Por Luis Bruschtein Santiago de Chile
 “Mentiras
verdaderas, arresto de Pinochet desnuda los secretos de la transición pactada y el rol de
Chile en la guerra de las Malvinas”, tituló ayer el vespertino La Hora, en tanto que
la Segunda anunció en letras rojas “Remezón Thatcher en Londres y Buenos
Aires”. “¿Para qué vamos a abrir ahora otro frente con Argentina?”, se
preguntó en una entrevista el senador designado y ex vicecomandante en jefe del Ejército
Julio Canessa, más preocupado por la suerte de su viejo camarada detenido en Londres que
por una historia que los chilenos sospechaban aunque nunca se había revelado de la forma
tan descarnada como lo hizo la “Dama de Hierro”.
“En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa” es una famosa frase de
Pinochet. Cuando al general (R) y senador designado Canessa se le recordó que las causas
por las que fue detenido Pinochet son por violaciones a los derechos humanos, respondió
que “Pinochet era presidente de la República y algunas cosas que se produjeron
durante su gobierno estaban varios escalones más abajo”.
Sobre los hechos relacionados con las Malvinas, el general reconoció que “es
evidente que dentro de la situación político estratégica que vivían Chile y Argentina,
la situación de amenaza permanente hacia nosotros se le transformó en un problema al
momento de involucrarse en el conflicto con Gran Bretaña. En el marco de esa situación
se produjo un apoyo natural...” En Argentina o en Chile, a los dictadores les resulta
siempre difícil explicar en democracia sus actitudes pasadas.
El analista en temas militares Raúl Sohr, que fue el primer periodista que llegó a las
Malvinas después del conflicto, afirmó a Página/12 que la ayuda de Pinochet a Gran
Bretaña ya era sabida, “pero en este caso, Margaret Thatcher parece exagerar la
importancia que tuvo esa ayuda, que se circunscribió al tema de la inteligencia”.
Mientras tanto, los manifestantes pro y contra Pinochet ignoraron ayer la prohibición de
realizar manifestaciones. En Valparaíso, un grupo de legisladores de derecha, familiares
de militares y militares jubilados marcharon por la ciudad con retratos del viejo
dictador. Serían unas 200 personas que provocaron la respuesta de numerosos transeúntes
que gritaron vivas a Salvador Allende. Paradójicamente, desde el otro lado les gritaron
“¡asesinos!”. Cuando parecía que los hechos terminarían en enfrentamientos,
los carabineros hicieron circular a los espontáneos por considerarlos provocadores.
A la mañana, un grupo de legisladores socialistas y del Partido por la Democracia,
encabezados por Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado canciller de Allende, hicieron un
homenaje a seis desaparecidos de origen español, entre los que se cuentan dos religiosos,
en el Memorial de los Desaparecidos que se encuentra en esta capital.
Al mediodía, las Juventudes Políticas de la Concertación hicieron un pequeño acto
frente al Palacio de La Moneda para criticar la decisión del gobierno de cuestionar la
detención de Pinochet. La demostración pacífica fue duramente reprimida por los
carabineros. Lo cierto es que las manifestaciones han sido hasta ahora muy reducidas. Los
partidos de gobierno han evitado que sus simpatizantes se movilicen contra Pinochet para
evitar enfrentamientos y la polarización política. De hecho, el único que se ha
movilizado ha sido el Partido Comunista y pequeños grupos de las juventudes socialistas y
democristianas. La derecha, que tiene el 20 por ciento de los votos, hasta ahora no ha
podido reunir más de uno o dos centenares de personas que, además, son las que van
siempre.
Anoche, en un mensaje televisivo, el presidente Eduardo Frei pidió al país
“grandeza y generosidad” y la renuncia a la violencia. Ayer se había reunido
para analizar la situación con el senador Andrés Zaldívar,precandidato presidencial de
su partido. Al retirarse de La Moneda, el dirigente democristiano expresó que no se
pensaba convocar al Consejo de Seguridad Nacional, como lo han reclamado sectores
derechistas. Pero dejó entrever que el gobierno ha comenzado a considerar un posible
planteo humanitario ante el gobierno británico, basado en la salud y la edad del ex
dictador. En un mensaje televisivo, Frei pidió al país “grandeza y
generosidad”.
RECORDAR LA GUERRA AVIVO LA CUESTION MILITAR
Siempre leales a mi general
Por L.B.
El brigadier general Hernán
Ramírez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, fue el primer alto oficial en
comentar públicamente la detención de Augusto Pinochet. Se limitó a reflexionar que el
ex dictador había sido mal aconsejado por su entorno. Ayer trascendió que Ramírez será
dado de baja. Los militares en actividad sólo se han expresado a través de su comandante
en jefe, el general Ricardo Izurieta, quien expresó su apoyo a los esfuerzos que realiza
el presidente Eduardo Frei.
“Es cierto que en parte los militares retirados expresan mejor el sentimiento de los
cuadros en actividad –reflexionó el analista en temas castrenses Raúl Sohr–,
pero la tradición de disciplina en el ejército chileno es muy fuerte.” En este
sentido no se puede adelantar en forma mecánica que lo que pueden sentir los cuadros
militares se convierta en acciones concretas de la institución.
Entre todas las cosas paradójicas que plantea el camino de transición que viven los
chilenos, es que en este momento cuando las agrupaciones políticas coinciden en que se
trata de la crisis más difícil desde que comenzó el proceso, las Fuerzas Armadas
parecen ser las más controladas. Pese a que los dirigentes de la derecha advierten a cada
instante que con la detención de Pinochet “se termina la transición”, no
encuentran eco ni luces verdes desde el ámbito militar.
“La derecha en realidad está haciendo especulaciones políticas con el tema, trata
de dividir a la Concertación y sacar alguna ventaja; en cambio los militares piensan en
términos militares, ven que la situación de Pinochet se fue más allá de sus fuerzas y
tratarán de moverse a nivel institucional, por lo menos es lo que se ve ahora”,
explicó Sohr a Página/12.
Los diez años de democracia no han afectado a las Fuerzas Armadas chilenas, que desde el
punto de vista ideológico forman parte del Chile de los ‘70 que permaneció
inmutable pese al proceso de modernización que se vivió en otros ámbitos. A diferencia
de las Fuerzas Armadas argentinas, no tiene corrientes internas entre nacionalistas y
liberales y el estilo de mando no se construye a partir de la formación de líderes o
caudillos. El mismo Pinochet era un personaje bastante gris en el momento del golpe de
Estado y su caudillismo surgió a partir del tejido de alianzas y complicidades que
construyó durante los 17 años que permaneció en el poder. De todos modos, desde la
asunción de Frei, quien designó a Izurieta comandante en jefe, no se han producido
crisis castrenses. Por el contrario, este general, cuya jefatura hasta ahora no parece
discutida, ha preferido mantener un perfil puramente militar. En todo caso, sus planteos y
negociaciones con el poder político nunca toman estado público. Desde que asumió se
produjo un proceso de retiro de cerca de 200 oficiales. El general Ramírez, que según
trascendió se sumaría a esta cifra, tiene una denuncia por el secuestro de un joven
estudiante, que continúa desaparecido, cuando tenía el grado de teniente. Pese a este
cuestionamiento, el ascenso de Ramírez a general no fue rechazado por el Ejecutivo.
Según los analistas militares, el mismo Izurieta trataría de cambiar la imagen del
Ejército, alejando a algunos de los oficiales más comprometidos con las violaciones a
los derechos humanos.
ESTADOS UNIDOS QUIERE CUIDARSE LAS ESPALDAS
ANTE LA DETENCION
“El arresto abre una caja de Pandora”
Por Mónica Flores Correa desde
Nueva York
Extraño como pueda
parecer en Latinoamérica, donde el arresto del ex dictador ha provocado tan profunda
conmoción, la opinión pública norteamericana no se acuerda de Augusto Pinochet. Por el
contrario, la clase política se vio obligada a rememorar debido al escándalo
internacional y produjo dos gestos públicos. El Departamento de Estado, a través de una
fuente, dijo que Estados Unidos no intervendría en un caso que compete a Chile, España y
Gran Bretaña. Y 36 congresistas encabezados por el demócrata George Miller enviaron una
carta a Bill Clinton solicitando que se entregue a Baltasar Garzón la documentación
confidencial que Estados Unidos posee sobre los crímenes de Pinochet. Detrás de las
bambalinas, “un sector de la derecha lamenta el arresto porque tiende a idealizar los
logros económicos de Pinochet y a relativizar sus crímenes”, dijo a Página/12
Eliot Abrams, ex secretario de Derechos Humanos para América latina de la administración
Reagan.
Según Abrams, “la negociación para que un dictador deje el poder es muy difícil y
entraña desgraciadamente muchas concesiones. Con Pinochet fue especialmente difícil. Si
todo dictador que se va sabe que al final del camino lo espera un juez de otro país para
meterlo preso, el poder de negociación con los dictadores se nos achica
extraordinariamente”.
“Freedom House”, la más antigua de las organizaciones estadounidenses que
abogan por la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, también está
parcialmente en desacuerdo con el juez Garzón. En diálogo con este diario, el presidente
de FH, Adrián Karatnicky, dijo que el magistrado debería limitarse a pedir la
extradición en nombre de los ciudadanos españoles perjudicados y “no en nombre del
derecho internacional”. Invocar este derecho, cuya definición es imprecisa, abre una
caja de Pandora para el futuro de consecuencias impredecibles, opinó Karatnicky.
–Entendemos que usted está escribiendo un artículo sobre las consecuencias
relativas al derecho internacional que podrían derivarse de la detención de Pinochet.
¿Cuáles serían estas futuras implicancias?
–Freedom House considera que Pinochet es culpable de crímenes que violan tanto la
ley chilena como la legislación internacional en materia de derechos humanos. No tengo
objeciones acerca de que se lo juzgue por su culpabilidad, ya sea en Chile o, en forma
apropiada, bajo alguna jurisdicción internacional. Pero me parece problemático que
España invoque el derecho internacional. Opino que esto abre interrogantes acerca de
quién es el que interpreta la ley y acerca del alcance propiamente dicho de la ley. Los
convenios internacionales en esta materia están definidos de una manera muy amplia. No me
inquietaría que España juzgase a Pinochet exclusivamente, por ejemplo, por el
funcionario de nacionalidad española que trabajaba para Naciones Unidas con pasaporte
diplomático de ese organismo. Pero cuestiono la atribución del juez español de quererlo
juzgar por la tortura, desaparición y muerte de unas 3000 personas, que son de otras
nacionalidades. Si se establece el derecho de jurisdicción más allá del territorio del
Estado o de la jurisdicción de una Corte internacional con la que la mayoría de los
países esté de acuerdo, se abre una caja de Pandora que puede resultar en arrestos
imprevisibles en el futuro.
–¿Por ejemplo?
–Alguien podría detener a George Bush, por ejemplo, porque considera una violación
la invasión a Panamá. O podrían detener al alcalde Rudolph Giuliani en algún país
extranjero bajo cargos de tortura porque la policíade Nueva York comete actos de
brutalidad. O a Mijail Gorbachov, si viaja a Polonia o a Lituania, lo podrían detener por
algo que pasó en esos países antes de 1990. Y Benjamin Netanyahu, cuando deje de ser
primer ministro, será juzgado por los “raids” en el Líbano o por enviar
agentes en misiones antiterroristas a otros países. Mi argumento es que los peores
violadores de derechos humanos podrían no ser los únicos llevados a juicio, sino que
esto daría pie a un potencial número de intervenciones serias invocando genocidio,
tortura, crímenes de guerra. En realidad, lo que sucede es que estas figuras de crímenes
contra los derechos humanos no están claramente precisadas en la legislación
internacional y así se pueden interpretar con bastante arbitrariedad. No son definiciones
muy claras, son más bien grises.
–¿Que aconsejaría entonces usted en este caso puntual?
–Mi consejo sería que Gran Bretaña y España se pongan de acuerdo en actuar
teniendo sólo en cuenta una definición estrecha que se refiera a los intereses de la
soberanía española, y no en nombre de algo vagamente definido como “derecho
internacional”.
El Parlamento Europeo dispara
contra Pinochet
Los socialistas impulsaron en el
Parlamento Europeo la extradición del ex dictador chileno a España.
Las veladas ante el
hospital-cárcel de Pinochet dieron fruto.
El Parlamento Europeo pidió a España que avance y lo extradite. |
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También
la Unión Europea quiere ahora a Pinochet. En una resolución de urgencia el pleno del
Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (este de Francia), pidió ayer al gobierno
español que solicite la extradición del general Pinochet para que sea juzgado en
España. La medida fue una iniciativa del grupo socialista y fue apoyada por la mayoría
de los grupos políticos. El pedido demanda un decidido sostén político a la
instrucción judicial que lidera Baltasar Garzón.
La resolución “insta al gobierno español a que, en caso de que las autoridades
judiciales lo requieran, solicite con la mayor rapidez la extradición del general
Pinochet con el objeto de que pueda comparecer en las diferentes causas abiertas en
España sobre los delitos que se le imputan”. El texto de la resolución –sin
poder vinculante– felicita a las autoridades de España y de Gran Bretaña por su
“eficaz colaboración”. Interpreta que sobre el general Pinochet pesan
“graves acusaciones por cometer delitos internacionales en relación con la muerte o
desaparición de miles de personas bajo su dictadura y, entre ellos, de decenas de
ciudadanos comunitarios”.
Diputados europeos del grupo del Partido Popular español y del partido conservador
británico criticaron la iniciativa de los socialistas de proponer una resolución sobre
el caso Pinochet. El grupo del Partido Popular Europeo (PPE) denunció en un comunicado
firmado por su presidente, Wilfried Martens, que la resolución dirigida por el grupo
socialista es parcial, “porque no extiende su solicitud de colaboración con la
justicia al gobierno británico” e innecesaria, “porque el presidente del
gobierno español ya ha manifestado de manera nítida la voluntad de su gobierno de
respetar las decisiones que adopten los tribunales de justicia de España”.
La resolución fue sin embargo respaldada por una mayoría de grupos parlamentarios, los
de Izquierda Unida, los verdes, liberales y radicales y, desde luego, por el mismo Partido
Socialista que la había presentado. 184 diputados votaron a favor, 12 en contra y 14 se
abstuvieron. La resolución recuerda particularmente el asesinato del funcionario español
de Naciones Unidas, Carmelo Soria, “secuestrado y asesinado por agentes de la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)”.
El Parlamento Europeo ya había apoyado en anteriores resoluciones las investigaciones del
juez español Manuel García Castellón, sobre la desaparición y muerte de españoles
bajo la dictadura en Chile, sumario que este juez decidió pasar esta semana al magistrado
Baltasar Garzón, autor de la orden de detención internacional contra Pinochet. La
Comisión Europea por boca de uno de sus comisarios se desvinculó el jueves de la
iniciativa del Parlamento Europeo. “La Unión Europea no tiene competencia según el
tratado de la UE en el dominio de la cooperación judicial en materia de condenas. Esta
competencia corresponde a los Estados miembros a través de los tratados bilaterales y
multilaterales”, afirmó el comisario austríaco Franz Fischler.
“Los Estados deben establecer las reglas para los casos de extradición respetando
las propias leyes nacionales en la materia”, agregó. La resolución aprobada por el
Parlamento Europeo recuerda, sin embargo, que el tratado de la Unión de 1992 establece
determinadas obligaciones de colaboración entre los Estados miembros en materia de lucha
contra la delincuencia internacional y que esas disposiciones han sido reforzadas en el
nuevo tratado de 1997, aún por ratificar.
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