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Por Diego Schurman Carlos Menem se manifestó ayer por primera vez a favor de la liberación de Augusto Pinochet. El Presidente abandonó así su neutralidad inicial para alinearse definitivamente con el gobierno chileno en la defensa del principio de territorialidad. La posibilidad de que una persona sea juzgada en el extranjero por cometer delitos de lesa humanidad en su país es eje del debate de juristas internacionales. Pero la flamante postura oficial responde a una estrategia compuesta: mantener una actitud de bloque con uno de los socios del Mercosur y, a la vez, evitar que el arresto del ex dictador produzca un efecto dominó sobre los militares argentinos acusados de violaciones a los derechos humanos. Es evidente el malestar que el tema genera en las Fuerzas Armadas, pese a que por ahora evitan un pronunciamiento público. Menem modificó su discurso en la apertura de la reunión de gabinete. Jorge Castro, convertido en vocero de ese encuentro, le imprimió un tono épico a las palabras de su jefe. El respaldo a la postura chilena es en forma inequívoca y absolutamente drástica, tradujo el secretario de Planeamiento Estratégico la solidaridad de Menem con el país vecino. Pinochet fue detenido en Londres por el Scotland Yard en la tarde del viernes 16. Menem, que participaba de la VIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Oporto, se manifestó entonces indiferente. Es un tema que sólo les concierne a Chile, Inglaterra y España. Con el correr de los días, esa aparente neutralidad dejó paso a posturas más cercanas a la que ayer esgrimió ante su tropa. El martes, el canciller Guido Di Tella repitió frente a un ramillete de corresponsales ingleses aquello de problema ajeno a la argentina, pero agregó que de todos modos el país no será indiferente a lo que digan sus socios del Mercosur. La nueva alineación se terminó de moldear ayer. El Gobierno explicó que su identificación con la postura del presidente chileno, Eduardo Frei, se inscribe en la línea de una política de defensa regional. Castro regaló nuevas razones para la flamante posición argentina. Con la detención de Pinochet cada vez está más en juego la gobernabilidad y por lo tanto la solidez de las democracias sudamericanas. Si el argumento público es la defensa del Sur ante el atropello del Norte un discurso que reflota las reivindicaciones antiimperialistas de otras décadas, en privado son muchos lo que coinciden en la Casa Rosada que en verdad el Gobierno busca cubrirse de los efectos no deseados que pudieran surgir de la detención del ex dictador. Es que la orden de arresto emanada por el juez español Baltasar Garzón, se asienta en la Operación Cóndor. Se trata de la coordinación de los aparatos represivos del Cono Sur de los años 70, cuyo centro operativo fue Buenos Aires. El gobierno a pleno se preocupó en diferenciar a Pinochet de los militares argentinos involucrados en violaciones a los derechos humanos. Es cosa juzgada, dijo Corach al explicar por qué a su entender no habría razones para dar curso a un pedido de extradición. Garzón pidió la captura del ex dictador por la desaparición de ciudadanos españoles en Chile. Aplicó para ello el principio de nacionalidad de la víctima como atributivo para juzgar. Ni las leyes de Punto Final y la Obediencia Debida, votadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, serían argumento suficiente para evitar que el juez de la Audiencia Nacional española haga lo propio con los argentinos involucrados. Domingo Bussi es uno de ellos. El gobernador de Tucumán no se anima a viajar al exterior por temor a quedar detenido. Garzón lo acusa por la desaparición, en esa provincia norteña, de varios ciudadanos y descendientes españoles entre 1976 y 1977. Además de Bussi, la lista de involucrados la conforman los ex presidentes de facto Jorge Videla, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone, entre otros. Martín Balza se negó en los últimos días a abordar el tema que ocupa las portadas de medios nacionales e internacionales. Después de la promocionada autocrítica, el jefe del Ejército se resiste a volver sobre cualquier asunto que lo remonte a los años de plomo. De todos modos, distintas fuentes castrenses confirmaron a este diario que existe inquietud ya que las Fuerzas Armadas podrían ocupar nuevamente el centro de escena por una situación que consideran superada.
EL GOBIERNO PRIVILEGIA EL ACERCAMIENTO CON
INGLATERRA No
es ninguna novedad. Con esas palabras Carlos Corach se refirió a la información
sobre la presunta ayuda estratégica que recibió Gran Bretaña de parte de Augusto
Pinochet durante la guerra de Malvinas. Ya durante el desarrollo del conflicto la
prensa informó en distintas oportunidades sobre la posibilidad de que estuviera ayudando
a los ingleses con información de inteligencia, agregó sobre la versión que
sorprendentemente salió el miércoles de boca de la ex primera ministra británica
Margaret Thatcher.
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