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Por Daniel Rolando desde Córdoba  Lejos de las
comodidades habituales de una empresa financiera y de la atención cara a cara a los
clientes, con sólo un teléfono público y algunas computadoras, un grupo de detenidos en
una cárcel cordobesa lleva adelante en actividad poco ortodoxa para una prisión: una
mesa de dinero. Desde el otro lado de las rejas, los operadores presidiarios continúan
con un negocio que conocen desde la década del ‘70. Quienes están al tanto del
circuito penal-financiero cordobés aseguran que la caja chica de la sociedad es de unos
50 mil pesos de giro y que el dinero se presta allí a un interés de entre el 3,5 y el 12
por ciento. Para el juez que condenó a quienes luego se convertirían en financistas en
la sombra, una mesa de dinero no implica delito “siempre que no sea usuraria”.Carlos Manuele, Carlos Moreira y José Gazi pusieron en marcha una mesa de dinero a partir de 1993 con fondos extraídos del ex Banco Social junto a los funcionarios infieles Raúl Miranda, Arsenio Collino y José Elena, quienes ocupaban los cargos de gerente y subgerente departamental de Operaciones Bancarias y jefe de Créditos Comerciales, respectivamente. Los tres primeros fueron condenados por asociación ilícita y los restantes fueron hallados culpables del mismo cargo, además de defraudación calificada y violación de los deberes de funcionario público. La mesa de dinero del ex Banco Social causó un perjuicio al Estado provincial de 11 millones de pesos. El 28 de febrero de 1997, todos los mencionados fueron alojados en el pabellón 18 de la Cárcel Penitenciaria de barrio San Martín. Pero no pudieron dejar de despuntar el vicio y en seguida armaron la mesa de dinero que hace poco salió a luz. Según una investigación, los responsables de su operatoria son Manuele, Moreira y Gazi. Al parecer, los nombrados trabajan en horario de oficina y a través de un teléfono público acceden a la información financiera diaria y están en permanente contacto con por lo menos dos bancos privados locales. Las operaciones de préstamo las realizan con una cartera selecta de clientes, algunos fuertemente endeudados con ellos desde hace tiempo. Una misteriosa mujer parece ser el enlace en la calle. Una vez conocida públicamente la actividad financiera de los presos, el Servicio Penitenciario de Córdoba ordenó una investigación administrativa y solicitó la intervención de la Justicia. El fiscal José Antonio Bonadero realizó un allanamiento en el pabellón en cuestión. Carlos Oliva Cornejo, secretario general del organismo, explicó que el fiscal “inspeccionó diversas documentaciones y secuestró tres máquinas computadoras”. “Por nuestra parte, iniciamos una investigación administrativa tendiente a deslindar responsabilidades de nuestro personal, ya que en la versión periodística se tiende un manto de dudas sobre algunos de nuestros agentes, aunque no especifican nombres”, detalló. Desde la Fiscalía de Bonadero se informó que “aún no se van a tomar medidas procesales: en este momento se están peritando las computadoras secuestradas y existe secreto de sumario”. Por su parte, el juez Juan José Parodi, que juzga el denominado “superproceso”, dijo que “la actividad de una mesa de dinero no implica delito, siempre que no sea usuraria y que el dinero prestado no provenga de ilícitos. Aunque sí es éticamente reprochable”. Este mismo juez, que preside la Cámara Novena del Crimen, donde fueron condenados los tres socios, expresó en los fundamentos de la sentencia que “las bandas armadas que asolaban pueblos y producían zozobra y temor han sido reemplazadas hoy por modernas asociaciones donde se unen el conocimiento científico y técnico”. Los nombres de los presos financistas no son nuevos para la provincia. A mediados de la década del ‘70, los cordobeses fueron sacudidos por una de las mayores estafas del siglo: la financiera Centro Financiero defraudó al Estado provincial, al Banco Central y a un grupo indeterminado de ahorristas en más de 100 millones de dólares. Carlos Manuele llegó a desempeñarse como miembro del directorio de esa empresa crediticia, a la que se le reconocieron importantes contactos con grupos económicos extranjeros. Y aceitadas relaciones castrenses, importantes para aquella época. En este escándalo fue procesado por subversión económica y defraudación, aunque por el tiempo que pasó Manuele se benefició con la prescripción de la causa. José Gazi es primo hermano de Jorge Saieg, un personaje al que se lo procesó judicialmente como operador de una mesa de dinero en la ciudad serrana de Villa Carlos Paz. Todos los detenidos por el caso conocido como el “superproceso” regresaron hace pocos días a su primer alojamiento penal, la cárcel de Encausados. Desde el Servicio Penitenciario se aclaró que esa medida fue adoptada porque “desaparecieron las causas que habían motivado el traslado: ya no hay hacinamiento ni problemas de seguridad”. Actualmente los integrantes de la asociación ilícita fueron separados. Carlos Manuele pasa sus días de presidio en el pabellón 16 y sus socios, Moreira y Gazi, en el 17. Estos son lugares de reclusión “de administración particular” y los detenidos gozan de una serie de comodidades, si las pueden pagar, como televisión, freezer, teléfono y limpieza a cargo de un preso del mismo alojamiento.
SIETE MUERTOS EN UN CRUCE A NIVEL EN VARELA
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