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Por Marcelo Justo desde Londres  Los abogados
defensores del general Pinochet iniciaron una desesperada acción legal para conseguir la
pronta libertad del dictador. En una audiencia ayer ante la Corte de Justicia de Londres
el abogado Clive Nichols solicitó un hábeas corpus para Pinochet y una revisión
judicial de su arresto el pasado 16 de octubre. El exclusivo equipo de defensa del ex
dictador continuó con su estrategia de cuestionar la legalidad del arresto y la
extradición, pero la audiencia fue suspendida hasta el lunes por el juez Chiemman a cargo
de la causa “para que ambas partes preparen mejor su caso”En su alegato Clive Nichols indicó que “entendemos que la detención del senador Pinochet fue ilegal. Y que tanto el Servicio Fiscal de la Corona como el Ministerio del Interior no reconocieron esta ilegalidad que tuvo como resultado el arresto de Pinochet”. En los documentos que presentaron ante el tribunal londinense, la defensa alega que España no tiene jurisdicción para solicitar la extradición de Pinochet por los “presuntos asesinatos de ciudadanos en Chile”. El primer argumento de la defensa es que estos asesinatos, “aún si hubieran sido cometidos por Pinochet”, no están contemplados por la ley de extradición de 1989. El segundo argumento, esgrimido hasta el hartazgo por el gobierno chileno, es que el pasaporte diplomático con el que viajaba Pinochet le otorgaba inmunidad. El gobierno británico se opuso desde un principio a esta última tesis señalando que Pinochet no viajaba como parte de una misión diplomática. Por su parte el Servicio Fiscal de la Corona emitió tras la audiencia un segundo pedido de extradición que, a su juicio, se ajusta con más precisión a la solicitud hecha por el juez Garzón. “El Servicio Fiscal de la Corona actúa en representación del magistrado español. Este hizo una solicitud que nosotros nos encargamos de procesar. Hoy hemos emitido una segunda orden que refleja mejor el pedido de extradición que nos llegó de España”, indicó a Página/12 una portavoz del Servicio Fiscal de la Corona. El pedido inicial del juez Garzón era de extradición de Pinochet por la tortura de 79 personas. Este pedido se amplió luego a los cargos de genocidio, terrorismo y tortura de 94 personas de distintas nacionalidades. El debate legal en la Corte y en los medios de prensa británicos corrió paralelo a la tormenta que desató la carta de Margaret Thatcher publicada ayer por el matutino The Times. En la misiva la Dama de Hierro defendió a Pinochet a quien llamó “un buen amigo de Gran Bretaña que acortó la guerra y salvó muchas vidas británicas”, y solicitó que se lo dejara en libertad. En una conferencia de prensa Alistair Campbell, secretario de prensa del primer ministro Blair, atacó a Margaret Thatcher y recordó que “el presidente elegido democráticamente Carlos Menem no era el general Galtieri”. El canciller británico Robin Cook indicó que estaba seguro de que en cuanto reflexionase sobre sus propias palabras “lady Thatcher se daría cuenta de la importancia de tener una Justicia independiente del poder político”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Ann Clywd, la acusó de atentar contra la plena vigencia de la ley. “Me sorprende que Margaret Thatcher, que siempre apoyó el reino de la ley, esté sugiriendo al gobierno británico que actúe ilegalmente”, señaló Clywd. El gobierno, que quiere tratar el tema como un asunto exclusivamente judicial, fue fuertemente respaldado ayer por el tercer partido británico, los liberal demócratas. “La cuestión no es si el general Pinochet nosayudó durante la guerra. Esto no está en juego. Lo que es importantes es la legalidad del asunto. Es un tema judicial”, señaló el liberal demócrata Alan Beith. Ni siquiera los conservadores se atrevieron a defender las temerarias declaraciones de la Dama de Hierro. Respetuoso de ese tótem partidario, el número dos tory Peter Lilley desvió las preguntas que se le hacían sobre Margaret Thatcher con un ataque por elevación contra el gobierno. “Lo que importa saber es cuál fue la actitud del Foreign Office en esto. Saber si el gobierno le ofreció a Pinochet una garantía implícita sobre su seguridad”, señaló Lilley. El affaire Thatcher-Pinochet dio hasta para un intercambio cómico durante un debate parlamentario en la tarde de ayer. El laborista de izquierda Denis Skinner dijo irónicamente que si la Dama de Hierro quería tanto al ex dictador chileno lo mejor que podría suceder sería que Pinochet cumpliera el castigo que le correspondiera con un arresto domiciliario en el hogar de los Thatcher. En medio de risas y burlas sus colegas laboristas sugirieron que compartir la vida cotidiana con Thatcher era, aún para un dictador de la estatura de Pinochet, un infierno excesivo.
ESTALLO LA GUERRA ENTRE LABORISTAS Y
CONSERVADORES Por M. J.
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Pinochet de la visita del presidente argentino Carlos Menem a Gran Bretaña
la semana próxima. En una conferencia de prensa Alistair Campbell, vocero del primer
ministro Tony Blair, negó ante una pregunta de Página/12 que un hecho fuera a eclipsar
al otro. “Son dos situaciones totalmente diferentes. Un tema es la visita del
presidente Menem a Gran Bretaña, otro lo que está pasando con Pinochet que es una
cuestión puramente judicial”, señaló Campbell.