Por Victoria Ginzberg
A pesar de haber
sido beneficiado por la ley de Obediencia Debida, el comisario (R) Miguel Osvaldo
Etchecolatz puede volver a prisión. Hoy y mañana se realizará un juicio oral en su
contra a raíz de las declaraciones que hizo en el programa Hora Clave del 28
de agosto de 1997 y del contenido de su libro, llamado La otra campana del Nunca Más. El
ex comisario dijo por televisión que el diputado Alfredo Bravo era un
terrorista y aseguró sobre las torturas sufridas por Bravo que
el tratamiento que le hicimos a lo mejor lo hubiese curado de los callos y el
pie plano. Si bien se trata de una acusación por calumnias e injurias y la pena es
excarcelable, Etchecolatz deberá afrontar en muy poco tiempo otro juicio, esta vez por
apología del delito. En el caso de ser condenado en ambos procesos, la segunda pena
deberá ser de cumplimiento efectivo.
Según la apreciación de Juan María Ramos Padilla, abogado de Bravo, existen pruebas
suficientes para condenar a Etchecolatz en este juicio, que estará a cargo del juez
Fernando Larrain. El ex juez federal de Morón adelantó que piensa pedir seis años de
prisión para el ex comisario porque en este caso se trata de dos delitos independientes
de injurias: lo dicho por televisión y lo escrito en el libro. Durante la emisión del 28
de agosto del programa dirigido por Mariano Grondona, Etchecolatz acusó a Bravo de ser un
terrorista y de haber mandado a la muerte a los jóvenes. En el
libro, lo nombra como el jefe de una organización terrorista.
Esta organización sería la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de la
que el diputado es copresidente.
Sería un privilegio llegó a asegurar por televisión Etchecolatz cuando se
le recordó que estaba acusado de haber violado a Lidia Papaleo de Graiver. Luego del
programa, el gobernador Eduardo Duhalde ordenó que se lo sancionara con 20 días de
arresto domiciliario por haberse arrogado la representación de la Policía Bonaerense al
reivindicar la represión ilegal.
La estrategia de Pedro Bianchi, abogado del ex comisario, consistirá en pedir la nulidad
del juicio porque no se realizó la audiencia de conciliación y afirmar que las injurias
fueron recíprocas. Decirle torturador a Etchecolatz no es una injuria, es decir la
verdad, aseguró Ramos Padilla. El ex comisario fue condenado en 1986 a 23 años de
prisión por su responsabilidad en 95 casos de tormentos y salió en libertad luego de que
se dictara la ley de Obediencia Debida. Sobre el pedido de nulidad, el abogado de Bravo
dijo que ya fue rechazado por el juez. Bianchi afirmó que tanto él como Etchecolatz
están totalmente tranquilos y que no contempla la posibilidad de
que su defendido sea declarado culpable. El escritor Ernesto Sabato, las diputadas
radicales Elisa Carrió y Elisa Carca, el vicepresidente de la Legislatura porteña,
Aníbal Ibarra, el ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Cartañá, el ex
secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Ravenna, el arquitecto Rodolfo
Livingston y los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Miguel Bonasso son algunos de los
testigos propuestos por la acusación. La defensa no presentó ninguno.
El delito de calumnias admite una condena de un mes a tres años. Si bien Ramos Padilla
pedirá seis años en base a un artículo del Código Penal que permitiría sumar
las penas de delitos independientes, lo más probable es que si el juez Larrain
encuentra culpable a Etchecolatz, se le aplique una condena en suspenso. En ese caso,
será la jueza María Bulascio de Rua en cuyo juzgado se tramita la causa por
apología del delito iniciada por la APDH quien podría mandarlo a la cárcel. Esta
causa será elevada a juicio en estos días y se prevé que dentro de un mes se llevará a
cabo el proceso oral. Aquí no se presentarán testigos, ya que para probar la apología
basta con el casete del programa y un ejemplar del libro. Como la jueza ya vio ambos y
procesó a Etchecolatz, es muy probable que sea condenado y, aun en el caso en que mañana
sea absuelto, deberá cumplir con ciertas pautas de conducta. El fiscal de esa
causa, AngelNardiello, no descartó que, de existir una pena en suspenso, Etchecolatz sea
sentenciado a realizar un curso de derechos humanos en la APDH.
ASAMBLEA PLENARIA DE OBISPOS
Educación en el centro del ring
Por Washington Uranga
En San Miguel, provincia
de Buenos Aires, se inicia esta tarde la última asamblea plenaria del año de los obispos
católicos argentinos. El tema central será una evaluación de la realidad educativa en
el país, los puntos de vista de la jerarquía eclesiástica sobre las diversas maneras en
las que se viene implementando la reforma en el área y la situación de la educación
privada, en particular la católica.
Como antecedente inmediato se cuenta el duro documento emitido la semana anterior por la
arquidiócesis de Buenos Aires, en el que se reivindica el concepto de escuela
pública de gestión privada para exigir la continuidad de los subsidios y se
demanda que se incluya, también en la educación que brinda el Estado, la opción de la
formación religiosa.
Aunque no existe una sola posición dentro del Episcopado respecto del tema educativo, hay
acuerdo en seguir dando el apoyo de la Iglesia a la ley de educación, mientras se vigila
el proceso de aplicación de las reformas que se están implementando. El mismo acuerdo se
logra en relación a la necesidad de garantizar la continuidad de los aportes del
presupuesto oficial para la educación privada y, en particular, la católica. Sin
embargo, el documento público emitido la semana anterior por el Arzobispado de Buenos
Aires fijando una posición, que algunos consideran de máxima, sobre el mismo
tema que pocos días después será analizado por el plenario de obispos generó malestar
en algunos de los miembros de la jerarquía.
Si bien la educación será el tema central de la asamblea, como es habitual los obispos
dedicarán también un tiempo al intercambio de opiniones, un diálogo en
sesión plenaria con agenda abierta donde suelen aparecer las preocupaciones por las
cuestiones sociales y políticas que se derivan de la presencia de la Iglesia en el marco
de la sociedad. En ese contexto algunos obispos están firmemente dispuestos a encarar un
debate sobre la forma como se vienen desarrollando las relaciones entre el gobierno
argentino y la Santa Sede, y las dificultades que genera la existencia de canales
paralelos entre Roma y la Casa Rosada que no tienen en cuenta a la propia Conferencia
Episcopal y sus organismos. El reclamo en este sentido no es sólo contra quienes
instrumentan esto desde el Gobierno -.el embajador argentino en el Vaticano, Esteban
Caselli, y el propio Carlos Menem, sino muy particularmente contra el secretario de
Estado del Vaticano, cardenal Angelo Sodano, y el grupo de obispos que en el país avalan
este procedimiento.
Este tema, se adelanta, unido a la invitación para que el 13 de noviembre próximo viajen
a Roma los obispos que lo deseen con pasaje pago por la Secretaría de Culto, para asistir
junto a Carlos Menem a la misa que Juan Pablo II oficiará en la iglesia argentina de la
capital italiana, será también uno de los puntos fuertes del debate, ya que sobre el
particular existen claras diferencias dentro del cuerpo episcopal. Otros miembros del
plenario aprovecharán también para insistir en el agravamiento de la crisis social y, en
particular, los obispos de la zona de Jujuy tendrán ocasión de informar a sus pares
sobre las dificultades que viven los desocupados de la zona, que han realizado nuevos
cortes de ruta exigiendo soluciones que no llegan.
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