La memoria contra el presente
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Por Alfredo Grieco y Bavio
Durante la Segunda Guerra Mundial, el premio Nobel alemán Thomas Mann decía que era imprescindible agradecer a Hitler, porque había simplificado las pasiones morales, y las había reducido a estar a favor o en contra del nazismo. Hoy debemos estar agradecidos a Pinochet. Porque en definitiva todas las posiciones de quienes quieren salvarlo significan justificarlo. Las posiciones de quienes han iniciado la cruzada "Salven a Pinochet" pueden clasificarse en tres tipos según una apresurada taxonomía. Las primeras son antidemocráticas, reivindicatorias o autoexculpatorias. Pinochet fue un bien (libró a Chile del "marxismo internacional" y lo modernizó económicamente), o un mal necesario (mismo argumento, pero deplorando los "excesos" de la represión). Las segundas son nacionalistas. Es una prueba del imperialismo colonialista de los españoles y de los ingleses que hayan capturado al senador vitalicio de un país orgulloso, cierto, pero débil en el concierto de las naciones. Era el argumento local de 1979. Los argentinos éramos derechos y humanos, ¿qué tenían que hacer aquí la OEA y Jimmy Carter? Las terceras posiciones son las más interesantes. Defienden a Pinochet desde un lugar a primera vista paradójico: la democracia. O, al menos, la gobernabilidad de los regímenes democráticos, que no es lo mismo. Es el argumento del gobierno chileno y de su presidente, Eduardo Frei, repetido por los regímenes argentino, brasileño y uruguayo. La apología de Pinochet se transformó, a los ojos de Frei, en algo muy distinto: la defensa de los términos en que fue pactada la transición democrática. Después del Holocausto, predicar el olvido o el perdón del pasado dictatorial siempre fue un tabú políticamente incorrecto. Sin embargo, sería un error histórico pensar que todas las democracias occidentales optaron por la memoria. Ya sabemos que el Cono Sur prefirió no enfrentar el pasado, o no siempre pudo hacerlo como hubiera querido. La Argentina con su secuencia de CONADEP, juicio, obediencia debida, punto final e indulto, el Brasil con una reticencia absoluta, el Uruguay con un plebiscito que disuadió todo juicio, y Chile con el peso de una Constitución que aceptaba la amnistía de los militares y elevaba a Pinochet al rango de senador vitalicio. Frei recordó explícitamente, en tierra española, el pasado franquista. La comparación era nítida, y no era arbitraria. En 1986, el jefe de gobierno socialista Felipe González proclamó que el pasado "ya era historia" y no "estaba presente y vivo en la realidad de nuestRo país". La ocasión era particularmente simbólica: se cumplían 50 años del comienzo de la Guerra Civil. En 1975, la transición democrática se pactó, y se respetó lo pactado. No hubo juicios a criminales franquistas. En la inmediata posguerra europea, Francia también quiso olvidar su colaboración con los nazis en el régimen de Vichy, y optó por el mito nacional y unificador de un país resistente forjado por De Gaulle. Lo mismo ocurrió con la Austria de Kurt Waldheim, convertida con ayuda de los Aliados en la pobre víctima de una Alemania avasalladora. Quizás inadvertidamente, Frei no fue el primero en reclamar el precedente de la transición española. En el otro extremo de Europa, en 1990, el primer premier polaco no comunista en más de 40 años, Tadeusz Mazowiecki, recordó a España en su discurso inaugural en el Parlamento. El tono era análogo al de Frei: dejemos que los muertos entierren a los muertos, miremos al futuro sin juicios ni recriminaciones. Pero en 1992 el gobierno polaco cayó después de la "noche de los archivos largos", cuando bastó con que se hicieran públicas los vinculaciones de muchos políticos ex comunistas con la policía secreta. El caso chileno es particular. Su transición negociada no significó un comienzo absoluto, sino una perduración bien definida y "constitucional" de estructuras del "antiguo régimen" en el nuevo. No hubo juicios ni depuraciones (sólo en las fuerzas de seguridad). Para comisiones de verdad tuvo que conformarse con el Informe Rettig, la Comisión de Verdad y Reconciliación. Como señaló el especialista chileno en derechos humanos José Zalaquet, no se trata sólo de investigar exhaustivamente la verdad sobre la dictadura pasada, sino de conseguir que la veracidad de esa verdad sea proclamada de manera pública y oficial, y no reducida a una opinión entre otras. La política de Frei es defender la concertación, el compromiso y la democracia chilena en sus términos actuales. Someter el pasado a un examen muy minucioso sólo serviría para reabrir heridas y desgarrar la sociedad, y lo que aparentemente contribuiría a fortalecer el Estado de derecho sólo ayudaría a socavarlo. Frei es un democristiano, y la suya es la posición que adoptó su correligionario Konrad Adenauer en la Alemania de la década de 1950. Creía que la combinación de amnistía y amnesia permitía la consolidación de la democracia, y que ayudaba así a que los nazis se convirtieran en demócratas. Las revueltas del '68 en Alemania o las que vivió Santiago con la detención de Pinochet son algunas pruebas de que la solución democristiana no fue por el mejor camino. Las víctimas, sus familiares, sus amigos, tienen un derecho moral inalienable a saber en manos de quiénes sufrieron o murieron. Que los verdugos y torturadores anden sueltos, o que incluso ocupen respetadas posiciones en el gobierno, compromete al nuevo régimen democrático a los ojos de quienes deberían ser sus sostenes más inquebrantables. Los sucios fragmentos del pasado reaparecen siempre, y son usados suciamente en la lucha por poder político. En el Senado romano, Cicerón había recomendado olvidar para siempre el asesinato de Julio César. Pero no pasó mucho tiempo sin que los partidarios de César mataran al que quería olvidar el crimen. Pinochet intentó fugarse de Londres
El sábado pasado, el general planeó huir en el vuelo de las 7.00 a Chile. La policía recibió un anónimo y aceleró el arresto.
Por Michael Gillard y David
Connett
Según revelaciones del diario británico The Observer, los detectives de Scotland Yard frustraron el fin de semana pasado un plan para sacar al ex dictador chileno Augusto Pinochet de Gran Bretaña. Los asesores del general que lo visitaron en la clínica están bajo sospecha de haber planeado una huida secreta del país para llevarlo a Chile en el vuelo de las siete de la mañana del sábado pasado. Lo hicieron para evitar el probable arresto por parte de la Interpol, que cumple con un pedido formulado desde España. Según fuentes policiales, Scotland Yard recibió un aviso anónimo de intento de fuga, lo que los decidió a realizar el arresto de Pinochet en la noche del viernes en la clínica privada de Londres donde se había sometido a un tratamiento médico. La revelación del intento de escape de Pinochet sigue al rechazo por parte del canciller británico, Robin Cook, de las demandas chilenas por su liberación. Cook le dijo al viceministro de Relaciones Exteriores de Chile que "no era apropiado ni posible" que su cartera interviniese en el pedido español de extradición. Un juez español, Baltasar Garzón, quiere interrogar al dictador respecto de asesinatos y torturas de ciudadanos españoles durante sus 17 años de gobierno. Los detectives ingleses se enteraron del plan de escape horas después de haber recibido la orden de arresto del juez Garzón. A las 9 de la noche del 16 de octubre, los policías se presentaron en el domicilio particular del magistrado Nicholas Evans y obtuvieron una orden provisional de arresto contra Pinochet. Cerca de la medianoche llegaron a la clínica donde estaba internado. Fuente de Scotland Yard confirmaron ayer que el aviso del plan de fuga los forzó a acelerar el arresto. La policía recibió críticas por arrestar al anciano general en una cama de hospital. Debido a este intento de fuga, es muy difícil que Pinochet pueda salir en libertad bajo fianza, ya que es costumbre mantener en prisión a acusados que puedan dejar el país. Scotland Yard tomó medidas extra de seguridad para custodiar al general, que recibió amenazas. Pinochet deberá comparecer ante un juez apenas se sienta mejor. Enfrentará una nueva orden de arresto y cargos por quebrar una convención internacional contra el terrorismo, el secuestro y la tortura que firmaron tanto España como Gran Bretaña.
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