Por Carlos Rodríguez desde Mendoza
 Anoche, después de
una prolongada reunión en la Casa de Gobierno, fracasó la negociación tendiente a
solucionar el conflicto que mantiene sublevados a unos 1500 policías de la provincia. La
tercera parte de los involucrados mantuvo una agotadora guardia de protesta frente a la
Legislatura de Mendoza y cerca de las 21 se anunció que había “un principio de
acuerdo” en materia salarial, pero media hora después se diluyó. De los 1000 pesos
de básico reclamados al comienzo, los policías bajaron sus pretensiones a 450, que
sumados a los adicionales elevarían el salario a cerca de 700 pesos. Cuando todo parecía
cerrar, el gobernador peronista Arturo Lafalla pateó el tablero y en vez de aumento los
intimó para que hoy, a las 8, se presenten a cumplir con sus tareas. En caso contrario,
serán “sumariados y exonerados”. Como toda respuestas, los policías anunciaron
que ampliarán la protesta y seguirán “resistiendo”.
La jornada, en todo sentido, fue de menor a mayor. Por la mañana, con la llegada de unos
700 gendarmes provenientes de distintos lugares del país, los bancos abrieron sus
puertas, las escuelas funcionaron normalmente y el comercio abrió sus puertas. También
circularon todos los medios de transporte, pero con el correr de las horas dos noticias
consecutivas volvieron a instalar la sensación de inseguridad. En un confuso intento de
fuga en la Penitenciaria ubicada en la calle Boulogne Sur Mer, un guardiacárcel fue
golpeado por una decena de reclusos y se decía anoche que el estado del suboficial era
“muy grave”. Poco después, en un barrio militar, un grupo de asaltantes baleó
a un sargento primero retirado del Ejército de apellido Montaño, quien murió antes de
que pudiera ser asistido. Ambos hechos enardecieron los ánimos entre los sublevados.
En ese marco de tensión se conoció, a las 21.30, el fallido resultado de una reunión en
la Casa de Gobierno, convocada por Lafalla, en la cual por primera vez desde que comenzó
el conflicto se sentaron a una misma mesa funcionarios y representantes de los sublevados.
Deliberaron desde las 14, y siete horas después se dijo que había “un principio de
acuerdo”. Al mismo se podía arribar, a pesar de que el gobierno iba a bajar el
mínimo salarial a 350 pesos. Cuando Daniel Morganti, alias “El Gringo”, el
único de los “voceros” del grupo policial identificado por nombre y apellido,
habló ante sus pares, la posible salida se perdió en la noche.
Durante la jornada, hubo claras divisiones entre los sublevados. El Gringo había
intentado una negociación directa con el gobierno antes de mediodía, pero varios de sus
compañeros lo hicieron desistir. “Te van a sentar, te van a convencer y vas a
aceptar sin consultarnos”, le dijo otro de los líderes. “Que vengan ellos a
buscarnos”, lo convenció un tercero. Todo en un clima denso, con empujones y gestos
duros. Todos aceptaron ir a una deliberación cuando el que invitó a negociar fue el jefe
de la Unidad Uno, comisario Pedro Sánchez. “Usted es una garantía para
nosotros”, le dijo El Gringo, quien antes se ganó aplausos generales por la
“valentía” de su denuncia al afirmar que “la superioridad de la Policía
no nos acompaña”, en alusión al jefe y subjefe, comisarios Juan Zalazar Riveira y
Eugenio Justo Araujo.
Cuando la reunión se fue prolongando, todos confiaron en una solución, incluso los
voceros del gobierno. El acuerdo iba a contemplar otros puntos importantes, como el
reequipamiento, el mantenimiento del “estado policial” de los autores de delitos
“salvo los casos aberrantes” y hasta una resolución para exigir a los jueces
que “expliquen con fundamento” cuando rechazan un pedido de allanamiento
solicitado por la policía en la etapa de instrucción de cualquier causa. Cuando comenzó
el conflicto, los rebeldes dijeron que causas por drogas y otros delitos “quedan
impunes porque los ‘de arriba’ (en alusión a la cúpula policial o a los
jueces) no ordenan los allanamientos necesarios”. Voceros del bloque radical,
conocida la versión acerca de la posible “sugerencia” a los magistrados,
adelantaron que se opondrían a una medida de ese tipo porque “significaría un
atropello a la autoridad de los jueces, que son los que deben decidir los allanamientos
sin tener que obedecer a lo que opina la policía”. El diputado radical Fernando
Armangue fue más lejos aún. En diálogo con Página/12, puntualizó que en caso de
confirmarse la adopción de medidas oficiales para responder a los reclamos de los
insubordinados, se estaría ante una posible violación de las normas constitucionales que
rigen en la provincia.
El artículo 10 de la Constitución dice claramente que los habitantes de la provincia
tienen el derecho de reunión y de peticionar, pero que los mismos “no podrán
ejercerse colectivamente por ninguna clase de fuerza armada, ni individualmente por los
que formen parte de ella, sino con arreglo a las leyes”. Y recalca que
“cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de
fuerza armada o de una reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula
y jamás podrá tener efecto” legal alguno.
Según miembros del bloque de la Alianza, esa norma constitucional “parece haber sido
escrita pensando en la situación que estamos viviendo en estos precisos momentos”.
Al parecer, los miembros del bloque del Partido Demócrata también se opondrían a un
arreglo de esas características. La duda es la siguiente: ¿fracasó realmente la
negociación o el gobierno les dio tiempo a los revoltosos para que levanten la medida en
la madrugada, sin testigos, y vayan a trabajar para luego sí firmar un acuerdo que
respondería en forma positiva a casi todos los reclamos de los policías alzados?
APRIETES A LA PRENSA de LOS SUBLEVADOS
Con los cantitos al revés
Por C. R.
La autorreivindicación
pública de la policía mendocina a través de los cánticos de los sublevados, y los
permanentes “aprietes” al periodismo en general –y a Página/12 en
particular– fueron dos constantes del segundo día de concentración uniformada
frente a la Legislatura provincial. En un país donde los insultados siempre son los
“botones”, los “canas” o –últimamente– los
“ratis”, todos sinónimos despectivos de policía, los uniformados locales
sorprendieron con un estribillo que jamás se escuchará en un estadio de fútbol o en
cualquier manifestación política o social: “Olé, olé, olá, soy policía, es un
sentimiento, no puedo parar”.
En algunos momentos, a pesar de la tensión reinante, los 500 policías que se congregaron
esta vez en el propio Paseo Sarmiento al 200, justo frente a la entrada principal de la
Legislatura, llegaron al jolgorio: “El que no salta no es policía”, cantaron
alegres y saltaron, por supuesto, innovando sobre la letra de una canción convertida en
hit por los detractores del uniforme y la disciplina.
“Si la tiran a la poli al bombo, va’ haber quilombo”, ensayó un joven de
cara cuadrada, enorme, vestido de civil, pero lo siguieron sólo unos pocos. El incipiente
coro fue frenado por otro civil de barba y pelo largo que terminaba en una graciosa
“colita”, pero que se proclamaba “policía” a cada rato por medio del
sistema de audio instalado en medio de la calle peatonal. “Cordura y respeto”,
reclamó el pelilargo, recordando que su función de vigilante está más allá de la
gorra y el uniforme que no tenía.
El discurso de los oradores anónimos –ninguno dio públicamente su nombre
completo– siempre fue contradictorio. Tanto pedían “la cabeza” de los
comisarios Carlos Rico Tejeiro y Abel Silva Ortega, titulares de la Unidad Regional
Quinta, a quienes acusaron de “apretar” a la tropa para que no se sumara a la
huelga, como recomendaban a sus pares que habían ido con la familia para que
“sacaran a los niños del sol”. No vaya a ser que la protesta termine en
insolación masiva.
Pero los momentos más duros los pasó parte de la prensa. Javier Lozano, periodista de
TN, hizo su primer informe en vivo mientras le gritaban “deja de decir mentiras sobre
la policía”. Después, como una forma de amedrentarlo, le acercaron el micrófono y
las palabras del periodista se escucharon por los altoparlantes, mientras la multitud azul
“controlaba” el contenido de la nota. Al Canal 9 pretendieron exigirle que
pusiera un monitor en el lugar para que ellos pudieran fiscalizar la labor de los
cronistas y al fotógrafo mendocino Raúl Cuello, que colabora con el diario La Nación,
lo requisaron dos veces –tal vez un vicio profesional– porque creyeron que era
“un espía de inteligencia” de la propia policía.
Y ni hablar de Página/12. Cuando los ánimos caían, para levantarlos, volvían a leer el
título de tapa de ayer, sobre todo la parte que dice “policía acusada de secuestros
y asesinatos”. Los insultos y la bronca alcanzaron gloriosos momentos de apoteosis. Y
el cronista de este diario juraba que era de La Nueva Provincia.
La mano dura argentina analizada en los
EE.UU.
El CELS y la Human Rights Watch
estudiaron los últimos dos años de actuación policial. Un informe detallado de 41 casos
polémicos.
Martín Abregú y Emilio Mignone,
del CELS, y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.
“A nosotros no nos sorprende la fuerza que tiene la rebelión policial en
Mendoza”, dijo Abregú. |
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Por Cristian Alarcón
“A nosotros no nos
sorprende la fuerza que tiene la rebelión policial en Mendoza. Ya demostraron su poder en
el entorpecimiento de las investigaciones de tres desapariciones en la provincia y ofrecen
una gran resistencia a los cambios políticos”. El diagnóstico corresponde a Martín
Abregú, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales. Lo hizo ayer,
durante la presentación del libro La inseguridad policial: violencia de las fuerzas de
seguridad en la Argentina, una investigación realizada por el CELS y Human Rights Watch,
la organización de derechos humanos más importante de Estados Unidos. Consultado por
este diario sobre la capacidad de las corporaciones policiales en el interior del país de
presionar al poder político, Abregú admitió que “si bien este momento es difícil
en Mendoza, las condiciones no difieren de las del resto de las provincias”.
El informe conjunto realizado por las dos organizaciones es el resultado de una
investigación que llevó dos años y contempló casos de violación de los derechos
humanos a lo largo de todo el país. Un total de 41 casos fueron analizados por un equipo
de especialistas y a través de ellos se logró sistematizar la forma en que procede la
policía a la hora de reprimir. Quizás los más brutales de esos crímenes sean las
desapariciones de los jóvenes mendocinos Christian Guardatti, Adolfo Garrido y Raúl
Baigorria, casos en los que la Justicia no logró juzgar a los culpables. “La
conflictividad de la policía mendocina no es nueva –le dijo ayer a este diario
Abregú–. La rispidez de la fuerza nace en los casos de las desapariciones. A pesar
del costo político que la falta de investigación de esos casos trajo a la provincia, eso
no provocó ningún cambio”.
Los 41 casos analizados –de los cuales en sólo 13 se comprobó un avance en las
investigaciones judiciales– fueron divididos en el informe en cinco categorías:
u La primera es la de las muertes y lesiones que ocurren durante la supuesta prevención
de delitos. Por ejemplo, el caso de Alejandro Mirabete, de 17 años, que fue asesinado de
un balazo en la cabeza cuando escapaba desarmado de los policías que le habían pedido
documentos, en febrero de 1996. En ese punto también se incluyen la represión que
terminó con la muerte de Teresa Rodríguez durante una manifestación en Cutral-Có.
u Se diferencian en una segunda categoría los casos represivos, donde se abusó de poder
de fuego policial, como en el asesinato de Javier Rojas Pérez, también muerto de un
balazo en la cabeza por un cabo en un procedimiento realizado en una pizzería.
u En una tercera categoría se incluyen las ejecuciones, resultado tanto de la venganza
contra testigos como de ajustes de cuentas. Se citan como ejemplo los casos de Sergio
Pérez y Pedro Salvador Aguirre. Ambos habían denunciado amenazas de muerte como
represalias a sus anteriores denuncias por torturas o violencia policial.
u En la cuarta categoría se inscriben las desapariciones. Las víctimas siempre fueron
detenidas ilegalmente y las investigaciones evidencian que han sido desaparecidos para
ocultar ejecuciones o torturas y desviar la investigación judicial. En el informe se
aclara que “muchos de los otros casos documentados en el informe podrían tener hoy
la forma de la desaparición de personas de no haber mediado testimonios de terceros -como
en el caso de Cristian Campos, asesinado y quemado en Mar del Plata-, la acción inmediata
de familiares y abogados –como en el caso Bordón– o hechos fortuitos que
hicieron aparecer los cuerpos.
u Finalmente, en una quinta categoría se incluyen las muertes y lesiones ocurridas bajo
custodia en comisarías y dependencias policiales. “En todos los casos descritos
existen serios indicios de que ellas han sido consecuencia de torturas y malos
tratos”, se indica.
En el informe, que fue presentado por Abregú y el director ejecutivo para América latina
de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, éstedestacó “la inmunidad ante las
investigaciones administrativas y judiciales” de los policías implicados en delitos.
“Existe una permanente actitud corporativa que no contribuye en la reducción de los
abusos”, sostuvo. El informe incluye un detalle y explicación de las prácticas de
encubrimiento policial. En casi todos los casos analizados se construyeron versiones
falsas de los acontecimientos; se adulteraron, destruyeron y fabricaron pruebas; se llegó
a fabricar delitos para incriminar a inocentes o se amedrentó y reprimió a testigos.
| Corach con mala memoria –Nosotros
queremos manifestarle nuestro desagrado y sorpresa por las declaraciones del Presidente
(Carlos Menem) respecto de que sería necesaria una “mano dura” para controlar
la inseguridad –le dijo el director ejecutivo de Human Right Watch, José Miguel
Vivanco, al ministro del Interior Carlos Corach, en una reunión mantenida ayer en la Casa
Rosada, para entregar el informe elaborado por la entidad.
–Yo no estoy al tanto de esas declaraciones –fue la estoica respuesta del
ministro político al representante de la organización de derechos humanos
norteamericana. Corach negó de esa manera recordar la polémica que despertaron las
declaraciones publicadas en la tapa del diario Clarín el 13 de setiembre, cuando el
Presidente además dijo: “Podrán poner el grito algunas organizaciones de derechos
humanos, pero yo creo que aquí tiene más protección un delincuente que un policía o la
gente”. |
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