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Por Nora Veiras  “Estaremos
asistiendo, acaso, a una tercera fundación de Buenos Aires como ciudad atea” había
dicho el entonces arzobispo auxiliar de la arquidiócesis porteña, Héctor Aguer, cuando
se sancionó la Constitución local. Ahora que la Legislatura está embarcada en la
discusión sobre los proyectos de Ley de Educación de la Ciudad, el Arzobispado
metropolitano se ocupó ayer de advertirle a los legisladores que “si por laicidad se
entiende la exclusión de la dimensión trascendente y religiosa de la educación, hay que
afirmar que se trata de una discriminación en contra de quienes conciben la vida con ese
sentido” y defender los subsidios a ese sector porque “la libertad de enseñanza
sin el aporte estatal es sólo libertad para los ricos”. La embestida eclesiástica
anticipa el tono del debate sobre educación que será el tema central de la Conferencia
Episcopal que sesionará la semana próxima.En la comuna, los colegios católicos reclutan a 161.212 alumnos desde el nivel inicial hasta el terciario, lo cual representa un 26 por ciento de la matrícula total. Sin embargo, la Iglesia manifiesta su preocupación también “por los católicos que asisten a las escuelas privadas laicas y a las públicas”. Durante la conferencia de prensa convocada para difundir el documento Educación. Es hora de dar el presente, el presbítero Juan Torrella, responsable de la Vicaría Episcopal de Educación, se negó a identificar cuáles de los siete proyectos que están en la Legislatura les provoca “preocupación” porque “la Iglesia no quiere entrar en confrontaciones políticas. La Iglesia ha dicho presente en el ámbito de la educación en el Río de La Plata desde hace 350 años y tenemos el compromiso de hacer oír nuestra voz”. El miércoles próximo, los colegios católicos participarán de la ronda de consultas convocada por la legislatura junto con representantes de las otros sectores de la educación privada. El documento, elaborado con la participación de Julio Labaké, Norberto Baloira, Lila Archideo y José Luis González, entre otros, parte de la concepción de que “toda la educación es pública y se divide en dos gestiones: una estatal y otra privada”, llama la atención sobre el peligro de que “el Estado que debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos al sistema educativo, transforme esa misión en intromisión, dirigismo o monopolio”. Después de reivindicar la necesidad de garantizar los subsidios estatales –destinados al pago de los sueldos docentes– como condición “para el ejercicio real y concreto de la libertad de enseñanza”, el arzobispado entró en la dimensión espiritual y advirtió que “creemos que en la actualidad, la pretensión de excluir del sistema educativo toda referencia de la dimensión espiritual y religiosa, resulta autoritario y violatorio de los derechos humanos garantizados por la Constitución Nacional, la Ley Federal y los tratados internacionales”. En la rueda de prensa, Labaké alertó que “no se puede caer en ideologismos cerrados que desconozcan la dimensión religiosa de la persona”. En rigor, el alerta de la Iglesia porteña, enmarcada en los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica, es un tiro por elevación contra la Constitución local que consagra “la educación estatal-laica” y no asegura los subsidios sino que en su artículo 25 establece que “la Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos”. El titular de la Comisión de Educación de la Legislatura, el radical Daniel Bravo, señaló que “la Iglesia debe perder el temor a ser discriminada porque los legisladores no ignoran su posición sobre este tema liminar, pero nadie nos tiene que advertir nada porque es nuestra decisión escuchar a todos los sectores interesados”. Los sectores católicos pretendían un encuentro exclusivo con los legisladores yvivieron como un desaire que se los cite con el resto del sector privado. Desde el Frepaso, María Elena Naddeo, criticó la pretensión de incluir religión en las escuelas estatales porque “implicaría generar situaciones anacrónicas de discriminación y exclusión, dada la diversidad étnica y cultural existente en la población de la Ciudad”. En el embate, la Arquidiócesis evitó confrontar con el jefe de gobierno porteño Fernando de la Rúa, quien a pesar de haber elaborado un proyecto de Ley de Educación todavía no lo elevó a la Legislatura. Prefirieron focalizar el conflicto con los encargados de discutir los proyectos.
DEBATE SOBRE TRABAJO Y POLITICA
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