Una policía con problemas de nervios y de clase

Detrás de la sublevación policial en Mendoza se oculta la herencia del Proceso, una lucha de pobres y clase media y un reporte psiquiátrico.

  "Los comisarios que hoy integran la cúpula de la policía provincial son los subalternos que en la dictadura eran 'operativos' y ejecutaban las órdenes aberrantes". La frase fue deslizada ante Página/12, sin pregunta previa, por el ex asesor de uno de los 13 jefes de policía que Mendoza tuvo en los últimos diez años, como una forma de explicar el accionar sedicioso de la policía local. El ex sacerdote y escritor Rolando Concatti, víctima de la persecución política durante el régimen militar, opinó que el problema policial se ha precipitado también por situaciones recientes y contradictorias: "La brutal fragmentación social lleva a que los policías rasos provengan de los mismos sectores excluidos y marginales a los que ellos mismos tienen que reprimir". Por eso aparecen reclamando "por salarios, viviendas y enojados con sus jefes, que tienen otro status social, porque aparece allí una cuestión de clase".

Como otro elemento tendiente a analizar las causas de la violencia policial y la ineficacia de las medidas que se disponen desde el poder político, este diario tuvo conocimiento de un informe --hasta ahora secreto-- realizado por un equipo oficial de psicólogos, que reveló hace un par de años que sobre un total de 454 casos, un alto porcentaje de los nuevos agentes incorporados por la policía mendocina tenía dos rasgos distintivos de su personalidad: eran maníacos o paranoides.

Tras la evaluación preliminar, los psicólogos recomendaron que el trabajo continuara con un seguimiento de esos casos, en una tarea de contención tendiente a evitar posibles desbordes emocionales. En el informe los profesionales advertían sobre los paranoides, dado que son "hipervigilantes" y temen ser agredidos por una sociedad a la que ven como "corrupta" mientras ellos son los "puros". La tarea, que había sido encarada por disposición del gobierno mendocino, quedó inconclusa.

La situación emocional de los policías provinciales fue tema de debate en el juicio oral por el crimen de Hugo Gómez Romagnoli, de 28 años, ocurrido en diciembre de 1996, con posterioridad al estudio mencionado. El policía condenado por el hecho fue señalado por los psiquiatras como una persona con tendencia al desequilibrio. Eso no le había impedido, en 1995, ser considerado por la fuerza como uno de los policías ejemplares por su desempeño en el manejo de las armas y otras actividades. A Gómez Romagnoli lo mataron por error, sólo porque viajaba en un vehículo similar a otro que era buscado. Trece efectivos fueron sumariados por el caso.

Irma "Quitita" Neme, presidenta de FAVIM (Familiares Víctimas Indefensas Mendoza), apuntó a otros dos problemas que se plantean cada vez que ocurre un hecho policial: la impunidad y la impericia en la investigación. El hijo de Quitita, Armando Raúl Neme, fue asesinado junto con su amigo Carlos Ros, el 15 de febrero de 1992. La investigación se orientó hacia a un crimen "moralista" por la supuesta condición homosexual de las víctimas, pero en el juicio oral fueron condenados dos civiles vinculados a las COPOL (Cooperativas Policiales) de la provincia de Buenos Aires, que presionaban a comerciantes --Neme lo era-- para venderle "seguridad".

Tras un largo y doloroso proceso, "Quitita" pudo ver cómo condenaban a cadena perpetua a Oscar Aguirre y Miguel Quiroz, pero el fallo fue revocado por la Corte Suprema de Justicia "por cuestiones de forma y no de fondo" y en noviembre tiene que realizarse un nuevo juicio. "Yo no sé si voy a tener fuerzas para afrontarlo", reconoce. Pero la impunidad no siempre aparece cuando los acusados son personas ligadas al poder.

Irma Neme recuerda el homicidio de José Díaz, de 21 años, ocurrido el 25 de diciembre de 1988, que recién pudo resolverse muchos años después. El autor fue el albañil José Fernando Berón, que asesinó al joven a sangre fría, dejando un montón de indicios para que se lo detuviera de inmediato. Sin embargo, logró escapar y lo apresaron en 1996, en Mar del Plata, "gracias a la labor que hicimos con los familiares, al punto de buscarlo por cielo y tierra, incluso por enterarnos de que una hija de Berón había ganado una vez el concurso de Susana Giménez".

Si hay una causa demostrativa de los mecanismos de encubrimiento, esa es la que investigó la desaparición de Alfredo Garrido y Raúl Baigorria, ocurrida el 28 de abril de 1990. Eduardo Orozco fue uno de los abogados que participó de la investigación, que terminó con una condena al gobierno argentino por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Mientras tres comisiones policiales trabajaron sucesivamente sin lograr resultados, nosotros determinamos que Garrido y Baigorria fueron detenidos y torturados en una comisaría, certificando todo con el aporte de muchos testigos" que no habían sido buscados por la policía.

En el informe producido por Orozco junto con los letrados Luis Marcó del Pont, Jorge Cardozo, Alejandro Poquet y Alejandro Piña, también se determinó que el juez Enrique Knoll, a solicitud de la policía, ordenó "diversos allanamientos ilegales (en la casa de familiares de los desaparecidos) porque no fueron debidamente fundados como establece la ley en la última parte del artículo 228 del Código Procesal Penal" de Mendoza. En la reciente rebelión, los policías reclamaron que se ordene a los jueces que admitan casi sin chistar los pedidos de allanamiento formulados por la policía y que, de lo contrario, justifiquen la razón de la negativa.

LA HERENCIA REPRESIVA DEL JEFE POLICIAL DE LA DICTADURA

La larga sombra de Santuccione

Por C.R.

"Esta sigue siendo la policía de Santuccione." La figura del brigadier Julio César Santuccione, alias El Loco, quien murió hace más de dos años, todavía sigue generando polémica. Hace unos días, el escritor Osvaldo Bayer denunció haber recibido amenazas luego de participar en un programa de televisión donde recordó con ira la figura de Santuccione, quien fue jefe de la policía de Mendoza en 1975, en coincidencia con el lanzamiento en Tucumán del llamado Operativo Independencia. Luego, Santuccione fue confirmado en el cargo por la dictadura militar. Años después fue acusado por centenares de muertes y desapariciones, pero nunca fue condenado.

Ultracatólico, nacionalista, extravertido, Santuccione era un hombre de armas llevar. Desde su asunción abundaron los atentados contra políticos, sindicalistas, estudiantes e intelectuales. También hubo bombas contra la Sociedad Israelita y contra el teatro TNT, donde descollara Luis Politti, quien tuvo que partir hacia el exilio.

La zona de Papagallos, en el extremo oeste de la ciudad de Mendoza, se convirtió en cementerio donde aparecían cuerpos todas las semanas. Era el apogeo de varios grupos clandestinos: el Comando Pío XII, que se dedicaba a flagelar o asesinar prostitutas, el CAM (Comando Anticomunista Mendoza) y el Grupo Cóndor, los dos últimos obsesionados por conjurar cualquier "actividad subversiva". En Papagallos fueron asesinados Armando Neme y Carlos Ros (ver nota central).

Después del 24 de marzo de 1976, el Palacio Policial de Mendoza y su temido Departamento Dos (D-2) de Inteligencia fueron escenario de torturas y aberraciones en las que el personal de la repartición estuvo al frente en forma directa. El jefe del D-2 era el comisario general Pedro Antonio Sánchez Camargo, quien todavía hoy --casi ciego y en silla de ruedas-- sigue reivindicando sus "hazañas".

En setiembre de 1986 Santuccione fue citado por la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento mendocino, pero nunca se presentó. Estuvo procesado, pero después llegó el Punto Final y la Obediencia Debida.

PRINCIPAL