juan Alberto
Belloch, pidió a Aznar que no se oculte tras “el respeto a la Justicia”.
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