Por Adriana Meyer
 Las piezas de la
investigación sobre la apropiación de los hijos de los desaparecidos van armándose como
las partes de un rompecabezas del horror. En la causa iniciada por las Abuelas de Plaza de
Mayo culmina la etapa de las declaraciones testimoniales y la recolección de pruebas
–hoy declara uno de los últimos testigos– y están a punto de comenzar las
indagatorias. El juez Adolfo Bagnasco podría citar antes de fin de año a Jorge Videla,
Emilio Massera y Leopoldo Galtieri, entre algunos de los 30 militares imputados, pero
empezará por la parte inferior de la cadena de mandos. El reciente testimonio del ex jefe
del servicio de ginecología del Hospital Naval resultó muy valioso porque reconoció que
atendió partos de detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y porque
coincide con otras declaraciones y documentos fundamentales del expediente. El plan o la
práctica sistemática de sustracción de bebés durante la dictadura empieza a
corporizarse.
El capitán de navío retirado Jorge Luis Magnacco nunca había hablado ante la Justicia,
y el hecho de ser citado como testigo habría influido en su decisión de colaborar.
Concurrió a los tribunales vestido de civil y con custodia. Indicó como domicilio
Comodoro Py 2055 –donde está el edificio Libertad, sede de la Armada– en
prevención de posibles “escraches”. Este médico militar aseguró que a
comienzos de 1977 lo llamó el jefe de Sanidad de la ESMA, capitán de fragata médico
Ricciardi, “porque había una chica muy angustiada que estaba embarazada de siete
meses. Era rubia de ojos claros, de dieciséis o diecisiete años, hija de un general de
apellido Labayrú”.
Ella le dijo que hacía días que no sentía moverse a la criatura, pero Magnacco
constató que el embarazo era normal. Nadie le explicó por qué esta embarazada estaba
allí. Sin embargo, relató que “mientras desayunaban o almorzaban en el Hospital
Naval se comentaba que en la ESMA había gente que iba en comisión a trabajar allí en un
grupo especial que tenía la función del control de la lucha antisubversiva”,
relató Magnacco. Por ese motivo infirió que Labayrú estaba detenida. Ricciardi le dijo
que guardara absoluta reserva sobre la situación, lo que hizo hasta su presentación del
14 de octubre ante Bagnasco. Silvina Labayrú fue protegida por Alfredo Astiz en la ESMA,
y el ex marino reconoció en esta causa que la chica dio a luz en ese centro clandestino
de detención.
Magnacco declaró que su vocación es básicamente médica más que militar, pero cuando
se le ordenó atenderlas “pensó que debía oír, ver y callar”, según consta
en su declaración. “Se decía que en la ESMA funcionaba un centro destinado de
control de la subversión, donde se enviaba a oficiales y a subalternos en comisión. Este
era un mecanismo rotativo, es decir que eran enviados allí por cortos períodos de
tiempo”, describió el militar.
El abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini, sostiene que esas palabras
son el reconocimiento de que existió un pacto de sangre y de silencio. “El mecanismo
de la rotación continua fue –durante la lucha antisubversiva– una de las bases
esenciales para asegurar la impunidad, porque hizo participar a todos los protagonistas
del pacto de sangre, que queda de hecho sellado entre todos cuantos cometieron semejantes
crímenes, como autores mediatos y como ejecutores materiales. La necesidad de ocultarlos
para eludir la propia responsabilidad convierte al pacto de sangre en pacto de silencio.
Así se explica por qué razón nada ha podido saberse de la suerte de los
desaparecidos”, razonó ante Página/12.
Según Pedroncini, el accionar descripto por Magnacco es una expresión del pacto de
silencio en la Armada, de la misma manera que el informe del Estado Mayor del Ejército
presentado en el Juicio a las Juntas Militares lo muestra en el seno del Ejército. Ese
documento es una de las pruebas que integra el expediente que instruye Bagnasco, y dice
que “lainstitución se desempeñó en su totalidad. Si bien en algunas operaciones
contrasubversivas sólo actuaron fracciones orgánicas de reducidos efectivos, éstos
fueron continuamente rotados”.
Magnacco contó que fue asistido por otras detenidas que se tuteaban con las parturientas
y la descripción que hizo de una de ellas coincide con el aspecto de Sara Osatinsky.
Precisamente ella le contó a Bagnasco en Suiza que Magnacco era el ginecólogo que
atendía los partos en los que a ella les permitieron ayudar a sus compañeras que daban a
luz. “Había mujeres que pedían que no les cortaran el cordón umbilical porque
sabían que serían separadas de sus bebés y que las matarían”, fue una de las
frases más dolorosas de Osatinsky cuando declaró en Berna. La periodista Miriam Lewin
relató en la causa que Magnacco atendió el parto de Patricia Roinsiblit.
Las coincidencias que se pueden establecer a partir del testimonio de este médico militar
lo convierten en uno de los más valiosos de la causa. Los investigadores judiciales de
este caso ya visualizan tres elementos que configurarían el tan mentado plan sistemático
de apropiación de menores: la existencia de mujeres detenidas, los nacimientos
clandestinos y el pacto de silencio. Pero los querellantes aclaran que hablar de
“plan sistemático” es tan sólo una explicación simple de la autoría mediata.
“Ha habido una práctica sistemática que no necesita haber sido precedida por un
plan preconcebido. Las mujeres fueron secuestradas por ser ‘subversivas’, no por
estar embarazadas y ante esa situación decidieron mantenerlas en las mismas condiciones
que las demás detenidas, es decir, en la más absoluta clandestinidad y aislamiento. Esto
sellaba también la suerte del niño porque no podía ser registrado con su identidad y su
madre debía ser eliminada porque era la prueba palpitante de su verdadera filiación.
Esta fue la práctica sistemática”, aseguró Pedroncini.
En el documental emitido recientemente por Todo Noticias, Alvaro Alsogaray dijo que
“las madres guerrilleras querían que sus hijos siguieran el camino de ellas. Hubo
que adoptar medidas para recuperarlos”. Una vez más, el capitán ingeniero ofició
de intérprete y expositor del pensamiento de los militares de la dictadura.
“Mecanismo de
impunidad”
Por A.M.
En
febrero de este año, el jefe del Ejército, general Martín Balza, señaló en su segunda
autocrítica que entre los actos repudiables que perjudicaron la imagen institucional
está la “disposición de niños nacidos en centros de detención y la sustitución
de sus identidades”. Sin embargo, a criterio de los abogados de las Abuelas de Plaza
de Mayo, no hizo nada para romper el pacto de silencio. En mayo declaró ante el juez
Bagnasco y manifestó que tiene referencias de “varios casos” por la difusión
que han tenido. Pero agregó que no le “constan en absoluto hechos de esta
naturaleza” y que no tiene información al respecto. En esa oportunidad, Balza
reiteró que les solicitó a sus subordinados que aportaran cualquier tipo de dato, con el
compromiso de mantener en reserva sus identidades, pero no obtuvo ningún resultado: su
fuerza le respondió con el silencio. Para el abogado Alberto Pedroncini “ese pacto
es un organismo vivo que está enquistado en el seno del Estado como un mecanismo de
impunidad”. |
“Etchecolatz tiene un profundo
desprecio por la Justicia”
En el juicio por calumnias e
injurias que se le sigue al ex comisario, Magdalena Ruiz Guiñazú lo acusó
de estar “fuera de sí”.
El ex comisario Miguel
Etchecolatz al salir del tribunal.
El lunes había dado una versión distorsionada de la audiencia. |
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Por Victoria Ginzberg
“Hay cosas que no se
venden Etchecolatz.” Magdalena Ruiz Guiñazú le contestó así al ex comisario, que
acusó a la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) de “comprar
voluntades”. La periodista declaró en el juicio por calumnias e injurias que el
diputado Alfredo Bravo inició contra Miguel Osvaldo Etchecolatz por sus declaraciones
durante el programa “Hora Clave” del 28 de agosto de 1997 y la publicación de
su “libro”, titulado La Otra Campana del Nunca Más. El acusado se sintió
incómodo cuando Ruiz Guiñazú lo miró a los ojos y pidió que “la testigo no se
dirija a mi persona”. Etchecolatz salió del tribunal custodiado por diez policías
por temor a que un grupo de menos de diez miembros del Movimiento Socialista por los
Trabajadores que lo esperaba en la puerta pudiera agredirlo.
La audiencia de ayer fue emitida en directo por televisión a pedido del abogado de Bravo,
Juan María Ramos Padilla. La solicitud fue fundamentada en que el acusado no había
querido declarar el lunes ante el juez Fernando Larrain pero al salir habló con la prensa
y dio una versión distorsionada de lo ocurrido. Ramos Padilla pidió también que se
agregaran a la causa los tapes de los noticieros.
Juan Carlos López, ex secretario de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes, se
refirió a otros procesos en los que fue involucrado Etchecolatz. “El señor
querellante ha querido dibujar mi imagen”, dijo el ex comisario, quien pidió
realizar él mismo las preguntas a López, cosa que le fue negada por el juez.
Magdalena Ruiz Guiñazú hizo una extensa declaración en la que recalcó “el
profundo desprecio por la Justicia” que se desprende de la actuación de Etchecolatz
durante el programa de Mariano Grondona y se refirió a la minuciosa y ardua tarea
realizada por la CONADEP –de la que participó–, que fue criticada por el ex
policía. “¿Le gusta que le cuente cómo le dolía?”, le preguntó a
Etchecolatz a raíz del pedido del ex comisario en “Hora Clave” para que Bravo
le detalle cómo fue torturado. La periodista aseguró que el comisario estaba “fuera
de sí”, argumento que la defensa piensa utilizar en el alegato para restar de culpa
a Etchecolatz. Al respecto Ruiz Guiñazú advirtió que “alguien que está fuera de
control no puede andar por la calle”.
“Me pregunto dónde tiene oficina la patria”, dijo el periodista Miguel Bonasso
durante su declaración en referencia a que Etchecolatz afirmó haber sido “convocado
por la patria para actuar en la lucha antisubversiva”. El periodista calificó a la
publicación del acusado como “un típico libelo, con el clásico lenguaje de los
Servicios de Inteligencia, con notorias falsedades y, en algunos casos, con
delirios”. Los periodistas Osvaldo Gazzola y Héctor Timerman –quien narró las
circunstancias del secuestro de su padre y afirmó que escuchó a Etchecolatz decirle a un
subordinado “yo decido cuando matás”–, el arquitecto Rodolfo Livingston y
el ex concejal Jorge Tula completaron la lista de testigos. El juicio continuará mañana
con los alegatos. Ramos Padilla recordó que existe otra causa contra Etchecolatz por
apología del delito. Si aquí le dan una pena excarcelable “no irá a la cárcel la
semana que viene pero sí dentro de poco tiempo”, afirmó, ya que con dos condenas la
segunda debe ser de cumplimiento efectivo.
LOS MILITARES DEBEN COMPARECER ANTE LA
JUSTICIA
La Corte retó al “Tigre” Acosta
Por A. M.
La Corte Suprema
estableció que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos están
obligados a comparecer ante la Justicia cuando sean citados, al rechazar un planteo del ex
capitán de navío Jorge “Tigre” Acosta, en el marco de la investigación sobre
el destino final del periodista Rodolfo Walsh y otros desaparecidos. Acosta había
intentado así rehuir el llamado de la Cámara Federal porteña, pero antes de que se
expidiera el Alto Tribunal el represor se presentó, aunque no respondió ninguna
pregunta.
Este fallo de la Corte evitó que Acosta lograra sentar un precedente para que los
militares involucrados en todas las causas abiertas pudieran evitar asistir al llamado de
los jueces, ya sea aquellas que tienen efectos penales como las que no los tienen, tal el
caso Walsh. La Cámara Federal en pleno investiga el derecho a la verdad de los familiares
de las víctimas y el destino final de los detenidos-desaparecidos en la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura. El tribunal había convocado varias
veces a Acosta, pero éste se opuso con el argumento de que los hechos ocurridos en la
ESMA constituían “cosa juzgada”, y que las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, más los posteriores indultos presidenciales impedían la investigación penal.
La Cámara se puso firme y lo citó por última vez con el apercibimiento de hacerlo
llevar por la fuerza pública en caso de resistencia del ex capitán. La intimación
logró que Acosta asistiera, pero insistió en impugnar la decisión del tribunal, aunque
su solicitud no prosperó.
Las características atípicas de esta causa establecen que los citados no son testigos ni
imputados y están relevados del juramento de decir la verdad. Aunque no se persiga una
acción penal, ante un cambio en la coyuntura política toda la información que se ha
recolectado sería vital para otros procesos que sí pudieran encarcelar a los genocidas.
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