LAS ARMAS TRIANGULADAS PASARON POR NUEVAS PARA COBRAR EL REINTEGRO

A Croacia con una ayudita de la Aduana

En los embarques se alteraron fechas, pesos, contenidos y características del material. Además, el reintegro que se pagó no figura en los asientos de Fabricaciones Militares.

  En los expedientes que permitieron la salida del país de los embarques de armas a Croacia y Ecuador se alteraron fechas, pesos, contenido de contenedores, características del material y lugares de verificación. La maniobra, que habría sido realizada en Fabricaciones Militares, necesitó de la complicidad de las autoridades aduaneras. El falseamiento de las características del material --nuevo por usado-- permitió a Fabricaciones, además, el cobro del 15 por ciento por reembolsos a las exportaciones, los que debían ser autorizados --según funcionarios aduaneros-- por el ex administrador Gustavo Parino. Los reintegros, sin embargo, no estarían registrados en los listados estadísticos de la Aduana y los pagos no habrían ingresado en la contabilidad de Fabricaciones. Estas irregularidades refuerzan la idea de que para realizar con éxito las maniobras se utilizó toda la estructura del Estado.

La complicidad de la Aduana en la salida del país de las armas fue imprescindible: si se hubiera controlado el material, las exportaciones no habrían sido autorizadas. Los expedientes, a los que accedió este diario de modo exclusivo, permitieron la salida irregular de 358 contenedores que partieron en seis embarques del Puerto de Buenos Aires y del Aeropuerto de Ezeiza con "material bélico secreto", entre junio de 1993 y marzo de 1995. El decreto PEN 1697/91 autorizó a la Aduana "a dar curso a la operación mediante simple solicitud de Fabricaciones Militares". Los 6 expedientes se iniciaron, tal como dispuso el decreto, cuando la jefa de Comercio Exterior de Fabricaciones, Teresa de Canterino, anunció al jefe operacional Capital de la Aduana que Fabricaciones "realizará una exportación de material bélico secreto", por lo que solicitó "autorice la salida mediante una operación especial a efectos de asegurar la reserva". Simultáneamente, Canterino requirió al jefe de la División Exportación de la Aduana la "verificación del material".

El mejor ejemplo de las maniobras surge de los expedientes EAAA 423.125 y 423.126, iniciados el 15 de julio de 1993: habilitaron la salida del país de 230 toneladas de pólvora en una operación autorizada por el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, actualmente detenido. El trámite formal permitió la exportación de 112 contenedores, con 1700 toneladas, a un valor de u$s 7.200.000. El mismo día de inicio, el entonces subadministrador de la Aduana de Buenos Aires, Carlos Alonso --último muerto vinculado a la causa-- autorizó la "verificación" del material para el 23 de julio a las 15 hs. De acuerdo al Acta de Verificación, sin embargo, la operación se llevó a cabo el mismo 15 de julio, a las 17, en la FM de San Martín, donde dos funcionarios aduaneros "controlaron" 4 contenedores. Dos horas después, en la FM de Pilar, los mismos dos funcionarios concluyeron la "verificación" de los restantes 108 contenedores. De acuerdo al Acta, el material exportado consistió en "municiones 9 mm, fusiles y cargadores FAP, tiros completos, morteros y cohetes Pampero".

La verdad es que el material nunca fue verificado, los 112 contenedores nunca estuvieron en la Fábricas Militares de San Martín y Pilar, en su interior se encontraba un material distinto al declarado, en gran parte era usado y recién llegaron al Puerto el 12 de agosto, dos días antes de partir rumbo a Croacia en el buque "Opatija".

El recorrido verdadero de los contenedores y su contenido es posible de determinar a través de la investigación del juez federal de Bell Ville, Edgardo Fillippi, por la venta irregular de pólvora de la FM de Villa María, y por los testimonios de los dueños de las empresas de transporte y funcionarios aduaneros recogidos por este diario. Mario Bisio, titular de la firma Transportes Bisio SRL --de Rosario-- confirmó que realizó el transporte de contenedores desde Córdoba hasta la localidad bonaerense de Campana --en lugar de Pilar y San Martín, como señalan los expedientes--, y allí se descargaron en los depósitos Padilla SA. "En estos días tengo que llevar la documentación al juez Jorge Urso", anticipó el empresario. Al declarar Pilar y San Martín como lugares de verificación, se dio intervención a la Aduana de Buenos Aires, cuando el trámite debía realizarlo personal de la Aduana de Campana.

Otro elemento que demuestra las irregularidades surge de las fechas de contratación de las empresas de transporte. La secuencia real --de acuerdo a la documentación enviada al juez Fillippi por FM y a la cual accedió este diario-- fue la siguiente: el 15 de julio el director de Coordinación, coronel Egberto González de la Vega, solicitó a la jefa de Comercio Exterior, Teresa de Canterino, que "contrate los vehículos necesarios para el traslado de contenedores con material bélico secreto en Villa María". Quince días después, el 29 de julio, y luego de realizar el recorrido administrativo, el director de Producción, general Antonio Vicario, aprobó la contratación de las empresas que realizaron los viajes Córdoba-Campana "entre el 2 y 12 de agosto". Para los expedientes de Aduana, sin embargo, los 112 contenedores ya habían sido verificados en San Martín y Pilar y puestos "sobre camiones rumbo al Puerto" el 15 de julio.

Las falsedades de los expedientes se debieron, en parte, a la necesidad de ocultar el contenido de los contenedores: las 230 toneladas de pólvora no estaban amparadas en los decretos que autorizaron las exportaciones y, además, porque en las existencias de Fabricaciones la pólvora vendida figura como "incinerada". "Y obviamente, aseguró Fillippi, no existirían constancias sobre ingresos de fondos de una venta que Fabricaciones no registra."

LA OBTENCION DE MAXIMA RENTABILIDAD EN LA MANIOBRA

"Mercadería nueva argentina"

Por D.O.

La ingeniería de exportación de armas fue diseñada para obtener la máxima rentabilidad de las maniobras. Y los servicios que brindó la Aduana son el mejor ejemplo de utilización del aparato estatal para encubrir negocios ilegales. La adulteración de los expedientes fue imprescindible para realizar las operaciones: se declaró "nuevo" al material que era usado. De ese modo, la venta se realizó bajo amparo de decretos presidenciales, desinvolucró al Ejército como proveedor y, además, añadió un 15 por ciento de utilidades en concepto de reembolsos a las exportaciones de "mercadería Argentina nueva, sin uso".

El cobro de reintegros puede haber significado una porción importante del negocio. Existen elementos de prueba que revelan la existencia de declaraciones "duplicadas" de exportaciones. En el marco de la investigación del juez Filippi por la desaparición de 230 toneladas de pólvora, Fabricaciones Militares le informó al juzgado que "el peso bruto de toda la venta, según factura, asciende a 600 toneladas". Sin embargo, en los Expedientes EAAA 423.125 y 423.126 que documentaron la exportación, el peso del material embarcado fue de 1700 toneladas.

En los años en que se efectuaron las operaciones, el pago de reintegros estuvo a cargo de la Comisión 75, creada por el ex administrador de Aduana, Gustavo Parino, y con antecedentes de notable actividad en el "escándalo del oro". La Comisión autorizaba pagos de reembolsos hasta 70 mil pesos. Los pagos por cifras superiores "necesitaban tres firmas, designadas por el licenciado Parino", según reveló Rosa García, ex integrante de la Comisión 75, ante los diputados que investigaron la Aduana paralela. La funcionaria, además, reveló quién le "sugirió" en dos oportunidades que agilice pagos por reembolsos al oro: Osvaldo Ferrer, principal asesor de Parino y según fuentes legislativas y judiciales "verdadero administrador" de la Aduana entre los años 1992 y 1995.

Como en el caso del oro, en las exportaciones de armas aparece involucrada la firma Express SRL. "La participación de Express SRL se limitó a recibir instrucciones de Fabricaciones Militares para confeccionar los remitos", señaló la empresa en una nota dirigida a los diputados que investigaron la Aduana. "Corresponde destacar –-agregó-- que el trámite ante las autoridades aduaneras lo realizó personal de Fabricaciones Militares". Desde 1996, tras una retirada desprolija, Osvaldo Ferrer regresó a la actividad privada como responsable de la División Logística de Express SRL.

Las "desprolijidades" no quedaron allí. El formulario que debe llenar un exportador para ser acreedor a los reembolsos es el "Permiso de Embarque". La Aduana le asigna un número correlativo y, de ese modo, entra "en la ruta oficial de pagos". Pero a los "permisos" de las armas se les reemplazó el número oficial por el número de expediente. "De ese modo no se los incluyó en la base de datos sobre estadísticas de pagos de reintegros. Si se lo registraba, cualquiera podía acceder a esa información", señaló una fuente aduanera vinculada con la operatoria de exportaciones.

En los seis expedientes, a lo largo de tres años, aparece la misma caligrafía manuscrita. En algunos casos como funcionario de Fabricaciones Militares, en otras de la Aduana, y también estableciendo el monto de un reintegro. El diputado nacional Horacio Viqueira, consultado sobre la curiosidad, adelantó que solicitará una pericia caligráfica de los documentos. Para el legislador la maniobra fue simple: "En Fabricaciones se armaba el expediente y personal de la Aduana se limitaba a poner la firma".

PRINCIPAL