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Por Adriana Meyer  La jueza federal
María Servini de Cubría –que investiga el asesinato del ex jefe del Ejército de
Chile, general Carlos Prats– aseguró a Página/12 que “considera importante
citar e interrogar al dictador Augusto Pinochet”, imputado en esa causa. Pero aclaró
que debe decidir primero sobre la prescripción porque el tiempo transcurrido desde el
hecho supera los quince años y –cuando la reemplazó durante la feria– el juez
Norberto Oyarbide abrió el incidente sobre esta cuestión. Servini de Cubría había
solicitado a la Justicia chilena los expedientes del único juicio que existe en ese país
contra Pinochet, porque la existencia de antecedentes penales podría interrumpir la
prescripción.La sala segunda de la Corte Suprema resolvió ayer que la magistrada puede acceder al denominado “caso del Melocotón”, una causa abierta en 1984 por presuntas irregularidades en la adquisición y posterior traspaso al Fisco de terrenos en la zona cordillerana de Santiago conocida como “el Melocotón” por parte del entonces presidente de la República. La situación había sido denunciada por un grupo de 23 destacados abogados, entre los cuales figuran el ex presidente Patricio Aylwin, el senador Gabriel Valdés, el candidato presidencial Ricardo Lagos y el presidente del Senado, Andrés Zaldívar. Estos documentos fueron solicitados por Servini de Cubría en el marco del proceso por el homicidio del antecesor del general Pinochet al frente del Ejército chileno, general Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, crimen perpetrado en Buenos Aires en 1974. Se habían refugiado la Argentina tras el golpe militar de septiembre de 1973 y fueron asesinados en Palermo, presumiblemente por un comando de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen militar. Por la muerte de Prats hay un solo procesado, el ex agente de la DINA en Argentina, Enrique Arancibia Clavel. Servini de Cubría tomó en noviembre de 1997 la decisión de dejarlo encarcelado y la Corte Suprema ratificó su determinación. Arancibia Clavel tiene prisión preventiva y está preso desde hace casi tres años. Espera ser juzgado por el Tribunal Federal Oral número 6 en fecha aún no establecida. Con voto en disidencia de María del Carmen Roqueta, el mes pasado ese tribunal apartó al Estado chileno como querellante y estableció que juzgarán sólo por el delito de homicidio. La resolución estableció que son los chilenos los que deben decidir si la DINA fue una asociación ilícita o no. Fuentes judiciales especularon con que esta decisión beneficia a Arancibia Clavel, porque su participación habría sido de apoyo al asesinato, aportando los explosivos. En junio el ministro del Interior, Carlos Corach, negó que el Gobierno hubiera realizado alguna gestión ante Chile para evitar que Pinochet fuera citado a declarar por la Justicia argentina. Cuando el juez Norberto Oyarbide reemplazó a Servini de Cubría, dispuso que se analizara si la causa contra Pinochet no había prescripto. Sofía Prats –hija del general- le pidió a la jueza que no considerara la caducidad y que citara al dictador. Por su parte, los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda pidieron la declaración indagatoria no sólo de Pinochet, sino también del general en retiro Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, todos imputados de formar parte de la DINA como asociación ilícita responsable del asesinato de Prats. La Corte Suprema de Chile autorizó la declaración de Contreras y Espinoza, presos por el caso Letelier. Ante este diario, la jueza Servini consideró importante escuchar al dictador Pinochet, pero aclaró que lo hará recién cuando los tiempos procesales se lo permitan.
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