Página/12

"Mira, primero que lo juzguen los ingleses, después los suizos, después los suecos, los italianos, los argentinos, los chilenos, y después lo juzgo yo y le hago..." El hombre golpea el aire como si tuviera delante un sparring imaginario. Es bajito, menudo, de unos 50 años, lleva un gorro con los colores de Chile y habla con la voz afinada de los chilenos. Está aquí, frente a otros cientos como él, frente a un bello edificio parecido a un hotel, con policías en lugar de porteros, que a secas dice "The Clinic". Como todos esta noche, le grita a una ventana detrás de la que, se supone, Augusto Pinochet lo escucha. Como todos, grita un poco y otro poco hace cálculos, esperanzado porque la Justicia suiza pidió que se mantenga arrestado al dictador para extraditarlo a Ginebra por el secuestro y asesinato del suizo-chileno Alexis Jaccard. "Lleva diez días preso ya este huevón. Mira si sigue..."

Quien pidió por el caso Jaccard fue el fiscal general del cantón de Ginebra, Bernard Bertossa, que tiene abierta una causa por este ejemplo típico del Plan Cóndor que unió en la segunda mitad de los 70 a los represores de todo el Cono Sur. Jaccard desapareció en mayo de 1977 en Buenos Aires. Bertossa aclaró que su exhorto "no debe de ninguna manera perjudicar los pedidos que las autoridades españolas han llevado a cabo previamente, y que siguen siendo prioritarios".

Hermano Garzón/ queremos extradición. Hace frío delante de la London Clinic donde un grupo de chilenos y algunos ingleses gritan consignas a la ventana. Hay una mayoría de mujeres. Muchas portan pequeños faroles que de lejos parecen velas. Los levantan y cantan el himno sólo porque alguien lo ha sugerido. "Aquí no hay ninguna dirección", dice Nicole, una chilena del exilio que se quedó en Europa. "Estamos los de la Organización de Chilenos en el Exilio, los Familiares de Desaparecidos y la Comisión de Derechos Humanos y Civiles, pero esto funciona porque nos vamos autoconvocando."

Senador vitalicio/ te llegó la hora del juicio. Hoy muy temprano muchos chilenos harán cola para seguir el final del juicio por el arresto de Pinochet en la Corte. Los jueces Bingham, Collins y Richards terminarán de analizar si la detención extraterritorial corresponde, si Pinochet tenía o no inmunidad y si los dos pedidos de arresto fueron correctos. El temor de los chilenos es que la Corte desestime la detención de Pinochet fuera de Chile, o por lo menos en el Reino Unido. O que, para comprometerse menos, los jueces esgriman el argumento más formal de todos, el tipo de arresto, y la detención cese de inmediato. "Es una carrera contra el tiempo y contra la complejidad del sistema judicial", dice Miriam, que habla y salta por el frío. "Si el arresto se termina cuando los británicos todavía no aceptaron el reclamo de los suizos, este huevón se va al tiro para el avión que lo está esperando."

Que se lleven al avión/ aquí se queda el huevón. Como los chilenos no ocupan la calle (se concentran en la vereda de enfrente) los autos saludan con la bocina. Cada saludo es un grito de euforia. "La gente de este país hizo mucho en solidaridad con Chile, y recibió muchos exiliados", dice un muchacho que es hijo de uno de aquellos refugiados. Y recuerda que ahora los ingleses reclaman por el caso de William Beausire, un británico secuestrado en Sudamérica.

Se siente/ se siente/ Allende está presente. La gente sacude los farolitos. La bandera de una señora de poncho tejido es argentina. "Soy refugiada", dice la señora. "Llámeme Rosa. Y ponga que por este infeliz no hay que tener compasión. Que lo metan en una cárcel común por asesino común. Sin televisor."

Gobierno chileno/ escucha de una vez/ La lucha no es contigo/ es contra Pinochet. Elena se niega a jugar apuestas por el fallo de la Corte. Dice que quiere justicia para Pinochet, aquí o en cualquier parte. Elena, que no quiere confesar la edad, estuvo secuestrada en Chile del 31 de diciembre del '74 al 29 de marzo de 1975. "Me tuvo la DINA en Villa Grimaldi y en Cuatro Alamos. Fui torturada y violada, y lo mismo les hicieron a dos compañeras que siguen desaparecidas. Por eso quiero que juzguen a Pinochet, porque en Chile no lo van a juzgar y quiero saber qué destino tuvieron ellas." Elena agarra con las dos manos unas siluetas blancas de cartón, y mientras habla de los campos clandestinos en Chile parece acariciarlas.

Augusto, Augusto/ estái cagao'e susto, canta ahora la gente, y Elena se sonríe detrás de los anteojos grandes. Cuenta que cuando la soltaron se quedó en Chile nueve meses más pero dejó el país la segunda vez que los militares cayeron en la casa que ya no habitaba. En el exilio tuvo un hijo, ahora de 19 años, que está aquí con ella. Elena repite que quiere justicia, que quiere conocer dónde están los desaparecidos. Dice todo con severidad. ¿Pinochet diez días arrestado no la pone contenta? "Fue una alegría inmensa", se afloja Elena. "Cuando me enteré de la detención fue el momento más feliz desde que ocurrió el golpe de 1973. "Este hombre --dice mirando la ventana-- no sé si mató, pero sí sé que ordenó matar. Y había que quitarle la arrogancia. Había que sacarle la altanería."

Luego de un fin de semana de protestas a favor y en contra de Pinochet con represión incluida, ayer el clima en Santiago de Chile se volvió deliberativo. Los tres jefes de las fuerzas armadas chilenas se reunieron imprevistamente para tratar la detención de quien es "Comandante en Jefe Benemérito del Ejército de Chile". El juez chileno Juan Guzmán Tapia se sumó al maratón jurídico que está ocurriendo en Europa al informar que, en el caso de que Pinochet sea liberado, él lo interrogará personalmente en Chile para investigar 12 querellas criminales en su contra. Mientras en Brasilia el presidente chileno Eduardo Frei trataba sin éxito de obtener el apoyo de su par brasileño Fernando Cardoso para la liberación de Pinochet, la Armada chilena desmentía la suspensión de la compra de cinco fragatas a Gran Bretaña, como indicaron algunos medios en Londres.

También el campo político se encuentra en estado de deliberación. Un grupo de senadores oficialistas se reunieron ayer con el ministro del Interior, Raúl Troncoso, para analizar lo que consideran "amenazas de inestabilidad" lanzadas por varios sectores pinochetistas. Los diputados socialistas Juan Pablo Letelier e Isabel Allende denunciaron que fueron amenazados de muerte durante el fin de semana. La Fundación Augusto Pinochet advirtió que "el transcurso del tiempo sin una solución oportuna y eficaz puede incubar un conflicto de proporciones imprevisibles".

Varios líderes de la derecha política buscaron mostrar un perfil más moderado que el que tuvieron en los últimos días. El candidato a presidente por la Unión Democrática Independiente (UDI), Joaquín Lavín, llamó a "calmar los espíritus y los ánimos, respaldando la gestión que hace el gobierno". El enojo de muchos políticos de derecha terminó manifestándose en hechos quizás insólitos. El alcalde de la comuna de Providencia, Cristián Labbé, se había negado a que se levante la basura de la embajada de España y la senadora Evelyn Matthei había pedido que los chilenos no tomaran más whisky en señal de boicot. "No hay que caer en actitudes de xenofobia que son contraproducentes para Chile", dijo Sebastián Piñera, candidato presidencial de Renovación Nacional.

Pero parece que los gestos hostiles o de desesperación no son patrimonio exclusivo de la derecha política. Según medios militares británicos, la Armada chilena decidió cancelar la compra de cinco fragatas misilísticas ofrecidas por Gran Bretaña como forma de rechazar la detención de Pinochet, en una versión desmentida luego por Santiago. En Brasilia el presidente chileno Eduardo Frei trató de lograr la firma de su par brasileño Fernando Cardoso para una carta dirigida al gobierno británico pidiendo la liberación del actual senador vitalicio. Según la agencia local Globo, Cardoso fue tajante al afirmar que "no firmaría ningún documento en beneficio del ex dictador".

La Alta Corte de Justicia británica decidirá hoy si el arresto del senador vitalicio Augusto Pinochet fue legal o si puede volverse a Chile. Un avión chileno aguarda por si liberan al ex dictador.

La defensa del general Augusto Pinochet redobló ayer la apuesta legal durante la audiencia ante la Alta Corte de Justicia británica que debe decidir sobre la legalidad de su arresto el pasado 16 de octubre. "Si la Corte juzga que la detención del general Pinochet es legal, estará dando luz verde para que la Reina sea arrestada y extraditada a Argentina por la muerte de argentinos en la guerra de Malvinas, o a Irlanda por el asesinato de ciudadanos irlandeses en Gibraltar", amenazó Clive Nicols, abogado defensor del ex dictador.

La decisión de la Alta Corte que se aguarda hoy o mañana es vital para la suerte del ex dictador. Si el juez se inclina por los argumentos de la defensa, podría decretar la libertad de Pinochet y sólo la causa iniciada por Suiza podría evitar que el avión que mandó la fuerza aérea chilena y que se encuentra desde el domingo en una base de la Royal Air Force (la fuerza aérea británica) en Oxfordshire se lo lleve de regreso a Chile.

La estrategia de la defensa de Pinochet se basa en cuestionar la legalidad del arresto y la solicitud de extradición de Pinochet, y alertar sobre las premisas de territorialidad de las acusaciones. El abogado defensor Nicols adujo ante una corte saturada de gente que la detención era ilegal porque la orden de arresto emitida por la justicia británica estaba plagada de errores y porque el ex presidente de facto, ex comandante en jefe y actual senador vitalicio debía gozar de inmunidad diplomática por su status de ex jefe de Estado.

Desde la perspectiva de la defensa, Gran Bretaña tampoco tendría derecho a extraditarlo a España o Suiza, ya que Pinochet no habría cometido ningún delito extraditable debido a que se lo acusa de hechos que no ocurrieron en Gran Bretaña o España. Este último argumento elevó el alegato de Nicols a una amenaza apocalíptica en el que la decisión de la corte podría sentar precedentes para generar un caos en las relaciones internacionales en el que "cualquiera puede ser detenido en cualquier momento en cualquier lado". El nombre de la Reina Isabel II, jefa de Estado del Reino Unido, sirvió para aumentar la temperatura emocional del alegato y presionar, vía la opinión pública, a los jueces.

El Crown Prosecution Service (CPS: Servicio Fiscal de la Corona), que defiende el pedido de extradición del juez español Garzón, reconoció que la orden de arresto original "no reflejaba enteramente la situación". Alan Jones, por el CPS, señaló que esto se debía a que la policía inglesa había recibido información confidencial el viernes 16 por la tarde según la cual Augusto Pinochet preparaba una rápida huida el sábado por la mañana. Para impedirlo, la Scotland Yard se dirigió rápidamente a la casa del magistrado Nicholas Evans, quien redactó la orden provisional de arresto con que la policía británica detuvo al general al filo de la medianoche. Debido a la prisa, la orden contenía tres errores y fue sustituida por una nueva orden la semana pasada.

Jones explicó que la causa contra Pinochet se basa en su participación en el llamado "Operativo Cóndor", que coordinó la política de exterminio sistemático de la oposición política seguida entonces por las distintas dictaduras del Cono Sur. "El general Pinochet es uno de los responsables de la organización que planeó la detención masiva de personas, entre las que se encontraban ciudadanos de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Argentina y Chile, y de otros países", señaló Jones. El letrado citó la ley de secuestro de rehenes que entró en vigencia en Gran Bretaña en noviembre de 1982 autorizando el juicio de "cualquier persona, sin que importe su origen, que secuestra a cualquier otra persona en cualquier parte del mundo". Según el CPS, las acusaciones contra el general Pinochet son por delitos penados por la ley británica y por lo tanto extraditables. Irónicamente, la ley de 1982, y la ley contra la tortura de 1988, en las que se basan las acusaciones británicas contra Pinochet, fueron aprobadas durante gobiernos de la más importante aliada que el ex dictador tiene en Gran Bretaña: la baronesa, ex primera ministra y dama de hierro Margaret Thatcher.

Mientras tanto, la presencia del avión de la fuerza aérea en la base de la Royal Air Force generó innumerables rumores de que el ministro del Interior Jack Straw estaría dispuesto a poner rápido fin a la compleja situación político--diplomática otorgando la libertad al general por "razones humanitarias". "El avión se encuentra en la base siguiendo procedimientos de rutina y su presencia aquí es un asunto del gobierno chileno", señaló a la prensa un portavoz del Ministerio de Defensa. "Esto no quiere decir que se haya tomado una decisión concreta. Este es un tema que deben tratar las autoridades británicas", añadió.

Los juicios suplentes

A las vías española y suiza hay que añadir dos vías británicas en reserva para asegurar la detención y juicio del general Augusto Pinochet. Ayer los abogados del Movimiento Chile Democrático, que iniciaron una querella privada contra el ex dictador la semana pasada, presentaron ante el magistrado los detalles de los cuatro casos de desaparecidos que constituyen la base de la acusación contra Pinochet.

Amnistía Internacional, dos grupos de derechos humanos, y la familia de uno de los desaparecidos, William Beausire, presentaron paralelamente a la policía metropolitana, hace siete días, un pedido "urgente" de investigación al general Pinochet por el delito de tortura penado por la ley británica. Anoche una portavoz de la Scotland Yard indicó a Página/12 que la policía había recibido una carta de Amnistía Internacional, acompañada por una misiva en la que se solicitaba al procurador general de la Nación John Norris que investigase a Pinochet. Pero la portavoz se negó a precisar si se había iniciado la investigación.

El pedido de Amnistía tuvo un fuerte respaldo político la semana pasada. La laborista Ann Clywd, presidenta de la comisión de derechos humanos de la Cámara de los Comunes, solicitó a John Norris que iniciase una investigación sobre el general. El problema de Amnistía Internacional, como de todos los casos en juego, es el tiempo. Si la policía se inclina por iniciar una investigación, deberá reunir las pruebas necesarias para presentarlas ante la Crown Prosecution Service (CPS: Servicio Fiscal de la Corona), que debe decidir si son suficientes para llegar a condenarlo y si está en el "interés público" proceder con el juicio.