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Las deudas con la banca oficial que Roque oculta

Si no fuera por la banca pública, Economía tendría problemas  para cerrar las cuentas fiscales. Pagó una tasa escandalosa por préstamos del Ciudad y suma deudas en mora por mil millones.

Roque Fernández, ministro de Economía, niega las operaciones.
La conducción económica quiere disimular sus urgencias fiscales.

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Por Maximiliano Montenegro

t.gif (67 bytes) La banca oficial, que Roque Fernández tanto luchó por privatizar, hoy lo auxilia para pagar la deuda pública y cerrar las cuentas fiscales en línea con el FMI. Mientras la recaudación decepciona a los integrantes del equipo económico, que no ahorran críticas a la gestión de Carlos Silvani al frente de la AFIP, los agujeros de financiamiento se cubren gracias a la generosidad del Banco Nación. La avidez de fondos frescos para no entrar en mora con los tenedores de títulos públicos llevó a Economía a pedir prestado, en secreto, hasta al Banco Ciudad a una tasa escandalosamente alta. Y con la máxima reserva se maneja un hecho aún más grave: el Tesoro tiene atrasos (avales caídos) con el sistema financiero por mil millones de dólares.
En octubre se confirma la tendencia y habrá una baja de la recaudación generalizada en Ganancias, IVA y aportes previsionales. En Economía calculan que los ingresos totales del fisco serán un 8 por ciento inferiores al promedio de la primera mitad del año, y culpan de la caída tanto a la recesión como al propio Silvani. Con semejante contracción de los recursos, justo en los meses en que se concentran los mayores vencimientos de deuda pública, no fue suficiente con el recorte del gasto público. Entonces, en el equipo de Fernández no encontraron otra salida, en medio de la crisis financiera internacional, que recurrir a la banca oficial.
Hasta ahora, con recursos propios, el Banco Nación aportó al Tesoro Nacional las siguientes sumas de dinero contante y sonante:
u 60 millones de pesos que figuraban en el Presupuesto ‘98 en carácter de pago de utilidades.
u 36 millones en un préstamo que funciona como anticipo del cobro de dividendos de YPF, que recién se pagan en febrero próximo.
u 100 millones de pesos, en dos cuotas mensuales de 50 millones, para responder a una solicitud “por nota” de Roque Fernández.
En la oficina de crédito público del Ministerio de Economía niegan estas operaciones, preocupados de que su difusión “avive” al mercado de las reales urgencias del fisco. Sin embargo, Página/12 pudo verificar que éstos no son los únicos malabares financieros de los hombres de Fernández con la banca oficial.
El lunes pasado apareció en el Boletín Oficial la resolución 456/98, firmada por el viceministro de Economía, Pablo Guidotti, que aprueba “la cesión de una porción indivisa de créditos previsionales e impositivos a los bancos oficiales” por un precio de hasta 250 millones de pesos. En otras palabras, Economía quiere descontar pagarés en su poder de deudas impositivas entre la banca pública, “dadas las actuales condiciones financieras de los mercados local e internacional”.
La Subsecretaría de Financiamiento trató de colocar parte de los pagarés en el Banco Nación, pero no tuvo suerte. En la entidad que comanda Roque Maccarone rechazaron la propuesta con el argumento de que las operaciones del Tesoro ponían en riesgo la solvencia del banco. Tal preocupación no sólo se explica por los créditos descriptos anteriormente, sino también porque en las últimas semanas el Banco tuvo que salir a pedir prestado en el call (crédito interbancario) alrededor de 800 millones de dólares para cubrir el desajuste técnico que le provocó que el Tesoro retirase unos mil millones de pesos en depósitos que mantenía en el Nación.
Donde sí se consiguieron descontar pagarés fue en el Banco Ciudad. A principios de este mes, mientras Roque negociaba créditos de los organismos internacionales en Washington, el Ciudad le prestó al Tesoro 50 millones de dólares, a un plazo de 30 meses, a una tasa tan elevada que se convino mantenerla en reserva: 14,98 por ciento. Además, por esa operación tuvo que pagar una comisión de 250 mil dólares o, lo que es lo mismo, 0,5 puntos adicionales sobre la tasa. Un negocio redondo para el banco oficial administrado por la Alianza. Una operación muy similar, por otros 50millones, se cerrará en los próximos días a una tasa del 12 por ciento (ya que la crisis internacional cedió), más la misma comisión de 250 mil dólares.
Pero no hay dato que refleje mejor la fragilidad financiera del Tesoro que la deuda que mantiene oculta por mil millones de dólares con el sistema financiero. Ese pasivo surgió a partir de créditos adelantados al fisco por la banca a cuenta de las privatizaciones de los últimos tres años, las que actuaron como avales reales. Sin embargo, el Tesoro no pagó esa deuda a su vencimiento y hoy los avales caídos suman mil millones de dólares. En estos días se realizan intensas gestiones secretas para que sea regularizada.

 


 

ACUERDO CON PROVINCIAS POR COPARTICIPACION
El re-parto de la reforma

Por Claudio Zlotnik

t.gif (862 bytes) Tras una áspera reunión de casi tres horas, Economía y los gobernadores justicialistas sellaron la paz. Esto significa que el proyecto de reforma tributaria, que ya cuenta con media sanción en Diputados, tiene ahora el camino despejado en la Cámara alta. Pero el camino hacia el acuerdo fue reñido. Tanto que, ante la desconfianza manifestada por algunos gobernadores sobre los efectos de la reforma fiscal, el viceministro de Economía, Pablo Guidotti, dramatizó: “Tenemos que hacer algo. Si el proyecto no sale, y la actual situación financiera se mantiene, en el ‘99 no vamos a crecer el 4,8 por ciento, apenas lo haríamos el 2,5 y eso significaría ver empresas quebradas. Hay que evitar que eso pase”.
El acuerdo rubricado pasadas las ocho de anoche se compone de dos partes. Por un lado, el Gobierno se comprometió ante las provincias a transferirles un piso de 920 millones de pesos mensuales en concepto de coparticipación federal de impuestos. Ese monto, superior al promedio de 880 millones que vienen recibiendo en lo que va del año, se explica por la mayor recaudación que Economía obtendría por la aplicación de la reforma tributaria. Los gobernadores prometieron que darán su aval para que el Senado vote la iniciativa tal cual salió de Diputados.
La intención del Gobierno es que la reforma se convierta en ley antes de que termine noviembre. Roque Fernández alertó ayer desde Londres que si el proyecto no fuera sancionado este año, el déficit fiscal del ‘99 será 1000 millones de pesos superior al acordado con el FMI. La urgencia de Economía obligó a sus funcionarios a ceder posiciones frente a los gobernadores. En vez de los 880 millones de pesos mensuales con los que pensaban abrochar el acuerdo, debieron estirarse a 920.
Los recursos adicionales que generará la reforma se utilizarán para bajar los aportes patronales. Según Roque, la implementación de esta medida fomentará la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, como se amplió el piso de coparticipación con las provincias, la reforma deberá generar mayores ingresos para que la disminución de cargas patronales sea posible. Algo que no será fácil de lograr, debido a que la desaceleración de la economía que se espera a raíz de la crisis, impactará sobre la recaudación.
“La hipótesis del acuerdo es razonable y prudente respecto de las previsiones de crecimiento y recaudación que esperamos para el ‘99. Tengo plena confianza de que se va a cumplir sin mayores problemas”, se esperanzó en diálogo con Página/12 Jorge Sarghini, ministro de Economía bonaerense, después de las tres horas de negociación.

 


 

LOS ABOGADOS PEDIRAN SU SUSPENSION
Apúntenle al monotributo

t.gif (862 bytes) A una semana de cumplido el primer vencimiento para la inscripción en el monotributo, el régimen sigue dando lugar a airados reclamos e impugnaciones. El Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal adelantó que mañana presentará una demanda judicial buscando una medida de “no innovar”, que suspenda la aplicación del régimen simplificado para los letrados. De lograr su objetivo, la medida podría ser extensiva a otras actividades profesionales.
Pedro Kesselman, prosecretario general del colegio de Abogados, manifestó a Página/12 que el monotributo “afecta a la gente más modesta de la profesión, impone pautas que generan un virtual impuesto al trabajo”. El vocero de la entidad que representa a 66 mil profesionales de la Capital señaló que “el régimen es discriminatorio contra los abogados que facturan entre 36 mil y 144 mil pesos anuales, con respecto a otras actividades, pero tampoco beneficia a los que facturan menos”. Con respecto a estos últimos, dijo que “no tienen opción, si no se inscriben automáticamente pasan a ser responsables inscriptos frente al IVA, y si no se categorizan como tales pueden sufrir hasta la clausura de sus estudios”.
En las primeras horas de mañana, el colegio haría la presentación judicial contra el monotributo. “Estamos analizando si hacemos una demanda ordinaria o sumaria, o por vía de un amparo, pero en cualquier caso requeriremos una medida de no innovar”, refirió Kesselman. “Vamos a tratar de extenderlo a otras profesiones”, agregó, “porque si bien hay matices, afecta a todas las mal llamadas profesiones liberales”. El dirigente de los abogados estimó “posible que consigamos que un juez considere a todos los profesionales en la misma condición” al resolver sobre la medida de “no innovar”.

 

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