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Están por echar a Rousselot pero los radicales lo pueden salvar

Una comisión detectó graves irregularidades   en un contrato. Pero los concejales de  la UCR no quieren votar la suspensión.

El intendente de Morón estaba en la cuerda floja por otro contrato.
Pero los radicales locales no quieren echarlo. Crisis en la Alianza.

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Por Miguel Jorquera

t.gif (67 bytes) Juan Carlos Rousselot tenía sellada su suerte como intendente de Morón, pero una inesperada resolución del radicalismo lo salvaría de la casi segura destitución. La UCR decidió no avalar la suspensión de Rousselot tras las irregularidades que detectó la comisión investigadora, conformada por concejales frepasistas, duhaldistas y radicales, en el análisis del contrato del servicio privatizado de control de tránsito vehicular, que habría provocado perjuicios millonarios a la comuna. La postura radical puso a la Alianza al borde de la ruptura y trasladó la disputa al ámbito provincial y nacional.
Presionadas por sus aliados, distintas corrientes del radicalismo operaban desesperadamente sobre cada uno de sus tres ediles para revertir la postura del comité local, en la decisiva votación que resolverá el alejamiento o no del intendente prevista para hoy a las 11 de la mañana en el Concejo Deliberante.
“No podemos seguir sosteniendo una alianza con encubridores de un corrupto como Rousselot.” La frase que hizo pública el concejal y dirigente frepasista de Morón, Martín Sabatella, también retumbó en los oídos de sus máximos dirigentes. El debate llegó hasta la mesa nacional de la Alianza, donde el diputado Rodolfo Rodil y el senador Leopoldo Moreau analizaron las dificultades que crearía esta decisión del radicalismo de Morón en el frágil equilibrio alcanzado, hasta ahora, por ambas fuerzas en el territorio bonaerense. El intendente de Vicente López, Enrique “Japonés” García, tuvo que salir de una reunión del comité provincial del radicalismo para escuchar las quejas de Mary Sánchez. “Hacer la vista gorda sobre actos de corrupción no sólo ponen en peligro los principios que dieron origen a la Alianza sino a la Alianza misma”, le dijo la ex dirigente docente al presidente de la UCR provincial.
Dentro del plenario radical, la diputada nacional Margarita Stolbizer se encargó que el tema se transformara en excluyente: “Política y jurídicamente existen motivos suficientes para la suspensión y esta decisión pone en peligro la Alianza”, dijo dirigiéndose en tono de reproche al sector que lidera el precandidato a gobernador Melchor Posse, cuyos hombres en Morón tomaron la determinación de no suspender al intendente.
La suerte de Rousselot ya estaba echada. El dictamen de la comisión investigadora fue contundente: la suspensión por 90 días de Rousselot por las reiteradas “faltas graves” en el ejercicio de los controles sobre el canon que debe pagar la empresa encargada del servicio privatizado Estacionar S.A. y que habría causado una millonaria pérdida económica al erario municipal. La destitución sería el paso siguiente. Para los miembros de la comisión, habría elementos suficientes que la justificarían y de la que el intendente no podría zafar.
La votación por la suspensión estaba asegurada con el apoyo en el recinto de tres concejales duhaldistas y ex aliados del intendente. Pero la deserción del radicalismo dejó al heterogéneo bloque opositor sin los dos tercios necesarios para suspender al intendente. Un inesperado plenario del radicalismo local convocado por su presidente, el diputado nacional Manuel “Titi” Martínez (considerado por sus propios correligionarios como un amigo personal de Rousselot) puso en duda la resolución y por 15 votos a 8 resolvió que los concejales de su partido no respaldaran la medida. Los concejales radicales que participaron de la investigación, avalaron sus conclusiones y hasta colaboraron en la redacción del documento, no rubricaron la suspensión de Rousselot.
La crisis está por estallar.

 


 

Referéndum y consulta

t.gif (862 bytes) Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires cuentan desde ayer con dos instrumentos que posibilitarán su participación en la toma de decisiones de gobierno: la Legislatura porteña aprobó por unanimidad la ley que reglamenta los mecanismos de referéndum y consulta popular, consagrados en la Constitución local.
Por medio del referéndum se someterá a la decisión del electorado la sanción, reforma o derogación de normas de alcance general. Su resultado será vinculante y los vecinos tendrán la obligación de votar.
Esa es la diferencia con la consulta popular, que permitirá al Ejecutivo, la Legislatura o las comunas en que será dividida la ciudad conocer la opinión de los porteños sobre decisiones de sus respectivas competencias.
Las leyes que no pueden ser sometidas a referéndum son las de reforma constitucional, las que requieren mayoría especial para su aprobación y las referidas a tratados internacionales, presupuesto y tributos. Esta última materia sí puede ser objeto de consulta popular, o sea que se les podrá preguntar a los vecinos sobre la conveniencia o no de aumentar sus impuestos para la realización de determinadas obras.

 

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