Sánchez Reisse, final de cuentas para un caso con más de 20 años

La Justicia tiene los originales de una entrevista, avalada con su firma, en la que relata operaciones "contra la subversión económica". Las drogas y el secuestro de Combal.

Requerido por la familia, el periodista Juan Gasparini entregó a la Justicia los originales de un reportaje que le hizo en 1985 al ex represor y que éste corrigió y refrendó con su firma, así como la correspondencia que intercambiaron entonces, antes de fugarse de un penal suizo. "Es una verdadera confesión sobre su participación en los secuestros extorsivos", dijo a Página/12 el abogado Guillermo Combal. Gasparini, autor de La pista suiza también aportó elementos que vinculan a Sánchez Reisse con el narcotráfico y con el traslado y depósito en Suiza de archivos de la represión militar, cuestión, esta última, que ha motivado nuevas medidas del juez Baltasar Garzón, cuyos resultados aún no se conocen.

El financista Fernando Combal fue secuestrado en Buenos Aires el 8 de mayo de 1979 y liberado al día siguiente, luego de que su familia pagara un millón de dólares por el rescate. Un tiempo después, Sánchez Reisse sería encarcelado por la Justicia suiza a raíz de otro secuestro, el del banquero uruguayo Carlos Koldobsky. Pero en el caso Combal había logrado hasta ahora eludir la acción de la Justicia a través de múltiples vías, como insinuar que recordaba algo de lo mucho que sabía (cuando pretendían extraditarlo) o protagonizar una fuga espectacular. A principios de setiembre, la Corte revocó una decisión judicial de liberarlo y el doctor Eduardo Daffis Niklison resolvió mantenerlo preso hasta dictar sentencia. Desde entonces, Lennie --ahora desde el edificio Centinela de la Gendarmería-- maniobra buscando la prescripción de la causa, niega todo lo anteriormente dicho y se presenta como un colaborador en la lucha contra el narcotráfico.

Sánchez Reisse, para quien la Fiscalía pide 12 años de prisión como autor intelectual del secuestro extorsivo de Fernando Combal, relata en los originales aportados por Gasparini cómo se montaron las tareas de inteligencia y operaciones "contra la subversión económica" (que supusieron la realización de varios secuestros y el cobro de más de 40 millones de dólares como rescates) bajo la conducción del general Carlos Suárez Mason y las órdenes del coronel Raúl Alberto Gatica y de Raúl Guglialminetti.

"El relata cómo organizó el informe de inteligencia (que aportó los datos para los secuestros) --señala Guillermo Combal-- y cuando Gasparini le pregunta sobre su participación en el secuestro de mi padre, nunca la niega (aun sin reconocerla). 'Se arregla en la parrilla`, le responde." El abogado Combal, querellante en la causa, enfatiza la importancia de este documento para la producción de la prueba: "Sanchez Reisse corrigió esa entrevista y le puso el gancho. Gasparini logró que firmara su confesión".

Además de aportar esta documentación, el periodista explicó al juez que la detención del ex agente en Nueva York, en 1987, se debió a la comunicación hecha por Interpol Suiza de las señas y citas reveladas por tres narcotraficantes detenidos que lo sindicaron como su cómplice.

Un capítulo especial es el referido al destino de archivos y documentos sobre el accionar militar durante la dictadura que habrían sido trasladados a Europa en los comienzos del gobierno de Raúl Alfonsín. En Suiza, buscando eludir el pedido de extradición, Lennie dejó trascender que su superior Raúl Guglialminetti había depositado esos archivos en una caja de seguridad de ese país cumpliendo órdenes de Suárez Mason. Cuando es detenido en Estados Unidos y el 23 de julio de 1987, declara ante el Subcomité de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Senado norteamericano, Sánchez Reisse reitera y amplía aquella información y señala a otros militares del grupo como quienes pueden acceder a los archivos: los coroneles Roberto Roualdés, Raúl Gatica y Enrique Ferro. El nombre de Roualdés estaba incluido en la primera lista que el juez Baltasar Garzón envió a la fiscalía suiza y se descubrió que había una caja. Ahora, el magistrado español, a pedido del abogado Manuel Ollé, produjo el 30 de setiembre una "providencia" en la que solicita a las autoridades estadounidenses la copia de aquella declaración de Sánchez Reisse en el Senado y a la Justicia suiza que investigue si existen cajas de seguridad a nombre de Ferro y Gatica. Por el mismo tema, el juez Bagnasco tiene un pedido del fiscal Eduardo Freiler para que declare en la causa iniciada a pedido de seis abuelas sobre el destino de los niños nacidos en cautiverio.

BALZA SE EXCUSO EN EL CASO DE LOS DESAPARECIDOS
"Yo no tengo nada que aportar"

El general Martín Balza no ha podido romper el pacto de silencio que existe entre los militares para ocultar el destino de los desaparecidos. Aunque ofreció escuchar bajo reserva de identidad a sus subordinados que pudieran aportar datos sobre el tema, cuando declaró ante el juez Adolfo Bagnasco, quien investiga la existencia de un plan para apropiarse con los hijos de los desaparecidos, dijo que no tenía "nada que aportar".

El testimonio del jefe del Ejército fue presentado junto con otras declaraciones como prueba de la existencia del pacto de silencio entre los militares en causa en que se denunció la desaparición forzada de personas como un delito permanente.

La condición permanente del delito de desaparición forzada de personas se basa en que no se conoce el paradero de las víctimas y en que existe un silencio oficial sobre ese tema. Con este argumento, los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún manifestaron ante Literas que los indultos son eficaces para los delitos anteriores a su promulgación pero que, como el crimen se sigue produciendo, los militares indultados pueden ser acusados nuevamente.

Para demostrar la existencia del pacto de silencio, se presentó ayer ante el juez un informe de la Secretaría General del Ejército en donde se asegura que en las "acciones contrasubversivas la institución se desempeñó en su totalidad" y que los "efectivos fueron continuamente rotados". Según los abogados, dicha rotación selló el pacto ya que todos callaron por ser todos responsables. También se consideró el testimonio del ex jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Naval, Jorge Magnaco, quien manifestó que concurrió a atender detenidos en la ESMA sabiendo que debía "ver, oír y callar". En el escrito presentado ayer, los abogados solicitaron que se llame a declarar Roque Tedepino, quien fue jefe de inteligencia del Batallón 601 y, posteriormente, subsecretario de Seguridad Interior del Ministerio del Interior. Tedepino fue el encargado de entregarles la documentación existente sobre los desaparecidos a las autoridades democráticas.

PRINCIPAL