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En una escalada que parece agravar aún más la crisis sin precedentes por la que atraviesa el cine argentino, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales difundió ayer un comunicado que provocó un inmediato repudio generalizado por parte de las entidades vinculadas con el sector. En la tarde de ayer, el INCAA emitió un comunicado de prensa, sin firma, titulado Créditos y subsidios para el cine argentino, en el que se decía haber encontrado una fórmula económica que permite seguir respaldando la actividad cinematográfica, de acuerdo con las directivas del Sr. Presidente de la Nación. El informe, que aludía a la conocida emergencia internacional, mencionaba como solución compensar las deudas que tienen los productores por los años 1997 y 1998 con subsidios devengados a su favor tal como lo prevé la Ley de Cine. El comunicado no mencionaba el inminente recorte presupuestario de más del 40 por ciento que sufriría el organismo para el ejercicio 1999 y tenía un final abierto, no exento de cierta demagogia: Próximamente, el Instituto Nacional de Cine dará a conocer las pautas de la política crediticia, destinada, como es de rigor, a toda la actividad en general, pero orientada especialmente a promover las realizaciones de productores-directores independientes y jóvenes realizadores. Apenas horas después de conocido el texto, las agrupaciones del sector, reunidas de urgencia en la sede del Sindicato de la Industria Cinematográfica (SICA), emitieron a su vez una durísima respuesta, que habla ya de una guerra abierta entre el Instituto, por un lado, y la gente de cine por el otro. Las entidades abajo firmantes, representativas de la totalidad de las ramas de la industria cinematográfica argentina, repudian en todos y en cada uno de sus términos el Comunicado de Prensa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales del día de la fecha, comienza el texto. Y luego puntualiza: La solución propuesta por el director nacional del INCAA para lo adeudado a los productores en el período 1997/98 no sólo no da solución alguna, sino que compromete gravemente el futuro de dicho organismo y aumenta la inseguridad jurídica y económica del cine, que derivará en una avalancha de juicios al Estado por el enorme perjuicio causado a los productores. La actual crisis que atraviesa la industria cinematográfica no tiene ninguna relación con la emergencia financiera internacional, sino que se debe pura y exclusivamente a la pésima administración del INCAA y al sistemático incumplimiento de la Ley de Cine. El texto concluye con una acusación concreta: El comunicado del señor Julio Mahárbiz pretende dañar el fructífero diálogo que las entidades firmantes mantienen con el Poder Ejecutivo Nacional y con el Honorable Congreso de la Nación. Estas entidades continuarán manifestando y dialogando en la búsqueda de soluciones reales al problema. Entre las ocho entidades firmantes, están la Asociación Argentina de Actores, la Asociación General de Productores de la Argentina y Directores Argentinos Cinematográficos.
DESPIDOS Y ASAMBLEA EN TELEFE Aunque la edición de anoche de Telefé Noticias fue presentada como es habitual por Rosario Lufrano y Carlos Asnaghi, detrás de cámaras nada era igual. Un conflicto entre la empresa y su personal hizo peligrar la salida al aire del noticiero, que se emitió desde un estudio diferente del habitual, en un clima caldeado. Desde el mediodía, el personal del noticiero y Red de Noticias se encontraba ayer en asamblea permanente, reclamando la reincorporación de tres empleados: un camarógrafo, un periodista y un asistente. Los despidos se desencadenaron por un conflicto iniciado hace diez días, tras la iniciativa del canal de modificar el régimen de viáticos para viajes al interior y exterior del país. Esa acción rompería con el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Periodista y, según la UTPBA, responde al ingreso del CEI en el negocio de los medios masivos en la Argentina, a través de firmas como Telefé, Canal 9 y América. Los trabajadores del noticiero sostienen que se trata de un conflicto inventado por la empresa, ya que durante dos años tuvimos una modalidad de pago en los viajes que ahora quieren cambiar, modificando usos y costumbres, aduciendo que tienen un problema fiscal. Comenzamos a conversar sobre estos cambios, pero no nos pusimos de acuerdo. Entonces, en lugar de seguir conversando y ante un inminente viaje a Mendoza, llamaron a tres empleados y, ante un escribano, les pidieron que notificaran si viajaban o no bajo las nuevas condiciones. La gente dijo que no se negaba a viajar siempre y cuando se respetaran los usos y costumbres, y que no pensaba seguir hablando con el escribano presente. De allí surgieron los despidos y la asamblea que impulsó al Ministerio de Trabajo a una audiencia conciliatoria a las 16. Al cierre de esta edición, una conciliación obligatoria imponía al canal a reincorporar a los despedidos, fijando un lapso de quince días para renegociar la cuestión de los viáticos. El personal del canal se mantenía en asamblea.
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