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Por Victoria Ginzberg A pesar de haber sido beneficiado por la ley de Obediencia Debida, el comisario (R) Miguel Osvaldo Etchecolatz puede volver a prisión. Hoy y mañana se realizará un juicio oral en su contra a raíz de las declaraciones que hizo en el programa Hora Clave del 28 de agosto de 1997 y del contenido de su libro, llamado La otra campana del Nunca Más. El ex comisario dijo por televisión que el diputado Alfredo Bravo era un terrorista y aseguró sobre las torturas sufridas por Bravo que el tratamiento que le hicimos a lo mejor lo hubiese curado de los callos y el pie plano. Si bien se trata de una acusación por calumnias e injurias y la pena es excarcelable, Etchecolatz deberá afrontar en muy poco tiempo otro juicio, esta vez por apología del delito. En el caso de ser condenado en ambos procesos, la segunda pena deberá ser de cumplimiento efectivo. Según la apreciación de Juan María Ramos Padilla, abogado de Bravo, existen pruebas suficientes para condenar a Etchecolatz en este juicio, que estará a cargo del juez Fernando Larrain. El ex juez federal de Morón adelantó que piensa pedir seis años de prisión para el ex comisario porque en este caso se trata de dos delitos independientes de injurias: lo dicho por televisión y lo escrito en el libro. Durante la emisión del 28 de agosto del programa dirigido por Mariano Grondona, Etchecolatz acusó a Bravo de ser un terrorista y de haber mandado a la muerte a los jóvenes. En el libro, lo nombra como el jefe de una organización terrorista. Esta organización sería la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de la que el diputado es copresidente. Sería un privilegio llegó a asegurar por televisión Etchecolatz cuando se le recordó que estaba acusado de haber violado a Lidia Papaleo de Graiver. Luego del programa, el gobernador Eduardo Duhalde ordenó que se lo sancionara con 20 días de arresto domiciliario por haberse arrogado la representación de la Policía Bonaerense al reivindicar la represión ilegal. La estrategia de Pedro Bianchi, abogado del ex comisario, consistirá en pedir la nulidad del juicio porque no se realizó la audiencia de conciliación y afirmar que las injurias fueron recíprocas. Decirle torturador a Etchecolatz no es una injuria, es decir la verdad, aseguró Ramos Padilla. El ex comisario fue condenado en 1986 a 23 años de prisión por su responsabilidad en 95 casos de tormentos y salió en libertad luego de que se dictara la ley de Obediencia Debida. Sobre el pedido de nulidad, el abogado de Bravo dijo que ya fue rechazado por el juez. Bianchi afirmó que tanto él como Etchecolatz están totalmente tranquilos y que no contempla la posibilidad de que su defendido sea declarado culpable. El escritor Ernesto Sabato, las diputadas radicales Elisa Carrió y Elisa Carca, el vicepresidente de la Legislatura porteña, Aníbal Ibarra, el ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Cartañá, el ex secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Ravenna, el arquitecto Rodolfo Livingston y los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Miguel Bonasso son algunos de los testigos propuestos por la acusación. La defensa no presentó ninguno. El delito de calumnias admite una condena de un mes a tres años. Si bien Ramos Padilla pedirá seis años en base a un artículo del Código Penal que permitiría sumar las penas de delitos independientes, lo más probable es que si el juez Larrain encuentra culpable a Etchecolatz, se le aplique una condena en suspenso. En ese caso, será la jueza María Bulascio de Rua en cuyo juzgado se tramita la causa por apología del delito iniciada por la APDH quien podría mandarlo a la cárcel. Esta causa será elevada a juicio en estos días y se prevé que dentro de un mes se llevará a cabo el proceso oral. Aquí no se presentarán testigos, ya que para probar la apología basta con el casete del programa y un ejemplar del libro. Como la jueza ya vio ambos y procesó a Etchecolatz, es muy probable que sea condenado y, aun en el caso en que mañana sea absuelto, deberá cumplir con ciertas pautas de conducta. El fiscal de esa causa, AngelNardiello, no descartó que, de existir una pena en suspenso, Etchecolatz sea sentenciado a realizar un curso de derechos humanos en la APDH.
ASAMBLEA PLENARIA DE OBISPOS Por Washington Uranga
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