Página/12

PIDEN UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISION PARA LOS POLICIAS
Los que hacían trampa a la ley

Hoy dictarán sentencia contra Jonte y
Oliveira, quienes en 1995 detuvieron sin motivos a tres militantes del Frente Grande.

Jonte y Oliveira, los federales acusados, podrían ser condenados e inhabilitados por tres años.
“La ley vigente es clara; para detener a alguien debe haber circunstancias debidamente fundadas”, dijo el fiscal.

Por Irina Hauser

¿En qué situación puede ser detenida una persona? ¿Acaso los policías tienen un amplio margen para realizar sus propias interpretaciones? ¿Basta la sola sospecha sobre un potencial delito para hacer un arresto? Los interrogantes quedaron flotando ayer durante los alegatos del juicio oral que se les sigue a dos policías de la Federal por privación ilegítima de la libertad. Abraham Jonte y Miguel Oliveira están acusados de detener sin motivos a tres jóvenes militantes del Frente Grande. “La ley vigente es clara; para detener a alguien debe haber circunstancias debidamente fundadas. Ni jueces ni policías pueden cambiar esto”, sostuvo el fiscal Horacio Fornaciari. Y luego pidió que se condenara a los procesados a un año y seis meses de prisión y tres años de inhabilitación especial.
El 12 de agosto de 1995 los dos oficiales detuvieron a Martín Folini, Gabriel Puricelli y Gustavo Faskowicz en la puerta de la Rural. Los llevaron a la comisaría 23ª, pero no les dijeron por qué. Ese día iban a manifestarse pacíficamente cuando el presidente Carlos Menem hiciera su discurso anual en el predio. El oficial Jonte dijo que ordenó la demora para “establecer identidad”. Los denunciantes afirman que no tenían motivos para hacerlo y que no se dio intervención a ningún juez. Incluso Folini fue detenido dos veces el mismo día (a la mañana con otros cuatro compañeros), pese a mostrar su cédula de identidad. Los dos policías fueron procesados por la Cámara del Crimen y podrían convertirse en los primeros oficiales de la Federal condenados por privación ilegítima de la libertad.
El Tribunal Oral 27 escuchó ayer a la mañana los alegatos. El fiscal Fornaciari solicitó 18 meses de cárcel y tres años de inhabilitación para los dos policías. También pidió que hagan un curso de Derecho Constitucional en la universidad, que se remita la sentencia a la Secretaría de Seguridad y a las autoridades de la Federal y que la causa vuelva a instrucción para profundizar la investigación. Gastón Chillier y Alberto Bovino, abogados querellantes que, además, representan al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidieron dos años y cinco meses de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación. “Más allá de los casos particulares lo que está en discusión es el uso de las facultades”, apuntó Chillier. El defensor, Raúl Alcalde, demandó absolución.
Después de su primera detención de aquel día de agosto, Folini denunció lo sucedido (junto a Faskowicz y Puricelli) ante periodistas que estaban dentro del área de prensa de la Rural. Luego, apenas salieron del centro de exposiciones fueron detenidos sobre la avenida Santa Fe. Jonte interpretó los encuentros de los militantes con el periodismo como “movimientos celulares” que le despertaron “sospechas” de “algún posible atentado o un delito menor”. Reparó en una bolsa que llevaba Folini (tenía un diario y remeras con frases de protesta contra Menem). Para Jonte, la cédula que le mostró Folini (no así los otros dos jóvenes) no lo amparaba de nada. “La sospecha era mayor a una cédula”, disparó ante el Tribunal.
Según la Ley orgánica (23.950) vigente, famosa por limitar las facultades de la policía en las detenciones por averiguación de antecedentes, para detener a alguien deben existir circunstancias “debidamente fundadas” que hagan presumir que la persona hubiese cometido o pudiera cometer un delito. También obliga a comunicar a un juez. En los alegatos la norma fue adulada por todos los letrados.
Con todo, el fiscal dijo: “Me pregunto dónde están las circunstancias debidamente fundadas señaladas por la ley. Acá parece que las fuerzas de seguridad tienen más poder que un juez”, sostuvo. Y defendió la veracidad de los dichos de los tres denunciantes. En la misma línea, los letrados de la acusación leyeron un artículo de la revista Mundo policial en el que se defiende a la cédula como herramienta válida para acreditar identidad. Señalaron, además, que la detención sin juez y por mera sospecha esilegal. La defensa argumentó que lo importante de la ley “es el espíritu”. Se hizo para no segregar –planteó Alcalde– y que todo el mundo, cualquiera sea su color de piel, pueda ser arrestado; indicó también que faltan pruebas sobre la primera detención y que el dolo no existió.

Claves

Hoy se conocerá el fallo del juicio a dos policías acusados de privación ilegítima de la libertad:
* En 1995 detuvieron a tres militantes del Frente Grande sin dar razones ni intervención judicial. Iban a protestar ante Menem en la Rural.
* Uno de los jóvenes fue detenido dos veces en un día pese a mostrar su cédula.
* Los oficiales fueron procesados por la Cámara del Crimen.
* Según datos del CELS, la Justicia nunca condenó a policías de la Federal por el delito de privación ilegítima de la libertad.
* El fiscal pidió penas de un año y seis meses de prisión e inhabilitación por tres años.
* Los oficiales dicen que para el arresto bastó la “sospecha”. Pero la ley sólo habla de presunciones que, además, deben estar “debidamente fundadas”.

SE VIENEN RECAMBIOS EN 52 COMISARIAS DE LA FEDERAL
Una purga que todavía no terminó

Aunque la propia Federal y el Ministerio del Interior lo nieguen, la Policía atraviesa una verdadera purga. Detrás del comisario Fernández, a quien le toca despedirse de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana para pasar a Planeamiento (una dependencia de menor importancia), los comisarios Carlos Navedo, Alejandro Di Nunzio y Oscar Montoriano corren una suerte similar. Pero esto recién empieza. En los próximos días se esperan “recambios” estratégicos en las 52 comisarías.
Con el traslado (ya oficializado) a puestos secundarios de al menos cuatro encumbrados policías del área metropolitana, el jefe de la Policía Federal, Pablo Baltazar García, dejó al descubierto sus intenciones de limpiar la imagen de la institución.
Navedo, que era director de comisarías, fue relegado a la Dirección de Materiales y Bienes y Di Nunzio pasaría a disponibilidad. Junto con Fernández, estos dos policías están imputados en una causa por corrupción en la que se investiga la protección policial a prostíbulos, casas de juego y vendedores ambulantes a cambio de coimas. En tanto, Oscar Montoriano, que era jefe de Operaciones, tendrá uno de los cargos menos deseados: el control de las delegaciones de la Federal en el interior del país. Esta maniobra, que en la jerga se llama “pasar a archivo”, apuntaría a que los policías cuestionados no demoren más de un año en irse para siempre.
Al lugar de Fernández asciende Miguel Angel Ciancio (hombre de Baltazar García) que era secretario General. Navedo será reemplazado por Alberto Lattanzio y Montoriano, por Rodolfo Segovia. Hasta fines de septiembre la Superintendencia de Drogas Peligrosas estuvo comandada por Juan Carlos Raffaini, quien anticipó su retiro disconforme con la pasividad de los jefes policiales ante las denuncias de corrupción. Ahora será reemplazado por Rubén Escalante, que viene de Policía Ferroviaria. También pasaron a retiro Angel Ramírez, Roberto Heredia, Andrés Schmitz, Jorge Martino, Héctor Panuccio y Norberto Sánchez.

DETUVIERON A UN PROFUGO DE LA ORP
Alonso, el hombre clave

José Alonso, el hombre clave de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), fue detenido ayer en Córdoba. Alonso estaba prófugo desde 1997, cuando logró huir de una cárcel de Montevideo en una maniobra que habría contado con complicidad policial.
Esta información fue difundida ayer por el noticiero de Canal 9 “24 Horas”. Alonso tenía un pedido de captura, por lo que se suponía que se había fugado al exterior. Pero ayer fue encontrado en Córdoba por la policía provincial y puesto a disposición de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Hasta el momento, los detenidos que forman parte de la organización son cuatro.
La ORP estuvo rodeada de misterio desde que cobró notoriedad en 1990, a raíz de una serie de atentados contra cajeros automáticos, en una táctica que se repitió años más tarde, antes de las elecciones de octubre de 1993. En 1996, la organización se adjudicó el atentado perpetrado contra el ex médico policial y torturador de la dictadura Jorge Bergés.
Si bien se reivindican públicamente como una guerrilla de izquierda, los miembros de la ORP –una escisión del Partido de la Liberación– estarían infiltrados por los servicios de inteligencia.

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