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Haber zafado con la Obediencia Debida puede llegar a no alcanzar

El comisario Miguel Etchecolatz volvería  a la cárcel por llamar a Alfredo Bravo   “terrorista” y por el contenido de su libro.

Etchecolatz debe presentarse hoy y mañana ante el juez Larrain.
Juicio oral por las declaraciones en el programa “Hora Clave”.

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Por Victoria Ginzberg

t.gif (67 bytes) A pesar de haber sido beneficiado por la ley de Obediencia Debida, el comisario (R) Miguel Osvaldo Etchecolatz puede volver a prisión. Hoy y mañana se realizará un juicio oral en su contra a raíz de las declaraciones que hizo en el programa “Hora Clave” del 28 de agosto de 1997 y del contenido de su libro, llamado La otra campana del Nunca Más. El ex comisario dijo por televisión que el diputado Alfredo Bravo era un “terrorista” y aseguró –sobre las torturas sufridas por Bravo– que “el tratamiento que le hicimos a lo mejor lo hubiese curado” de los callos y el pie plano. Si bien se trata de una acusación por calumnias e injurias y la pena es excarcelable, Etchecolatz deberá afrontar en muy poco tiempo otro juicio, esta vez por apología del delito. En el caso de ser condenado en ambos procesos, la segunda pena deberá ser de cumplimiento efectivo.
Según la apreciación de Juan María Ramos Padilla, abogado de Bravo, existen pruebas suficientes para condenar a Etchecolatz en este juicio, que estará a cargo del juez Fernando Larrain. El ex juez federal de Morón adelantó que piensa pedir seis años de prisión para el ex comisario porque en este caso se trata de dos delitos independientes de injurias: lo dicho por televisión y lo escrito en el libro. Durante la emisión del 28 de agosto del programa dirigido por Mariano Grondona, Etchecolatz acusó a Bravo de ser un “terrorista” y de haber “mandado a la muerte a los jóvenes”. En el “libro”, lo nombra como “el jefe de una organización terrorista”. Esta organización sería la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de la que el diputado es copresidente.
“Sería un privilegio” llegó a asegurar por televisión Etchecolatz cuando se le recordó que estaba acusado de haber violado a Lidia Papaleo de Graiver. Luego del programa, el gobernador Eduardo Duhalde ordenó que se lo sancionara con 20 días de arresto domiciliario por haberse arrogado la representación de la Policía Bonaerense al reivindicar la represión ilegal.
La estrategia de Pedro Bianchi, abogado del ex comisario, consistirá en pedir la nulidad del juicio porque no se realizó la audiencia de conciliación y afirmar que las injurias fueron recíprocas. “Decirle torturador a Etchecolatz no es una injuria, es decir la verdad”, aseguró Ramos Padilla. El ex comisario fue condenado en 1986 a 23 años de prisión por su responsabilidad en 95 casos de tormentos y salió en libertad luego de que se dictara la ley de Obediencia Debida. Sobre el pedido de nulidad, el abogado de Bravo dijo que ya fue rechazado por el juez. Bianchi afirmó que tanto él como Etchecolatz están “totalmente tranquilos” y que “no contempla” la posibilidad de que su defendido sea declarado culpable”. El escritor Ernesto Sabato, las diputadas radicales Elisa Carrió y Elisa Carca, el vicepresidente de la Legislatura porteña, Aníbal Ibarra, el ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Cartañá, el ex secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Ravenna, el arquitecto Rodolfo Livingston y los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Miguel Bonasso son algunos de los testigos propuestos por la acusación. La defensa no presentó ninguno.
El delito de calumnias admite una condena de un mes a tres años. Si bien Ramos Padilla pedirá seis años –en base a un artículo del Código Penal que permitiría sumar las penas de delitos independientes–, lo más probable es que si el juez Larrain encuentra culpable a Etchecolatz, se le aplique una condena en suspenso. En ese caso, será la jueza María Bulascio de Rua –en cuyo juzgado se tramita la causa por apología del delito iniciada por la APDH– quien podría mandarlo a la cárcel. Esta causa será elevada a juicio en estos días y se prevé que dentro de un mes se llevará a cabo el proceso oral. Aquí no se presentarán testigos, ya que para probar la apología basta con el casete del programa y un ejemplar del libro. Como la jueza ya vio ambos y procesó a Etchecolatz, es muy probable que sea condenado y, aun en el caso en que mañana sea absuelto, deberá cumplir con ciertas “pautas de conducta”. El fiscal de esa causa, AngelNardiello, no descartó que, de existir una pena en suspenso, Etchecolatz sea sentenciado a realizar un curso de derechos humanos en la APDH.

 


 

ASAMBLEA PLENARIA DE OBISPOS
Educación en el centro del ring

Por Washington Uranga

t.gif (862 bytes) En San Miguel, provincia de Buenos Aires, se inicia esta tarde la última asamblea plenaria del año de los obispos católicos argentinos. El tema central será una evaluación de la realidad educativa en el país, los puntos de vista de la jerarquía eclesiástica sobre las diversas maneras en las que se viene implementando la reforma en el área y la situación de la educación privada, en particular la católica.
Como antecedente inmediato se cuenta el duro documento emitido la semana anterior por la arquidiócesis de Buenos Aires, en el que se reivindica el concepto de “escuela pública de gestión privada” para exigir la continuidad de los subsidios y se demanda que se incluya, también en la educación que brinda el Estado, la opción de la formación religiosa.
Aunque no existe una sola posición dentro del Episcopado respecto del tema educativo, hay acuerdo en seguir dando el apoyo de la Iglesia a la ley de educación, mientras se vigila el proceso de aplicación de las reformas que se están implementando. El mismo acuerdo se logra en relación a la necesidad de garantizar la continuidad de los aportes del presupuesto oficial para la educación privada y, en particular, la católica. Sin embargo, el documento público emitido la semana anterior por el Arzobispado de Buenos Aires fijando una posición, que algunos consideran “de máxima”, sobre el mismo tema que pocos días después será analizado por el plenario de obispos generó malestar en algunos de los miembros de la jerarquía.
Si bien la educación será el tema central de la asamblea, como es habitual los obispos dedicarán también un tiempo al “intercambio de opiniones”, un diálogo en sesión plenaria con agenda abierta donde suelen aparecer las preocupaciones por las cuestiones sociales y políticas que se derivan de la presencia de la Iglesia en el marco de la sociedad. En ese contexto algunos obispos están firmemente dispuestos a encarar un debate sobre la forma como se vienen desarrollando las relaciones entre el gobierno argentino y la Santa Sede, y las dificultades que genera la existencia de canales paralelos entre Roma y la Casa Rosada que no tienen en cuenta a la propia Conferencia Episcopal y sus organismos. El reclamo en este sentido no es sólo contra quienes instrumentan esto desde el Gobierno -.el embajador argentino en el Vaticano, Esteban Caselli, y el propio Carlos Menem–, sino muy particularmente contra el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Angelo Sodano, y el grupo de obispos que en el país avalan este procedimiento.
Este tema, se adelanta, unido a la invitación para que el 13 de noviembre próximo viajen a Roma los obispos que lo deseen con pasaje pago por la Secretaría de Culto, para asistir junto a Carlos Menem a la misa que Juan Pablo II oficiará en la iglesia argentina de la capital italiana, será también uno de los puntos fuertes del debate, ya que sobre el particular existen claras diferencias dentro del cuerpo episcopal. Otros miembros del plenario aprovecharán también para insistir en el agravamiento de la crisis social y, en particular, los obispos de la zona de Jujuy tendrán ocasión de informar a sus pares sobre las dificultades que viven los desocupados de la zona, que han realizado nuevos cortes de ruta exigiendo soluciones que no llegan.

 

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