Por Cristian Alarcón
 “Sienten
desprecio por la sociedad civil, por el periodismo y por la democracia en general”,
dice José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, sobre las policías
del interior del país, como la rebelde mendocina. A cargo del área latinoamericana del
organismo de derechos humanos más importante de Estados Unidos, este abogado de 37 años,
nacido en Chile, graduado en Harvard y profesor en las universidades de Georgetown y John
Hopkins de Washington, observa desde hace una década los fenómenos de represión
institucional que afectan a países como la Argentina. De visita en el país para entregar
en mano al gobierno nacional, al bonaerense, a la embajada norteamericana y a los líderes
de la oposición la investigación que sobre el tema realizó junto al Centro de Estudios
Legales y Sociales, pone en esta entrevista con Página/12 el sayo que le corresponde a
los gobiernos en el descontrol policial: “La regla general es la pasividad”,
sostiene.
–¿Cómo evalúa la calidad de la dirigencia política a la hora de tomar posición y
combatir la brutalidad policial?
–Siempre hemos encontrado disposición a dialogar sobre el tema y, lo más
sorprendente, una coincidencia en el diagnóstico, en la gravedad del problema. Sin
embargo se nota una falta casi total de disposición para enfrentar el problema. Por
ejemplo, existe una relación causal entre el escándalo ante la opinión pública que
implicaron algunos casos de brutalidad policial y el impacto del caso Cabezas, con las
medidas tomadas luego, por fin, en la provincia de Buenos Aires para reestructurar la
fuerza. No estoy diciendo que esos esfuerzos no sean válidos, pero ha sido necesario un
sinnúmero de protestas a nivel nacional e internacional para que reaccionen los
gobiernos.
–¿Por qué considera que existe ese doble discurso?
–Los gobiernos calculan permanentemente el riesgo que representa reestructurar no
sólo las policías sino también las políticas de seguridad. Viven especulando con la
impresión que pueden causar de acuerdo con la coyuntura. Por eso se ofrece mano dura
frente a la generalidad. Muchas veces, en lugar de afianzar las demandas sociales, la
tendencia es explotar esas demandas que surgen a nivel instintivo en algunos sectores con
intención electoral.
–Digamos que se combina un discurso políticamente correcto con actitudes
contradictorias.
–Hay contradicción, pero por sobre todo, la regla general es la pasividad. Los
gobiernos presentan el problema como si no los incluyera. Esa es la gran dificultad en la
Argentina, la necesidad de encontrar un interlocutor dispuesto a asumir responsabilidades
y a intentar desde la autoridad y en función del discurso correcto, las medidas
necesarias. Actualmente la mayoría funciona como si fuera un espectador más y no quien
tiene el poder.
–La dicotomía inseguridad urbana-mano dura, planteada por el presidente Menem, ¿se
repite en otros gobiernos latinoamericanos?
–En el resto de Latinoamérica hay iniciativas que tienden a avalar esta tesis
simplista de la mano dura. Esto es más bien una fórmula para manipular las demandas
sociales de seguridad, vendiendo la idea falsa de que la mejor seguridad se obtiene con
una policía que actúa contra el delincuente sin tener en cuenta sus derechos
fundamentales, como si fueran el obstáculo. Ese discurso se aplica, por ejemplo, en el
caso de Guatemala y Perú. A nivel regional se dejan llevar por las presiones y acuden a
amenazas como la pena de muerte. Que por esa vía se mejore algo es falso. La violación
de todas las garantías del debido proceso y de defensa convierte al sistema en
ineficiente, lo hace incapaz de distinguir entre inocentes y culpables.
–¿Cuál es el diagnóstico en las provincias del interior donde ahora se ve la
resistencia a mínimos cambios como en Mendoza?
–La situación es crítica. En algunos puntos es devastadora para los derechos
fundamentales. Los niveles de profesionalismo en la investigaciones de los jueces son
mínimos. En muchos de estos casos demuestran una actitud casi complaciente frente a los
abusos policiales. Las fuerzas del interior son policías con altos niveles de
desmoralización, bajísimo nivel profesional, gran nivel de desconfianza por parte de la
sociedad. Tiene un espíritu corporativo que los lleva a encubrirse. Y por sobre todo a
resolver los casos con la fuerza, con la tortura como solución primaria. Se nota en ellos
el desprecio por la sociedad civil, por el periodismo, por las estructuras democráticas
en general. En el caso de la Bonaerense, hace un año la situación era idéntica, ahora
podemos decir que está en transición.
–¿Ante ese panorama, cómo queda posicionada la Policía Federal?
–La Federal, además de mejor entrenamiento, adquirió sensibilidad para detectar lo
que le importa a la opinión pública, digamos que es una policía poco más inteligente,
preocupada por la pretensión de la opinión pública, y en definitiva eso es un buen
elemento. Ahora, esa diferencia entre la Federal y las de las provinciales se parece a la
situación de otros países latinoamericanos donde ocurre lo mismo, como México.
–En el informe hacen hincapié en las condiciones de detención como favorecedoras de
los abusos. ¿Cuál es el mayor problema en ese sentido?
–Los edictos, con los que la policía goza de absoluta discrecionalidad y total
ausencia de control judicial en la detención, siguen vigentes en casi todo el país,
aunque son normas impresentables. Casi no existen en otro lugar del mundo. La
averiguación de antecedentes también se traduce en arbitrariedad. Al no haber control
judicial, en esas detenciones es fácil que la policía rompa la ley. Justamente hoy (por
ayer) se da el primer caso donde se condena a un policía por este motivo.
–Además de no ser controlados en la aplicación de esas herramientas legales,
tampoco hay control en ningún aspecto interno.
–Reunidos con (el ministro del Interior Carlos) Corach debimos decirle que Asuntos
Internos es tan malo como en el resto del país. La única respuesta que nos dio es que
elevaron a categoría de división el organismo de control. A confesión de partes, relevo
de pruebas. Cuando habíamos preguntado decenas de veces antes por el tema, jamás habían
respondido.
–¿Y asuntos internos de la Bonaerense?
–El secretario de Justicia, (León) Arslanian, habla de un cuerpo de cien personas
para controlar a 45 mil agentes. Los esfuerzos son débiles e insuficientes. En la
provincia, un subordinado no puede denunciar a su superior salvo que lo afecte
directamente. Algo que carece de toda racionalidad. Si un policía ve que otro pide una
coima, no puede denunciarlo. No sólo no tiene la obligación de denunciar al corrupto
sino que además tiene la prohibición de hacerlo. Tampoco pueden hacer denuncias
anónimas aunque después el hecho se pruebe como cierto. O sea que está todo
estructurado para protegerlos.
LOS POLICIAS MENDOCINOS LEVANTARON LA
SUBLEVACION
La casa está en orden
Luego de conquistar casi todos sus
reclamos, los rebeldes abandonaron la Plaza Independencia y volvieron a trabajar.
Consiguieron aumento de sueldo, leyes más duras y garantías para que los
procesados puedan seguir en actividad. |
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Por Carlos Rodríguez desde Mendoza
“La casa está en
orden.” La mítica frase de Raúl Alfonsín circuló por todos los recovecos de la
Casa de Gobierno mendocina, luego que se firmara el acta de acuerdo por la cual se
levantó la rebelión policial que desde el lunes por la noche mantenía en vilo a la
sociedad mendocina. El listado de los logros alcanzados por los huelguistas arma en mano
fue justificado por el gobernador Arturo Lafalla, quien consideró que muchos puntos del
reclamo eran “atendibles” porque “el riesgo de ser policía debe ser
compensado”. Lafalla también habló de sus propios riesgos al punto de admitir que
“es común que los funcionarios reciban amenazas”, aludiendo a presiones
ocurridas durante el movimiento telúrico azul marino (ver aparte). En un país donde los
salarios están congelados desde hace siete años por efecto de la ley de Convertibilidad,
el Gobierno invertirá 6.720.000 pesos, sólo por sueldos, para asegurar la subordinación
de sus subordinados.
Además de un aumento inmediato de 100 pesos por mes para los 5500 policías que tiene la
provincia, el Gobierno autorizó que se regularice un plus por “tiempo mínimo en el
grado”, que en lo inmediato insumirá otro gasto de un millón seiscientos mil pesos.
Y también avaló la “compra directa” de chalecos antibala, por un millón más.
Ante el éxito de la movida gremial de los uniformados, el titular de la CGT mendocina,
Jorge Córdova, se preguntó cuál sería la respuesta del Gobierno ante un reclamo de los
mineros “con dinamita en los bolsillos” (ver recuadro). Y en forma inmediata,
veinte gremios estatales –entre ellos los maestros y sanidad– se dirigieron por
carta a Lafalla para reclamarle un sueldo acorde con la canasta familiar, que en la
provincia ronda los 1100 pesos.
Entre la noche del miércoles y la madrugada del lunes, los policías mantuvieron
asambleas sin la presencia de la prensa para convencer a los más “duros” de la
conveniencia de la oferta y de la necesidad de tomarla para poder gritar ¡bingo!. Lo
último que solicitaron fue que no hubiera represalias con los cabecillas y eso también
les fue concedido. Sólo falta ver qué pasará en la Legislatura, con las bancadas
opositoras al peronismo gobernante, cuando llegue la hora de tratar las leyes que piden
los policías para endurecer el Código Procesal, intimar a los jueces para que autoricen
rápido los allanamientos y ponerle coto a las investigaciones que pesan sobre uniformados
acusados de violencia policial.
Desde las 7 de ayer se realizó la última reunión y a las 10.30 se hizo el anuncio
oficial del acuerdo. Los policías, reunidos nuevamente en la plaza Independencia,
hicieron un débil conato de mantener la medida de fuerza, luego lloraron –no quedó
claro si de alegría o de tristeza– e hicieron un minuto de silencio “en
homenaje a los caídos en cumplimiento del deber”. La frutilla del postre en el
cierre fue cuando uno de los policías gritó el nombre de José Luis Cabezas, para que
sus compañeros respondiera con el clásico “¡presente!”. Fue un gesto postrero
de reconciliación con los periodistas, a los que hostigaron antes y después de la
brevísima tregua.
Cuando se produjo el cierre del conflicto, fue imposible dialogar con los que fueron los
líderes del movimiento, la cabo Claudia Elizabeth Reyes, y los agentes Daniel Mario
Morganti, alias “El Gringo”, Roberto Araujo, Eduardo Sutte y Juan Andrés
Gómez. Los periodistas corrieron detrás de Morganti, el más charlatán, para tratar de
tener su testimonio. En el camino, el grueso de los hombres de prensa fue interceptado, a
golpes en algún caso, por la guardia de seguridad, que seguía en manos de la
Gendarmería. Lo más curioso ocurrió cuando “El Gringo”, a pesar de todo,
quiso acercarse a las cámaras de América 2. Uno de sus acompañantes le tapó la boca
con la mano y, como si fuera un simulacro de secuestro,entre dos lo introdujeron por la
fuerza en el asiento posterior de un Peugeot 504 de color negro. Y partieron a toda
velocidad.
Como resumen del conflicto puede decirse que, como en todos lados, en la fuerza policial
hay hijos y entenados, estrellas y estrellados. En varias de las largas noches de vigilia,
algunos agentes muy jóvenes contaron el por qué de su bronca con la cúpula policial. La
malaria general hace que todos soliciten préstamos –usurarios por lo demás– a
la mutual de la Policía, que se maneja “con los mismos criterios de La
Forestal” a principios de siglo, según aseguró un sargento veterano. Esto lleva a
una insoportable acumulación de cuotas impagas, que hacen que haya que pelear cuerpo a
cuerpo por los famosos “servicios adicionales” que agregan jugosos aportes al
magro salario básico.
Pero allí aparece de nuevo el oprobio para los que “no están en la trenza
grande”, tal como lo definió un oficial rubio vestido con una bermuda multicolor.
“Los jefes reparten entre los allegados y algunos siempre quedamos afuera o recibimos
migajas”. Anoche, después del final de la crisis policial, los artesanos
reaparecieron con sus puestos en la plaza Independencia. Sobre el pasto, quedaban todavía
restos de la comida que recibieron los sublevados, en calidad y cantidad, donada por
comerciantes que adhirieron así a la protesta. Claro que los verdaderos artífices del
operativo “provisiones” fueron dos cabos, cuyos nombres se mantuvieron en
reserva, señalados como especialistas del modus-operandi policial consistente en
“chapear” para obtener comida gratis tratando, en lo posible, de no manchar el
uniforme.
| Los detalles del arreglo *
Aumento anual de 1000 pesos “no remunerativo ni bonificable”, pagado en 10
cuotas iguales de 100 pesos, menos en diciembre y en junio. Esto tiene un costo para la
provincia de 6.720.000 pesos.
* Se dispone otra suma de 1.615.373 pesos para regularizar el pago del adicional por
“tiempo mínimo en el grado”.
* Se dará solución a los reclamos pendientes para cobrar adicionales por “riesgos
especiales” (incluido choferes) y tareas informáticas.
* Se autorizó la compra de chalecos antibala en forma “directa” con una
inversión de un millón de pesos.
* El 30 de noviembre deberá estar el dictamen de las Juntas sobre los ascensos de este
año, con la consiguiente mejora salarial.
* La Jefatura deberá reestructurar en forma paulatina el horario de servicio, hasta
llegar a las ocho horas de trabajo por 24 de franco.
* La jefatura no podrá pasar a revista pasiva del personal policial que se encuentre bajo
procesamiento judicial, siempre que no se haya dictado la prisión preventiva y no se
trate de un caso “de excepcional gravedad”.
* No habrá sanciones disciplinarias para los sublevados.
* Se solicitará a la Legislatura el “pronto tratamiento” de leyes de seguridad
para endurecer la normativa vigente.
El acuerdo, una dinamita
“¿Les permitirían a los mineros reclamar aumentos de salario con una dinamita,
que es su instrumento de trabajo, en el bolsillo?” El titular de la CGT de Mendoza,
Jorge Córdova, apeló a la ironía para criticar al gobierno provincial por haber
permitido que los policías, con sus armas reglamentarias en la mano, hayan forzado una
reivindicación salarial. “Hemos sufrido mucho con los milicos y no queremos volver
al pasado”, acotó.
–¿Qué opina del incremento salarial obtenido por la policía?
–Queda como interrogante si estamos en presencia de una nueva modalidad de pedir, con
los instrumentos de trabajo en la mano, como ocurrió con los policías, que estaban
armados. ¿Se permitiría a los trabajadores de la UOCRA ir a la manifestación con la
maza, la pala y el pico, y a los mineros con la dinamita en el bolsillo? Acá hay un
derecho adquirido, ya que los policías peticionaron con las armas en la mano. Los
trabajadores, en cambio, siempre van con las manos limpias.
–Y muchas veces son reprimidos por protestar.
–Es un tema delicado porque hay que analizar si la decisión política es la correcta
para el futuro de las instituciones democráticas y para el movimiento obrero. Nos gusta
vivir en democracia porque los trabajadores hemos sufrido demasiado en las épocas
nefastas de los milicos. Esperamos que lo que ha ocurrido no sea utilizado para
retroceder. |
EL GOBERNADOR ARTURO LAFALLA ANALIZA EL
CONFLICTO
“Es común recibir amenazas”
Por C. R.
“El conflicto está
solucionado, pero reconocemos que los problemas siguen y que hay que seguir
trabajando.” En diálogo con Página/12, el gobernador justicialista de Mendoza,
Arturo Lafalla, admitió que la crisis policial sigue teniendo flancos descubiertos. Al
mismo tiempo reconoció como “probable” que durante el levantamiento algunos
funcionarios de su gobierno hayan sido “presionados o amenazados” para que
respondieran a los reclamos de los uniformados.
–¿Usted cree que el reclamo era justo?
–Había cosas atendibles. Lo que era atendible y estaba al alcance del Estado, se
atendió. Lo que no, fue rechazado.
–¿Y ahora qué va a pasar con los reclamos de otros gremios, como docentes o
sanidad, que tienen también quieren aumento de sueldos?
–Los policías están corriendo un riesgo inusual como consecuencia de la irracional
ola de violencia. Ser policía hoy no es lo mismo que haberlo sido hace dos o cuatro años
acá en Mendoza. Hoy tienen riesgos que antes no tenían. Ese riesgo debe ser compensado
con mayor protección legal, mayor equipamiento y también mayor reconocimiento
económico.
–En ocasiones anteriores, por ejemplo en enero de 1995, ya la Policía había
protagonizado levantamientos similares. ¿Haberle dado lo que pedían garantiza que ya no
vuelvan a levantarse nunca más?
–Esta tiene que ser la última vez.
–¿Es cierto que algunos funcionarios recibieron presiones o amenazas durante estos
días de crisis policial?
–Es común que los funcionarios recibamos amenazas y es probable que se hayan
incentivado, pero yo no tengo miedo. Y si tengo miedo, hay que pensar que tener miedo es
humano. Tengo hijos y familia como todos, pero el día en que no sea capaz de superar ese
miedo no podré estar aquí.
–¿El levantamiento puso en riesgo al gobierno provincial?
–Yo no creo que haya estado en riesgo el funcionamiento de las instituciones. Hubo
una conmoción severa, seria, pero ya se han vivido otras situaciones peores. No hubo caos
ni un desborde de violencia.
–¿Por qué ratificó en sus cargos al jefe y al subjefe de la policía cuando ambos
habían sido cuestionados por los sublevados, que dieron su apoyo al jefe de la Regional
Quinta comisario Pedro Sánchez?
–Mi responsabilidad es designar al jefe, al subjefe y a la cúpula. Yo ratifico a esa
jefatura. Son ellos los que van a reconstituir la cadena de mandos y los responsables de
hacer volver a la normalidad a la policía.
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